Nahúm Guillermo Ortiz

Expediente 1022/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1022/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
27/10/2017

Partes del expediente

  • Nahúm Guillermo Ortiz
  • Nahúm Guillermo Ortiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con veintisiete minutos del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en acuerdo de diez de este mes -foja 37 reverso- para celebrar la audiencia constitucional, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido del secretario Miguel Ángel Ovando Jerónimo, quien da fe, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: demanda de amparo -fojas 2 a 6- e informes justificados del a) jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y b) jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca -fojas 21 a 25 y 28 a 31-; asimismo, hace constar que no existe promoción pendiente por acordar. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual el secretario hace constar que: a) La parte quejosa exhibió copia certificada de solicitud de trámite catastral, de quince de julio de dos mil diecisiete, recibida ante la responsable el diecinueve siguiente -foja 7-. b) la jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, anexó a su informe justificado copia certificada del historial de solicitud de trámite catastral con número de cuenta 12332 -fojas 32 y 33-; y en alcance a su informe remitió copia certificada del oficio ICEO/DG/CEM/699/2017, de dieciséis de este mes, dirigido al notario público ciento cinco, en el Estado, Eduardo García Corpus -fojas 42 y 43-. Al respecto, se acuerda: En virtud de que las citadas documentales fueron admitidas durante la substanciación de este juicio, serán ponderadas al momento de dictarse la sentencia correspondiente. A continuación, el juez declara cerrado el periodo probatorio y ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Con lo anterior se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1022/2017; y RESULTANDOS: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Nahúm Guillermo Ortiz, por propio derecho y Eduardo García Corpus, con el carácter de notario público número ciento cinco del Estado de Oaxaca, mediante escrito recibido el doce de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado en la misma fecha a este Juzgado Décimo de Distrito, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. Jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO: ".. La omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral formulada con fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete." SEGUNDO. Derecho fundamental que la parte quejosa estima vulnerado. La parte promovente considera transgredido el previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -foja 4-. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. a) En acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo bajo el registro 1022/2017; se admitió a trámite, se solicitó a las responsables sus informes justificados, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional-fojas 12 a 16-, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor de acta que antecede CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa y constituye una omisión; por ende, corresponde conocer de la demanda al juez de Distrito ante quien se haya presentado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del a) jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y b) jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral formulada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa; por tanto, se tiene por cierta la afirmación que hace en su informe justificado -fojas 21 a 25-. Apoya lo anterior la jurisprudencia 284, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. CUARTO. Existencia de acto reclamado. La jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado -fojas 28 a 31-. Sin embargo, manifestó que el diecinueve de julio del año en curso, los quejosos presentaron una solicitud de trámite catastral, de traslado de dominio por compraventa, en ese Instituto Catastral, con número de folio 1232. Por lo anterior, se desvirtúa su negativa y se tiene por cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de dar contestación a su solicitud de trámite catastral de diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Tiene aplicación en lo conducente la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este Juzgado advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo Así, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Se invoca a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, los quejosos Nahúm Guillermo Ortiz y Eduardo García Corpus reclaman la omisión por parte de la responsable de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el que se solicitó: a) El traslado de dominio del bien inmueble identificado con el número cuatro, el cual es segregado del predio mayor identificado como terreno denominado "El Rancho" ubicado en jurisdicción de San Lorenzo Cacaotepec, Distrito de Etla, Oaxaca. De la demanda de amparo y de las documentales remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copia certificada del a) historial de solicitud de trámite catastral con número de cuenta 12332 -fojas 32 y 33 y b) oficio ICEO/DG/CEM/699/2017, de dieciséis de este mes -foja 42-, dirigido al notario público ciento cinco, en el Estado, Eduardo García Corpus, a las que se le otorga valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, acorde a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que: I. El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, los aquí quejosos presentaron una solicitud de trámite catastral de traslado de dominio por compraventa ante el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca con número de folio 1232 -foja 7-. II. Del historial de solicitud se aprecia que el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete fue rechazada, reingresando el veinticuatro siguiente, y rechazada nuevamente el seis de septiembre de este año, reingresando el siete siguiente y, desde el quince al veintitrés de septiembre de este año, dicha solicitud se encontraba en proceso -fojas 32 y 33-. III. Por oficio ICEO/DG/CEM/699/2017, de dieciséis de este mes, le fue notificado al notario Público número ciento cinco en el Estado de Oaxaca, licenciado Eduardo García Corpus, por conducto de la persona que autorizó para ello, que la solicitud de trámite catastral presentada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, era improcedente, dado que con la documentación anexa, no se acompañó el archivo digital de la lotificación, como lo establece el artículo 39, segundo párrafo, de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca -foja 42-. De lo anterior se sigue que han cesado los efectos de ese acto reclamado, toda vez que por oficio ICEO/DG/CEM/699/2017, de dieciséis de este mes, se acordó la solicitud de trámite catastral de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, que le fue notificado a Eduardo García Corpus, notario Público número ciento cinco en el Estado de Oaxaca, por conducto de Omar Reyes Cuevas, persona autorizada en la solicitud de trámite catastral, el diecisiete siguiente -foja 42-. Así, es dable considerar que se extinguieron las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con la abstención reclamada en este juicio a la autoridad responsable, con lo que, los efectos desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste a lo anterior, el hecho que la respuesta de la responsable no sea a favor de los intereses de los promoventes; porque el derecho establecido en el artículo 8° constitucional únicamente tiene como fin que se dé una repuesta congruente a la petición realizada sin que deba ser en sentido positivo de la parte promovente. Por lo que, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Es aplicable por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, con el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Así como la jurisprudencia XXI.1º. P.A.J/27 de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Precisión. Sin que pase desapercibido, el hecho que la responsable jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca no haya notificado tal determinación al diverso quejoso Nahúm Guillermo Ortiz, dado que de la solicitud de trámite catastral no se advierte que haya proporcionado domicilio para recibir notificaciones, pese a que es obligación de la parte promovente señalar domicilio para recibir notificaciones, dado que la autoridad responsable no tiene el deber de investigar el lugar donde pueda notificar la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de rubro y texto siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Nahúm Guillermo Ortiz y Eduardo García Corpus, contra la omisión de dar contestación a la solicitud de trámite catastral de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miguel Ángel Ovando Jerónimo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 1022/2017 M5-A#.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de la jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, por el que, en su alcance a su oficio ICEO/DG/CEM/DTS/0072/2017, recibido en este Juzgado el veintinueve de septiembre del año en curso -foja 28-, remite copia certificada del oficio ICEO/DG/CEM/699/2017, de dieciséis de este mes, dirigido al notario público ciento cinco, en el Estado, Eduardo García Corpus, en el que da respuesta a su solicitud catastral 570900 de diecinueve de julio de este año. Probanza que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  3. Principal

    PRAL.1022/2017-5A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil diecisiete. ... se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy -foja 14-, y se señalan para tal efecto las nueve horas con veintisiete minutos del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Notifíquese. ...

  4. Principal

    PRAL.1022/2017-5A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil diecisiete. Informe justificado. Agréguese el oficio de la jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Pruebas. De conformidad con el precepto 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable, la copia certificada de la solicitud de trámite catastral con número de cuenta 12332 -fojas 32 y 33-. Probanza que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. Delegados y domicilio. Con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tiene como delegado de la autoridad responsable a Rogelio Gómez Soriano, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miguel Ángel Ovando Jerónimo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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