Myriam Alejandra Martinez Mexicano
Expediente 399/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 82 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 82
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Myriam Alejandra Martinez Mexicano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 82.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir de esta fecha, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión, por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Asimismo, se precisa que en el citado expediente original, no obra algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a los Juzgados Segundo y Tercero de lo Familiar, las constancias que exhibieron en este asunto. Glósese copia autorizada del presente proveído, en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta de seis de septiembre de dos mil veintidós, de la que se advierte la imposibilidad de notificar a las tercero interesadas Guillermina Mexicano Martínez y Cynthia Mariela Martínez Mexicano, por los motivos que asentó; en tal virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia, notifíqueseles dicho auto y los subsecuentes de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS CITADAS TERCERAS INTERESADAS LA DETERMINACION DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Familiar, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós e informa que acorde a lo resuelto en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio de origen, las medidas de protección otorgadas el tres de marzo de dos mil veintiuno, concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno y al efecto remite diversas constancias; por tanto con el contenido del informe de mérito y anexo que se acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que la quejosa Myriam Alejandra Martínez Mexicano, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de los Jueces Tercero Penal y Tercero Familiar de esta ciudad y Actuarios de su adscripción; Comisario de la Policía de Investigación del Estado y elementos bajo su mando y Director y/o Comisario de la Policía del Estado, mismos que hizo consistir en la orden de arresto y/o protección y/o presentación; comparecencia, desocupación y/o desalojo y/o desposesión, dictada en el expediente 278/2021 así como todo lo actuado, respecto del inmueble ubicado en calle Sierra Cotopaxi número 352, colonia Lomas Tercera Sección de esta ciudad, sus consecuencias legales y todo lo actuado en el aludido expediente, así como su ejecución. Luego, del informe justificado rendido por el Juez Tercero Familiar, se obtuvo que tales actos tuvieron como génesis la orden de protección otorgada el tres de marzo de dos mil veintiuno, contra la aquí quejosa y diversa persona, con una temporalidad de sesenta días, en términos del artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí, en la que, con el fin de proteger la integridad de las accionantes, se ordenó la desocupación del inmueble. En diverso proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad sustituta en el presente juicio, al Juez Segundo de lo Familiar, quien registró dicho expediente bajo el consecutivo 1027/2021 de su índice. Con fecha primero de diciembre del año próximo pasado en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, se admitió la ampliación de demanda contra el diverso acto reclamado por la quejosa que hizo consistir en el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno dictado por el Juez responsable. Ahora bien, del anexo que acompañó a su oficio de cuenta el Juez Segundo de lo Familiar, se advierte que en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en las medidas de protección decretadas el tres de marzo de dos mil veintiuno, ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley en cita, numeral este último que a la letra dice: (.)En efecto, en la norma transcrita, se establece el caso en que subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efectos legales o materiales por haber dejado de existir su objeto o materia. En dicha hipótesis se regula la posibilidad de que, aun cuando jurídicamente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, al haberse actualizado alguna modificación del entorno en que se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humanos que se estime violado o bien, ningún efecto jurídico tendría en su caso, la respectiva sentencia concesoria, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional. Tal circunstancia podría verificarse en el evento de que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del quejoso; también cuando la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiese modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Así, en el caso de que el acto reclamado formalmente subsista pero su objeto o materia haya dejado de existir, se actualizará la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues carecería de efectos la protección que en su caso se concediera. Robustece lo anterior la tesis dictada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 858 del tomo IV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO (.)Así como la tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241 cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. (..)Como ya se hizo referencia, el acto reclamado destacado por la parte quejosa, es la determinación de tres de marzo de dos mil veintiuno, que decretó medidas de protección en el juicio de origen, ordenando el desalojo y desocupación del inmueble que señala la quejosa, así como todas sus consecuencias legales, por un término de sesenta días; lo