Nancy Hernández Godoy y Otros.

Expediente 98/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
98/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Nancy Hernández Godoy y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintisiete de febrero del presente año, en que se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se tiene que el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de aclaración de la demanda signado por los quejosos, ******* y *******, mediante el cual, desahogan el requerimiento formulado en proveído de quince de los corrientes, aclararon su demanda y manifiestan, por una parte, que no es su deseo señalar como autoridad responsable a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, por los motivos que indica, y por la otra, bajo protesta de decir verdad, señalan los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; por tanto, se tiene por aclarada la demanda de amparo presentada en el presente asunto. Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Así pues, con apego a los numerales 62 y 113, relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, y 107, fracción V, aplicados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, así como el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la lectura de este último precepto legal, se advierte que se refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Se invoca la tesis III.2o.C.18 K, de la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia Común, visible en la página mil ochocientos veintisiete del siguiente tenor: JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. En la especie, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama del Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, todo lo actuado en el juicio ordinario civil *******, en contra de los accionantes del amparo, en el que se reclama la desocupación y entrega de la propiedad en cita, así como la probable orden de desposesión que se pudiera derivar del juicio de mérito. Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa precisó en lo que interesa, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: --.- oportunamente comparecimos a dar contestación a la demanda y con fecha diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, se recibió en los autos el juicio la contestación a la vista que se mandó dar a la actora con la contestación a la demanda que los suscritos producimos en el juicio, siendo éste el estado actual del juicio, siendo todos estos, los antecedentes del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables y particularmente del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos (sic).- En ese orden de ideas, debe señalarse que la parte quejosa es parte formal en el juicio de origen y no se observa que se haya dictado sentencia en éste, pues en la parte medular puntualiza, "se recibió en los autos el juicio la contestación a la vista que se mandó dar a la actora con la contestación a la vista que se mandó dar a la actora con la contestación a la demanda que los suscritos producimos en el juicio, siendo este el estado actual del juicio". Bajo esas circunstancias, si de lo que se duele la parte quejosa es todo lo actuado en el juicio ordinario civil *******, así como la probable orden de desposesión y entrega que se pudiera derivar del juicio de mérito; la improcedencia de su reclamo nace porque, al no haberse dictado sentencia al momento en que tuvo conocimiento del juicio laboral de origen, que cuando menos data del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, así como al no existir acto privativo en su contra, se concluye que los actos que reclama no son de aquellos que afecten derechos sustantivos que trasciendan a la esfera del gobernado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, visible en la página setecientos veintinueve del siguiente contenido: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Consecuentemente, si la parte quejosa tuvo conocimiento del procedimiento natural seguido en su contra, el cual se encuentra en la fase de instrucción y, por ende, aún no se ha dictado la sentencia con el que se concluya el juicio en materia civil, están en posibilidad, material y jurídica, de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa contra los actos que considere le sean adversos, que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Lo que antecede tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, Materia Común, visible en la página mil seiscientos veintisiete del siguiente tenor: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o. J/78, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO". Por ende, con apoyo en el arábigo 61 fracciones XVIII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en estudio, por su manifiesta y notoria improcedencia. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de aclaración de la demanda signado por los quejosos, ******* y *******, mediante el cual, desahogan el requerimiento formulado en proveído de quince de los corrientes, aclararon su demanda y manifiestan, por una parte, que no es su deseo señalar como autoridad responsable a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, por los motivos que indica, y por la otra, bajo protesta de decir verdad, señalan los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; por tanto, se tiene por aclarada la demanda de amparo presentada en el presente asunto. Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Así pues, con apego a los numerales 62 y 113, relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, y 107, fracción V, aplicados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, así como el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la lectura de este último precepto legal, se advierte que se refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Se invoca la tesis III.2o.C.18 K, de la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia Común, visible en la página mil ochocientos veintisiete del siguiente tenor: JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. En la especie, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama del Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, todo lo actuado en el juicio ordinario civil *******, en contra de los accionantes del amparo, en el que se reclama la desocupación y entrega de la propiedad en cita, así como la probable orden de desposesión que se pudiera derivar del juicio de mérito. Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa precisó en lo que interesa, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: --.- oportunamente comparecimos a dar contestación a la demanda y con fecha diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, se recibió en los autos el juicio la contestación a la vista que se mandó dar a la actora con la contestación a la demanda que los suscritos producimos en el juicio, siendo éste el estado actual del juicio, siendo todos estos, los antecedentes del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables y particularmente del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos (sic).- En ese orden de ideas, debe señalarse que la parte quejosa es parte formal en el juicio de origen y no se observa que se haya dictado sentencia en éste, pues en la parte medular puntualiza, "se recibió en los autos el juicio la contestación a la vista que se mandó dar a la actora con la contestación a la vista que se mandó dar a la actora con la contestación a la demanda que los suscritos producimos en el juicio, siendo este el estado actual del juicio". Bajo esas circunstancias, si de lo que se duele la parte quejosa es todo lo actuado en el juicio ordinario civil *******, así como la probable orden de desposesión y entrega que se pudiera derivar del juicio de mérito; la improcedencia de su reclamo nace porque, al no haberse dictado sentencia al momento en que tuvo conocimiento del juicio laboral de origen, que cuando menos data del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, así como al no existir acto privativo en su contra, se concluye que los actos que reclama no son de aquellos que afecten derechos sustantivos que trasciendan a la esfera del gobernado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, visible en la página setecientos veintinueve del siguiente contenido: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Consecuentemente, si la parte quejosa tuvo conocimiento del procedimiento natural seguido en su contra, el cual se encuentra en la fase de instrucción y, por ende, aún no se ha dictado la sentencia con el que se concluya el juicio en materia civil, están en posibilidad, material y jurídica, de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa contra los actos que considere le sean adversos, que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Lo que antecede tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, Materia Común, visible en la página mil seiscientos veintisiete del siguiente tenor: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o. J/78, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO". Por ende, con apoyo en el arábigo 61 fracciones XVIII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en estudio, por su manifiesta y notoria improcedencia. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite copia del escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio, lo anterior, por no corresponder a su estadística; en consecuencia, guárdese por separado la copia en comento y una vez que la parte quejosa se pronuncie respecto de la prevención que se le efectuó el quince de los actuales, agréguese la misma al incidente de suspensión que, en su caso, se aperture. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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