Nahúm Toro Méndez

Expediente 165/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
165/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Nahúm Toro Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    PRAL. 165/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *****, sin que hubiese interpuesto ese medio de impugnación en dicho plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento del término para las demás partes, dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se negó la protección federal, por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, archívese el expediente como asunto concluido. 5. Destino (conservable). Al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es CONSERVABLE. 6. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 8. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 9. Incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental. 10. Devolución de discos. Por otra parte, la autoridad responsable, juez de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, remitió dos discos certificados en formato dvd que contienen la versión digital de diversas determinaciones; se ordena devolver esos discos por resultar innecesario que continúen en la Secretaría de este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..

  2. Incidental

    INC. 165/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que mediante proveído dictado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó su archivo, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida al quejoso********************, en este incidente de suspensión. 2. Archivo del expediente. Ahora, como no existe asunto pendiente por diligenciar, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino (único cuaderno original). Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, este expediente es CONSERVABLE, en términos de los artículos 1, 6, 12, 14 y 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por ello, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordena el archivo, será transferido en términos del mencionado numeral. 4. Instrucción a Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del expediente incidental obre la leyenda referida (conservable) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 9, párrafo segundo, del acuerdo general citado. 5. Devolución de disco. Como la autoridad responsable, juez de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, remitió un disco certificado en formato dvd que contiene la versión digital de diversas determinaciones; se ordena devolver esa documental por resultar innecesario que continúe en la Secretaría de este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 165/2023 MESA 1 Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número ******; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en línea el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y remitido en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, el licenciado *************, defensor particular del quejoso ************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra: La resolución de fecha ********************, emitida en la causa penal *****, mediante la cual niega el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********. Atribuido al Tribunal de Enjuiciamiento Unitario 3 del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y admisión de la demanda de amparo. Por auto de fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés se ordenó registrar la demanda de amparo con el número *********, se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. Parte tercera interesada. Por autos de veintitrés de junio y dieciocho de julio de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de la representante social que actuó en la causa penal ******, licenciada **************, agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General de Control Regional, sede San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, así como de la tercera interesada *************. Cuarto. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama a una autoridad que reside en *************, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que, del análisis a la demanda de amparo y constancias remitidas por la responsable, el acto reclamado que será estudiado es: La resolución de fecha *************, emitida en la causa penal *************, mediante la cual niega el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al aquí quejoso *************. Tercero. Personalidad del promovente del amparo. En términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, queda demostrada la personalidad del licenciado *************, con lo expuesto por el juez de Enjuiciamiento del Tribunal Unitario Terna 3 del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en el que señaló que el acusado, aquí quejoso, lo designó como abogado defensor (00 horas 02 minutos 30 segundos del disco remitido por la responsable). Cuarto. Presunción de existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, juez de Enjuiciamiento del Tribunal Unitario Terna 3 del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, no rindió el informe justificado en el plazo previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, no obstante su notificación efectuada el dos de marzo de dos mil veintitrés, como se aprecia del acuse de recibo respectivo; por tanto, con fundamento en el párrafo cuarto del numeral 117 invocado se presume cierto el acto que se le reclama. Quinto. Análisis de fondo. