Nancy Melissa Hernández García
Expediente 155/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nancy Melissa Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 155/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, ********************, promovió juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; requirió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar al tercero interesado, y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 16 a 21). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (foja 49 y 33 a 39); fue emplazado al presente juicio el tercero interesado ********************, por medio del actuario adscrito a este Juzgado (fojas 30 y 31); y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo de la emisión de la resolución reclamada. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso los siguientes: La resolución de reclamación de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado responsable, la cual redujo la pensión alimenticia provisional fijada a favor de la hoy quejosa, del ******************** al ********************del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral. La notificación de la resolución de reclamación de alimentos efectuada mediante instructivo de nueve de febrero del año en curso. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar; y 2. Actuaria Secretaria Siete adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz; ambos con sede en Veracruz, Veracruz; como se aprecia del contenido de su correspondiente informe justificado (fojas 49 y 33 a 39, respectivamente) lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil ******************** de su índice; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. En el caso no se advierte, por quien aquí resuelve, alguna causa de improcedencia que se actualice, ni las partes las señalaron, entonces se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, se concluye que en un análisis conjunto, sistemático y armónico de los conceptos de violación expresados por la quejosa, son infundados. Debe tenerse en cuenta con relación a suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia (IV Región)2o.J/8(10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de texto y rubro siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente. En mérito a lo anterior, lo procedente es negar el amparo solicitado, por los motivos que a continuación se expondrán. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO A efecto de exponer por qué se concluye en tal sentido, se estima conveniente destacar que de las copias certificadas relativas al juicio ordinario civil ******************** del índice del 1. Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, que éste envió en justificación a sus actos, y a las cuales en párrafos anteriores se les confirió pleno valor probatorio, se desprenden como antecedentes del acto aquí reclamado, esencialmente, los siguientes: a) Por escrito fechado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales ********************, demandó entre otras prestaciones el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, definitiva, ofreciendo diversas pruebas con dicho escrito. (fojas 1 a 8) b) Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el juez responsable radicó el expediente ********************, admitió la demanda y, entre otras cosas, fijó una pensión alimenticia provisional a razón del ********************a favor del menor acreedor; y del ******************** a favor de ********************, en su carácter de concubina, haciendo un total del ******************** del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral (fojas 18 a 22). c) Luego de ser emplazado a juicio el demandado ********************, a través del escrito fechado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, contestó la demanda, y promovió reclamación en contra de la pensión provisional fijada en el auto de inicio (fojas 32 a 42); por lo que el juez del proceso dio vista con dicha reclamación a la parte actora mediante auto de uno de diciembre siguiente. (foja 31) d) Mediante escrito recepcionado por el Juzgado responsable el siete de diciembre del año próximo pasado, la hoy quejosa, desahogó la vista concedida con el escrito de contestación a la demanda, y reclamación a la pensión provisional de alimentos. (fojas 64 a 71) e) El tres de febrero dos mil veintitrés, el Juez responsable resolvió la reclamación correspondiente, determinó modificar la pensión alimenticia inicialmente decretada, dejando intocada el porcentaje del ********************a favor del menor de edad de identidad reservada; sin embargo, la redujo al ********************del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral, por lo que atañe a la aquí quejosa ********************. (fojas 72 a 85) Previo a exponer las razones por las que los motivos de inconformidad se estiman infundados, es pertinente atender el marco normativo siguiente: MARCO NORMATIVO Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto el contenido del artículo 210 del Código de Procedimientos Civil del Estado de Veracruz, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario." De la literalidad del precepto legal transcrito se advierte que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se admita la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento; estableciendo como único requisito que los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. En vinculación directa con lo anterior, los artículos 233 y 1568 del Código Civil para el Estado de Veracruz, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 233. Los cónyuges deben darse alimentos; la Ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1568." "ARTICULO 1568. Las personas que hayan convivido bajo el régimen de concubinato, durante los tres años que precedieron inmediatamente a la muerte, o un tiempo menor si han tenido hijos, tienen mutuo y recíproco derecho a heredarse conforme a las siguientes reglas: (.)