Nancy Montiel Cortes
Expediente 970/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nancy Montiel Cortes
- Secretario de Marina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 970/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 174 a 182), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos la constancia de notificación de la autoridad responsable foránea 1. Secretario de Marina, residente en la Ciudad de México, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada -sobreseimiento- no la afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y quince de febrero de dos mil veintitrés (fojas 118 a 120 y 149 a 152 respectivamente, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 174 a 182), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos la constancia de notificación de la autoridad responsable foránea 1. Secretario de Marina, residente en la Ciudad de México, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada -sobreseimiento- no la afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y quince de febrero de dos mil veintitrés (fojas 118 a 120 y 149 a 152 respectivamente, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del 9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, en Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, median siete días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el diecisiete de febrero actual, surtirá sus efectos el veinte siguiente y el citado plazo comprenderá del veintiuno de febrero al uno de marzo del año en curso, pues la audiencia constitucional está fijada para el dos de marzo próximo. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con quince minutos del quince de febrero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmin Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 970/2022, promovido por Nancy Montiel Cortes, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, y el juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 970/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Nancy Montiel Cortes, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJASENTIDO9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz146Niega (Desvirtúa)Veracruz, Veracruz De las que reclama: "en la orden al Comandante de la Policía Municipal de Veracruz y que a su vez éste pidió el apoyo al Comandante de la Tercera Región Naval Militar, consistente en brindar seguridad y acompañar al Director de Comercio en la macro plaza del malecón para mantener dicho espacio público sin presencia de comercios irregulares de acuerdo con las atribuciones del Ayuntamiento." (sic) En auto de dos de febrero actual (foja 137 a 140) este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a las documentales exhibidas por la parte quejosa, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz negó la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. Sin embargo, de la lectura total del referido informe de ley se desprende que libró un oficio dirigido al Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, en el cual solicitó designara personal a su cargo para acompañar a personal de la Dirección de comercio a realizar visitas de inspección, por ello, se presume cierto el acto reclamado, lo anterior, en observancia además a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. QUINTO. Procedencia de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, cabe precisar que la suspensión del acto reclamado es una medida o providencia cautelar, cuya finalidad es conservar la materia del juicio de amparo, para impedir que el acto de autoridad se ejecute y produzca efectos de difícil reparación (según se observa en el artículo 139 de la Ley de Amparo) lo que implica una característica distintiva con la sentencia que concede la protección constitucional, a través de la cual se reparan los daños sufridos, se invalidan los actos que los originaron y se restituye al quejoso en el goce de los derechos violados. Por tanto, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar consecuencias irreparables o de difícil reparación, que se puedan generar con la ejecución total o parcial de los actos reclamados, durante el tiempo en que se sustancia y se resuelve el juicio de amparo en lo principal, que a la postre pudieran impedir la restitución del estado anterior, si se otorga la protección constitucional. Por tal motivo, el primer presupuesto natural para la procedencia de la providencia consiste, en que el acto reclamado produzca efectos ejecutables directamente, que se puedan evitar o detener, mientras se emite el fallo de fondo. Esto es, el objeto de la suspensión consiste en que no se ejecuten los efectos positivos resultantes directamente de lo decidido por la autoridad responsable. Entonces, si el acto no da lugar a una ejecución con los efectos indicados o ni siquiera tiene ejecución, esto es suficiente para negar la medida cautelar. Por lo tanto, para que exista la posibilidad de suspender el acto reclamado, es necesario que su naturaleza sea suspendible. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 128 y 139, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en el escrito de ampliación de demanda, respecto de la orden que giró el Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, al Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, y a su vez solicitando el apoyo al Comandante de la Tercera Región Naval Militar, para mantener la Macro Plaza del Malecón sin presencia de comercios irregulares, ya que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que dicha actuación ya fue realizada, y en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, ni se desprende que con su sólo pronunciamiento sea inconstitucional, para en su caso, darle un efecto restitutorio a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión que solicita. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la jurisprudencia II.3o. J/37 (registro: 217665) del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 60, Diciembre de 1992, página 51, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Nancy Montiel Cortes, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe. RAZÓN: en la misma fecha se gira el oficio 3649 a la autoridad responsable, en términos de la minuta que para tal efecto se agrega; asimismo, el secretario hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la interlocutoria dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el incidente de suspensión 970/2022, de este juzgado. Conste.R E S U L T A N D O: ÚNICO. Nancy Montiel Cortes, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz 146 Niega (Desvirtúa) Veracruz, Veracruz De las que reclama: "en la orden al Comandante de la Policía Municipal de Veracruz y que a su vez éste pidió el apoyo al Comandante de la Tercera Región Naval Militar, consistente en brindar seguridad y acompañar al Director de Comercio en la macro plaza del malecón para mantener dicho espacio público sin presencia de comercios irregulares de acuerdo con las atribuciones del Ayuntamiento." (sic) En auto de dos de febrero actual (foja 137 a 140) este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a las documentales exhibidas por la parte quejosa, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 9. Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz negó la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. Sin embargo, de la lectura total del referido informe de ley se desprende que libró un oficio dirigido al Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, en el cual solicitó designara personal a su cargo para acompañar a personal de la Dirección de comercio a realizar visitas de inspección, por ello, se presume cierto el acto reclamado, lo anterior, en observancia además a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. QUINTO. Procedencia de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, cabe precisar que la suspensión del acto reclamado es una medida o providencia cautelar, cuya finalidad es conservar la materia del juicio de amparo, para impedir que el acto de autoridad se ejecute y produzca efectos de difícil reparación (según se observa en el artículo 139 de la Ley de Amparo) lo que implica una característica distintiva con la sentencia que concede la protección constitucional, a través de la cual se reparan los daños sufridos, se invalidan los actos que los originaron y se restituye al quejoso en el goce de los derechos violados. Por tanto, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar consecuencias irreparables o de difícil reparación, que se puedan generar con la ejecución total o parcial de los actos reclamados, durante el tiempo en que se sustancia y se resuelve el juicio de amparo en lo principal, que a la postre pudieran impedir la restitución del estado anterior, si se otorga la protección constitucional. Por tal motivo, el primer presupuesto natural para la procedencia de la providencia consiste, en que el acto reclamado produzca efectos ejecutables directamente, que se puedan evitar o detener, mientras se emite el fallo de fondo. Esto es, el objeto de la suspensión consiste en que no se ejecuten los efectos positivos resultantes directamente de lo decidido por la autoridad responsable. Entonces, si el acto no da lugar a una ejecución con los efectos indicados o ni siquiera tiene ejecución, esto es suficiente para negar la medida cautelar. Por lo tanto, para que exista la posibilidad de suspender el acto reclamado, es necesario que su naturaleza sea suspendible. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 128 y 139, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en el escrito de ampliación de demanda, respecto de la orden que giró el Director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, al Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, y a su vez solicitando el apoyo al Comandante de la Tercera Región Naval Militar, para mantener la Macro Plaza del Malecón sin presencia de comercios irregulares, ya que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que dicha actuación ya fue realizada, y en ese sentido, considerando que con los elementos que se tienen en autos el suscrito no cuenta con datos suficientes que le permitan hacer un análisis preliminar respecto de la eventual inconstitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, ni se desprende que con su sólo pronunciamiento sea inconstitucional, para en su caso, darle un efecto restitutorio a la medida cautelar que nos ocupa, por virtud de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, motivos por los cuales se concluye que debe negarse la suspensión que solicita. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la jurisprudencia II.3o. J/37 (registro: 217665) del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 60, Diciembre de 1992, página 51, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Nancy Montiel Cortes, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe. FIRMAS ELECTRÓNICAS."
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