Natalia Carolina León Sánchez

Expediente 287/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
287/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Natalia Carolina León Sánchez
  • J.L. L. L.
  • J.L. L. L. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese sin mayor determinación el oficio y anexos de cuenta remitido por el secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, lo anterior en virtud que mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por admitida la demanda únicamente en contra de la autoridad responsable Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación y el estado de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada ) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la dicho fallo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 287/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado rendido por la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, así como con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, tercero interesado Jesús Alonso Lugo Grijalva y fiscal federal adscrita-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por las autoridades responsables y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: téngase por formuladas las manifestaciones de la parte quejosa y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Joel Alonso Montes López, quien se ostentó como asesor jurídico de Natalia Carolina León Sánchez y su menor hijo J.L.L.L., única y exclusivamente contra el acto atribuido a la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por demanda enviada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Joel Alonso Montes López demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en favor de Natalia Carolina León Sánchez y su menor hijo J.L.L.L., contra actos de la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; por lo que en acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional registró el juicio con número 353/2021, se pronunció respecto a la suspensión de plano y declinó competencia por razón de territorio en favor de los Juzgados de Distrito del Quinto Circuito. El veintidós de marzo siguiente, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, registró el asunto con número 287/2021 y ratificó la suspensión de plano emitida por el homologo federal; posteriormente, el quince de abril de dos mil veintiuno, previa prevención de demanda, se admitió el asunto a trámite única y exclusivamente por el menor J.L.L.L. contra el acto consistente en la orden de custodia temporal atribuida al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. Por lo anterior, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a Jesús Alonso Lugo Grijalva, y se ordenó su emplazamiento, lo que ocurrió el veintiséis de agosto siguiente, sin que éste se apersonara a juicio. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La medida provisional de guarda, custodia y depósito judicial del menor J.L.L.L. en favor de Jesús Alonso Lugo Grijalva, emitida por la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, el ocho de julio de dos mil diecinueve en el juicio oral sobre cuestiones familiares (guarda, custodia y alimentos) 538/2019 y su acumulado 435/2019. Conviene precisar que, a pesar de que el promovente Joel Alonso Montes López refiere que reclama actos de incomunicación en perjuicio del menor J.L.L.L., el estudio integral de la demanda lleva a concluir que dichos actos los hace derivar de la citada medida provisional de guarda, custodia y depósito, y no de manera autónoma. Existencia del acto combatido Es cierto el acto que se reclama a la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio oral sobre cuestiones familiares (guarda, custodia y alimentos) 538/2019 y su acumulado 435/2019, que la juez responsable allegó a su informe justificado, y las recabadas por este órgano jurisdiccional; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, intitulada: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia actualizada En la especie, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. De la porción normativa de referencia se desprende que el presente juicio es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. Por una parte, el numeral 17 de la ley referida prevé que el plazo para presentar la demanda de derechos es de quince días, salvo que se surta alguna de las hipótesis establecidas en sus fracciones I, II, III y IV. Por otro lado, el artículo 18 del ordenamiento legal en mención establece que los plazos se computarán, conforme a los supuestos siguientes: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento; y, c) Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias allegadas por la autoridad responsable, así como las recabadas por este órgano jurisdiccional, se desprende, en esencia, que el acto reclamado consiste en la medida provisional de guarda, custodia y depósito judicial del menor J.L.L.L. en favor de Jesús Alonso Lugo Grijalva, emitida por la juez Cuarta de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, el ocho de julio de dos mil diecinueve en el juicio oral sobre cuestiones familiares (guarda, custodia y alimentos) 538/2019 y su acumulado 435/2019. Además, se destaca que la parte quejosa manifestó expresamente lo siguiente: "(.) 15 de julio del 2019 fue el último día laborando de los Juzgados ya que salieron de vacaciones. (.) Cuando regresaron los Juzgados de vacaciones, me emplace para saber de qué estaba demandada (...)" Asimismo, de las constancias que integran el juicio oral sobre cuestiones familiares (guarda, custodia y alimentos) 538/2019 y su acumulado 435/2019, se advierte la diligencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la cual, la actuaria notificadora adscrita al Juzgado Cuarto de lo Familiar (sic), asentó que Natalia Carolina León Sánchez compareció ante la presencia judicial de manera voluntaria y fue emplazada a juicio, por lo cual se le notificó el contenido íntegro del auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, corriéndosele traslado con copia simple de la demanda y anexos presentada en el juicio de origen por Jesús Alonso Lugo Grijalva. En ese contexto, resulta evidente que desde el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado y, por su naturaleza, el plazo para promover la acción constitucional es de quince días, de tal manera que dicha temporalidad transcurrió en exceso, toda vez que la demanda de derechos se presentó hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en atención a la firma electrónica del promovente Joel Alonso Montes López, generada por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación a que hace referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; que otorgan validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Atento a lo anterior, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veintitrés de agosto al doce de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, se reitera, si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciocho de marzo del presente año, mediante medios electrónicos, es inconcuso que resulta extemporánea, dado que fue propuesta fuera del plazo de quince días, referido en el artículo 17 de la ley de la materia y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J. 115/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 5, que a la letra menciona: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Aunado a ello, cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el numeral 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, ya que el acto reclamado no es una norma general autoaplicativa, o procedimiento de extradición, ni es una sentencia definitiva condenatoria en materia penal, ni tiene como efecto privar total o parcialmente de la propiedad o posesión de derechos agrarios; así como tampoco, implica peligro de privación de la vida o de la libertad fuera del procedimiento. Finalmente, debe decirse que el estudio del consentimiento tácito del acto reclamado, con motivo de la extemporaneidad de la demanda de amparo, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados en la Constitución Federal o tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando a Natalia Carolina León Sánchez ni a su menor hijo J.L.L.L. su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio de los propios gobernados, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. V. Decisión En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado que se precisó en el apartado II, procede sobreseer el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Joel Alonso Montes López, quien se ostentó como asesor jurídico de Natalia Carolina León Sánchez y su menor hijo J.L.L.L., respecto del acto reclamado identificado en el apartado II, por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cincuenta y siete minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.

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