Naarai Alejandrina Llanes Sosa

Expediente 925/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
925/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Naarai Alejandrina Llanes Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a quien pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en los registros de este órgano jurisdiccional, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    RESULTANDO:********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el nueve de junio de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en esa propia fecha, compareció Naarai Alejandrina Llanes Sosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa.********************TERCERO. Ampliación de la demanda. Por auto de ocho de agosto del año en curso, se previno a la quejosa Naarai Alejandrina Llanes Sosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de señalar como nueva autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Yucatán, y se le apercibió que en caso de no hacerlo se tendría únicamente como autoridad responsable, la que señaló en su escrito de demanda y como conceptos de violación, los formulados en la misma; y se difirió la audiencia constitucional para esta fecha.********************En acuerdo de uno de septiembre actual, se tuvo por no ampliada la demanda, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto de cuatro del mes citado.********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ******************** "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en:********************La ilegal retención del vehículo marca Honda, tipo City, modelo DOS MIL DIECINUEVE, con número de serie LUCGM6646K3103209, con placas de circulación DKD3024, del Estado de Campeche.********************TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; pues así lo reconoció al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos.********************Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye.****************************************CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones.********************El precepto legal en cita dispone:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ******************** [.]********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;..."****************************************Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal, menciona:******************** "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.******************** [.]"****************************************Asimismo, el artículo 107 fracción I, Constitucional, establece:******************** "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:********************I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ******************** [.]"****************************************En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:******************** "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos".****************************************Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza:********************"INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona".****************************************Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61 fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado.********************Lo anterior es así, pues generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional.********************Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice:********************"INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia."****************************************En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que la aquí quejosa no aportó medio de convicción idóneo para acreditar fehacientemente el derecho de propiedad sobre el vehículo cuya retención atribuye a la autoridad responsable, no obstante que así lo afirmó en su demanda de amparo.********************Lo anterior es así, pues si bien es verdad que obra en autos la impresión digital con cadena electrónica de la factura digital CFD AAA125C4-2FD0-47BA-AB9B-038E3469A5E4, de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, expedida por Jesael Valle Campos, a favor de Luis Alberto Cervantes Arreola, y endosada a su favor, relativa a un vehículo de la marca DODGE, tipo 110GL PLUS, manual, 1.1, Número de serie MALAM5NBXDM322186, color rojo eléctrico/negro.********************Sin embargo, la misma carece de valor probatorio, en razón de que carece de fecha cierta, pues no consta el día que le fue transferida la supuesta propiedad del vehículo de mérito.********************En efecto, la institución de la fecha cierta consiste en dotar de seguridad a las personas de determinada relación jurídica, a fin de garantizar que los documentos privados que se presenten en oposición de sus pretensiones, no hayan sido realizados con posterioridad al inicio del procedimiento correspondiente y fechados con una anterior, evitando así la posibilidad que se realice un fraude en su contra. ********************Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que un documento tendrá fecha cierta cuando se reúnen cualquiera de las siguientes características:********************a) Desde el momento de la inscripción del documento en el Registro Público.********************b) Desde el momento en que el documento privado se entregue a un funcionario en razón de su oficio. ********************c) Desde la muerte de cualquiera de los firmantes del contrato correspondiente. ********************En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 180, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 913162, que dice:********************"DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes."****************************************De manera que si la factura presentada por la aquí quejosa, para acreditar su interés jurídico, no contiene la fecha en la que adquirió el vehículo que refiere es de su propiedad, pues no se tiene la certeza de la fecha del endoso al no aparecer en la misma, ni tampoco se puede corroborar con algún otro documento público, ello imposibilita determinar si el reclamo que se hace, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición de dicho bien.********************Motivo por el cual resulta insuficiente para acreditar los extremos antes apuntados, aun adminiculándolas con la diversa documental exhibida consistentes en su credencial de elector, ya que por su propia naturaleza, no constituye un indicio del que se pueda inferir su derecho de propiedad.********************Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones que informa la jurisprudencia P./J. 7/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 9, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 190371, que precisa: ********************"FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales."****************************************Por tanto, al no acreditarse la propiedad que aduce tener la quejosa respecto del bien mueble referido, carece de interés jurídico para promover la instancia constitucional. ********************En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar fehacientemente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo.********************Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa:******************** "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."****************************************En las condiciones apuntadas, al haberse acreditado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada ley de la materia.********************Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó.********************Resultan aplicables al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: ********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.".****************************************QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro:********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN";****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************SÉPTIMO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. ********************Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se:********************R E S U E L V E********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Naarai Alejandra Llanes Sosa, en contra del acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de quince días otorgado en proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que la quejosa Naarai Alejandrina Llanes Sosa, ampliara su escrito de demanda, sin que a la presente fecha lo hiciera. En consecuencia, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, por tanto, este juicio se resolverá únicamente respecto del acto y autoridad inicialmente señalados en la demanda de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que de la lectura de las constancias remitidas por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, en representación del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que obra en este expediente, se advierte la participación de otra autoridad no señalada como responsable en el escrito de demanda como lo es el Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, toda vez que el vehículo motivo del acto reclamado, fue puesto a su disposición por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Por lo tanto, para estar en aptitud de resolver lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del improrrogable término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, y debiendo invariablemente cumplir con los requisitos en precisados en el artículo 108 de la Ley de Amparo, amplíe su demanda en los siguientes términos: - Manifieste si es su deseo ampliar su demanda en cuanto a señalar como nueva autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; y en caso afirmativo, deberá exhibir una copia más de su escrito inicial de demanda y de su escrito de ampliación de la misma, de este último, tres copias para correrle traslado a todas las partes, dos para las autoridades responsables, y una más para el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, sin contar la copia de su escrito aclaratorio que se requiere para la tramitación del incidente del incidente de suspensión, en el caso de que lo solicite. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del plazo otorgado, se tendrá únicamente como autoridad responsable, la que señaló en su escrito de demanda y como conceptos de violación únicamente los formulados en el mismo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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