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Acto reclamado: Resolución de fecha *************, emitida en la causa penal *************, mediante la cual se niega el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al aquí quejoso *************. Del disco digital certificado remitido por la responsable, con valor probatorio de documental pública, en términos de los artículos 197, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL", se advierte que (solicitud de revocación de prisión preventiva oficiosa por parte de la defensa del quejoso): La defensa del imputado solicitó la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (00 horas 03 minutos 26 segundos del disco remitido por la responsable), ya que el imputado fue vinculado a proceso por el delito de *************, el *************. Al respecto, se alegó que el veintisiete de enero de dos mil veintitrés la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado Mexicano la sentencia emitida en el caso Tzompaxtle Tecpile, en la cual se señaló que aquél es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenida 7.1., 7. y 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a presunción de inocencia, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Que conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria esa sentencia, para que se inaplique la prisión preventiva oficiosa, por parte de los jueces; prácticas estatales conducentes a la observancia de derechos y libertades consideradas en la misma. Así, dijo la defensa, no se requiere que la prisión preventiva salga del ordenamiento interno, sino que se genere mediante las prácticas necesarias para evitar la aplicación de esta figura, que ya fue declarada inconstitucional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que notificó al Estado Mexicano la sentencia, que forma parte de las obligaciones que se deben observar en el caso concreto. Que el control de convencionalidad a que se refiere el artículo 1º constitucional, debe observarse el respeto y mayor beneficio al derecho humano, y que en estricta aplicación del control difuso de constitucional también es procedente la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Como el Estado Mexicano está conformado por los tres poderes, el juez responsable está dentro del Poder Judicial. Que cuando se debatió sobre cómo actuarían los jueces frente a las sentencias internacionales, debían observarla e invoca la jurisprudencia de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE PARA LA PERSONA". Resolución reclamada. Para negar el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la autoridad judicial responsable señaló que (00 horas 36 minutos 38 segundos del disco remitido): 1. Solicitud. Se pronunciaba sobre la petición realizada por los defensores particulares del acusado *************, a quien se le instruye la causa penal número *************, por el delito de ************* en agravio de una mujer, respecto de la revisión de la medida cautelar impuesta, al considerar que, dijeron, habían cambiado las condiciones objetivas de su imposición. 2. Competencia. Es competente en razón del territorio, materia y grado. 3. Fundamento de la solicitud. Los artículos 161 al 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen que, cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, siendo indispensable que se encuentren todas las partes para poder abrir el debate, en dicha audiencia las partes podrán ofrecer medios de prueba o datos para lograr su pretensión. 4. Argumentos de la defensa. La defensa basó sus argumentos en tesis o precedentes judiciales, por lo que no se deben incorporar al no ser, por su naturaleza, pruebas, como también una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de conocimiento general que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México. Señaló la defensa, además, que han cambiado condiciones objetivas ante una resolución internacional que le fue notificado al País de México o Estado de México, de carácter obligatorio y por ello se estaría cambiando de manera objetiva. 5. Oposición de la fiscal. La agente del Ministerio Público manifestó su oposición mediante diversas manifestaciones. 6. Análisis. Era de conocimiento general para las partes técnicas que se emitió una sentencia contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, dictada en el mes de noviembre de dos mil veintidós, notificada en el año dos mil veintitrés. Que se analizarían competencias de tribunal local y federal, así como la postura que ha sostenido el Estado Mexicano a través de la historia, y se puede manifestar que, a través de la doctrina, existe lo que se conoce como el dualismo y el monismo desde una perspectiva constitucional o internacional; el monismo implica propiamente cuando se considera que las fuentes del derecho únicamente surgen dentro de un país y que en este caso la Constitución Federal es el órgano supremo, es la máxima ley en donde se pueden determinar cuáles son los derechos humanos o cómo estaba plasmado antes de la reforma constitucional del año dos mil ocho cuando se otorgaban garantías; en el sistema dualista propiamente se pueden ya reconocer tratados internacionales o convenciones internacionales y que, en este caso, se reconoce que también existen Cortes a nivel internacional que pueden ser regionales o universales y pueden ser vinculantes para el Estado y que en un dualismo extremo, se debe de buscar la forma de armonizar tanto la Constitución interna de un país, como también los tratados internacionales. Que la postura que ha sostenido el Estado Mexicano, a través de diversos años y criterios, ha sido el de tratar de buscar cuál es la relación que tienen los tratados internacionales, sus resoluciones internacionales, con la Constitución Política. En un principio, dijo la responsable, se consideraba que la máxima ley que podía existir era la Constitución Federal y que los tratados internacionales se encontraban al igual que las leyes federales; posteriormente, se fueron modificando estos criterios hasta que se da la reforma constitucional del año dos mil ocho, cuando se reconocen los derechos humanos y se modifica el artículo 1° de la Constitución Federal, y se deja de tener interpretaciones diferentes al artículo 133. Que este país sostiene la postura doctrinal del dualismo excepcional, emitiéndose dos resoluciones o jurisprudencias que son vinculantes, la primera de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAY UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE DE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL", conforme a la cual la jurisprudencia es obligatoria para los Tribunales de carácter local que no tienen propiamente esa capacidad de realizar un control concentrado de los Tratados Internacionales o de las leyes de carácter federal; de la que se desprende que cuando existe propiamente una limitación o una