Nancy Hernández Godoy y Otros.
Expediente 106/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 27 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 03/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nancy Hernández Godoy y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de catorce de junio del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d- de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con las fracciones I y III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1-2009, para lo cual manténganse ligados. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1-2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el incidente de suspensión derivado del presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del referido cuaderno incidental e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *****************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como simple antecedente el oficio signado por el Administrador de Correos de México, en virtud de que el catorce de los corrientes se dictó sentencia en el presente asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 106/2019-II, promovido por ******* y *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Previa separación de juicios decretada en el cuaderno de amparo indirecto 98/2019, del índice de este Juzgado Federal, el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ******* y *******. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", Tesorería de la Federación dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quienes reclamaron el embargo y todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución que culminó con el remate, adjudicación y subasta del bien inmueble que afirmaron es de su propiedad, así como la correspondiente inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 106/2019-II y se previno a la parte quejosa para que la aclarara. Una vez desahogado el requerimiento respectivo, en proveído de uno de marzo del actual se admitió a trámite la demanda de referencia, únicamente respecto del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", Tesorería de la Federación, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, toda vez que respecto del diverso acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se ordenó la separación de los juicios respectiva, en el juicio de amparo 98/2019-II del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se tramitó lo relativo a esa autoridad jurisdiccional. Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: a) Del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", con residencia en Ciudad Juárez: - El emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución que culminó con el embargo, remate y adjudicación a favor del fisco federal, del inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, sin haber sido oídos y vencidos en dicho procedimiento. b) Del Tesorero de la Federación: - El acta administrativa de transferencia del inmueble en cita, entre otros, de veintiocho de enero de dos mil once, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. c) Del Delegado Regional Norte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal: - La subasta electrónica en la que se adjudicó el bien inmueble de referencia, a favor de los terceros interesados, formalizada ante el Notario Público 24, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho. d) Del Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: - La cancelación del registro del inmueble en cita que se encontraba a favor de los quejosos y la anotación como nueva propietaria a favor de la tercero interesada, *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis en considerando posteriores. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado a la Tesorería de la Federación. El Director General de Amparos contra Actos Administrativos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Tesorería de la Federación, al rendir su respectivo informe justificado negó categóricamente los actos que le atribuyó el accionante del amparo, al señalar que no se encuentra dentro de las facultades legales de esa dependencia realizar la transferencia de inmuebles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que se le imputó; por su parte, los quejosos no aportaron pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de tal autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", con residencia en Ciudad Juárez, el Delegado Regional Norte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal y el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, aceptaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitieron de manera adjunta a sus respectivos informes y a las cuales se reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Con relación a los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en el emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución que culminó con el embargo, remate y adjudicación a favor del fisco federal, del inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, sin haber sido oídos y vencidos en dicho procedimiento, este juzgador considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] Como se ve, la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En términos de esas disposiciones y para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta, acorde al criterio que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 280, tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Apéndice de 2000, Novena Época, con número de registro 196932 que es del siguiente tenor: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Al respecto, es oportuno precisar que es una característica propia de los juicios o de los procedimientos seguidos en forma de juicio, estar integrados por las siguientes fases: a) Previo al juicio; b) Instrucción del juicio; c) Sentencia; y d) Ejecución. Análogamente se aprecia que en los procedimientos en materia tributaria se dan iguales etapas o fases a las indicadas, siendo éstas: a) Fiscalización; b) Determinación de créditos fiscales; y, c) Ejecución. En esta tesitura, y tomando en cuenta que la posibilidad de justificar actos privativos en cualquiera de estos momentos se presenta cuando previamente se satisfagan las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual constituye la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 constitucional, que implica que la persona que pueda ser afectada: 1) Sea emplazada; 2) Ofrezca y rinda pruebas; 3) Formule alegatos; y, 4) Que se le dicte una sentencia o decisión que contemple los extremos de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Con relación a lo anterior, resulta que la institución del tercero ajeno, ignorado o no llamado a juicio, tiene como características: a) No haber figurado como parte en sentido material (sea en un juicio o procedimiento); b) Sufrir un perjuicio durante la secuela procesal o en su ejecución; c) Que