Nain Castillo Hernández
Expediente 1019/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nain Castillo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 9 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 1019/2020-8, promovido por Nain Castillo Hernández. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las pruebas que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda, consistentes en la presuncional legal y humana, en la copia simple de la credencial de elector a nombre del quejoso, el informe justificado rendido por la responsable y el expediente clínico inherente al acto reclamado. Asimismo, con las impresiones digitales de diversas recetas médicas que componen el expediente clínico del aquí quejoso, remitidas por la Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1019/2020-8, promovido por Nain Catillo Hernández contra actos de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 2, 4, 14, 16, 123 apartado A, fracción XXIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el mismo día a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el veinticinco siguiente, Nain Catillo Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O " (.) la omisión de brindarme atención adecuada a las enfermedades que padezco consistente en (HIPOACUSIA, LESIONES OSTEO-MUSCULARES Y LIGAMENTOSAS, NEUROSIS DEPRESIVA) que me impide mantenerme por mi propio trabajo, que materializa la autoridad responsable desde el 25 de Enero de 2009 y subsecuentes, lo anterior en términos de la cláusula 113 del CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL SÍNDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS (.)" A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "PETRÓLEOS MEXICANOS." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y SEPARACIÓN DE JUICIOS. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1019/2020-8; y se determinó separar los juicios quedando únicamente como acto reclamado para analizar en este juicio el identificado con el inciso a). Asimismo, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la autoridad responsable de brindar la atención médica adecuada al quejoso por las enfermedades que padece (posible hipoacusia, lesiones osteomusculares y ligamentosas, neurosis depresiva). TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Gerente Jurídico Contencioso Administrativo en representación de petróleos mexicanos, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado pero dicha negativa queda desvirtuada pues del contenido de dicho informe y de las constancias que adjuntó como anexo, se advierte la certeza de la omisión reclamada en la fecha de la presentación de la demanda. En ese tenor, atendiendo a los datos proporcionados en la demanda de amparo, corroborados con la constancia que como justificación de su informe envió la autoridad responsable, se concluye que, para los efectos de este juicio de amparo, hay certeza sobre la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de la autoridad responsable de brindar la atención médica adecuada al quejoso por las enfermedades que padece (posible hipoacusia, lesiones osteomusculares y ligamentosas, neurosis depresiva). Así, de las documentales que remitió la autoridad responsable en su informe de suspensión de plano y en su informe justificado, se desprende la nota de revisión de quince de enero de dos mil veintiuno, misma que se trae a la vista para mejor referencia: De la anterior imagen se desprende que el quejoso fue revisado y valorado por el Doctor Hugo Enrique Sánchez Hernández, quien asentó en dicho documento, que se trata a un paciente masculino de sesenta y cuatro años, con diabetes, hipertensión y obesidad registrados. Asimismo, al interrogatorio dirigido por aparatos y sistemas no reportó alteraciones neurológicas (sin alteraciones referidas en audición, en habla o en comunicación), gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorias. Además, sin reportar alteraciones osteomusculares (lumbalgia, dorsalgia, dolores articulares o rigidez ni alguna otra alteración); sin embargo, se observó artrosis en articulación interfalángica proximal de dedo medio, de miembro torácico derecho. Y, que el paciente tiene cita con oftalmología pendiente, cita abierta a urgencias y su pronóstico es reservado a su evolución, teniendo en cuenta que se deberá ajustar su tratamiento de acuerdo con los resultados de paraclínicos que se soliciten y bitácora de glicemias y tensión arterial. Por lo anterior, a la parte quejosa se le otorgó medicamentos de control para sus padecimientos de Diabetes Mellitus 2 e Hipertensión Arterial, lo que se comprueba con las recetas médicas que anexó la autoridad responsable a sus informes. Ahora bien, no pasa por desapercibido para este juzgador que, si bien la parte quejosa manifestó padecer las enfermedades de hipoacusia, lesiones osteomusculares y ligamentosas, neurosis depresiva, de la valoración médica que se realizó el quince de enero de dos mil veintiuno, se desprende que del interrogatorio dirigido por aparatos y sistemas no se acusó alteraciones neurológicas (sin pérdida de la audición, sin alteraciones en el habla), sin alteraciones gastrointestinales, sin alteraciones cardiovasculares, respiratorias, genitourinarias y sin alteraciones osteomusculares); asimismo, no se advierte que el quejoso haya indicado padecer neurosis depresiva. Entonces, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable consistente en la omisión de brindar la atención médica adecuada al quejoso por las enfermedades que señalaba padecer, pues de las constancias se advierte que fue hasta el quince de enero de dos mil veintiuno que se llevó a cabo la valoración del estado de salud de la parte quejosa y el mismo día se entregaron las recetas médicas para el surtimiento de los medicamentos respecto de las enfermedades que padece conforme a la nota de revisión médica; por lo que, a la fecha en que se celebró la presente audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado ya habían cesado, por las consideraciones antes expuestas. Asimismo, con los informes se dio vista a la parte quejosa en proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa haya manifestado inconformidad con las constancias que remitió la autoridad. Por lo que, como se anticipó, procede sobreseer en el presente juicio constitucional al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado y autoridad citados. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Ahora, con motivo de la anterior determinación, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Nain Castillo Hernández, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese el informe justificado, rendido por el Gerente Jurídico Contencioso Administrativo en representación de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en diversas constancias; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Como lo solicita la autoridad responsable, dado que dichas documentales contienen datos personales del quejoso, se consideran clasificadas como información confidencial, de conformidad con el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se tiene a la aludida autoridad proporcionando los nombres de usuarios "Eracillas", "DOROZCOA", "PEXOXOANAM y "LGMENDOZA", para la consulta electrónica del presente expediente. Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a las cuentas mencionadas ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En relación a los correos electrónicos que proporciona la autoridad oficiante, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
- Principal
MESA Villahermosa, Tabasco, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de quince días otorgado en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 21134/2020 a la autoridad responsable Petróleos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, para que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, transcurre del quince de enero al ocho de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal, tal y como se desprende del rastreo realizado a la guía de mensajería ordinaria de Correos de México MA002184899MX (factura de dos de diciembre de dos mil veinte), en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, con la que se reenvió el citado oficio mediante el diverso 21307/2020 de veinticinco de noviembre de dos mil veinte; sin que a la presente fecha haya realizado lo anterior. En consecuencia, en términos del arábigo 75 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Petróleos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, remita copias certificadas de todas y cada una de las constancias relacionadas con los antecedentes del acto reclamado, en razón de que resultan necesarias para resolver este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Apercibida que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese el oficio signado por la Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos, residente en la ciudad de México, autoridad responsable, con el cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada a favor del quejoso Nain Castillo Hernández, en el presente asunto; lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx a los usuarios: "Eracillas", "DOROZCOA", "MOROCO", "PEXOXOANAM y "LGMENDOZA". En ese contexto, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a las cuentas mencionadas ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Por otra parte, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como medios de comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para efectos de notificaciiones. Notifíquese.
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