Nancy Gabriela Araujo Cázares
Expediente 1040/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
- Nancy Gabriela Araujo Cázares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio -registrado bajo folio 17250- y anexo que remitió la autoridad responsable el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la autoridad responsable, y en atención a su contenido, una vez que transcurra el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, se proveerá lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con doce minutos minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la responsable. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. Asimismo, se hace constar que transcurrió el plazo de ocho días, para que las partes pudieran imponerse del contenido del informe justificado y se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de tercero interesado, se ratifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las documentales en trato, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1040/2023 L-II; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo El diez de julio de dos mil veintitrés, por escrito presentado, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Nancy Gabriela Araujo Cázares, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. El doce de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos cuya ejecución material tienen verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio del servicio civil 625/2021. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al Tribunal laboral, pues no obstante que al rendir informe justificado no se pronunció en ningún sentido, simplemente ordenó la remisión de las constancias del juicio de origen de las cuales se advierte su certeza. Causas de improcedencia Toda vez que la autoridad responsable no hizo valer alguna causal de improcedencia en su informe justificado, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; en consecuencia, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada, al tenor de los conceptos de violación externados por la parte quejosa. Consideraciones jurídicas Es fundado el concepto de violación donde la parte quejosa aduce, sustancialmente, que el acto de autoridad combatido transgrede en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, en virtud de que la autoridad responsable ha omitido vigilar el correcto desarrollo del procedimiento y llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada en el juicio del servicio civil 625/2021, lo que transgrede en su perjuicio el derecho a una justicia pronta y expedita, que a su vez contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ese tenor, según se advierte del artículo 10 de la ley mencionada, en la interpretación de esa ley se tomarán en consideración los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución General de la República y de la Ley Federal del Trabajo, que para ese efecto será aplicable supletoriamente, así como la jurisprudencia, la costumbre, el uso y la equidad. En efecto, de los artículos 10, 113 y 125 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, en relación con los ordinarios 685, 686, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral burocrático en el Estado de Sonora se rige por los principios de justicia social que derivan del artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a éste, el cual es de naturaleza sumaria, pues se reduce a la presentación de la demanda, contestación y una audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. En ese sentido, se destaca que recibida la demanda, el tribunal responsable deberá emplazar a la parte demandada, correrle traslado con las copias de ley para que se encuentre en aptitud de contestar la demanda. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La parte quejosa el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, entabló demanda laboral ante la responsable radicada bajo el número de expediente 625/2021. Seguida la secuela procesal, en lo que nos ocupa, mediante proveídos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós y veinticuatro de agosto del año en curso, giró exhortos a través de los cuales solicita el auxilio para que se emplaza a la parte demandada Ayuntamiento de Empalme, Sonora; sin embargo, a la presente data no se advierte que dicha encomienda haya sido fructuosa. Lo anterior, evidencia que el proceder de la responsable vulnera la garantía de administración de justicia pronta y expedita, en virtud de que a pesar de que desde octubre de dos mil veintiuno se admitió la demanda, a la fecha en que se emite el presente fallo -más de dos años posteriores-, no se ha llamado a juicio a la parte demandada. De ahí que, al no ser tramitadas las etapas del juicio en los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, se concluye que se violenta el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita contemplado en el numeral 17 constitucional. En ese contexto, ante lo fundado del concepto de violación formulado por la parte quejosa, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto atribuido a la autoridad en mención. Decisión En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional otorgada, es para el efecto de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad: Provea lo necesario y realice las gestiones necesarias para que concrete el emplazamiento a juicio de la parte demandada dentro del juicio de servicio civil 625/2021. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nancy Gabriela Araujo Cázares, respecto del acto reclamado indicado en el apartado III, por lo que respecta a los medios de prueba indicados en el apartado VI, por los argumentos vertidos en el antedicho considerando, para los efectos establecidos en el diverso VII, todos del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de los autos se advierte que la autoridad responsable, fue omisa en cumplir el requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, a pesar de estar debidamente notificada para tal efecto. Requerimiento a la autoridad responsable. En ese contexto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe la fecha en la que se envió el exhorto girado a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Guaymas, Sonora, e informe el estado procesal que guarda, o en su caso, informe la imposibilidad legal que tenga para ello; en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de siete de septiembre del año en curso. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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