Nadia Zarate Gallegos En Representacion de Aamz
Expediente 144/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Nadia Zarate Gallegos En Representacion de Aamz
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 891/2020-V, promovido por Nafta Rail, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Enrique Espejel Caso, contra actos del Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución General de la República y, RESULTANDO: Por lo expuesto, fundado y con apoyo demás en los artículos 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Nafta Rail, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Nadia Zarate Gallegos por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales A.A.M.Z. y N.C.M.Z., contra actos del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, con ocho copias y dos anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 144/2022-I-L. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se tienen como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, lo siguiente: I. En fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se presentó la querella contra el ciudadano Ángel Alberto Martínez de la Fuente ante el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. II. A la fecha de presentación de la presente demanda de mérito, las autoridades señaladas como responsables no han realizado pronunciamiento alguno sobre la referida querella. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aduce la parte promovente la inacción de la autoridad para procurar justicia, ya que a la fecha no se ha radicado la presente querella, no obstante de haberse presentado la misma el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, violentando el derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acorde con dichos preceptos legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, e incluso las determinaciones en las que se decida una abstención para investigar, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso el acto reclamado consiste precisamente en la inacción por parte del Fiscal General del Estado con sede en esta ciudad, para procurar justicia a sus menores hijos, a quienes se refiere como las víctimas del delito; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar la omisión de la autoridad designada como responsable, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar la omisión de que se duele, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Además, debe decirse que no es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada se considere como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Jorge Oswaldo Ibarra Noyola, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, al usuario JOIBARRAN. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior.
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