restricción a un derecho humano reconocido, se tiene que estar a lo que señala el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es una restricción constitucional, independientemente de que doctrinarios en conferencias o libros señalan que es una regla de carácter inconvencional que no cumple con esos parámetros, pero que debe ajustarse a la legalidad; así, señala, el precepto constitucional tiene dos parámetros: El primero, la prisión preventiva de carácter justificada, que tiene que cumplir con los parámetros de los Tratados Internacionales, esto es, si es idónea, necesaria y de manera proporcional, además que debe de ser una decisión razonable e individual, y estar respaldada por un interés legítimo que se puede encontrar en la Constitución. El segundo, las restricciones constitucionales se encuentran en la prisión preventiva de carácter oficiosa, que también se le puede denominar de carácter legislativa, porque el legislador quita a los jueces el parámetro de analizar caso por caso y estudiar el test de proporcionalidad, es decir, analizar si es idónea, necesaria y proporcional y si su fin es legítimo, caso en el cual se está en presencia de una restricción constitucional. Que, como lo señala la defensa, cuando está contenido un derecho humano que está reconocido y no tiene una restricción constitucional, los juzgadores o las juzgadoras están obligados a potencializar esos derechos humanos y realizar la interpretación como lo establece el artículo 1° de la Constitución; en el caso, acorde a la jurisprudencia de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE PARA LA PERSONA", de observancia obligatoria. Y en cuanto al planteamiento de fondo a que se refiere la defensa, se reconoce que existe una notificación al Estado Mexicano de la sentencia Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, en el que se condena al Estado Mexicano y se establecen los parámetros que debe de tener en la imposición de una prisión preventiva oficiosa, entre otros. Sin embargo, esa autoridad judicial no puede inaplicar la disposición constitucional establecida artículo 19, porque la sentencia, precisamente, es la fase cognitiva que se tiene, es la fase donde fundamenta y motiva la razón del por qué se está condenando al Estado Mexicano, que como las sentencias locales y las internacionales también tienen una etapa de ejecución y que en este caso la etapa de ejecución es cuando ya el Estado Mexicano, a través del Poder Judicial de la Federación, pueda haber reconocido dicha resolución y haber señalado los lineamientos por los cuales debe de ceñirse un juez de carácter local para poder darle cumplimiento a la sentencia, y si inaplicara el artículo 19 constitucional, sin haber analizado esa etapa de ejecución, pues sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tiene, estaría excediéndose en cuanto a la competencia. Por ello, determinó ser incompetente para poder declarar la inaplicación de un artículo constitucional, pese a que existe una resolución, que está en la fase de notificación, pero no se ha dado la ejecución por parte del Poder Judicial de la Federación, es decir, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conceptos de violación: La parte quejosa manifiesta, vía concepto de violación, que: La autoridad responsable señaló que no podía inaplicar una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no era competente, pues sólo es una facultad que le compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir del diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1º constitucional, en que se estableció que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona, previsto en el artículo 1º constitucional, que deben leerse en conjunto con lo que establece el diverso 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del cual debe realizarse ese control de convencionalidad, que es distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico. El control concentrado de la Constitución está reservado a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como lo señalan los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; por su parte, la facultad de efectuar un control difuso está previsto en los numerales 1 y 133 constitucionales, encomendado a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, por lo que ha de ejercerse por el resto de los jueces del país, en forma incidental, durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada para resolver; e invoca la tesis de rubro: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURIDICO MEXICANO". Así, señala el quejoso, la facultad de efectuar el control difuso está encomendada a toda autoridad en el ámbito de sus competencias; para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se traduce en la facultad de desaplicar las normas que pueden aplicar en el ámbito de sus competencias. En la ejecutoria emitida en el amparo directo en revisión 1046/2012, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que la Corte Interamericana señala que el control de convencionalidad no es irrestricto, pues está sujeto a presupuestos formales y materiales, esto es, debe atenderse a las reglas de competencia y a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico interno de cada Estado, para lo cual transcribe los puntos 62, 63 y 73. Luego, refiere que el ejercicio de un control difuso implica que los órganos jurisdiccionales cuentan con facultades para desaplicar las normas que rigen el procedimiento del cual emana su misma jurisdicción, como en el caso, la imposición de una medida cautelar en un procedimiento penal. También, dice el quejoso, la determinación de la responsable de no inaplicar una norma constitucional, viola los derechos otorgados en la reforma constitucional de dos mil once, ya que hasta antes de la misma, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaba a los tribunales ordinarios la oportunidad de realizar control difuso de normas, pues se había interpretado hasta ese momento que, en México, la revisión judicial de normas se podría realizar mediante control concentrado, esto es, sólo por los tribunales federales, mediante el juicio de amparo, estaban autorizados para revisar la constitucionalidad