Narciso Prado Burgoa
Expediente 909/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Narciso Prado Burgoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de siete de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Narciso Prado Burgoa; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA ASÍ COMO EN EL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA RESOLUCIÓN QUE DICE: Córdoba, Veracruz, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez Interino del Juzgado Municipal de Atoyac, Veracruz, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 3054/2022 (orden 3585/2022), de este índice; atento a su contenido, se tiene por notificado del auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, al quejoso ****************; dese de baja la comunicación oficial en cita y realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0). En atención a la certificación de cuenta, se advierte que la prevención de la demanda formulada en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, fue desahogada en tiempo; por tanto, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número (...) Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente, en esencia, reclama lo siguiente: De la Jueza de Control, Janet Pérez Caro, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial Décimo Cuarto, con residencia en La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. a) La cita para la celebración de la audiencia inicial y de vinculación dentro del proceso penal ***********, del índice del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Del Fiscal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz. b) La omisión de informarle que existe una denuncia por el delito de violencia familiar y el ejercicio de la acción penal en su contra; así como la utilización de sus datos personales, sin su autorización, con motivo de la integración de dicha carpeta. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Es así, pues los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la ley de la materia, disponen: "..." De las disposiciones normativas en cita deriva que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades; y que debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, aquella que acredite su interés jurídico o legítimo. Así, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis (...) Ahora bien, el artículo 21 constitucional faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la responsabilidad del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. Por ende, si dicha institución, por disposición constitucional, tiene permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del imputado; entonces, dentro de dicha facultad se comprende la de recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación y solicitar, en su caso, la citación a fin de formularle imputación, o bien, orden de aprehensión, sin la garantía de audiencia del imputado. En el asunto que nos ocupa, en relación con el acto reclamado señalado en el inciso a), consistente en la cita para la celebración de la audiencia inicial y de vinculación dentro del proceso penal *********, del índice del Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, tiene como como finalidad, únicamente, que el investigado (aquí quejoso) comparezca a la audiencia inicial, en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y el órgano investigador le formulará imputación. Luego, la citación del imputado para el efecto indicado no conlleva, por sí misma, una afectación a su libertad personal. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia (...) Por otra parte, en cuanto al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la omisión de informarle que existe una denuncia por el delito de violencia familiar y el ejercicio de la acción penal en su contra; así como la utilización de sus datos personales, sin su autorización, con motivo de la integración de dicha carpeta; tampoco causa un agravio personal y directo al impetrante, pues no constituyen un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), por lo que no deriva en la afectación real e inmediata a algún derecho subjetivo. Se afirma lo anterior, dado que el procedimiento de investigación constituye una labor del Representante Social, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos constitutivos de posibles delitos, aun cuando el quejoso sea considerado como probable responsable, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Así, la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante en la investigación de los hechos que posiblemente configuran un delito es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Por ello, los actos emitidos por el Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación y el ejercicio de la acción penal, a través de la solicitud de citación del quejoso en su calidad de imputado a efecto de celebrar la audiencia inicial, por sí mismos, no lo legitiman para instar el juicio de amparo, al no afectar su interés jurídico, ya que aún no se le infringen sus derechos subjetivos públicos, pues ello acontecerá hasta que el juez de control, en su caso, gire la correspondiente orden de aprehensión por solicitud de la representación social. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) También es aplicable, en lo conducente, la tesis (...) En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la porción normativa indicada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Narciso Prado Burgoa, contra los actos reclamados al Fiscal de la Unidad Integral de Procuración, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia "..." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el ocurso de desahogo de prevención ubicado en esta ciudad; respecto a la autorizada para oír y recibir notificaciones, deberá estarse a lo ordenado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se acordó lo conducente. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, consérvese por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, procédase a su destrucción. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, contra los actos reclamados al Fiscal de la Unidad Integral de Procuración, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Notifíquese personalmente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el promovente, ********, ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido y firma que calza el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el doce de diciembre de dos mil veintidós, registrado bajo el número 21244, ello en cumplimiento al proveído de veinte de esos mes y año; por tanto, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto sea devuelto el despacho 3054/2022 (número de orden 3585/2022) del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se solicitó al Juez Municipal de Atoyac, Veracruz, notificara al peticionario de amparo el citado proveído. Notifíquese.
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