Nairovys Durand Fis
Expediente 978/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 27 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nairovys Durand Fis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por 1) NAIROVYS DURAND FIS, 2) YADIEL SANCHEZ CUELLAR, 3) ENARDYS RODRIGUEZ ESTRADA, 4) YOHANA IGLESIAS ERBELLO, por propio derecho, 5) JEORGE AURELIO RODRÍGUEZ PONCE e 6) ISABEL EURIDICE XUAREZ PERDOMO, por propio derecho y en representación de su menor hijo 7) GIONNY RODRÍGUEZ XUAREZ; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, punto 2, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional, y se negó la definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cuarenta minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 978/2021-4, promovido por 1) NAIROVYS DURAND FIS, 2) YADIEL SANCHEZ CUELLAR, 3) ENARDYS RODRIGUEZ ESTRADA, 4) YOHANA IGLESIAS ERBELLO, por propio derecho, 5) JEORGE AURELIO RODRÍGUEZ PONCE e 6) ISABEL EURIDICE XUAREZ PERDOMO, por propio derecho y en representación de su menor hijo 7) GIONNY RODRÍGUEZ XUAREZ. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en: 1. Copias simples de los pasaportes a nombre de los impetrantes de amparo. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que se cierra esta fase. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 978/2021-4, promovido por 1) NAIROVYS DURAND FIS, 2) YADIEL SANCHEZ CUELLAR, 3) ENARDYS RODRIGUEZ ESTRADA, 4) YOHANA IGLESIAS ERBELLO, por propio derecho, 5) JEORGE AURELIO RODRÍGUEZ PONCE e 6) ISABEL EURIDICE XUAREZ PERDOMO, por propio derecho y en representación de su menor hijo 7) GIONNY RODRÍGUEZ XUAREZ, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, 1) NAIROVYS DURAND FIS, 2) YADIEL SANCHEZ CUELLAR, 3) ENARDYS RODRIGUEZ ESTRADA, 4) YOHANA IGLESIAS ERBELLO, por propio derecho, 5) JEORGE AURELIO RODRÍGUEZ PONCE e 6) ISABEL EURIDICE XUAREZ PERDOMO, por propio derecho y en representación de su menor hijo 7) GIONNY RODRÍGUEZ XUAREZ, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 Al Comisionado del Instituto Nacional De Migración, inminentemente, haber emitido una orden de APREHENSION, DETENCIÓN y CON fines DE DEPORTACION, sin perder de vista en HABER CONCEDIDO UNA ALERTA DE CAPTURA sin que seamos oídos, vencidos y en no contar con una adecuada defensa o se nos haya hecho del conocimiento previo de un procedimiento de juicio administrativo o judicial del cual desconocemos hasta el día de hoy, ya que al emitir una orden de aprehensión para capturarnos, detenernos, con fines deportación, resulta ser inconstitucional y vulnera nuestros derechos internacionales como ser humano, en la que se coordinan por sí mismos como autoridad ordenadora o dando la orden en ejecutarla, auxiliándose en supervisando por sí o a través de su personal de su adscripción de cada estado con la finalidad de cumplimentar su mandamiento administrativo, en la que igual se auxilian de otras autoridades señaladas como ejecutoras en el presente escrito de demanda de amparo indirecto, consistente en que den cumplimiento a la alerta emitidas por la autoridad ordenadoras, en que se nos aprendan para impedir nuestro derecho de transitar de forma pacífica por este país, por el acto reclamado multicitado, se nos realice tales actos de molestia, resultando ser inconstitucional e ilegal, en que se nos detenga y prive de nuestra libertad para evitar nuestra libre circulación de movilidad humana de forma pacífica y en agravio de nuestros derechos personal, poniendo en verdadero riesgo en transgredir nuestros derecho a la vida, libertad personal y de libertad de transitar por este país, la de no podernos defender en un juicio administrativo que desconocemos hasta el día de hoy, sin perder de vista jurídica que no hemos sido vencidos o ser oídos en su caso en un respectivo juicio sin conculcar nuestros derechos internacionales o tratados internacionales, para establecer una adecuada defensa legal en contar con un abogado para que nos asesore jurídicamente y ser vencidos conforme a derecho, nos equiparan en una especie de objeto de las autoridades ordenadoras en ejecutar en que se nos traslade para ser puestos a disposición ante las autoridad migratoria de un Estado de Tabasco a otro Titular de las autoridades ordenadoras Oficinas del Instituto o Estaciones Migratorias del Estado de COHAUILA o de Nuevo León, dañando en todos nuestros extremos los derechos en el que es un lugar diverso de donde seamos capturados o detenidos por ser violatorio a nuestra derechos internacionales de que las autoridad responsable es la que deberá de conocer, es la que se encuentre en la circunscripción territorial que nos detenga para un estado armónico jurídico y equilibrio legal. 2 El titular o delegado en Turno de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila O TITULAR Y DELGADO EN TURNO DE NUEVO LEON juntos con sus personal a su cargo, quienes están ordenando que en cuanto seamos localizado y se nos haya detenido conforme a la emitida alerta nacional por su superioridad, dicha orden aparejada trae una ejecución inconstitucional en que se nos pongan a su disposición lo más pronto posible para ser ingresados en diversas instalaciones en que se nos prive de nuestra libertad sin ser vencidos, oídos y contar con una adecuada defensa en un juicio administrativo migratorio, lo que es un acto de molestia que se nos trasladen indistintamente para dejarnos a disposición de una estación migratoria a otra de otro estado indicado, por lo ordenado por el delegado o titular en turno de las oficinas de migración en Coahuila y Nuevo León. Lo que nos ocasiona vulneración a nuestras garantías individuales. Ya que por lo expuesto por la autoridad que nos persiguieron peor que delincuentes, dando cumplimiento a lo ordenado a lo antes indicado, lo correcto jurídicamente por competencia de territorio, debería ser migración del estado de Tabasco, siendo la autoridad responsable en cumplimentar en privar de nuestra libertad, dejarnos en alojamientos en sus estaciones migratorias en turno para nuestro en dado caso nuestro debido tramite migratorio, lo que actualmente continúan con nuestra búsqueda de forma ilegal siendo vulneraría de nuestros derechos Humanos Internacional. 