Mónica Castillo Moreno
Expediente 230/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mónica Castillo Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Estado procesal de autos Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra del auto dictado el catorce de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hicieran; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la ley en la materia, SE DECLARA FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable; ello, porque de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, no está legitimada para recurrir en revisión la sentencia dictada en autos, al haberse sobreseído el asunto. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. En términos del punto décimo primero, del acuerdo general en consulta, háganse constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se tramitó incidente de suspensión, como se advierte del auto admisorio de tres de marzo de dos mil veinte, ni devolución de documentos originales dado que no fueron exhibidos. Toda vez que del sumario se aprecia que la responsable envió en apoyo al informe justificado que rindió copia certificada de las constancias de donde emanó el acto reclamado (auto de dos de octubre de dos mil veinte); consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Recepción de oficio. Visto el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; agréguese a los autos y en atención a su contenido, se le tiene informando que el nueve de octubre del año en curso, el actuario judicial de su adscripción fijó en los estrados de esa junta, el auto que emitió en la misma fecha, en el que en cumplimiento a lo solicitado por este juzgador, emplaza a los terceros interesados Saúl Guzmán Maya; RECICLADORA MUJICA S.A. DE C.V.; RIMSA S.A. DE C.V. Y/O RINSA S.A. DE C.V.; QUIEN RESULTE RESPONSABLE, PROPIETARIO, USUFRUCTUARIO, BENEFICIARIO O ARRENDATARIO DE LA FUENTE DE TRABAJO UBICADA EN LA CALLE ARTÍCULO 17 SIN NUMERO EXTERIOR, COLONIA MUJICA EN ZACAPU, MICHOACÁN, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que el doce de octubre del año actual, emitió laudo en los autos del juicio laboral 2B-2880/2017, promovido por el quejoso, y remite las constancias que así lo acreditan, documentales cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia; así como, en lo establecido en la tesis número XX. 303 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 227, tomo XV, enero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Ahora, de las constancias que adjunta la presidente de la junta responsable, se advierte que el doce de octubre de año en curso, emitió laudo en el referido asunto; en tales condiciones, se estima que, en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Y lo anterior es así, porque la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado y de la garantía establecida para su protección. En tal virtud, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos reconocidos en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías establecidas para su protección, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar aquéllos y cumplir, por su parte, lo que exijan; fin que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste, así como todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En el caso que nos ocupa, si el quejoso se dolía de la omisión de la autoridad responsable en emitir el laudo en el juicio laboral, inconcuso resulta que lo reclamado ya no podrá afectar a la parte quejosa. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, respecto del acto a estudio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Integración del expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: Recepción de oficio. Visto el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; agréguese a los autos y en atención a su contenido, se le tiene informando que el nueve de octubre del año en curso, el actuario judicial de su adscripción fijó en los estrados de esa junta, el auto que emitió en la misma fecha, en el que en cumplimiento a lo solicitado por este juzgador, emplaza a los terceros interesados Saúl Guzmán Maya; RECICLADORA MUJICA S.A. DE C.V.; RIMSA S.A. DE C.V. Y/O RINSA S.A. DE C.V.; QUIEN RESULTE RESPONSABLE, PROPIETARIO, USUFRUCTUARIO, BENEFICIARIO O ARRENDATARIO DE LA FUENTE DE TRABAJO UBICADA EN LA CALLE ARTÍCULO 17 SIN NUMERO EXTERIOR, COLONIA MUJICA EN ZACAPU, MICHOACÁN, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que el doce de octubre del año actual, emitió laudo en los autos del juicio laboral 2B-2880/2017, promovido por el quejoso, y remite las constancias que así lo acreditan, documentales cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia; así como, en lo establecido en la tesis número XX. 303 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 227, tomo XV, enero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Ahora, de las constancias que adjunta la presidente de la junta responsable, se advierte que el doce de octubre de año en curso, emitió laudo en el referido asunto; en tales condiciones, se estima que, en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Y lo anterior es así, porque la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado y de la garantía establecida para su protección. En tal virtud, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos reconocidos en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías establecidas para su protección, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar aquéllos y cumplir, por su parte, lo que exijan; fin que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste, así como todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En el caso que nos ocupa, si el quejoso se dolía de la omisión de la autoridad responsable en emitir el laudo en el juicio laboral, inconcuso resulta que lo reclamado ya no podrá afectar a la parte quejosa. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, respecto del acto a estudio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Integración del expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el pedimento 211/2020, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la ley en aplicación, ténganse por hechas sus manifestaciones que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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