Nallive Islanda Rubio Kú
Expediente 193/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nallive Islanda Rubio Kú
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con lo informado por la autoridad responsable, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa por la vía electrónica el veinticinco de abril de dos mil veintidós; y personalmente al tercero interesado el veintiséis siguiente, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fuera otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: "La Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de inmediato, acuerde lo necesario para que le sean remitidos los autos del juicio que solicitó a su homóloga con sede en Motul, Yucatán. Y una vez obtenidas las constancias, proceda en términos del artículo 489 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar.". Por proveído de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió a la responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, por oficio 1370/2022 de doce de abril de dos mil veintidós, la Juez responsable informó que en el expediente ********************de su índice, se fijaron las dieciséis horas del ocho de julio de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia preliminar, prevista en el artículo 510 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación; lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente, para los efectos legales correspondientes, el oficio 1370/2022, signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, con sede en esta ciudad; que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista de lo anterior a la parte quejosa y tercero interesado, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado y cúmplase.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 193/2022-II-B, promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, compareció ********************, a solicitar amparo en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de veintiséis de enero de dos mil veintidós, por auto de ocho de febrero siguiente, se admitió la demanda, la cual quedó registrada previamente bajo el número de expediente 193/2022-II-B. Por tal motivo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La negativa de la autoridad señalada como responsable de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, establecida por el artículo 489 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado y de las constancias que acompañó al mismo. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y suficientes para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Así, de la lectura de la demanda se advierte que la parte peticionaria del amparo se queja del señalado acto por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 Constitucional; esto es, de la denegación de justicia por parte de la responsable al omitir fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, establecida por el artículo 489 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester hacer unas breves acotaciones en torno al citado precepto constitucional. La disposición constitucional que se considera violada, a la letra dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esa reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas, etapas previas o dilaciones no previstas en el texto constitucional, lo que quiere decir que las autoridades judiciales deben tener a su alcance, los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones. De tal suerte que, el derecho humano de seguridad jurídica establecido en dicho precepto en favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales o tribunales (incluso las auxiliares en la administración de justicia) de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ella ventilados dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de este derecho humano de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. Sentado lo anterior, debe destacarse que de las constancias remitidas por la responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de un documento público, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de las que se advierte lo siguiente: 1.- Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte demandada aquí tercero interesada, contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra por la aquí quejosa ********************, y entre otras cuestiones, la Juez responsable ordenó girar oficio a la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, a fin de que le informara el estado procesal que guardaba el expediente 348/2021, de su índice. 2. Posteriormente, la Juez responsable en determinación de uno de diciembre de dos mil veintiuno, decretó la acumulación del expediente 348/2021, al diverso 356/2021, de su índice, por lo que ordenó girar nuevo oficio a la citada la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, a fin de que le remitiera el expediente indicado. 3. Y por auto de diez de febrero del año en curso, es decir, luego de dos meses, reiteró esa solicitud a su homóloga, sin que se advierta a la fecha que dichas constancias le hubiesen sido remitidas. Ahora bien, sentado lo anterior, es preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 489 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que dispone que el Juez debe señalar día y hora para la celebración de la audiencia preliminar dentro de un término no menor de quince días ni mayor de treinta. Plazos que en demasía, no han sido observados y/o respetados en el juicio de origen, pues han transcurrido varios meses sin que la responsable señalé fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar. Y si bien es verdad que con motivo de la acumulación que decretó es necesario que los autos del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, se integren al expediente 356/2021; también lo es que no ha procurado de manera efectiva, que dichos autos le fuesen remitidos. Pues nada justifica que una comunicación entre autoridades del mismo Estado, demore en diligenciarse más de tres meses (considerando la fecha en las que se resuelve el presente juicio de amparo). Sobre todo si se considera que entre autoridades existen diversos medios de comunicación eficaces, tales como la electrónica, digital, telegráfica y/o acelerada (mensajería privada), entre otras, y más si son de la misma entidad federativa y pertenecientes a una misma institución (Poder Judicial del Estado). Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación planteados y toda vez que en la especie se advirtió que la conducta omisiva de la autoridad responsable residente en esta ciudad, resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que insta, para el efecto de que la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de inmediato, acuerde lo necesario para que le sean remitidos los autos del juicio que solicitó a su homóloga con sede en Motul, Yucatán. Y una vez obtenidas las constancias, proceda en términos del artículo 489 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclamó a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones y para los efectos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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