anterior, en términos del artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. Pues bien, considerando que al momento en que se resuelve ya transcurrió el término fijado por la autoridad responsable, esto es los sesenta días, para que sigan surtiendo efecto las referidas medidas de protección dictadas por la referida autoridad, como así lo informa el Juez responsable en el informe de cuenta, en el que señaló que conforme a lo resuelto en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio de origen, las medidas de protección otorgadas el de marzo de dos mil veintiuno, concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno; por ende, resulta que no obstante que se hayan dictado medidas de protección en favor de las terceros interesadas, lo cierto es que se dictaron por un término de sesenta días, que se reitera, la autoridad informó que ya concluyeron por el simple transcurso del tiempo, de lo que se obtiene que la materia de dichas medidas han dejado de existir, actualizándose así la causa de improcedencia de que se habla. Por tanto, si bien es cierto que formalmente subsiste el acto reclamado, también lo es que su objeto o materia dejó de existir, por lo cual, el juicio promovido en su contra resulta inviable ya que carecería de efectos la protección que en su caso se llegara a conceder. Máxime que como se anotó, del oficio de cuenta y anexo que se acompaña, se advierte que en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable estableció que al haberse excedido la temporalidad establecida en el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno (de sesenta días) y no haberse solicitado en tiempo y términos la prórroga respectiva, las mismas concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno. Por tanto, resulta inconcuso que en el caso se ha actualizado la causal de improcedencia en comento. Consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que como se ha visto, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, del propio ordenamiento. Aunado a lo anterior, también se actualiza en la especie la causa de sobreseimiento a que alude el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo del Ramo Penal en esta ciudad y Actuaria adscrita al citado juzgado, Director General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado y Director General de Seguridad Pública del Estado, así como respecto de la orden de arresto y/o presentación y/o comparecencia reclamados al Juez Tercero Familiar y Actuario de su adscripción, dado que en sus informes justificados los negaron expresamente, sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.(.) En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA APRTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE ESTA FECHA MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Familiar, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós e informa que acorde a lo resuelto en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio de origen, las medidas de protección otorgadas el tres de marzo de dos mil veintiuno, concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno y al efecto remite diversas constancias; por tanto con el contenido del informe de mérito y anexo que se acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que la quejosa Myriam Alejandra Martínez Mexicano, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de los Jueces Tercero Penal y Tercero Familiar de esta ciudad y Actuarios de su adscripción; Comisario de la Policía de Investigación del Estado y elementos bajo su mando y Director y/o Comisario de la Policía del Estado, mismos que hizo consistir en la orden de arresto y/o protección y/o presentación; comparecencia, desocupación y/o desalojo y/o desposesión, dictada en el expediente 278/2021 así como todo lo actuado, respecto del inmueble ubicado en calle Sierra Cotopaxi número 352, colonia Lomas Tercera Sección de esta ciudad, sus consecuencias legales y todo lo actuado en el aludido expediente, así como su ejecución. Luego, del informe justificado rendido por el Juez Tercero Familiar, se obtuvo que tales actos tuvieron como génesis la orden de protección otorgada el tres de marzo de dos mil veintiuno, contra la aquí quejosa y diversa persona, con una temporalidad de sesenta días, en términos del artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí, en la que, con el fin de proteger la integridad de las accionantes, se ordenó la desocupación del inmueble. En diverso proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad sustituta en el presente juicio, al Juez Segundo de lo Familiar, quien registró dicho expediente bajo el consecutivo 1027/2021 de su índice. Con fecha primero de diciembre del año próximo pasado en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, se admitió la ampliación de demanda contra el diverso acto reclamado por la quejosa que hizo consistir en el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno dictado por el Juez responsable. Ahora bien, del anexo que acompañó a su oficio de cuenta el Juez Segundo de lo Familiar, se advierte que en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en las medidas de protección decretadas el tres de marzo de dos mil veintiuno, ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley en cita, numeral este último que a la letra dice: (.)En efecto, en la norma transcrita, se establece el caso en que subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efectos legales o materiales por haber dejado de existir su objeto o materia. En dicha hipótesis se regula la posibilidad de que, aun cuando