Nadia Naivi Azcona Blas

Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Nadia Naivi Azcona Blas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PRAL 681/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción I, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Devolución de documento. Finalmente, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, consistente en: 1) La carta poder de diez de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dicho documento, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, se procederá a su destrucción, ya que este expediente es destruible. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO Número de expediente: 681/2023 Acuerdo: PRAL 681/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción I, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Devolución de documento. Finalmente, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, consistente en: 1) La carta poder de diez de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dicho documento, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, se procederá a su destrucción, ya que este expediente es destruible. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 681/2023 MESA 3* AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.********************En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con cuarenta y tres minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo ********************, como se ordenó en acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, en audiencia pública Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. ********************APERTURA DE LA AUDIENCIA.********************Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ********************, apoderada legal de ********************, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta.********************Asimismo, hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión.********************Enseguida, se acuerda: ********************I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes.********************II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo procedente al dictarse el fallo correspondiente.********************ETAPA PROBATORIA.********************Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas:********************Carta poder de diez de marzo de dos mil veintitrés.********************Cédula profesional de ********************.********************Instrumental de actuaciones.********************Presuncional legal y humana.********************Asimismo, la autoridad responsable, juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca, ofreció como prueba: ********************Copia certificada de diversas constancias del procedimiento paraprocesal ********************. ********************Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las citadas probanzas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, y que serán consideradas al resolver este juicio.********************Por cuanto a las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, ofrecidas por la parte quejosa, se tienen por ofrecidas y desahogadas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K; del rubro: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS".********************No habiendo más pruebas que relacionar o desahogar, se cierra esta etapa.********************ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento, se cierra esta etapa; por lo que se procede a dictar la sentencia respectiva.********************Visto para resolver el juicio de amparo ********************; y********************RESULTANDO:********************PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el doce de julio de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado el trece de julio siguiente, promovida por ********************, por conducto de su apoderada legal, contra un acto del juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia.********************SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo y prevención. En auto de catorce de julio de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente ********************, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. ********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 13/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto en materia de trabajo, y el acto se reclama de una autoridad residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados.********************Así, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama:********************Del juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca.********************La resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, en la que determinó desechar el procedimiento paraprocesal ********************.********************Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".********************TERCERO. Existencia de diverso acto. La autoridad responsable, juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado; por lo que se tiene por cierto. ********************CUARTO. Improcedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. ********************Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, interpretada en sentido contrario, ambos numerales de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa.********************De la interpretación de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo se aprecia que el juicio de amparo podrá promoverse contra actos de tribunales realizados fuera de juicio o después de concluido, y respecto de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, el amparo será procedente contra la última resolución dictada en algún procedimiento fuera de juicio o después de concluido.********************Lo anterior, ya que aun cuando la referida fracción no hable de que procede la vía indirecta hasta la última resolución dictada dentro de un procedimiento fuera de juicio, como sí lo establece para los actos de ejecución de sentencia y procedimientos de remate, debe considerarse que esta regla es aplicable dados los fines y funcionalidad del juicio de amparo y, por eso, también es necesario observarla.****************************************Lo que obedece a que los actos fuera de juicio son procedimientos que implican una sucesión de actuaciones tras las cuales se pueden o no desahogar y, según sea el caso, generarse proveídos distintos.****************************************Por su parte, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo procede ante el juez de Distrito cuando se reclamen actos en el procedimiento de origen cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.********************Así, los actos con ejecución de imposible reparación a que se refiere la disposición legal invocada, son aquellos que afectan en forma directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Constitución, tales como la vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad, en virtud de que la afectación que produzca o sus efectos, no puedan destruirse tácitamente.********************Esto es así, porque la afectación que se produzca con tales actos durante el tiempo que perduren sus efectos queda irremediablemente consumada, pues el quejoso no podrá ser restituido en el goce de sus derechos fundamentales violentados, es decir, en la consecuencia que temporalmente se produjera.********************En ese sentido, los actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.********************De ahí que, para considerarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que necesitan recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, registro 2006589, del texto siguiente:********************"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios".********************De lo anterior, es dable concluir que, en términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional se tramitará ante el juez de distrito cuando se impugnen, entre otros, actos dictados por tribunales del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.********************Por tanto, de no darse alguno de los supuestos antes precisados, el juicio de amparo resultará improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.********************En apoyo, por identidad de razones jurídicas, se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, agosto de 1992, registro 205651, que prevé:********************"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio".********************Como ya se precisó, la parte quejosa reclama la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, en la que la responsable determinó desechar el procedimiento paraprocesal ********************, al considerar que no se había dado cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por no acreditar la promovente el interés jurídico.********************Procedimiento solicitado por la parte promovente, aquí quejosa, a efecto de que, por conducto del actuario del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca, se le hiciera entrega de diversos documentos a ******************** y otras, como se advierte de la imagen siguiente: ********************Lo relatado hace patente que la resolución reclamada, dictada en el procedimiento paraprocesal, no es un acto que, de momento, cause perjuicio alguno a algún derecho sustantivo, porque no establece en definitiva alguna situación jurídica contra la parte quejosa, dado que es una actuación emitida en un procedimiento que no resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre las partes determinadas, ni es un juicio propiamente; por eso, la terminación del procedimiento paraprocesal no determina derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que el único objeto de la parte quejosa era que, por conducto del actuario del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca, se le hiciera entrega de diversos documentos a ********************.********************Por ese motivo, lo procedente es sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo.********************QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.********************Por lo expuesto y fundado se:********************RESUELVE:********************PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra un acto del juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.********************SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados.********************Notifíquese.********************Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 681/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable, juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca; acuerdo que se notificó por lista de acuerdos a las partes el veintiocho de agosto siguiente. 2. Diferimiento de la audiencia. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las once horas con cuarenta y tres minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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