." De los artículos citados se advierte claramente que los concubinos se encuentran obligados a proporcionarse alimentos; asimismo, que los requisitos para que se configure el concubinato en el Estado de Veracruz, son los siguientes: ( Haber convivido bajo un mismo techo, como marido y mujer, durante tres años. ( O, un tiempo menor si han tenido hijos. Sin que se tenga como requisito, que las personas hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato; habida cuenta que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar una legislación similar a la del Estado de Veracruz, en relación al concubinato, estableció que el requisito de permanecer libre de matrimonio, es inconstitucional porque condiciona la existencia del concubinato con base en una distinción del estado civil de las personas que voluntariamente desean establecer la unión de hecho, lo que no encuentra una finalidad constitucionalmente imperiosa; sino por el contrario, afecta el principio de igualdad al establecer privilegios de protección familiar sólo a las familias conformadas por la unión matrimonial, aunado a que el requisito reitera un estereotipo de género relacionado con el prejuicio del hogar extramarital. El anterior criterio se encuentra previsto en la tesis 1a.LV/2020(10a.) de la referida Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que al efecto dispone lo siguiente: CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD. Hechos: Una mujer reclamó una pensión de alimentos, la que le fue negada bajo el argumento de que no acreditó la relación de concubinato que diera origen al reclamo de alimentos, ya que el demandado no se encontraba libre de matrimonio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la porción normativa "ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo" del artículo 65 del Código Familiar de Morelos, es inconstitucional porque condiciona la existencia de concubinato con base en una distinción del estado civil de las personas que voluntariamente desean establecer la unión de hecho, lo que no encuentra una finalidad constitucionalmente imperiosa, sino por el contrario afecta el principio de igualdad al establecer privilegios de protección familiar sólo a las familias conformadas por la unión matrimonial, aunado a que el requisito reitera un estereotipo de género relacionado con el prejuicio del hogar extramarital. Justificación: El requisito que establece el artículo 65 del Código Familiar del Estado de Morelos, consistente en que será considerado como concubinato a la unión de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, es inconstitucional porque transgrede el principio de igualdad y no discriminación, además impide el reclamo de alimentos en la vía judicial y sólo privilegia la protección a la familia que fue constituida del matrimonio y no del concubinato. Entonces, ante la realidad de que el matrimonio y concubinato pueden coexistir y derivado del mandato del artículo 4o. constitucional que exige el deber del Estado de proteger a todas las familias, no obstante su conformación, el requisito que exige la legislación civil de Morelos discrimina con base en categoría sospechosa (estado civil) lo que no supera un examen de escrutinio constitucional. SUBSUNCIÓN Ahora, es conveniente puntualizar que la actora constitucional afirma que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; al sostener que: la regraduación sobre el monto de la pensión provisional alimentaria, es contraria a derecho, al desconocer la relación de concubinato que sostuvo con el demandado, pues al efecto señaló que omitió precisar el domicilio en donde supuestamente establecieron su relación de concubinato; se soslaya que tiene la necesidad urgente de percibir alimentos, pues incluso ha realizado gastos extraordinarios para mantener al hijo que procreó con el deudor alimentario; el tercero interesado omitió manifestar ante el Juez responsable que tiene otra actividad laboral; así como determinar el monto de la pensión alimenticia atendiendo a cada caso particular, debiendo sustentarla en la posibilidad del obligado a darlos y la necesidad de quien deba recibirlos. Los anteriores motivos de disenso, resultan infundados. En efecto, contrario a lo alegado por la quejosa, la resolución aquí reclamada no es violatoria de sus derechos fundamentales, pues la responsable sustentó su actuación en el principio de proporcionalidad que prevé el artículo 242 Civil para el Estado de Veracruz, el cual resulta aplicable a la litis; además de que señaló las razones y motivos que tuvo para regraduar la pensión alimenticia decretada inicialmente, cumpliendo así con la obligación constitucional de motivar la causa legal del procedimiento, así como de fundar su actuación. En ese mismo orden de ideas, se considera ajustado a derecho que el Juez responsable haya regraduado la medida provisional de alimentos, a cargo de la aquí quejosa en su carácter de concubina, dejando intocado el porcentaje decretado a favor del menor involucrado, bajo las consideraciones sustanciales siguientes: Que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento ******************** en la que consta el nacimiento del menor con iniciales ********************, se demostraba el vínculo y parentesco filial, entre dicho menor y el demandado; y que respecto de la quejosa, se estimó decretar alimentos a su favor bajo el aducido carácter de concubina, en términos del artículo 233 del Código Civil del Estado de Veracruz, ante su manifestación de que habitó con el deudor alimentario, por lo que al exhibir la copia de la citada acta de nacimiento del hijo que procrearon en común, se estableció la presunción de la calidad de concubina. En lo que respecta a la capacidad económica del deudor alimentario, el Juez responsable otorgó valor probatorio al informe que se allegó al sumario, el cual rindió el apoderado legal de la empresa para cual labora el demandado denominada ******************** quien señaló que ******************** trabaja para esa empresa bajo un contrato por tiempo determinado, percibiendo un salario diario de $******************** que le son pagados semanalmente. Sin embargo, aun cuando en la reclamación está vedado abordarse temas inherentes al derecho alimentario, al entrar al análisis del estado de necesidad de los acreedores alimentarios, así como a la capacidad económica del obligado, a juicio del Juez familiar responsable, estimó procedente regraduar la reclamación, pues el demandado ******************** acreditó a través de la partida de nacimiento correspondiente, que tiene otra acreedora alimentaria diversa a los actores del juicio natural, siendo que para con ella también debe cumplir con su obligación alimentaria, ya que tal como lo adujo en vía de agravios el demandado la carga alimentaria impuesta le resultaba excesiva y debía reducirse a efecto de no dejarlo en estado de insolvencia; por lo que al operar a favor de dicha menor la suplencia de la queja, válidamente debía hacerse un nuevo cálculo sobre los alimentos provisionales, pues cuando se fijaron únicamente se tomó como referente a los demandantes que lo es el menor ******************** y la concubina ********************, y que la cantidad que le restaba después del monto del descuento de la pensión alimenticia, solo era para sufragar las necesidades del deudor alimentario, sin contemplar a su diversa acreedora que es su menor hija ********************, que a la fecha de emisión de la resolución reclamada, se dijo contaba con un año de edad. Referentes válidos para ajustar la pensión provisional fijada, con independencia de que se sabe cuál es el salario semanal del demandado, lo cierto es que se desconocían los montos de deducciones y percepciones aplicadas de manera directa