jurídicamente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, al haberse actualizado alguna modificación del entorno en que se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humanos que se estime violado o bien, ningún efecto jurídico tendría en su caso, la respectiva sentencia concesoria, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional. Tal circunstancia podría verificarse en el evento de que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del quejoso; también cuando la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiese modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Así, en el caso de que el acto reclamado formalmente subsista pero su objeto o materia haya dejado de existir, se actualizará la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues carecería de efectos la protección que en su caso se concediera. Robustece lo anterior la tesis dictada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 858 del tomo IV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO (.)Así como la tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241 cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. (..)Como ya se hizo referencia, el acto reclamado destacado por la parte quejosa, es la determinación de tres de marzo de dos mil veintiuno, que decretó medidas de protección en el juicio de origen, ordenando el desalojo y desocupación del inmueble que señala la quejosa, así como todas sus consecuencias legales, por un término de sesenta días; lo anterior, en términos del artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. Pues bien, considerando que al momento en que se resuelve ya transcurrió el término fijado por la autoridad responsable, esto es los sesenta días, para que sigan surtiendo efecto las referidas medidas de protección dictadas por la referida autoridad, como así lo informa el Juez responsable en el informe de cuenta, en el que señaló que conforme a lo resuelto en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio de origen, las medidas de protección otorgadas el de marzo de dos mil veintiuno, concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno; por ende, resulta que no obstante que se hayan dictado medidas de protección en favor de las terceros interesadas, lo cierto es que se dictaron por un término de sesenta días, que se reitera, la autoridad informó que ya concluyeron por el simple transcurso del tiempo, de lo que se obtiene que la materia de dichas medidas han dejado de existir, actualizándose así la causa de improcedencia de que se habla. Por tanto, si bien es cierto que formalmente subsiste el acto reclamado, también lo es que su objeto o materia dejó de existir, por lo cual, el juicio promovido en su contra resulta inviable ya que carecería de efectos la protección que en su caso se llegara a conceder. Máxime que como se anotó, del oficio de cuenta y anexo que se acompaña, se advierte que en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable estableció que al haberse excedido la temporalidad establecida en el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno (de sesenta días) y no haberse solicitado en tiempo y términos la prórroga respectiva, las mismas concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno. Por tanto, resulta inconcuso que en el caso se ha actualizado la causal de improcedencia en comento. Consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que como se ha visto, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, del propio ordenamiento. Aunado a lo anterior, también se actualiza en la especie la causa de sobreseimiento a que alude el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo del Ramo Penal en esta ciudad y Actuaria adscrita al citado juzgado, Director General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado y Director General de Seguridad Pública del Estado, así como respecto de la orden de arresto y/o presentación y/o comparecencia reclamados al Juez Tercero Familiar y Actuario de su adscripción, dado que en sus informes justificados los negaron expresamente, sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.(.) En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Familiar, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós e informa que acorde a lo resuelto en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio de origen, las medidas de protección otorgadas el tres de marzo de dos mil veintiuno, concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno y al efecto remite diversas constancias; por tanto con el contenido del informe de mérito y anexo que se acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que la quejosa Myriam Alejandra Martínez Mexicano, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de los Jueces Tercero Penal y Tercero Familiar de esta ciudad y Actuarios de su adscripción; Comisario de la Policía de Investigación del Estado y elementos bajo su mando y Director y/o Comisario de la Policía del Estado, mismos que hizo consistir en la orden de arresto y/o protección y/o presentación; comparecencia, desocupación y/o desalojo y/o desposesión, dictada en el expediente 278/2021 así como todo lo actuado, respecto del inmueble ubicado en calle Sierra Cotopaxi número 352, colonia Lomas Tercera Sección de esta ciudad, sus consecuencias legales y todo lo actuado en el aludido expediente, así como su ejecución. Luego, del informe justificado rendido por el Juez Tercero Familiar, se obtuvo que tales actos tuvieron como génesis la orden de protección otorgada el tres de marzo de dos mil veintiuno, contra la aquí quejosa y diversa