Mumulife, S.A.P.I. de C.V

Expediente 668/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
668/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Mumulife, S.A.P.I. de C.V

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el dos de junio de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es CONSERVABLE, al ser un juicio de amparo negado. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Por otra parte, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de CONSERVACIÓN. Lo anterior, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 668/2023-I-A, promovido por ********************, apoderada legal de la persona moral quejosa ********************, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el veinticinco de abril de dos mil veintitrés; recibido, el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veintiséis siguiente a este órgano de control constitucional, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, su Presidente y el actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 668/2023-I-A, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar al tercero interesado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio laboral ********************, promovido en su contra por ********************, así como todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, (número de promoción 7654), su Presidente (número de promoción 7656) y actuario de su adscripción (número de promoción 7653), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causa de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue, además de que ello no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la Junta responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual, la Junta responsable admitió a trámite el juicio laboral promovido por ********************, en contra de ********************, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y otros, y ordenó emplazar a juicio a la parte demandada; asimismo, señaló las nueve horas del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Diligencias actuariales de cinco y ocho de abril de dos mil de dos mil diecinueve, en las que el actuario responsable, llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la parte demandada ********************, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, aquí quejosa. 4. El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la Junta responsable celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que hizo constar la inasistencia de la parte demandada, a quien se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. 5. Posteriormente, el catorce de junio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y ante la inasistencia de la parte demandada, se le tuvieron por perdidos sus derechos para ofrecer pruebas. 6. Seguido el procedimiento laboral por sus demás fases, el veinte de enero de dos mil veinte, se dictó el proyecto de resolución respectivo, en el que se condenó a la parte aquí quejosa, ahí demandada, al pago de diversas prestaciones, el cual fue elevado a la categoría de laudo el treinta y uno de enero de dos mil veinte. Ahora bien, la parte quejosa reclama el ilegal emplazamiento al procedimiento laboral ********************, promovido en su contra por ********************, así como todo lo actuado en el mismo, señalando únicamente que no fue llamada a juicio y como consecuencia, nunca compareció, además que se le privó de toda oportunidad de defenderse de la demanda entablada en su contra, violándose en su perjuicio sus derechos fundamentales, consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Son inoperantes dichos motivos de disenso, pues con tales argumentos tan genéricos la parte quejosa omite atacar frontalmente las diligencias levantadas por el actuario responsable en autos del referido juicio de origen; esto es, omite señalar en forma específica los defectos legales en la actuación llevada a cabo por el actuario responsable que se traduzcan en la ilegalidad del llamamiento a juicio combatido. En efecto, de las diligencias actuariales de fechas cinco y ocho de abril de dos mil diecinueve, se desprende lo siguiente: De ahí que, se reitera, si con los argumentos aducidos, la parte quejosa no atacó las actuaciones del fedatario judicial responsable, este Juzgado Federal se ve imposibilitado para abordar el estudio de las mismas, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente al tratarse la persona moral quejosa de la parte patronal en el procedimiento laboral de origen; siendo por ello que deben permanecer intocadas, con independencia de su legalidad o ilegalidad. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos cinco, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora. Bajo esa tesitura, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el inconforme; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, su Presidente y el actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese el alegato ministerial 320/2023, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación, en el que se proveyó al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de estos autos incidentales, se advierte que feneció el término de cinco días hábiles que se le otorgó a la parte quejosa, mediante resolución interlocutoria de ocho de mayo actual, para que exhibiera la cantidad de $40,110.61 (cuarenta mil, ciento diez pesos, con sesenta y un centavos, moneda nacional), que se le fijó como requisito para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le concedió, sin que lo hiciera. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo de la Ley de Amparo, al no haber dado debido cumplimiento la parte quejosa, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUEDAN FACULTADAS PARA EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. En tal virtud, hágase lo anterior de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

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