al salario del demandado, pero lo que no podía pasar por alto es la existencia de la menor hija acreedora del demandado, que por su minoría de edad, cuenta con la presunción de recibir alimentos, y por ende, razón suficiente para regraduar el porcentaje alimentario provisional. A este punto, es de analizarse que el operador judicial desestimó el argumento del demandado, en el cual consideró ineficaz para los alcances de obtener la regraduación de la pensión, en cuanto señaló que jamás vivió con la hoy quejosa ********************, así como que ésta fue omisa en señalar el domicilio en donde establecieron la supuesta relación de concubinato; ya que al efecto dejó establecido que la reclamación tiene como objetivo estudiar lo excesivo o desproporcionado del quantum de la pensión provisional, por lo que no es dable analizar cuestiones de fondo, como el derecho a los alimentos, por lo que en esa fase procesal resultaba improcedente emitir mayor pronunciamiento al respecto. De ahí que si el Juez responsable al emitir la resolución reclamada atendió a lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, y 242 Civil para el Estado de Veracruz, como ya se dejó sentado, y ningún trato desigual aplicó en perjuicio de las garantías que tutela el artículo 4° Constitucional a favor de la aquí quejosa. En esas condiciones, quien esto resuelve estima que la decisión alcanzada por la responsable, no resulta violatoria de los derechos fundamentales de la quejosa. CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, y sin que se advierta queja deficiente que suplir que derive en un beneficio a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción II, y último párrafo, de la Ley de Amparo; lo que procede en el caso, es negar el amparo solicitado por ********************. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica al tercero interesado por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el aquí tercero interesado SAMUEL FRAFÁN DÍAZ, fue emplazado a juicio mediante lista de acuerdos de seis de marzo de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En esas condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintiocho de febrero de la presente anualidad, por lo que, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe un domicilio en esta plaza para el efecto. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual rinde informe justificado y ofrece pruebas de su parte. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, con el mismo y con las constancias que anexa, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite la Juez responsable, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la referida ley. Dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese el primer cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad 2. Actuaria Secretaria Siete adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, mediante el cual rinde informe justificado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
AAbierta la audiencia de ley, el secretario hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las que fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa junto con su escrito inicial de demanda, así como las exhibidas por el Juez responsable, y el secretario hace constar que las demás partes no las ofrecieron. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas que ofrece la parte quejosa y juez responsable, de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Se declara cerrado el período probatorio ABIERTO EL DE ALEGATOS, el secretario hace constar que las partes no hicieron manifestación alguna, y que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado no presentó alegatos; atento a lo anterior, se cierra este período, y el Juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos los autos para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 155/2023 y, RESULTANDO ÚNICO. ********************, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1. JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA DE FAMILIA 29 CIERTO 2. ACTUARIO JUDICIAL DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ 34 CIERTO VERACRUZ, VERACRUZ De quien reclamó: LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EMITIDO EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL ********************, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO RESPONSABLE, EN EL CUAL SE DECRETÓ REDUCIR LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. En auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia incidental, que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es el que ha quedado precisado en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes, y se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, a las pruebas documentales exhibida por el Juez responsable y relacionadas en la audiencia incidental. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, y 2. Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, ambos con sede en Veracruz, Veracruz, reconocieron la existencia del acto reclamado, como se advierte de sus informes previos. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por reunirse en la especie los requisitos exigidos por los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, ya que media la petición de la parte quejosa para el otorgamiento de la suspensión, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que por el contrario, como el acto reclamado afecta la pensión alimenticia inicialmente decretada por el juez responsable, aspecto que resulta de suma importancia para la colectividad, y en cambio, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte quejosa con la ejecución del acto que se reclama, precisamente al disminuirse la pensión alimenticia decretada. En ese sentido, ES PROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los propios actos para el efecto de que no se ejecute la resolución reclamada y siga vigente la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del juicio natural a favor de la acreedora alimentaria, sin que haya necesidad de señalar garantía alguna al respecto, en virtud de que hasta este momento no se advierte que se ponga en riesgo la subsistencia del deudor alimentario, según sus posibilidades reales, y de negarse la suspensión traería como consecuencia que se le otorgara una pensión alimenticia menor a la inicialmente decretada en el juicio de origen, lo que pondría en riesgo la subsistencia de la parte acreedora. Orienta sobre el caso la jurisprudencia 1a./J. 53/2005, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de ese Máximo Tribunal de Justicia del País. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se CONCEDE a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. "
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- Validación de identidad
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