Nahum Sastré Peralta

Expediente 1110/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1110/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Nahum Sastré Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    mesa 9 Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1110/2020-9; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO: Por escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, Nahum Sastre Peralta, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama del Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión y detención, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe previo 1 Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco. Aceptó el acto reclamado 2 Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco. Negó el acto reclamado (se desvirtúa) SEGUNDO. En proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional de los actos reclamados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, autoridad señalada como responsable, manifestó que el acto reclamado es cierto. Por su parte, el Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, al rendir su informe previo manifestó que no es cierto el acto reclamado, sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con la manifestación vertida por la autoridad responsable ordenadora, en consecuencia, se tiene como cierto el acto de ejecución atribuido a esta autoridad ejecutora, pues dentro de sus atribuciones se encuentra la de cumplimentar la orden de mérito. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ubicada en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." En el caso, la Juez de Control responsable, en su informe previo manifestó que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, fue cumplida la orden de aprehensión librada el catorce de noviembre de dos mil veinte, en contra de Nahum Sastre Peralta, por el hecho que la ley señala como delito de Retención de Menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal del Estado, cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales N. B. S. C., acto que constituye el acto reclamado en el incidente en que se actúa, por lo que en la data precitada, el aludido quejoso fue puesto a disposición del juzgado responsable, y el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se llevó a efecto la audiencia de formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso y medida cautelar, en la cual el aquí impetrante solicitó que se resolviera su situación jurídica en el plazo de 144 horas, sin embargo, en auto del veintiuno de diciembre del año próximo pasado, a solicitud de la defensa se fijaron las once horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, para llevar a efecto la audiencia de acuerdo reparatorio, en la que al haber otorgado el perdón la representante de la menor víctima, la responsable de mérito, en términos de lo que establece el artículo 485, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró extinguida la pretensión punitiva de la causa 211/2020 y por ende, decretó el sobreseimiento del expediente en comento, con efectos de una sentencia absolutoria, de conformidad con el artículo 327, fracción IV y 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anterior, fue cancelada la medida cautelar impuesta al imputado Nahum Sastre Peralta consistente en la prisión preventiva justificada. Por lo que el dieciocho de enero del año actual, causó ejecutoria el sobreseimiento decretado el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, y ordenó el archivo de la causa como asunto concluido. En ese contexto, es evidente que al haber sido ejecutada la orden de aprehensión aquí reclamada y cancelada la medida cautelar impuesta al quejoso Nahum Sastre Peralta, ya no existe materia para pronunciarse en relación a la medida cautelar solicitada; en consecuencia, lo procedente es decretar sin materia el incidente de suspensión que se analiza. Lo anterior, se hace extensivo a la autoridad ejecutora Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, en virtud de lo narrado en los párrafos que anteceden. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 128, 140, 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. QUEDA SIN MATERIA el presente incidente de suspensión promovido por Nahum Sastre Peralta, en términos del considerando segundo de la presente interlocutoria. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, la copia certificada del acta mínima de audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de catorce de noviembre de dos mil veinte, acta mínima de formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso (144 horas) y medida cautelar, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte y acta mínima de audiencia de acuerdo reparatorio (sobreseimiento por otorgamiento de perdón) de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, de igual forma el auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 211/2020, de su índice, así como un DVD (Disco Versátil Digital) que dice contener el audio y video de las audiencias antes citadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentadora por la Primera Sala del más alto Tribunal del país, consultable en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 703, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, para facilitar el manejo del presente juicio de derechos fundamentales, respecto al DVD (Disco Versátil Digital), guárdese por separado para su seguridad y custodia en la mesa de trámite. Por otra parte, de las constancias remitidas por la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, se aprecia que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, fue cumplida la orden de aprehensión librada el catorce de noviembre de dos mil veinte, en contra de Nahum Sastre Peralta, por el hecho que la ley señala como delito de Retención de Menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal del Estado, cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales N. B. S. C., acto que constituye el acto reclamado en el juicio en que se actúa, por lo que en la data precitada, el aludido quejoso fue puesto a disposición del juzgado responsable, y el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se llevó a efecto la audiencia de formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso y medida cautelar, en la cual el aquí impetrante solicitó que se resolviera su situación jurídica en el plazo de 144 horas, sin embargo, en auto del veintiuno de diciembre del año próximo pasado, a solicitud de la defensa se fijaron las once horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, para llevar a efecto la audiencia de acuerdo reparatorio, en la que al haber otorgado el perdón la representante de la menor víctima, la responsable de mérito, en términos de lo que establece el artículo 485, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró extinguida la pretensión punitiva de la causa 211/2020 y por ende, decretó el sobreseimiento del expediente en comento, con efectos de una sentencia absolutoria, de conformidad con el artículo 327, fracción IV y 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anterior, fue cancelada la medida cautelar impuesta al imputado Nahum Sastre Peralta consistente en la prisión preventiva justificada. Por lo que el dieciocho de enero del año actual, causó ejecutoria el sobreseimiento decretado el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, y ordenó el archivo de la causa como asunto concluido. Documentos que gozan de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitido por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la dilación reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Es necesario aclarar que acorde el contexto Constitucional aplicable, la libertad personal puede restringirse por: la aprehensión, la detención y la prisión preventiva; cada uno de ellos, con características peculiares. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso penal se refiere; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En el caso, de las constancias de cuenta remitidas por la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, se advierte que fue emitido un auto de sobreseimiento con efectos de una sentencia absolutoria, en la causa penal 211/2020, por el delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal en vigor, cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales N.B.S.C., representado por Paola Cupil Ramírez. En tales condiciones, y toda vez que en la presente vía constitucional, el citado quejoso hizo consistir el acto reclamado en: La orden de aprehensión y detención, así como su ejecución. En ese entendido, si se reclama una orden de aprehensión, cuya emisión se encuentra regulada por el artículo 16 Constitucional aplicable, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. Es decir, que bajo ese contexto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aprehensión, como en el caso y durante la substanciación de éste se comunicó que ya se emitió un auto de sobreseimiento con efectos de una sentencia absolutoria, mismo que causó ejecutoria el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, y ordenó el archivo de la causa como asunto concluido, es manifiesto que, cambió la situación jurídica del indiciado, pues los efectos de la detención, y de la restricción de la plena libertad, se derivan a partir de ese momento, de la prisión preventiva. En tales circunstancias, al haberse sobreseído la causa penal 211/2020, al haberse declarada extinguida la pretensión punitiva, por perdón de la representante de la menor víctima y ordenado el archivo de la causa como asunto totalmente concluido, se actualiza con ello la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haber cambiado su situación jurídica en las condiciones antes relatadas; razón por la que procede sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Apoya a lo anterior por igual razón jurídica la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materias Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Así, tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En tales condiciones, se dejan sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.

