Natalia Galaz Valenzuela
Expediente 647/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Natalia Galaz Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Incorporación de escrito. Glósese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito que suscribe la quejosa Natalia Galaz Valenzuela, mediante el cual solicita se le tenga desistiéndose del juicio de amparo; en tal virtud, requiérase a la referida quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente ante este juzgado a efecto de ratificar el escrito de desistimiento, y una vez hecho lo anterior, se acordará lo conducente. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE AGREGA ESCRITO)
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguense a los autos el oficio que suscribe el delegado de la autoridad responsable, subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de once de julio actual; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida determinación. Distribúyase entre las partes y autoridades responsables copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del once de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe de sus actos, en el juicio 647/2023, declaró abierta la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura al escrito inicial de demanda, y da cuenta con las constancias de notificación del auto inicial a las partes y con los informes justificados rendidos por el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones; el subdirector de Finanzas; y la encargada del Despacho del Departamento de Control de Fondos, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en representación de las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió el plazo de ocho días, para que las partes pudieran imponerse del contenido de los informes justificados. Por otro lado, se advierte que en el auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existen terceros interesados. A lo que el juez acuerda: En relación con la inexistencia de tercero interesado, se ratifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se da cuenta al juez con el escrito registrado con el folio 10240. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; ahora, en cuanto al escrito que antecede, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, en atención al mismo, téngase a la parte quejosa por revocado el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones y por designado como nuevo domicilio el que indica en el ocurso que se atiende. Designa autorizado. asimismo, se autoriza a la profesionista que alude en el ocurso que se atiende, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, se le permite para el sólo efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del precepto legal citado. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y se da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa y por el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; así como las diversas pruebas presuncional en sus aspectos legal, lógico y humano, instrumental de actuaciones y la denominada como "confesional expresa", que ofertó el propio Instituto responsable, por conducto del citado jefe de la Unidad Jurídica al rendir su informe justificado El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos a que se refiere el numeral 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 647/2023; y, R e s u l t a n d o: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Natalia Galaz Valenzuela, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del subdirector de Finanzas; del jefe de Departamento de Control de Fondos, y del subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de quienes reclamó el acto que habrá de precisarse en el considerando II, de esta resolución. Por proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la representación social de esta adscripción la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos dio inicio a las diez horas con cuarenta y siete minutos de hoy, y concluye con la sentencia que se emite al tenor de los siguientes: C o n s i d e r a n d o s: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto omisivo de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: ".Se reclama de la autoridad señalada como responsable, la omisión de entregarme el pago de la INDEMNIZACIÓN GLOBAL, derivado del pago de mis aportaciones para el fondo de pensión, solicitud que fue presentada el día veintitrés de febrero del año dos mil veintitrés, y como consecuencia el acto reclamado." Certeza del acto reclamado En los informes justificados rendidos por el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones; el subdirector de Finanzas; y la encargada del Despacho del Departamento de Control de Fondos, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en representación de las autoridades responsables, negaron la existencia del acto que les reclama la parte quejosa (fojas 26 a 27, 29 y 31); sin embargo, dichas negativas deben ser desvirtuadas, dado que de las propias manifestaciones contenidas en los informes respectivos, se evidencia la certeza del reclamo constitucional. Esa circunstancia quedó también evidenciada con la manifestación que efectuó el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien al rendir informe justificado en representación del titular de la señalada Subdirección (fojas 26 y 27) se pronunció en sentido negativo; sin embargo, hizo manifiesto que sí existe ante ese Instituto el trámite de la parte quejosa, e incluso expone que se realizó una búsqueda del estatus del trámite de la devolución del fondo de pensión, pero que dicho trámite ya fue concluido por parte de esa subdirección y turnado a la diversa subdirección de finanzas bajo el número de contra recibo 6550, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, por la cantidad de $78,804.56 M.N. (setenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos 56/100 moneda nacional) y que a dicha subdirección de Finanzas le corresponde elaborar y programar el pago correspondiente. Además, la certeza del acto reclamado, se obtiene con las afirmaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, al que anexó la solicitud de indemnización global formulada al Instituto responsable; y, con la documental que exhibió el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de donde se obtiene que hasta la fecha de presentación de la demanda y la emisión de esta resolución aún no se ha dado respuesta al solicitante. Pues bien, a las documentales comentadas se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, lo que, vinculado con los datos referidos se tiene acreditado el reclamo constitucional. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causales de improcedencia. En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, de lo cual este juzgador debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, el subdirector de Finanzas y la encargada del Despacho del Departamento de Control de Fondos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, invocan la existencia de las causales de improcedencia a que se refieren las fracciones XII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, se desestiman tales afirmaciones, pues al respecto solo exponen como sustento y argumento la negativa de la existencia de los actos, lo cual no es en sí mismo motivo para actualizar alguna causa de improcedencia del juicio. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se procede a efectuar el análisis de fondo del asunto. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. Se tienen por reproducidos los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; máxime que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época, con número de registro electrónico 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Consideraciones jurídicas Son fundados los argumentos expuestos a manera de conceptos de violación, suplidos en su deficiencia en la medida necesaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que la peticionaria reclama un acto que deriva de derechos laborales adquiridos, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora es el encargado de materializar dichos derechos. Se cita al respecto, la tesis XVIII.2o.P.A.7 A (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5179, Undécima Época, con registro digital 2023242, de rubro y texto siguientes "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. OPERA NO SÓLO EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS, SINO TAMBIÉN DE QUIENES ASPIRAN A TENER RECONOCIDA ESA CALIDAD. Hechos: De la demanda de amparo directo se advierte que el quejoso pretende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le reconozca el carácter de pensionado, sin que haya obtenido resolución favorable en la vía administrativa ni en el juicio de nulidad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo opera no sólo en favor de los pensionados, sino también de quienes aspiran a tener reconocida esa calidad. Justificación: El espectro normativo protector creado en el ámbito del juicio de amparo en materia de trabajo, los diversos criterios que con sentido social ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el marco jurídico sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirven de sustento para llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo y concluir que la procedencia de la suplencia de la queja deficiente opera para quienes pretenden que se les reconozca el derecho a una pensión y no únicamente para los que ya lo tienen adquirido." En esa medida, al reclamarse un acto que deriva de derechos laborales, es obligación del órgano constitucional suplir la deficiencia de la parte quejosa y para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que de la demanda de amparo se desprende lo siguiente: En el caso particular, substancialmente, la parte quejosa aduce que las autoridades responsables transgreden sus derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales, al negarle la devolución de la indemnización global que le corresponde conforme lo establece el numeral 89 de la Ley del ISSSTESON, lo cual han omitido las autoridades responsables, por lo que, al no obtener respuesta acude a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Con el fin de centrar la litis en lo fundado del reclamo; y, en consideración de que los derechos que exige la parte quejosa corresponden, por su finalidad, a derechos laborales de los cuales goza dicha peticionario; por tanto, teniendo en consideración de que le corresponde a este juzgador suplir la queja deficiente en la medida necesaria en materia laboral; por tanto, se precisa que el motivo de inconformidad se traduce en una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que, desde la fecha en que el justiciable solicitó la devolución de su indemnización global, el trámite ante las autoridades aún no concluye, y ni siquiera al respecto se le ha otorgado una respuesta objetiva positiva definitiva o negativa a su petición por parte del Instituto responsable. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, y al efecto establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias; de ahí, que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del deudor, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, esta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es, que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, también es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades que realizan actos materialmente administrativos. De ahí que, los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que, respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. Por ejemplo: El artículo 111-C, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Comisión Ejecutiva, salvo algunas excepciones, resolver sobre las operaciones del Fondo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente. El artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Así las cosas, como se observa, el actuar de las responsables se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, en el caso particular, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de devolución de la indemnización global; lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas en esta sentencia, tal procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables." "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles. Plazo máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso es evidente que se actualiza la violación al derecho fundamental señalado (pronta aplicación de justicia), porque la responsable no ha tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite relativo al pago de las aportaciones al fondo de pensiones, a través del área correspondiente, y tampoco ha dado una contestación formal a la solicitud que motivó ese trámite presentado por la aquí quejosa el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el que solicitó al Instituto responsable la devolución del monto de indemnización global que refiere en su demanda. Es así, pues de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que a través de su solicitud, este inició ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el trámite correspondiente a la devolución de su indemnización global, por medio del área correspondiente, sin que hasta el momento se le haga entrega del comentado peculio, ni se le dé una respuesta concreta al respecto; acotando al respecto que, incluso ya existe constancia ante las responsable de que la quejosa cuenta con un saldo a favor. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 Constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de pago de indemnización, a la fecha en que se resuelve, han transcurrido más de cuatro meses, sin que se concluya el trámite de devolución, ni que se le de una respuesta respecto de la solicitud cuya omisión en contestar propició la presentación del sumario, de lo que se obtiene que el plazo de cuarenta y cinco días para dar contestación a la petición formulada transcurrió en exceso; hecho que evidentemente le depara perjuicio a la parte quejosa, dado que su solicitud se encuentra paralizada, más aún que el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, expone en el informe que el trámite se encuentra turnado a la Subdirección de Finanzas de ese Instituto con el número de contra recibo 6550, por la cantidad de $78,804.56 M.N. (setenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos 56/100 moneda nacional), y que es a dicha subdirección de Finanzas a quien le corresponde elaborar y programar el pago correspondiente. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de la dependencia, se concede la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: Provean los mecanismos para la respuesta inmediata a la solicitud de devolución de indemnización global formulada por la parte quejosa el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; y, le hagan devolución del peculio autorizado por concepto de indemnización global, que deriva con motivo de la solicitud de devolución, y que la autoridad refiere es por la cantidad de $78,804.56 M.N. (setenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos 56/100 moneda nacional), según el dato relativo al contra recibo 6550, turnado a la Subdirección de Finanzas del Instituto en cuestión. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Natalia Galaz Valenzuela, respecto del reclamo y autoridades responsables precisados en los considerandos II y III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de este fallo. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
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