Nadia Rosaura Torres Molina

Expediente 531/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
531/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Nadia Rosaura Torres Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda promovida por Nadia Rosaura Torres Molina, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además el presente asunto no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Nadia Rosaura Torres Molina, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, con seis copias que acompaña; SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora en el juicio de origen, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación mencionada, a las personas que indica. N.P.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Nadia Rosaura Torres Molina, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, con seis copias que acompaña; por violación que estima a sus derechos humanos previstos en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en esencia hace consistir en lo siguiente: ".la omisión emitir el Laudo que resuelva el Juicio Laboral con el número de expediente 0739/2016/E-2 promovido por el suscrito en contra del tercero interesado.". Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada, en virtud de que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone, en su fracción XI, que el juicio de amparo es improcedente: ".XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;.". La porción normativa transcrita recoge una de las causas de improcedencia diseñadas por el legislador para efectos del juicio de amparo, vinculada con la figura de la cosa juzgada. Así, el dispositivo en mención, establece que dicha instancia será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un acto que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el concepto de cosa juzgada, tiene su sustento en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, que ésta debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Igualmente, que la autoridad de la cosa juzgada se integra y extiende en el plano material con diversas intensidades. Por un lado, en sentido estricto, se desdobla con un efecto directo respecto a juicios futuros, al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse a posteriori en diverso proceso y, en este caso, su actualización se sujeta a la condición de que concurran los siguientes elementos: a) Identidad de las partes con la misma calidad en ambos procesos; b) Identidad en la causa aducida en el juicio; y, c) Identidad en el objeto. En relación con ello, cabe destacar que la eficacia de la cosa juzgada se concreta en el presente asunto, dado que lo resuelto con tal carácter, en la sentencia emitida por este Juzgado en el diverso juicio de amparo número 248/2018-III influye en el presente, lo que previene que se dicten sentencias contradictorias en ellos, por derivar de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales con el mismo contenido jurídico pues, precisamente, ese contenido es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo. En el caso, en el citado juicio de amparo número 248/2018-III ya concluido por sentencia ejecutoria, se tomó una decisión precisa, clara e indudable, sobre el mismo aspecto jurídico fundamental que se pretende se analice en el presente. Ello es así, en tanto la aquí quejosa promovió aquel juicio, donde el acto reclamado lo constituyó de igual manera que en éste, la omisión de dictar el laudo por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el que resuelva el juicio laboral con número de expediente 0739/2016/E-2. Juicio de amparo en el que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable dicte el laudo en el juicio de origen. Lo que se constata, en tanto que en dicho juicio de amparo se estableció en lo medular: "En consecuencia, con ese proceder la autoridad responsable violó en perjuicio de la aquí quejosa, la garantía de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, por lo que es procedente concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, dicte inmediatamente el laudo correspondiente dentro de los autos del expediente laboral 739/2016/E-2, y lo notifique a la agraviada...". En ese contexto, se actualiza la figura de cosa juzgada, pues la disconforme no realiza un planteamiento distinto o novedoso acerca de cuál es el elemento que detona o detonará su interés en el asunto, y que por tanto pueda acreditar para el caso de que se tramite el juicio que intenta, es decir, no plantea un entorno jurídico distinto al ya analizado con antelación. Asumir posición contraria implicaría que la parte quejosa pudiera promover una cadena interminable de juicios de amparo para combatir el mismo tema (la omisión de dictar laudo en el juicio de origen por parte de la autoridad responsable); con lo cual no sólo se retardaría la impartición de justicia en demérito de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, sino que, además, se crearía un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con el peligro de que se dicten sentencias contradictorias en asuntos vinculados y que guardan una situación de interdependencia. Lo anterior es así, porque la resolución emitida en aquel juicio de amparo, tiene carácter de cosa juzgada y lo resuelto en ella se encuentra vinculado con el juicio de amparo que nos ocupa, ya que el acto reclamado deriva del mismo procedimiento, y en ambos juicios de amparo las partes son las mismas, sin que exista el elemento diferenciador aludido. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. XCV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1107 del libro 29, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de 2016, Décima Época, con registro 2011383, que dice: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Resulta ilustrativa la tesis 1a. XCIV/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 1108 del libro 29 del tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de 2016, Décima Época, con registro 2011384, que dispone: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES, NI EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto y porción normativa citados, en los que descansa la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en el juicio de amparo, no es violatorio de los artículos 1o. y 133 constitucionales, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio constitucional, que es el recurso nacional más efectivo impuesto por el parlamentario federal que debe ser observado como presupuesto para el derecho fundamental de acceso a la justicia por razones de seguridad jurídica, para dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en el segundo juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos que no se hicieron valer en el primero. Ello obedece a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal y la incorporación a nuestro sistema jurídico, con rango constitucional, de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México forma parte, de conformidad con el diverso 133 del mismo ordenamiento, lo cual implica que aun ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra facultada para revisar las decisiones emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior en el que se advirtió que la sentencia impugnada no es violatoria de derechos fundamentales, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social." En las relatadas condiciones, el presente juicio de amparo resulta improcedente; y, por ende, en términos del diverso ordinal 113 de la norma en mención, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora en el juicio de origen, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación mencionada, a las personas que indica. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO.- Se DESECHA DE PLANO por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Nadia Rosaura Torres Molina, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, por las consideraciones expuestas.

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