de una ley, por tanto, el recurso ordinario sería inútil contra su inconstitucionalidad, al no poder la autoridad ordinaria que lo conozca, pronunciarse respecto del planteamiento de inconstitucionalidad de la norma que se le hubiere formulado. Un juez natural puede inaplicar una norma por inconvencional, en el caso, la solicitud de inaplicación de la figura de la prisión preventiva oficiosa debido a la ejecución de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, fue con motivo de justificar un cambio de medida cautelar, al haber considerado que cambiaron las situaciones objetivas, es decir, no se solicitó el ejercicio de un control concentrado y, como consecuencia, alguna declaratoria general sobre invalidez o la expulsión del orden jurídico de la norma por resultar contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. En el expediente varios 912/2020 se consideró que el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, que toda autoridad debe velar por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y en la Constitución Federal, y que los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez ni expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos, pero sí están obligadas a dejar de aplicar tales normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los Tratados, y ello no elimina la presunción de las leyes, sino que parte de tal presunción, para hacer el contraste previo a su aplicación. Aunque en México existe un control de regulación constitucional, esta metodología no utiliza el principio pro persona que implica ni siquiera analizar o confrontar un artículo de la Constitución con el marco convencional, sino que en el fondo de la revisión de la medida cautelar se solicitó no comparar limitantes de las normas, sino analizar qué es más benéfico para las personas, en estricto cumplimiento al principio pro persona. De esta forma, dice el quejoso, de la interpretación del artículo 19 constitucional se extrae una norma -prisión automática- y de la interpretación de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la prisión puede existir únicamente de manera justificada (sin que tenga que ver el tipo de delito), es evidente que nace una disposición, la prisión preventiva no puede ser automática. Señala que hay que considerar el fondo y la forma en la que promovió el incidente para obtener el cese de la medida cautelar impuesta al aquí quejoso; al respecto, refirió que invocó el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la audiencia de revisión de medida cautelar de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por habérsele impuesto prisión preventiva oficiosa, al ser vinculado a proceso por el delito de *************, por el juez de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán, Oaxaca, con fundamento en el artículo 19 constitucional. Con fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado Mexicano la sentencia sobre el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, misma que invocó en el incidente promovido y en el que aparece que el control ex officio de convencionalidad está facultado a realizarlo el juez de debate y autoridad responsable; en este entendido, es la aplicación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al caso concreto, es decir, la prisión preventiva que le fue impuesta al quejoso. No sólo es el hecho de que la circunstancia objetiva haya variado en virtud de una declaratoria de inconvencionalidad por parte de esa Corte del género de la prisión preventiva, es el hecho de que también esa sentencia se recuerda al Estado Mexicano, como Poder Supremo, que para el ejercicio se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial; la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de derecho interno, incluyendo las de la Constitución para no cumplir con algo pactado en un pacto internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, señala que se necesita desarrollo de prácticas estatales para cumplir con la Convención. La existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea la adecuada, es necesario que la aplicación de normas e interpretación, en cuanto a prácticas jurisdiccionales y orden público, deben de estar adecuadas al mismo fin que persigue el numeral 2 de la Convención, y más importante, recuerda la obligación de todas las autoridades de México, de efectuar un control de convencionalidad. Quien aplica la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos son los jueces y no el constituyente. El hecho de que cualquier autoridad jurisdiccional espere lineamientos por parte del reformador para adecuar el artículo 19 constitucional a los lineamientos de la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, es caer en el absurdo, primeramente, porque en México se respetan los derechos humanos hasta que se modifique una porción normativa; una posible responsabilidad del Estado Mexicano al momento de que sus jueces violan la aplicación de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y, por último, la imposibilidad de que cualquier persona privada de su libertad tenga acceso a un recurso judicial efectivo para lograr el control de la privación de la libertad de las víctimas a la luz de los estándares convencionales, violando los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de dicho Tratado. En el caso, agrega, la revisión de la medida cautelar tiene como fundamento la superveniente notificación del Estado Mexicano, al considerarlo responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2. contemplada en el mismo instrumento, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva. La vía incidental es un recurso judicial efectivo para la revisión de la medida cautelar, en el que debió realizarse un control ex officio de convencionalidad respecto de la figura de la prisión preventiva oficiosa con base en una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde señala la responsabilidad del Estado Mexicano por la figura de la prisión preventiva, para generar un mayor beneficio a la persona y en todo momento respecto los derechos humanos de las partes. Estudio. Se estima que se apegó a derecho la autoridad judicial responsable al determinar