desconozca las actuaciones relativas; y, d) No haber tenido oportunidad de ser oído en su defensa; lo que implica afectación a su esfera jurídica al ser una auténtica y directa violación a la garantía de audiencia prevista en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, donde la propia Constitución General de la República, en su artículo 107, fracción III, inciso c), párrafo segundo, permite la procedencia inmediata del juicio de amparo sin necesidad de cumplir con el principio de definitividad. En consecuencia, si tanto en los juicios como en los procedimientos seguidos en forma de juicio, se da la misma finalidad y posibilidad de afectación (actos de privación) -mediante la emisión de resoluciones vinculatorias entre las partes y declarativas o constitutivas de derechos, exigibles mediante el imperio y la coerción-; por tanto, resulta que, por identidad de razón, rigen en ambas las mismas garantías de defensa (formalidades esenciales del procedimiento) y, en ese tenor, es obvio que también en ambos casos debe de regir la institución del tercero extraño y sus consecuencias cuando aquellas formalidades son violentadas; así como las mismas consecuencias si de constancias se advierte que los solicitantes del amparo ya habían comparecido al procedimiento. Esto es así, porque al sujeto al que se cobra un crédito mediante el procedimiento administrativo de ejecución y que afirma que no ha sido llamado a comparecer y deducir sus derechos oportunamente dentro del procedimiento de determinación del crédito, es equivalente a un tercero no llamado a juicio, por identidad de razones y la finalidad de afectación; pero también pierde esa calidad, cuando se advierte que previamente compareció al procedimiento respecto a intentar ejercer su derecho de audiencia. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, de Marzo de 2013, Tomo 2, materias común y administrativa, página 1242, del siguiente tenor: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente. En la especie, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que mediante oficio de treinta de julio de dos mil ocho, la entonces denominada Administración Local de Auditoría Fiscal de Ciudad Juárez determinó la situación fiscal de la diversa persona moral *******, en la que le estableció la cantidad a pagar por diversos conceptos a su cargo. El veintinueve de octubre de ese año (2008), el Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez dictó un mandamiento de ejecución, para hacer efectivos los créditos fiscales determinados a *******. El veintiséis de noviembre inmediato siguiente, se levantó el acta de requerimiento de pago y embargo, a la que comparecieron los ahora quejosos, ******* y ******* quienes, en ese acto, se constituyeron como obligados solidarios respecto de los diversos créditos fiscales determinados a la referida persona mora y señalaron para garantizar el adeudo, el bien inmueble ubicado en *******, de esta ciudad. A través de los oficios ******* y *******, ambos de diecinueve de marzo de dos mil diez, el Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, informó a los ahora quejosos, en su carácter de obligados solidarios del contribuyente, el avalúo del bien inmueble materia del embargo, los cuales se notificaron personalmente el doce de abril del mismo año, por conducto de *******. Mediante escrito dirigido a la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez, presentado el veintisiete de abril de dos mil diez, los ahora quejosos, ******* y *******, a nombrar perito de su parte; asimismo, informaron su intención de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A través de sendos oficios de veintiséis de mayo de dos mil diez, el Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez ordenó notificar a los quejosos, en su carácter de responsables solidarios de *******, la convocatoria de remate en primera almoneda, el cual se les notificó el ocho de junio de esa anualidad, por notificación personal practicada con *******. Asimismo, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Norte-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de los antecedentes digitales del expediente *******, de su índice, promovido por ******* y *******, en el que se demandó la nulidad de los oficios ******* y *******, ambos de diecinueve de marzo de dos mil diez, en los que el Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, informó a los ahora quejosos, en su carácter de obligados solidarios del contribuyente, el avalúo del bien inmueble materia del embargo, que se desechó en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diez, lo que informó se trataba de la información que obraba en su Sistema de control y Seguimiento de Juicios, en virtud de que el expediente físico había sido destruido, razón por la cual remitió copia certificada de la relación de expedientes concluidos al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entre los que se encuentra el promovido por los solicitantes del amparo. En estas condiciones, de las constancias de autos se advierte que los quejosos sí comparecieron al procedimiento de origen y estuvieron en posibilidad de defender sus derechos, tan es así que intentaron la tramitación de un juicio de nulidad, para quien resuelve resulta indudable que tuvieron conocimiento del procedimiento de ejecución que se tramitó en su contra, al comparecer a señalar perito de su parte, como obligados solidarios de la persona moral contribuyente, así como a promover juicio de nulidad en contra de los oficios ******* y *******, ambos de diecinueve de marzo de dos mil diez, lo cual conlleva a determinar que se hicieron sabedores del proceso del que derivaron los actos reclamados. En ese sentido, es evidente que no puede atribuirse a los quejosos el carácter de personas extrañas con el que se ostentan en el presente asunto, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el procedimiento administrativo del que derivan los actos reclamados, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte demandada que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 39/2001, página 93, con número de registro 189916 que dispone lo siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En atención a la jurisprudencia transcrita, resulta evidente que basta la comparecencia al procedimiento de origen para desvirtuar el carácter de aquella persona que se ostenta como tercero extraño por equiparación en un juicio de amparo, es decir, que al haber acudido ambos quejosos al procedimiento administrativo de ejecución e, incluso, interponer un medio de defensa en contra de una de las determinaciones que consideraron que no les era favorable, los ahora solicitantes del amparo no tienen el carácter de terceros extraños por equiparación. Al respecto cobra aplicación la tesis IX.2o.6K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 537, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, que