Nancy Ochoa Guzmán

Expediente 1186/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1186/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Nancy Ochoa Guzmán
  • Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en materia de Familia de Veracruz, con sede enVeracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1186/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 31-34 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años sin que sea necesario a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 31-34 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años sin que sea necesario a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 31-34 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años sin que sea necesario a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercero perjudicada la sentencia engrosada el quince de marzo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1186/2022, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, y turnado al día siguiente a a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, la parte quejosa, NANCY OCHOA GUZMÁN promovió juicio de amparo contra del acto que más adelante se precisará (fojas 1-10). SEGUNDO. Admisión. Por auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós (fojas 88-94) por una parte se desechó por un acto reclamado y por la autoridad responsable Secretario del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de la Ciudad de Veracruz, y por otra, se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al tercero interesado Félix Pacheco García, mismo que fue emplazado el tres de enero de dos mil veintitrés (fojas 99-100). Asimismo se hace constar que el tercero interesado Félix Pacheco García, compareció al presente juicio de garantías, sin embargo no hizo valer causal de improcedencia. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 120-123). Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (fojas 129-130). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción II, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al combatirse determinaciones emitidas por una autoridad judicial en un proceso civil, susceptibles de afectar directa e irreparablemente los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: El acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 475/2021 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, del Distrito Judicial de la Ciudad de Veracruz, ante la imposibilidad planteada de por la Actuaria adscrita a la Central d Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, ordenó notificar por lista de acuerdos a la quejosa NANCY OCHOA GUZMÁN el diverso de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que entre otras cosas, se ordenó requerir a dicha quejosa para que dentro del término de tres días designara perito de su parte, apercibida que de no hacerlo así, ese Juzgado lo haría en su rebeldía (foja 183 Tomo I cuaderno de pruebas, acuerdo notificado por lista de acuerdos el propio treinta de noviembre de dos mil veintidós). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acuerdo reclamado (fojas 120-121). Lo que se constata en razón de la autoridad responsable remitió copia certificada de esa acuerdo (foja 183 Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. Motivo de improcedencia advertido de oficio En el caso, sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, única y exclusivamente respecto del acto reclamado consistente en el proveído de treinta de noviembre del dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, dado que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Lo que se estima de esa manera, pues se observa que no se hizo valer contra dicho acto reclamado el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de revocación previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, susceptible de revocarlo o modificarlo. PREMISAS NORMATIVAS El aludido artículo de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". La norma transcrita contiene la regla que rige la procedencia del juicio de amparo, consistente en que de manera previa a la instauración del juicio, el quejoso debe hacer valer los medios de defensa o recursos que la ley le otorga para combatir los actos que le irrogan perjuicio, en el entendido que el juicio será improcedente si el solicitante del amparo no satisface dicho presupuesto. El principio de definitividad tiene la finalidad de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia y, por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas (hacer un cambio parcial de la resolución) revocadas (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida) o nulificadas (dejar insubsistente el auto de autoridad). Asimismo, se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer, sea substanciado en todos sus términos hasta su sentencia o resolución que lo de por terminado. En efecto, el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por otra parte, se precisa que el juicio del que deriva el acto reclamado se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Partiendo de ello, se tiene que el artículo 506 de la aludida codificación, dispone: "Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio." Como se ve, el precepto legal en comento establece, como regla general, la procedencia del recurso de revocación contra autos que no causan un daño irreparable en la sentencia y los decretos. "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II. Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los magistrados, jueces o secretarios que intervengan." Conforme a lo establecido en el referido numeral, se advierte que por autos se entiende todas aquéllas resoluciones judiciales que entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente. Y por decretos, aquéllas resoluciones judiciales que no se encuentren comprendidas en los autos. Hasta aquí dichas premisas normativas. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 475/2021, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se observan en el cuaderno de prueba Tomo I, relativo a este juicio de garantías. a).- Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, NANCY OCHOA GUZMÁN en representación de su menor de edad identificado con las iniciales N.P.O., demandó en la vía ordinaria civil a Félix Pacheco García, el pago de una pensión alimenticia (fojas 2-39 Tomo I, cuaderno de pruebas). b).- En proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento del demandado Félix Pacheco García y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional a cargo del demandado consistente en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado, como empleado de la Empresa Tubos Aceros de México. S.A. (fojas 40-42 Tomo II, cuaderno de pruebas). El veinte de abril de dos mil veintiuno fue emplazado el demandado (fojas 61-64 Tomo I, cuaderno de pruebas). c).- El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por Félix Pacheco García, en el que ofertó entre su material probatorio la Pericial Genética Molecular y al propio tiempo se tuvo al demandado interponiendo reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el cinco de abril de dos mil veintiuno, consistente en pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo; por lo que mediante acuerdo de esa misma fecha, se tuvo por interpuesto el citado recurso, con el que se dio vista a la demandante (fojas 65-76 Tomo I, cuaderno de pruebas) asimismo, en proveído de once de agosto de dos mil veintiuno se turnaron los autos para resolver (foja 87 del Tomo II, cuaderno de pruebas). d).