que no es legalmente competente para inaplicar el artículo 19 constitucional, pese a que existe una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en la fase de notificación, pero no se ha dado la ejecución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se explica: En la jurisprudencia 32/2022, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024608 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 32/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 2839 Tipo: Jurisprudencia PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que si el plazo de la prisión preventiva oficiosa debe prolongarse, la decisión de la autoridad deberá estar sujeta a un escrutinio elevado, en el cual se deberán tomar en cuenta tres elementos, considerando los estándares internacionales y también los propios precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, después de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reguló lo relativo a la justificación de la prisión preventiva, mientras que el diverso precepto 20, apartado B, fracción VII, constitucional prevé el plazo en el cual se debe enjuiciar a una persona, y este último, en su apartado B, fracciones VII y IX, establece como derecho de una persona imputada el ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Y respecto de la prisión preventiva, en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa de la persona imputada. El artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al derecho de defensa del imputado. En tanto que el numeral 155 del código invocado prevé que las medidas cautelares de forma alguna podrán ser usadas para obtener un reconocimiento de culpabilidad, o bien, como una sanción penal anticipada. En términos de lo dispuesto por los estándares de la Corte Interamericana y los preceptos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , necesariamente, deben atenderse para justificar la razonabilidad en la que se desarrolla un proceso, los tres elementos jurisprudencialmente obligatorios o como los denominó la Corte Internacional a partir de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como test de dilaciones indebidas, que son: 1) la complejidad del asunto, 2) la actividad procesal de los interesados, y 3) la conducta de las autoridades judiciales ; aspectos que, además, fueron adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al redactar el documento denominado "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas" , establecido en su principio V, relativo al debido proceso legal. Y, como un cuarto punto, una vez acreditadas esas tres hipótesis, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar, porque debe ser una medida excepcional que se impone, de conformidad con el propio orden jurídico nacional; en caso contrario, conllevaría la posibilidad del cese de la prisión preventiva oficiosa, dando lugar a que mediante audiencia se debatiera la respectiva imposición de otra u otras de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la prisión preventiva oficiosa, constituye una restricción expresa al derecho a la libertad personal de los gobernados, que debe prevalecer a los Tratados Internacionales y su interpretación por el tribunal competente. Así, es necesario explicar qué es una restricción constitucional a los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, pues el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal prevé que pueden restringirse o suspenderse en ciertas condiciones y con determinados requisitos. En la dogmática mexicana tradicionalmente han existido distintos conceptos que evocan la limitación de los derechos fundamentales; desde el primer párrafo del artículo 1º constitucional se encuentra una distinción conceptual fundamental. Este precepto dispone que el "ejercicio" de los derechos reconocidos por la Constitución y por las normas convencionales de derechos humanos, y de sus garantías, "no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece", así refuerza expresamente la supremacía constitucional que corresponde a los derechos fundamentales, pero alude a dos distintas clases de limitaciones que se les puede imponer, desde luego con base en alguna exigencia de rango constitucional: la "restricción" y la "suspensión", ambos términos refieren conjuntamente toda clase de salvedades oponibles al goce o al ejercicio de un derecho. La "restricción" a que se refiere la Constitución Federal equivaldría a todo obstáculo, por mínimo que sea, que dificulta el natural goce de alguna de las posiciones incluidas en el ámbito de protección de un derecho fundamental, sin importar que lo haga directa o indirectamente, jurídica o fácticamente, restringe e interviene la plena eficacia de un derecho fundamental que aspira a ejercerse con óptimos alcances. En consonancia con ello, en la obra titulada "Interpretación de las restricciones Constitucionales" , se menciona: "En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existen diversas y variadas hipótesis en que se establecen restricciones en materia de derechos humanos. Sin el ánimo de ser más exhaustivos, enseguida se mencionan algunas de las más concurrentes: a) En materia de libertad de expresión, en relación con no atacar la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o bien, cuando se provoque algún delito o perturbe el orden público (prevista en el art. 6). b) En materia de libertad personal, en relación con la detención urgente en casos de flagrancia en la comisión de un delito (prevista en el art. 16). c) En materia de libertad personal, en relación con el arraigo en casos de delincuencia organizada (establecido también en el art. 16). d) En materia de intervención de comunicaciones privadas en casos de investigaciones a cargo de la autoridad ministerial (de acuerdo con el citado art. 16). e) En materia de libertad personal, con la prisión preventiva en casos especiales (permitida en términos de los arts. 18 y 19). f) En materia de comunicaciones privadas de los inculpados y sentenciados involucrados en delincuencia organizada y las medidas de vigilancia especial que podrán imponérseles dentro de los centros preventivos (de acuerdo con el art. 18). g) Las restricciones constitucionales