Nancy Karina González Miramontes
Expediente 237/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nancy Karina González Miramontes
- Nancy Karina González Miramontes y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, por haberse decretado la suspensión de plano a la parte quejosa. Entonces, luego de tres años podrá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General Conjunto 1/2009. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte y sus anexos; en atención a su contenido, se le tiene rindiendo su informe justificado, en términos del numeral 117, de la Ley de Amparo. Ahora, del contenido del informe justificado y las copias certificadas de la carpeta de investigación con número único de ******* que anexa, se advierte de manera manifiesta e indudable, que en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, como a continuación se pone de relieve. En efecto, quien resuelve considera que, en el caso se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diez de abril del año en curso, ******* solicitó el amparo y protección de la justicia federal en representación de *******, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, con sede en esta ciudad y otras autoridades, a quienes reclamó la incomunicación, malos tratos y detención efectuados en su contra, así como su ejecución. Asimismo, por acuerdo de la misma fecha se concedió la suspensión de plano respecto del acto de incomunicación y malos tratos y su ejecución, se ordenó formar expediente bajo el consecutivo 237/2018-VI; se solicitó a las autoridades responsables los informes sobre la suspensión de plano. Mediante manifestación realizada en constancia actuarial de nueve del mes y año en curso, la parte quejosa ratificó la demanda de amparo promovida en su beneficio. Al rendir su informe a la suspensión justificado, la autoridad arriba citada, indicó que existió un acto privativo de la libertad, distinto de la incomunicación que fue reclamada por la parte quejosa, debido a que se le detuvo en un caso de flagrancia. Aunado a ello, informó que aquélla fue consignada ante el Agente del Ministerio Público respectivo, por la comisión de hechos que la ley considera como delito (contra la salud en la modalidad de narcomenudeo). Asimismo, del acuerdo de once del mes y año en curso, anexo a la comunicación oficial que se atiende, se advierte que en virtud de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Centro de Operaciones Estratégicas, no pretendía ejercitar acción penal en contra de *******, el once de abril del año que transcurre, ordenó poner en libertad bajo reserva a la ahora quejosa y, enseguida, se le realizaron las prevenciones establecidas en el numeral 140, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, firmando de conformidad la parte hoy quejosa. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación *******, remitidas por la Fiscalía responsable; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo manifestado por las autoridades responsables resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos los actos reclamados, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la directamente agraviada, *******, con posterioridad a su detención, fue consignada ante el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, donde se le permitió nombrar defensor (foja 40), fue puesta en libertad el once de abril del presente año; por ende, los eventuales actos de incomunicación, malos tratos y detención alegados, cesaron en sus efectos, pues de las constancias remitidas se puede advertir que la parte quejosa contó con asistencia legal, tuvo la oportunidad de informar a la persona que indicó, su situación de detención y posterior a haber sido puesta a disposición de la Representación Social del Estado de Chihuahua, se ordenó su libertad; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues si el derecho jurídicamente tutelado en el presente asunto era la incomunicación, malos tratos y detención, al existir elementos de prueba que desvirtúan que se encontraba detenida por las autoridades responsables, quienes ya la pusieron en libertad deambulatoria, se colige que fue restituida en los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Apoya esta conclusión la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte y sus anexos; en atención a su contenido, se le tiene rindiendo su informe justificado, en términos del numeral 117, de la Ley de Amparo. Ahora, del contenido del informe justificado y las copias certificadas de la carpeta de investigación con número único de ******* que anexa, se advierte de manera manifiesta e indudable, que en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, como a continuación se pone de relieve. En efecto, quien resuelve considera que, en el caso se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diez de abril del año en curso, ******* solicitó el amparo y protección de la justicia federal en representación de *******, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, con sede en esta ciudad y otras autoridades, a quienes reclamó la incomunicación, malos tratos y detención efectuados en su contra, así como su ejecución. Asimismo, por acuerdo de la misma fecha se concedió la suspensión de plano respecto del acto de incomunicación y malos tratos y su ejecución, se ordenó formar expediente bajo el consecutivo 237/2018-VI; se solicitó a las autoridades responsables los informes sobre la suspensión de plano. Mediante manifestación realizada en constancia actuarial de nueve del mes y año en curso, la parte quejosa ratificó la demanda de amparo promovida en su beneficio. Al rendir su informe a la suspensión justificado, la autoridad arriba citada, indicó que existió un acto privativo de la libertad, distinto de la incomunicación que fue reclamada por la parte quejosa, debido a que se le detuvo en un caso de flagrancia. Aunado a ello, informó que aquélla fue consignada ante el Agente del Ministerio Público respectivo, por la comisión de hechos que la ley considera como delito (contra la salud en la modalidad de narcomenudeo). Asimismo, del acuerdo de once del mes y año en curso, anexo a la comunicación oficial que se atiende, se advierte que en virtud de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Centro de Operaciones Estratégicas, no pretendía ejercitar acción penal en contra de *******, el once de abril del año que transcurre, ordenó poner en libertad bajo reserva a la ahora quejosa y, enseguida, se le realizaron las prevenciones establecidas en el numeral 140, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, firmando de conformidad la parte hoy quejosa. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación *******, remitidas por la Fiscalía responsable; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo manifestado por las autoridades responsables resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos los actos reclamados, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la directamente agraviada, *******, con posterioridad a su detención, fue consignada ante el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, donde se le permitió nombrar defensor (foja 40), fue puesta en libertad el once de abril del presente año; por ende, los eventuales actos de incomunicación, malos tratos y detención alegados, cesaron en sus efectos, pues de las constancias remitidas se puede advertir que la parte quejosa contó con asistencia legal, tuvo la oportunidad de informar a la persona que indicó, su situación de detención y posterior a haber sido puesta a disposición de la Representación Social del Estado de Chihuahua, se ordenó su libertad; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues si el derecho jurídicamente tutelado en el presente asunto era la incomunicación, malos tratos y detención, al existir elementos de prueba que desvirtúan que se encontraba detenida por las autoridades responsables, quienes ya la pusieron en libertad deambulatoria, se colige que fue restituida en los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Apoya esta conclusión la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los informes que sobre la suspensión de plano rinde las autoridades oficiantes, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Justicia del Estado en la Zona Norte y Coordinador Regional Zona Norte de la Comisión Estatal de Seguridad División Fuerzas Estatales (solicitado a las señaladas como Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Policía Estatal Única división Prevención y Director Operativo de la Policía Estatal Única División Prevención); en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la primera autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refiere en su informe. Asimismo, se tiene a la segunda de las autoridades oficiantes, señalando como denominación correcta al Comisionado Estatal de Seguridad, de las autoridades señaladas como Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Policía Estatal Única división Prevención y Director Operativo de la Policía Estatal Única División Prevención, háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******. Doy fe.
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