dice: EMPLAZAMIENTO. SI SE CONOCE LA EXISTENCIA DEL JUICIO DEL QUE DERIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Conforme a la jurisprudencia P./J.18/94, publicada en las páginas 16 y 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 78, con la voz "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN", para que proceda el juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento, por irregularidades en su práctica, es necesario que el promovente tenga un desconocimiento total del juicio del que emana dicho emplazamiento, pues de no ser así, no puede equiparársele a un tercero extraño. Como en el caso de que la persona que pide amparo contra un emplazamiento que estima irregular, tiene conocimiento con mucha anticipación del juicio en el cual se llevó a cabo, por haber manifestado en un escrito firmado por ella misma, dirigido a la autoridad que conoce del caso, el número del juicio y el nombre del demandante, así como el hecho de ser la parte demandada; lo que no deja lugar a dudas de su conocimiento del juicio y de que estuvo en posibilidad de acudir al juicio ordinario a defender sus intereses, en lugar de promover el juicio de amparo indirecto. Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1181, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, que dispone: TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia. En efecto, si los quejosos, ******* y ******* comparecieron al procedimiento del que derivan los actos reclamados por escrito, a señalar perito de su parte, como obligados solidarios de la persona moral contribuyente, así como a promover juicio de nulidad en contra de los oficios 400-30-00-03-03-2010-005076 y 400-30-00-03-03-2010-005077, ambos de diecinueve de marzo de dos mil diez, en los que el Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, les informó el avalúo del bien inmueble materia del embargo, resulta evidente que no le asiste el carácter de personas extrañas a tal procedimiento, pues, jurídicamente, tal apersonamiento les permitió tener acceso a aquél y, desde luego, estuvieron en posibilidad real y material de tener conocimiento del trámite del proceso, continuar ejerciendo su derecho de defensa y, eventualmente, promover los medios ordinarios o extraordinarios de defensa que estimaran procedentes en aquella oportunidad. Lo que no deja lugar a dudas sobre los alcances e interpretación que este órgano jurisdiccional otorga al referido criterio jurisprudencial, es decir, que al tener la parte quejosa conocimiento y comparecer al procedimiento, extingue cualquier posibilidad de que se le pueda considerar persona extraña. En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que los solicitantes de amparo no tienen la calidad de personas extrañas al procedimiento, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Ilustra a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registrada bajo el consecutivo 172130, visible en la página 2440, tomo XXII, de octubre de 2005, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor: PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER, QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA, AUN CUANDO MANIFIESTE QUE POSTERIORMENTE FUE ILEGALMENTE NOTIFICADA DE DIVERSAS RESOLUCIONES Y SE LE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL JUICIO. Al resolver la contradicción de tesis 12/2000, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, integró la jurisprudencia P./J. 39/2001, en la cual dispuso que si el demandado conoce de la existencia del juicio y comparece a él, a pesar de que no fue legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. En ese contexto, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución pues, en términos del citado criterio jurisprudencial, al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse dentro del contencioso. Los alcances así establecidos de la jurisprudencia por unificación, fueron reconocidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar improcedente la contradicción de tesis 10/2004, por considerar que el tema de contienda, es decir, si corresponde la calidad de persona extraña por equiparación al demandado, que no obstante comparecer al procedimiento natural, manifiesta que a partir de cierto momento se actuó a sus espaldas; ya estaba resuelto con la tesis primeramente mencionada. Consecuentemente, como quedó plenamente justificada la causa de improcedencia en examen, contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente será decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por ******* y *******, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, lo que torna jurídicamente imposible entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por esa quejosa. Lo anterior, se sustenta en la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Aunado a lo anterior, no es inadvertido a este órgano jurisdiccional que en el juicio de amparo en estudio, el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXIII, no es la única causal de sobreseimiento que se actualiza en el presente caso, pero al quedar demostrado que el juicio que intentó la parte quejosa es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución. Apoya esta consideración, la jurisprudencia con número de registro 195744, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1998, Séptima Época, Tomo VIII, materia común, página 414, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por ******* y *******, consistentes en el emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución que culminó con el embargo, remate y adjudicación a favor del fisco federal, del inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, sin haber sido oídos y vencidos en dicho procedimiento. Este sobreseimiento se hace extensivo a las diversas autoridades señaladas como responsables, Delegado Regional Norte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal y Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, de quienes se reclamaron, respectivamente, la subasta electrónica en la que se adjudicó el bien inmueble de referencia, a favor de los terceros interesados, formalizada ante el Notario Público 24, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho y la correspondiente cancelación del registro del inmueble identificado en líneas precedentes, que se encontraba a favor de los quejosos y la anotación como nueva propietaria a favor de la parte tercero interesada, toda vez que tales actos no se combatieron por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto se invoca, la jurisprudencia 516, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******* y *******, en los términos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte del Director General de Amparos contra Actos Administrativos, en representación del Tesorero de la Federación; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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