- El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió: declarar improcedente la reclamación de alimentos interpuesto por el demandado, confirmando la pensión provisional decretada por auto de inicio de cinco de abril de dos mil veintiuno (fojas 89-92 del Tomo I, cuaderno de pruebas). e).- El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se señaló fecha y hora para llevar acabo la audiencia prevista en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz (fojas 93-94 del Tomo I, cuaderno de pruebas). Auto contra el cual la actora (aquí quejosa) interpuso recurso de revocación (fojas 166-118 Tomo I cuaderno de pruebas) Audiencia que se llevó acabo el seis de enero de dos mil veintidós (fojas 104-107 del Tomo I, cuaderno de pruebas). f).- El once de enero de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la perito designada por la parte demandada y se ordenó requerir a la parte actora, nombrara perito a fin de integrar la Prueba Pericial Genética Molecular (foja 128 del Tomo I, cuaderno de pruebas). g).-Diligencia de notificación, aceptación y protesta del cargo conferido de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, compareció ante dicho juzgado la perito Miriam Liseth Ramón Pérez designada por la parte oferente de la prueba pericial (demandado) (fojas 164-165 del Tomo I, cuaderno de pruebas). h).- El tres de agosto de dos mil veintidós, a petición de la actora (aquí quejosa) a petición de la parte interesada se turnaron los autos para resolver el recurso de revocación (foja 166 del Tomo I, cuaderno de pruebas). Mismo que fue resuelto el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y se revocó parcialmente el auto combatido de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y se previno por lista de acuerdos a la parte demandada para que designara perito de su parte experto en la materia de genética (fojas 168-170 del Tomo I, cuaderno de pruebas). i).- El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó entre otras cosas, regularizar el procedimiento y se le tuvo por designada perito de la parte demandada (foja 173 del Tomo I, cuaderno de pruebas). j).- El diez de noviembre de dos mil veintidós, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 221 del Código Procesal Civil en vigor, en la que se ordenó preparar el material probatorio ofrecido y pendiente de recepcionar y se mandó requerir en forma personal a la actora (aquí quejosa) para designar perito de su parte con el apercibimiento que, de no hacerlo así, ese Tribunal lo haría en su rebeldía, en los término ordenados por el artículo 274 fracción I, de la Ley Adjetiva Civil vigente (foja 178 del Tomo I, cuaderno de pruebas). k).- El treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable, ante la imposibilidad planteada de por la Actuaria adscrita a la Central d Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, ordenó notificar por lista de acuerdos a la quejosa NANCY OCHOA GUZMÁN el diverso de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que entre otras cosas, se ordenó requerir a dicha quejosa para que dentro del término de tres días designara perito de su parte, apercibida que de no hacerlo así, ese Juzgado lo haría en su rebeldía (foja 183 Tomo I, cuaderno de pruebas) (acuerdo que constituye el acto reclamado). SUBSUNCIÓN. Como se vio, la parte quejosa reclama el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 475/2021 del índice del Juzgado responsable, en el que, ante la imposibilidad planteada de por la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, el Juez responsable ordenó notificar por lista de acuerdos a la quejosa NANCY OCHOA GUZMÁN el diverso de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que entre otras cosas, se ordenó requerir a dicha quejosa para que dentro del término de tres días designara perito de su parte, apercibida que de no hacerlo así, ese Juzgado lo haría en su rebeldía (foja 183 Tomo I, cuaderno de pruebas) En su demanda de amparo, la parte quejosa pretende la revocación de dicho auto porque sostiene que afecta sus derechos humanos y de su hijo menor infante, al considerar que la pericial en Genética Molecular a cargo de la perito ofertada por el demandado (aquí tercero interesado) no es experta en Genética Molecular, al considerar que el derecho que tiene el infante de conocer su origen biológico, considerando, que dicha prueba admitida no indicaría la verdad del origen de su hijo. En esas condiciones, es inconcuso que la parte quejosa previo a instar la acción constitucional debió agotar el recurso de revocación mencionado en el apartado de premisas de esta sentencia, máxime que es parte actora en la controversia natural, por lo que conocía del juicio de origen. Por tanto, si contra el acto reclamado en esta instancia constitucional procede un medido ordinario de impugnación, el cual es el recurso idóneo para revocar la actuación reclamada, es incuestionable que previo a acudir a esta instancia constitucional era necesario que la solicitante del amparo hiciera valer el medio de defensa en la vía ordinaria (recurso de revocación) a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Lo anterior, pues se estima que no se concreta algún de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no lo constituyen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos relativos a una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco se advierte que el acto reclamado se trate del auto de vinculación a proceso y que la parte quejosa se trate de persona extraña al procedimiento, pues es parte demandada en el juicio del cual emana el acto reclamado. Aunado a que, la procedencia del recurso de revocación aludido delimita las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna. No pasa inadvertida la circunstancia de que en el asunto participan dos menores de edad; no obstante, ello no genera, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De ahí que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta innegable que no podía acudir ante la instancia constitucional, por no haber agotado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, lo que motiva que se concrete el motivo de improcedencia aquí analizado. CONCLUSIÓN En consecuencia, al concretarse el motivo de improcedencia antes analizado, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo que hace al acto reclamado a 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 79 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por NANCY OCHOA GUZMÁN, contra el acto precisado en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Nancy Ochoa Guzman, parte quejosa en el presente asunto, en atención a su contenido téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en su presente ocurso. Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. Notifíquese en términos de ley.

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