3 A las señaladas como autoridades ejecutoras; se les reclama: Limitación y/o restricción al derecho de libertad de tránsito o circulación en movilidad humana, es decir, la ejecución material de la orden del operativo o revisión o detención o aseguramiento o privación de nuestra libertad personal, con fines de aseguramiento o presentación o alojamiento migratorio, nos impida transitar por cualquier medio de transporte por este territorio nacional, POR ORDENES QUE EJECUTAN DEL DELEGADO NACIONAL DE MIGRACION, referente a LA ALERTA EMITA CON ORDEN DE APREHENSION CON FINES DE DEPORTACIÓN SIN PREVIO JUICIO ADMINISTRATIVO EN SER OIDOS y VENCIDOS, LOGRAR CONTAR CON UNA ADECUADA DEFENSA LEGAL, en la que no se pierda de vista jurídica la Aparejado mandamiento de lo ordenado de que se ejecute emitido por el delegado o titular en turno de Migración Coahuila y DELEGADO O TITULAR EN TURNO DE MIGRACIÓN DE NUEVO LEON y PERSONAL A SUS CARGO, siendo grave mente que lesionas nuestros derechos humanos e inconstitucionalidad, consistente en su orden emitida que se nos traslade y se nos ponga a su disposición, en la que estaremos privados de nuestra libertad, en esa estación migratoria bajo su mandato del estado antes indicado, ya que es evidente, que se nos transgrede en todos nuestros extremos derechos y violatorio en contravención de toda norma jurídica protegidos en todo tratado y Convención Internacional en Derechos Humanos. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 2 Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila. 3 Delegado en turno de la Oficina de Representación de Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León. 4 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. 5 Comandante de la Guardia Nacional. 6 Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional por sí o a través de personal a su cargo. 7 Coordinador Estatal Titular Comisario en turno en Tabasco. SEGUNDO. SUSPENSION DE PLANO. En proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el expediente 978/2021-4; asimismo, de oficio se concedió la suspensión de plano del acto, para el efecto de que la orden de deportación no se ejecute, y los quejosos queden en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de la suspensión. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En esa misma fecha (veinticinco de agosto de dos mil veintiuno), se admitió a trámite la demanda de que se trata, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. SE TIENE POR INEXISTENTES A DIVERSAS AUTORIDADES. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable Coordinador Estatal Titular Comisario en Turno en el Estado de Tabasco, asimismo, por auto de veintisiete de octubre del presente año, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: ? La orden de aprehensión, detención con fines de deportación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados por haberlos negado al rendir informe justificado el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Comandante de la Guardia Nacional, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, autoridades señaladas como responsables, de lo que se dio vista oportuna a los quejosos, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que se desvirtuara lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante los informes rendidos por las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dichos actos son inconstitucionales, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan los mencionados informes. Máxime, que no existe prueba alguna en autos, de la que se advierta la existencia por lo que respecta a la orden de deportación un procedimiento en contra de los quejosos para resolver su situación migratoria, ni tampoco la existencia de algún acuerdo de presentación emitido por las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, o en su caso que se encuentren privados de su libertad, pues como se precisó las responsables manifestaron que los quejosos no se encontraban a su disposición. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se considera inexistente los referidos actos reclamados por los aludidos quejosos a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio ante la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)4, si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por 1) NAIROVYS DURAND FIS, 2) YADIEL SANCHEZ CUELLAR, 3) ENARDYS RODRIGUEZ ESTRADA, 4) YOHANA IGLESIAS ERBELLO, por propio derecho, 5) JEORGE AURELIO RODRÍGUEZ PONCE e 6) ISABEL EURIDICE XUAREZ PERDOMO, por propio derecho y en representación de su menor hijo 7) GIONNY RODRÍGUEZ XUAREZ, contra actos de las autoridades señaladas como responsables, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; de la certificación de cuenta se desprende que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestara la denominación correcta de la respectiva autoridad que señaló como responsable, transcurrió del veintidós al veintiséis de octubre actual, sin que haya hecho lo propio. En esa razón, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el precitado proveído; esto es, se deja de tener con el carácter de autoridad responsable en el presente cuaderno principal a: Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional con residencia en la Ciudad de México. Por lo que suspéndase toda comunicación con ella. Notifíquese.
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