persona, con una temporalidad de sesenta días, en términos del artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí, en la que, con el fin de proteger la integridad de las accionantes, se ordenó la desocupación del inmueble. En diverso proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad sustituta en el presente juicio, al Juez Segundo de lo Familiar, quien registró dicho expediente bajo el consecutivo 1027/2021 de su índice. Con fecha primero de diciembre del año próximo pasado en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, se admitió la ampliación de demanda contra el diverso acto reclamado por la quejosa que hizo consistir en el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno dictado por el Juez responsable. Ahora bien, del anexo que acompañó a su oficio de cuenta el Juez Segundo de lo Familiar, se advierte que en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en las medidas de protección decretadas el tres de marzo de dos mil veintiuno, ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley en cita, numeral este último que a la letra dice: (.)En efecto, en la norma transcrita, se establece el caso en que subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efectos legales o materiales por haber dejado de existir su objeto o materia. En dicha hipótesis se regula la posibilidad de que, aun cuando jurídicamente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, al haberse actualizado alguna modificación del entorno en que se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humanos que se estime violado o bien, ningún efecto jurídico tendría en su caso, la respectiva sentencia concesoria, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional. Tal circunstancia podría verificarse en el evento de que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del quejoso; también cuando la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiese modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Así, en el caso de que el acto reclamado formalmente subsista pero su objeto o materia haya dejado de existir, se actualizará la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues carecería de efectos la protección que en su caso se concediera. Robustece lo anterior la tesis dictada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 858 del tomo IV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO (.)Así como la tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241 cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. (..)Como ya se hizo referencia, el acto reclamado destacado por la parte quejosa, es la determinación de tres de marzo de dos mil veintiuno, que decretó medidas de protección en el juicio de origen, ordenando el desalojo y desocupación del inmueble que señala la quejosa, así como todas sus consecuencias legales, por un término de sesenta días; lo anterior, en términos del artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí. Pues bien, considerando que al momento en que se resuelve ya transcurrió el término fijado por la autoridad responsable, esto es los sesenta días, para que sigan surtiendo efecto las referidas medidas de protección dictadas por la referida autoridad, como así lo informa el Juez responsable en el informe de cuenta, en el que señaló que conforme a lo resuelto en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio de origen, las medidas de protección otorgadas el de marzo de dos mil veintiuno, concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno; por ende, resulta que no obstante que se hayan dictado medidas de protección en favor de las terceros interesadas, lo cierto es que se dictaron por un término de sesenta días, que se reitera, la autoridad informó que ya concluyeron por el simple transcurso del tiempo, de lo que se obtiene que la materia de dichas medidas han dejado de existir, actualizándose así la causa de improcedencia de que se habla. Por tanto, si bien es cierto que formalmente subsiste el acto reclamado, también lo es que su objeto o materia dejó de existir, por lo cual, el juicio promovido en su contra resulta inviable ya que carecería de efectos la protección que en su caso se llegara a conceder. Máxime que como se anotó, del oficio de cuenta y anexo que se acompaña, se advierte que en la interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable estableció que al haberse excedido la temporalidad establecida en el auto de tres de marzo de dos mil veintiuno (de sesenta días) y no haberse solicitado en tiempo y términos la prórroga respectiva, las mismas concluyeron el nueve de mayo de dos mil veintiuno. Por tanto, resulta inconcuso que en el caso se ha actualizado la causal de improcedencia en comento. Consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que como se ha visto, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, del propio ordenamiento. Aunado a lo anterior, también se actualiza en la especie la causa de sobreseimiento a que alude el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo del Ramo Penal en esta ciudad y Actuaria adscrita al citado juzgado, Director General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado y Director General de Seguridad Pública del Estado, así como respecto de la orden de arresto y/o presentación y/o comparecencia reclamados al Juez Tercero Familiar y Actuario de su adscripción, dado que en sus informes justificados los negaron expresamente, sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.(.) En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
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