y su interpretación en materia de publicidad procesal de índole penal en casos en que, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de víctimas, testigos o menores, amerite excepcionalmente limitarse (de acuerdo con el art. 20, apartado B, frac. V). h) En materia del debido proceso, en relación con la práctica probatoria de careos en casos que involucren infantes o versen sobre delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada (de acuerdo con el art. 20, apartado C, frac. V). i) En materia de libertad personal y participación política, en relación con extranjeros (según lo establecido en el art. 33). j) En materia de voto pasivo y activo, en relación con la sujeción a un proceso penal y la extinción de una pena corporal impuesta por comisión delictiva (en términos de lo previsto en el art. 38, fracs. II y III). k) En materia de libertad de expresión política en relación con la garantía de que los recursos públicos de financiamiento para partidos políticos y contiendas electorales prevalezcan sobre los de origen privado (de acuerdo con el art. 41. fracc. II). l) En materia de tutela de derechos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación con actos provenientes del Poder Judicial de la Federación (de conformidad con el art. 102, apartado B, primer párrafo). m) En materia de tutela judicial efectiva, en relación con la no reinstalación de agentes del ministerio público, peritos o miembros de instituciones de seguridad pública o policiales, en caso de separación injustificada del cargo (de acuerdo con el art. 123, apartado B, fracc. III)". Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la prevalencia de las restricciones constitucionales, señaló en los siguientes precedentes: 1. En el amparo en revisión 953/2018 se destacó, entre otras cuestiones, que: La facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, establecida en el artículo Octavo transitorio del Decreto de reforma constitucional de 11 de junio de 2013, por medio del cual puede ordenarse la separación contable, funcional y estructural de un agente económico preponderante en lo relativo a la prestación de servicios de telecomunicaciones sí es una restricción constitución válida al derecho de asociación, pues busca eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia. 2. En el amparo directo 32/2012, en resumen, se determinó, entre otras cuestiones: El artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal contempla una restricción constitucional al derecho de permanencia de los trabajadores de confianza al servicio del Estado en su puesto, cargo o comisión. Este criterio se basa en una interpretación a contrario sensu de dicha fracción, pues se infiere que estos trabajadores, al no mencionarse expresamente que tienen derecho a la estabilidad en el empleo, quedan excluidos de este derecho. 3. En el amparo directo en revisión 6065/2014, se resume, entre otras cuestiones, de la siguiente forma: El artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal establece que, además de los supuestos de separación, remoción, baja o cese, la reincorporación no procede tratándose de ´cualquier otra forma de terminación del servicio´. Además, aunque esa terminación fuera injustificada, el Estado únicamente estaría obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el trabajador sin que en ningún caso proceda su reinstalación o reincorporación en el servicio. La improcedencia de la reincorporación constituye una restricción expresa de carácter constitucional, que no se actualiza por la forma en que se dé por terminada la relación de servicio, sino más bien por el hecho de que la inhabilitación, en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción V, párrafo primero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, necesariamente implica la destitución previa o la desincorporación del elemento al Instituto de Seguridad Pública. 4. En la contradicción de criterios 377/2019 se determinó: Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos están excluidos del régimen laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B, así como del régimen excepcional previsto en el segundo párrafo de esta fracción. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales no guardan con el Estado una relación de carácter laboral, sino que tienen un régimen especial de naturaleza administrativa que se rige por sus propias leyes. Así, una vez entendida la restricción a derechos como aquella que limita su ejercicio o lo impide, procede dilucidar la siguiente interrogante: ¿Cuál es el criterio de preferencia normativa entre la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando en la Constitución se establezca una restricción expresa al ejercicio de estos derechos? Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , al resolver la contradicción de tesis 293/2011, sostuvo, en lo sustancial, que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional; sin embargo, cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de estos derechos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional, como se advierte de la jurisprudencia siguiente : "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Como se ve, el referido criterio estableció el imperativo de los juzgadores de reconocer el valor aplicativo de las restricciones expresas contenidas en la Constitución Federal. Por tanto, la medida cautelar de la prisión preventiva es una restricción al derecho humano de la libertad con validez constitucional, porque el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal así lo instituye, como una limitación expresa al derecho de libertad. Tal posicionamiento se refuerza con el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión penal 315/2021, al estudiar el tema relativo a la revisión de la duración de la prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional, en el plazo de dos años a que se refiere la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Carta Magna y, en su caso, determinar si cesa o se prolonga su aplicación; en el párrafo 69 de dicha ejecutoria se estableció ".bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición.". De ahí que, como lo estableció la