Monica Lisset Escamilla Azueta

Expediente 885/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
885/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Monica Lisset Escamilla Azueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase respecto de la destrucción del original de dicho incidente, lo que podrá realizarse una vez transcurridos tres años, tal como lo establece el artículo 21, fracción c), del aludido Acuerdo General. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del acuerdo antes mencionado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito de Jaime Lorenzo Martín Moguel, alias Joaquín Martín Moguel, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo, señalando como nuevo acto reclamado: . "1. El Juez responsable llevó a cabo la audiencia de manera ilegal, violando los derechos de la presunta incapaz y lo que establece la legislación estatal, federal y los tratados internacionales, por lo que debe volver a llevarse a cabo la audiencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, respetando su derecho de comparecer, así como los derechos humanos de mi madre." Asimismo, formula argumentos tendentes a establecer que los actos reclamados, son violatorios de los derechos fundamentales de su progenitora. Al respecto, debe decirse que en la Ley de Amparo, se establece la facultad de ampliar la demanda en su artículo 111, mismo que dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Este numeral elevó a rango de ley, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, bajo el rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Tomando en consideración los lineamientos que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular, lo jurídicamente procedente es DESECHAR dicha ampliación, toda vez que no se encuentran satisfechos los requisitos que para su procedencia se requieren, lo anterior, porque de la lectura integral del escrito de ampliación de cuenta se advierte, que el acto por el que pretende ampliar la demanda resulta carecer de relación alguna con el acto reclamado señalado primigeniamente, que en el caso, resulta ser la falta de notificación al procedimiento 494/2019, del índice de la Juez responsable, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por María de los Ángeles y María José, ambas de apellido Martín Moguel, a efecto de que se declare en interdicción a su progenitora Adda de los Angeles Moguel Castillo, alias Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín, alias, Adda Moguel Castillo de Martín; así como todo lo actuado con posterioridad. Se afirma lo anterior, porque el quejoso Jaime Lorenzo Martín Moguel, alias Joaquín Martín Moguel, reclama la celebración de la audiencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en la que aduce que el Juez responsable la llevó a cabo de manera ilegal, violando los derechos de la presunta incapaz que es su progenitora, y lo que establece la legislación estatal, federal y los tratados internacionales, por lo que considera que debe volver a llevarse a cabo la misma, a fin de que se respete los derechos humanos de su madre. Así, a consideración de la suscrita, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" Del artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional será improcedente cuando la causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia ley de la materia. Por su parte, el artículo 6° del propio cuerpo de leyes, establece las bases de la capacidad legal dentro del juicio, en relación con el promovente de la acción constitucional; es decir, la parte a quien perjudique la ley o acto de autoridad reclamado. Esta porción protege uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, conocido como el de agravio personal y directo, que implica que la acción de amparo sólo puede ser ejercitada por la persona que vea afectada su esfera jurídica con motivo de la emisión o ejecución de un acto de autoridad, que considere lesiona sus derechos fundamentales. Como se señaló, de la lectura detenida del escrito de ampliación de demanda se advierte, que el acto reclamado a la autoridad responsable lo constituye esencialmente una audiencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en la que aduce que el Juez responsable llevó a cabo la audiencia de manera ilegal, violando los derechos de la presunta incapaz que lo es su progenitora y lo que establece la legislación estatal, federal y los tratados internacionales, por lo que debe volver a llevarse a cabo. Sin embargo, debe decirse que el quejoso carece de legitimación para promover la ampliación de demanda contra de la audiencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, practicada a la referida Adda de los Ángeles Moguel Castillo, también conocida como Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín, en virtud de que no cuenta tener la representación respecto de la persona a quien pudiera afectarle en su esfera jurídica dicho acto reclamado. Se afirma lo anterior, dado que a fin de instar la ampliación de demanda, resultaba necesario que tuviera reconocido vía judicial, o bien contar con un poder de la que se advierta que puede comparecer en defensa de los intereses de la referida Adda de los Ángeles Moguel Castillo, también conocida como Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín. Habida cuenta, que si bien el artículo sexto de la Ley de la Materia, contempla que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley; y que éste podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley. Lo cierto es que en la especie, no se advierte que el quejoso, hubiere cumplido con tal requisito, puesto que para efecto de que pudiera comparecer al presente juicio en defensa de los intereses de quien afirma es su madre, y esta es incapaz, resultaba necesario que se le hubiese otorgado dicha representación legal, a fin de comparecer en defensa de los intereses de aquélla. Habida cuenta que del juicio de origen se advierte que existe una persona a quien se le reconoció el carácter de tutor definitivo, siendo diversa al aquí quejoso. De lo que se sigue que sólo tiene interés legítimo o jurídico a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible ante una autoridad, y que es susceptible de originarle perjuicio, por infringir alguna garantía constitucional, sin que en el caso, se aprecie que el acto que por esta vía pretende ampliar la demanda, le afectan dado que no acredita tener la facultad de representación de la persona que afirma le agravia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 95, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que precisa: "AMPARO, LEGITIMACION PARA INTERPONERLO. (AGRAVIO INDIRECTO). No debe confundirse la falta de legitimación en causa, derivada de no tener el quejoso la titularidad de los derechos o posesiones que dice se afectan con motivo del acto que reclama, a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, con la cuestión relativa a si el propio acto es susceptible de originarle perjuicio, por infringir alguna garantía constitucional, toda vez que esto último atañe al fondo del asunto y sirve para conceder o negar el amparo. Por tanto, si se reclama la orden de clausura de un establecimiento comercial, la circunstancia de que el quejoso sea el titular del contrato colectivo de trabajo y el que los trabajadores puedan resentir una lesión patrimonial, como consecuencia o repercusión de la clausura, no da base para la interposición del amparo, que sólo puede ser promovido por el directamente afectado, en el caso el propietario del establecimiento." Al igual, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, Volumen 76, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Y la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 386, Tomo XIV, Septiembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "PERSONA INCAPAZ. SU REPRESENTACION EN EL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el quejoso no se encuentre en uso de sus facultades mentales no significa que por ese motivo pueda actuarse en su nombre y representación, en virtud de que para poder hacerlo así se requiere previamente haber sido designado su tutor, acorde a lo establecido en los artículos 449, 445, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común y para la República en Materia Federal; en consecuencia, si en autos no se acreditó que quien promovió a nombre del quejoso tenía la calidad de ser su representante legal, es correcta la determinación del juez federal de haber sobreseído el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, al no haberse satisfecho el principio de iniciativa de parte, consagrado en el artículo 4o. del ordenamiento en cita." Bajo esa óptica jurídica, si el acto reclamado que se combate en la presente ampliación de demanda, no irroga al quejoso un agravio personal y directo a su esfera jurídica, principio que como quedó establecido, es fundamental para la procedencia del juicio de amparo, al carecer de la facultad de representación respecto de su progenitora, habida cuenta que, como se dijo, ésta ya cuenta con un tutor definitvo, según se advierte de los autos de origen; por lo que es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO la ampliación de demanda promovida por Jaime Lorenzo Martín Moguel, alias Joaquín Martín Moguel. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, cinco de abril dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito suscrito por Israel Avilés Pérez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en vía de alegatos, respecto de la vista que se le dio a las partes, en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en relación a las constancias remitidas por la Presidenta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las alegaciones de la parte ocursante, para ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido vía telegrama por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en representación de la Dirección en Jefe, así como por la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México; sin que haya necesidad de proveer en relación al mismo, toda vez que dicho informe ya había sido recibido con antelación, acordándose lo conducente en determinación de veinticinco de marzo del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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