Mónica Pérez Zavala

Expediente 167/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
167/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Mónica Pérez Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. Mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. DOCUMENTOS EXHIBIDOS. Toda vez que la parte quejosa exhibió constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidas junto con el expediente. Por otro lado, no ha lugar a ordenar la devolución de constancias a la responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, toda vez que se trata de copias certificadas, de ahí que resulta innecesaria su devolución, debiendo ser destruidas junto con el expediente, en el momento oportuno. 5. CUADERNO POR SEPARADO. Del estado que guardan los presentes autos, se desprende retraso injustificado en el seguimiento del trámite de este asunto, por tanto, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que determine lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. Mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. DOCUMENTOS EXHIBIDOS. Toda vez que la parte quejosa exhibió constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidas junto con el expediente. Por otro lado, no ha lugar a ordenar la devolución de constancias a la responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, toda vez que se trata de copias certificadas, de ahí que resulta innecesaria su devolución, debiendo ser destruidas junto con el expediente, en el momento oportuno. 5. CUADERNO POR SEPARADO. Del estado que guardan los presentes autos, se desprende retraso injustificado en el seguimiento del trámite de este asunto, por tanto, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que determine lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-167/2020, promovido por Mónica Pérez Zavala, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y otras autoridades. De quienes reclama: La orden de embargo en contra de la quejosa y su ejecución. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Martín Sergio García Pineda, secretario del juzgado que autoriza las actuaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran las siguientes: Demanda de amparo. Auto admisorio de dieciocho de febrero de dos mil veinte. Auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, en el que se reanudaron los plazos en el presente juicio, así como las constancias de notificación relativas a dicho acuerdo. Asimismo, se hace relación de los informes justificados que obran en autos mediante la tabla siguiente: N° Autoridad responsable Sentido 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto 2 Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 3 Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 4 Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 5 Encargada del despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 6 Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 7 Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 8 Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 9 Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto 10 Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 11 Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 12 Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 13 Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 14 Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 15 Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 16 Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se declaró abierto el período de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que obran las documentales que allegó al juicio el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 742/2019, sin que las demás partes lo hicieran. A lo que el Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes téngaseles por perdido su derecho para ofrecerlas; sin prueba pendiente de desahogo, se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que el secretario hace constar que las partes no hicieron manifestaciones en esta etapa. A lo que el Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Acto seguido, procede dictar la siguiente resolución. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto I-167/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y recibido el mismo día en este juzgado, Mónica Pérez Zavala, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y otras autoridades, por el acto que hizo consistir en: La orden de embargo en contra de la quejosa y su ejecución. Por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo el número II-167/2020, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49, 51, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que, el acto reclamado afecta la libertad personal y se atribuye a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de éste órgano judicial. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; lo anterior, al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el acto consiste en: La orden de embargo en contra de la quejosa y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables que se relacionan en la tabla que a continuación se inserta, negaron la existencia de los actos reclamados, a saber: N° Autoridad responsable Sentido 1 Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 2 Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 3 Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 4 Encargada del despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 5 Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 6 Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 7 Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 8 Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 9 Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 10 Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 11 Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 12 Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 13 Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 14 Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega Sin que la parte quejosa haya aportado al juicio prueba tendente a desvirtuar dichas negativas; por tanto, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades mencionadas, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido a las autoridades que se mencionan en la tabla siguiente: N° Autoridad responsable Sentido 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto 2 Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto Lo anterior, toda vez que al rendir el informe justificado el citado juez manifestó: "Es cierto el acto reclamado, en el sentido de que dentro del juicio ejecutivo mercantil número 742/2019, promovido por CONSUELO ENGRACIA NÚÑEZ CASTAÑEDA, frente a la quejosa, por auto del 19 diecinueve de agosto del año pasado, se admitió la demanda promovida en contra de MÓNICA PÉREZ ZAVALA, decretándose como consecuencia, el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Hago de su conocimiento que el 13 trece de septiembre del año pasado, se practicó a la quejosa, en el domicilio señalado como de ésta, solamente el requerimiento de pago y emplazamiento, no así el embargo, dado la oposición de la accionada, motivo por el cual, por auto del 2 dos de octubre de la anualidad pasada, a petición del actor, se autorizó el uso de la fuerza pública, el rompimiento de chapas y cerraduras". Asimismo, en proveídos de diecinueve de marzo pasado y quince de abril en curso, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, informando lo siguiente: Que en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio ejecutivo mercantil número 742/2019, de su índice. Que en auto de doce de abril en curso, se determinó que causó ejecutoria el citado proveído de dieciséis de marzo del presente año. Lo cual acreditó con copia certificada de los referidos acuerdos, en la inteligencia de que lo anterior aconteció después de la presentación de la demanda [diecisiete de febrero de dos mil veinte]. Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que allegó el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la quejosa reclama, en esencia, la orden de embargo en contra de la quejosa y su ejecución, dentro del juicio ejecutivo mercantil 742/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. En ese sentido, de las constancias remitidas por el referido juez responsable, se aprecia que mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se decretó la caducidad de la instancia dentro del citado juicio ejecutivo mercantil y en diverso de doce de abril se declaró ejecutoriada dicha determinación. Es verdad, conforme a lo indicado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que el acto reclamado dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo [diecisiete de febrero de dos mil veinte], toda vez que la responsable el doce de abril de dos mil veintiuno declaró que causó ejecutoria el diverso auto de dieciséis de marzo del año en curso, en el que se decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio ejecutivo mercantil 742/2019. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la orden de embargo reclamada. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que, nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Mónica Pérez Zavala, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables y por los motivos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, conforme a los razonamientos en ellos expuestos.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-167/2020, promovido por Mónica Pérez Zavala, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y otras autoridades. De quienes reclama: La orden de embargo en contra de la quejosa y su ejecución. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Martín Sergio García Pineda, secretario del juzgado que autoriza las actuaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran las siguientes: Demanda de amparo. Auto admisorio de dieciocho de febrero de dos mil veinte. Auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, en el que se reanudaron los plazos en el presente juicio, así como las constancias de notificación relativas a dicho acuerdo. Asimismo, se hace relación de los informes justificados que obran en autos mediante la tabla siguiente: N° Autoridad responsable Sentido 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto 2 Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 3 Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 4 Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 5 Encargada del despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 6 Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 7 Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 8 Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 9 Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto 10 Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 11 Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 12 Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 13 Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 14 Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 15 Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 16 Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se declaró abierto el período de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que obran las documentales que allegó al juicio el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 742/2019, sin que las demás partes lo hicieran. A lo que el Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes téngaseles por perdido su derecho para ofrecerlas; sin prueba pendiente de desahogo, se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que el secretario hace constar que las partes no hicieron manifestaciones en esta etapa. A lo que el Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Acto seguido, procede dictar la siguiente resolución. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto I-167/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y recibido el mismo día en este juzgado, Mónica Pérez Zavala, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y otras autoridades, por el acto que hizo consistir en: La orden de embargo en contra de la quejosa y su ejecución. Por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo el número II-167/2020, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49, 51, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que, el acto reclamado afecta la libertad personal y se atribuye a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de éste órgano judicial. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; lo anterior, al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el acto consiste en: La orden de embargo en contra de la quejosa y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables que se relacionan en la tabla que a continuación se inserta, negaron la existencia de los actos reclamados, a saber: N° Autoridad responsable Sentido 1 Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 2 Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 3 Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 4 Encargada del despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 5 Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 6 Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 7 Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 8 Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 9 Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 10 Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 11 Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 12 Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 13 Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega 14 Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Niega Sin que la parte quejosa haya aportado al juicio prueba tendente a desvirtuar dichas negativas; por tanto, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades mencionadas, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido a las autoridades que se mencionan en la tabla siguiente: N° Autoridad responsable Sentido 1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto 2 Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cierto Lo anterior, toda vez que al rendir el informe justificado el citado juez manifestó: "Es cierto el acto reclamado, en el sentido de que dentro del juicio ejecutivo mercantil número 742/2019, promovido por CONSUELO ENGRACIA NÚÑEZ CASTAÑEDA, frente a la quejosa, por auto del 19 diecinueve de agosto del año pasado, se admitió la demanda promovida en contra de MÓNICA PÉREZ ZAVALA, decretándose como consecuencia, el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Hago de su conocimiento que el 13 trece de septiembre del año pasado, se practicó a la quejosa, en el domicilio señalado como de ésta, solamente el requerimiento de pago y emplazamiento, no así el embargo, dado la oposición de la accionada, motivo por el cual, por auto del 2 dos de octubre de la anualidad pasada, a petición del actor, se autorizó el uso de la fuerza pública, el rompimiento de chapas y cerraduras". Asimismo, en proveídos de diecinueve de marzo pasado y quince de abril en curso, se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, informando lo siguiente: Que en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio ejecutivo mercantil número 742/2019, de su índice. Que en auto de doce de abril en curso, se determinó que causó ejecutoria el citado proveído de dieciséis de marzo del presente año. Lo cual acreditó con copia certificada de los referidos acuerdos, en la inteligencia de que lo anterior aconteció después de la presentación de la demanda [diecisiete de febrero de dos mil veinte]. Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que allegó el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la quejosa reclama, en esencia, la orden de embargo en contra de la quejosa y su ejecución, dentro del juicio ejecutivo mercantil 742/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. En ese sentido, de las constancias remitidas por el referido juez responsable, se aprecia que mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se decretó la caducidad de la instancia dentro del citado juicio ejecutivo mercantil y en diverso de doce de abril se declaró ejecutoriada dicha determinación. Es verdad, conforme a lo indicado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que el acto reclamado dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo [diecisiete de febrero de dos mil veinte], toda vez que la responsable el doce de abril de dos mil veintiuno declaró que causó ejecutoria el diverso auto de dieciséis de marzo del año en curso, en el que se decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio ejecutivo mercantil 742/2019. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la orden de embargo reclamada. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que, nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Mónica Pérez Zavala, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables y por los motivos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, conforme a los razonamientos en ellos expuestos.

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