responsable y contrario a lo que alega la parte quejosa, no es posible realizar el control de convencionalidad de una restricción expresa a un derecho fundamental contenido en la Constitución Federal de acuerdo con lo resuelto en la referida contradicción de tesis 293/2011, donde, se insiste, se estableció que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos se debe estar a lo que dice el texto constitucional. Además, en la jurisprudencia 2a./J. 119/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto de manifiesto que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Carta Magna frente a cualquier norma de carácter internacional. En la sentencia dictada el once de mayo de dos mil quince por el Pleno del Alto Tribunal en el expediente de varios 1396/2011, se tuvo como punto jurídico destacado determinar qué medidas deben adoptarse en el orden jurídico nacional para la recepción de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en específico en el Poder Judicial de la Federación. En dicho precedente se estimó adecuado analizar siempre la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con aquellos que se encuentran dispuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los tratados que el Estado Mexicano celebre y que, por tanto, se comprometió a respetar; en el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer el texto fundamental, en términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011, que originó la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a), intitulada: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". Con base en lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente de varios 1396/2011 emitió la tesis aislada P. XVI/2015 (10a.), que establece: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES. La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*)." De lo anterior se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, además de no poder realizarse un control convencional, ni aplicarse el principio pro persona tratándose de restricciones constitucionales, tampoco se puede oponer a éstas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la restricción constitucional prevista en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe prevalecer en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) citada, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso García Rodríguez y otros contra México, en el párrafo 219 de la sentencia de condena haya establecido: "219. De acuerdo con lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." No obstante esa consideración, en la sentencia dictada el once de mayo de dos mil quince, por el Pleno del Alto Tribunal en el expediente de varios 1396/2011, se adoptó el criterio relativo a que si el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer la Constitución, en términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011. Ahora, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, invocado por la defensa del quejoso, así como por el juez responsable en la resolución reclamada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos si bien declaró que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas contra *************y *************, ambos de apellidos Tzompaxtle Tecpile, además de *************, en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que fueron objeto, lo cierto es que no hizo pronunciamiento expreso sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 19 de la Carta Magna, pues en el párrafo 158 de la referida sentencia mencionó: "158. El alegato de los representantes se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa que, según arguyen, sería contraria a varias disposiciones de la Convención Americana. La Corte advierte que esta figura no fue aplicada al caso concreto, por esta razón no corresponde entrar en su análisis. La figura de la prisión preventiva, se encuentra actualmente establecida en diversos cuerpos normativos internos de México (supra párrs. 42 a 46). A su vez, esas disposiciones de derecho interno que contienen esa figura fueron variando a lo largo del tiempo. En el presente caso, al momento en que se produjeron los hechos, el Código Federal Procesal Penal de 1999 se refería a la prisión preventiva en sus artículos 161 y 168 (supra párrs. 43 a 44). Es recién a partir del año 2011, que la llamada prisión preventiva oficiosa fue introducida en el régimen jurídico mexicano (supra párr. 45). En el presente acápite, la Corte centrará su análisis en la figura de la prisión preventiva que fue aplicada al caso concreto.". Esto es, su estudio versó sobre los artículos 161 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales; y no respecto del artículo 19 constitucional, que prevé la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos. De donde se sigue que la Corte Interamericana no se ocupó de indicar si la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo constitucional referido era o no contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque no fue la aplicada al caso que analizaba, sino la prisión regulada en el Código Federal de Procedimientos Penales, aunque en diverso apartado dice que las irregularidades que advirtió a la prisión regulada en este último ordenamiento legal, subsistían en la actual legislación nacional, pero nada dijo sobre su inconvencionalidad, precisamente, por no ser materia de análisis. Ello, aunque en diversa porción de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se indicara que el Estado Parte no puede invocar su derecho interno, que en el caso lo serían las jurisprudencias emitidas por nuestro Máximo Tribunal, para no atender las resoluciones de aquella; toda vez que, en su caso, corresponde a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse y declarar la no vigencia de su jurisprudencia, no a otros tribunales, al carecer éstos de facultades para ello, pues así se estableció expresamente al resolverse la contradicción de tesis 299/2013 de la que emanó la diversa jurisprudencia P./J. 64/2014 (10ª.) con registro digital 2008148, que señala: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica." (Lo subrayado es propio). En el diverso caso García Rodríguez y otro contra México, emitida el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó lo siguiente: "B.4. Conclusión 188. Por último, el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 del mismo instrumento, y el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 de dicho tratado, todos esos derechos en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución Mexicana y en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz (supra párrs. 