  3. Incidental

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, mediante el cual rinde su informe previo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, la copia certificada del acta mínima de audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de catorce de noviembre de dos mil veinte, acta mínima de formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso (144 horas) y medida cautelar, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte y acta mínima de audiencia de acuerdo reparatorio (sobreseimiento por otorgamiento de perdón) de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, de igual forma el auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 211/2020, de su índice, así como un DVD (Disco Versátil Digital) que dice contener el audio y video de las audiencias antes citadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentadora por la Primera Sala del más alto Tribunal del país, consultable en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 703, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, para facilitar el manejo del presente juicio de derechos fundamentales, respecto al DVD (Disco Versátil Digital), guárdese por separado para su seguridad y custodia en la mesa de trámite. Por otra parte, de las constancias remitidas por la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, se aprecia que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, fue cumplida la orden de aprehensión librada el catorce de noviembre de dos mil veinte, en contra de Nahum Sastre Peralta, por el hecho que la ley señala como delito de Retención de Menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal del Estado, cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales N. B. S. C., acto que constituye el acto reclamado en el juicio en que se actúa, por lo que en la data precitada, el aludido quejoso fue puesto a disposición del juzgado responsable, y el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se llevó a efecto la audiencia de formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso y medida cautelar, en la cual el aquí impetrante solicitó que se resolviera su situación jurídica en el plazo de 144 horas, sin embargo, en auto del veintiuno de diciembre del año próximo pasado, a solicitud de la defensa se fijaron las once horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, para llevar a efecto la audiencia de acuerdo reparatorio, en la que al haber otorgado el perdón la representante de la menor víctima, la responsable de mérito, en términos de lo que establece el artículo 485, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró extinguida la pretensión punitiva de la causa 211/2020 y por ende, decretó el sobreseimiento del expediente en comento, con efectos de una sentencia absolutoria, de conformidad con el artículo 327, fracción IV y 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anterior, fue cancelada la medida cautelar impuesta al imputado Nahum Sastre Peralta consistente en la prisión preventiva justificada. Por lo que el dieciocho de enero del año actual, causó ejecutoria el sobreseimiento decretado el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, y ordenó el archivo de la causa como asunto concluido. Documentos que gozan de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitido por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la dilación reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Es necesario aclarar que acorde el contexto Constitucional aplicable, la libertad personal puede restringirse por: la aprehensión, la detención y la prisión preventiva; cada uno de ellos, con características peculiares. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso penal se refiere; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En el caso, de las constancias de cuenta remitidas por la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, se advierte que fue emitido un auto de sobreseimiento con efectos de una sentencia absolutoria, en la causa penal 211/2020, por el delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal en vigor, cometido en agravio del menor de identidad reservada de iniciales N.B.S.C., representado por Paola Cupil Ramírez. En tales condiciones, y toda vez que en la presente vía constitucional, el citado quejoso hizo consistir el acto reclamado en: La orden de aprehensión y detención, así como su ejecución. En ese entendido, si se reclama una orden de aprehensión, cuya emisión se encuentra regulada por el artículo 16 Constitucional aplicable, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. Es decir, que bajo ese contexto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aprehensión, como en el caso y durante la substanciación de éste se comunicó que ya se emitió un auto de sobreseimiento con efectos de una sentencia absolutoria, mismo que causó ejecutoria el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, y ordenó el archivo de la causa como asunto concluido, es manifiesto que, cambió la situación jurídica del indiciado, pues los efectos de la detención, y de la restricción de la plena libertad, se derivan a partir de ese momento, de la prisión preventiva. En tales circunstancias, al haberse sobreseído la causa penal 211/2020, al haberse declarada extinguida la pretensión punitiva, por perdón de la representante de la menor víctima y ordenado el archivo de la causa como asunto totalmente concluido, se actualiza con ello la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haber cambiado su situación jurídica en las condiciones antes relatadas; razón por la que procede sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Apoya a lo anterior por igual razón jurídica la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materias Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Así, tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En tales condiciones, se dejan sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.

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