Mónica Bailón Corona

Expediente 934/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
934/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Mónica Bailón Corona

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, se tiene a la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, informando que las partes llegaron a un arreglo conciliatorio; intégrese únicamente para que obre como constancia toda vez que el presente juicio de amparo ha sido concluido, ordenándose su archivo definitivo.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, dado que no se tramitó, como se desprende el auto de catorce de julio pasado.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, se tiene a la Auxiliar en funciones de Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad rindiendo informe justificado; con el cual se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Con apoyo en el diverso numeral 119 de la ley en la materia, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada de las constancias de donde mana el acto reclamado, las cuales, dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas. 2. Se sobresee fuera de audiencia. Visto el oficio de la Auxiliar en funciones de Presidenta de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, mediante el cual informa que señaló las once horas del trece de diciembre de dos mil veintiuno, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los autos del juicio laboral 361/2020, lo que justifica con las documentales que anexó a su comunicado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia; así como, en lo establecido en la tesis número XX. 303 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 227, tomo XV, enero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Ahora, de las constancias que adjunta la responsable, se advierte que por auto de doce de agosto de dos mil veintiuno fijó las once horas del trece de diciembre de dos mil veintiuno, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, siendo que en el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión en señalar día y hora para que se llevara a cabo la aludida audiencia, y que por ello había dilación o demora en la substanciación del procedimiento. En tales condiciones, se estima que en el particular, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En el particular, se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado y de la garantía establecida para su protección. En tal virtud, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos reconocidos en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías establecidas para su protección, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar aquéllos y cumplir, por su parte, lo que exijan; fin que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste, así como todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En el caso que nos ocupa, si el quejoso se dolía de la omisión de la autoridad responsable en señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es inconcuso que lo reclamado ya no podrá afectar a la parte quejosa. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, respecto del acto a estudio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". 3. Se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Circular relativa a las bases y funcionamiento del órgano judicial. Como se advierte de la circular referida en la certificación de cuenta, el actual titular de este órgano, estableció de forma clara y precisa las bases y temporalidad que rigen la continuidad que debió darse a la integración y subsecuente remisión de los recursos interpuestos en los juicios de amparo, desde el momento en que se hizo del conocimiento del personal, cuestión que vincula a los secretarios de trámite, oficiales judiciales categorías "A" (anteriormente analista Jurídico SISE) y "C" (antes oficial administrativo), así como actuarios judiciales, a su debido, inmediato y ágil acatamiento que correspondió efectuarse a más tardar el treinta y uno de agosto del año en curso. 2. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, de donde se advierte que desde la fecha en que se tuvo interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia definitiva, donde además se ordenó correr traslado a las partes con copia del escrito de agravios y una vez integrado remitirlo al Tribunal de Alzada, sin que a la fecha se haya hecho. 3. Regularización del procedimiento e inmediata integración del recuso. En virtud de lo anterior, se ordena regularizar las notificaciones pendientes de efectuar, sobre todo, las relativas a la sentencia definitiva e interposición del recurso, para que una vez efectuadas y lograda la integración del expediente, inmediatamente y sin dilación justificable alguna, se remitan los autos, junto con el original del escrito de agravios (de enviarse de forma física) o bien, su copia certificada (en caso de remisión vía electrónica), según corresponda, con la finalidad de observar lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo, así como acatar el principio de justicia pronta y expedita contenido en el diverso 17 de la Constitución Federal. En consecuencia, se conmina a los servidores públicos involucrados en la integración del recurso, esto es, secretaria de trámite, oficial judicial categoría "A" (anteriormente analista Jurídico SISE) y "C" (antes oficial administrativo) de trámite e integración, así como actuario judicial relativo, a fin de que de manera coordinada entre sí, acaten el contenido de la circular de cuanta, las disposiciones aplicables de la ley de la materia, de la Constitución Federal, así como del "Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal", relativo a su cargo, que de forma genérica establece dentro de sus funciones y objetivos, llevar un control y dar seguimiento de los expedientes y trámites que le sean encomendados en el órgano jurisdiccional de su adscripción, acatar el marco normativo aplicable, así como las instrucciones que el titular del órgano le encomiende. Haciendo además especial distinción al actuario judicial, mismo que debe abstenerse de malas prácticas y omisiones que redunden en notificaciones omitidas o tardías, tendientes a demorar la impartición de justicia. En virtud de que acorde al artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben ser notificadas dentro del tercer día hábil siguiente en que se dicten. 4. Apertura de cuaderno por separado. De la certificación secretarial y del estado general de autos se advierte una indebida probidad en el desempeño de la integración del recurso, que dejó de atenderse por tiempo considerable; por tanto, a fin de deslindar responsabilidades de los servidores públicos que tomaron parte en dicha paralización, dese cuenta por separado para acordar lo que en derecho corresponda.

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