174, 179 y 185). c) Conclusión 298. De conformidad con lo anterior, si bien la normatividad mediante la cual se aplicó el arraigo y la prisión preventiva oficiosa a los hechos del caso ha variado, para esta Corte no cabe duda de que los aspectos que la hacen incompatible con la Convención, según lo señalado supra, persisten en su redacción actual. Esos aspectos son los que llevaron a este Tribunal a declarar que las normas que recogen las figuras del arraigo (artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000) y de la prisión preventiva oficiosa (artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 así como el artículo 19 de la Constitución mexicana luego de que fuera reformada en el año 2008) eran contrarias a la Convención Americana y a la obligación a cargo del Estado de adecuar las disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana. 299. La Corte recuerda que el deber general del Estado establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías . 300. Conforme a lo expuesto y con relación a la figura del arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad con fines investigativos, la Corte entiende que la misma resulta incompatible con la Convención Americana, puesto que los postulados que definen sus características inherentes no son compatibles con los derechos a la libertad personal, al derecho a ser oído y a la presunción de inocencia. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal considera que el Estado deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad para fines investigativos. 301. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la presente Sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado. 302. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma puesto que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. En ese sentido, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que -en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.". De lo anterior, se obtiene, en lo sustancial, que la Corte Interamericana ordenó, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, adecuar el ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana; además, que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención, por lo que se puntualizó a las autoridades internas, que al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, se debe ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo al principio pro persona. Sin embargo, contrario a lo que alegó el quejoso en los conceptos de violación, no se puede ejercer un control de convencionalidad en lo relativo a la prisión preventiva oficiosa, esto es, efectuar su inaplicación para que la misma no afecte los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona, pues ello contravendría el actual contenido del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que si la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción constitucional, de acuerdo con lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe aplicar el texto constitucional a la luz del test mencionado en la tesis ya referida, de rubro: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES". De ahí que no pueda realizarse una interpretación pro persona con la finalidad de inaplicar la medida cautelar, porque ello deriva de una restricción constitucional al ejercicio de su derecho a la libertad, conforme al numeral 19 de la Constitución Federal, que faculta a los jueces para ordenarla por la comisión de diversos ilícitos. Siendo, por tanto, apegado a derecho que el juez responsable determinara que no era competente para declarar la inaplicación del artículo 19 constitucional, en virtud de que tal mandato constituye una restricción constitucional y, por ende, debe de prevalecer sobre cualquier tratado internacional o precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo expuso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011. Y aunque existe un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prevalece, por el momento, la restricción constitucional y las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que la actuación de los operadores jurídicos se debe apegar al derecho interno, como en el caso aconteció. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 25, diciembre de 2015, tomo I, página 391, registro 2010625, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución." En consecuencia, resultan infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa y al no existir vulneración a sus derechos fundamentales, se le niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esa resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a *************, contra la resolución de fecha *************emitida en la causa penal *************, mediante la cual se niega el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que se reclamó del juez de Enjuiciamiento del Tribunal Unitario Terna 3 del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; en términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste.

  4. Principal

    PRAL 165/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Despacho ya devuelto. Agréguese el original del oficio firmado por el juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, por el que devuelve el despacho con números de orden 352/2023 y de origen 185/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió con la finalidad de emplazar a la tercera interesada ********************, y con el que formó la comunicación 24/2023; acúsese recibo, sin que se ordene dar de baja, ya que el treinta de agosto de este año se proveyó al respecto, al haberse recibido ese oficio y despacho por correo electrónico institucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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