Monica Susana del Castillo Diaz

Expediente 69/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
69/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Monica Susana del Castillo Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    IV. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el treinta y uno de enero del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, en cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión, y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, el auto admisorio y el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Cuadragésimo Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro en la Ciudad de México y anexo que acompaña, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de diecinueve de enero de dos mil diecinueve; asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el oficio de mérito. Ahora bien, mediante comparecencia de fecha diecisiete de enero del año en curso, ante este juzgado por cuestión de guardia, Carlos Alberto Chablé Contreras, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la directa quejosa Mónica Susana del Castillo Diaz, en contra del Fiscal General del Estado, Fiscal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación, todos con sede en esta ciudad. De manera que la directa quejosa reclamó la incomunicación y detención parte de las autoridades señaladas como responsables en su escrito inicial de demanda de amparo. Ahora al analizar la totalidad de las constancias que integran el sumario acorde con el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." , se advierte que la parte quejosa reclama la incomunicación y detención por parte de las autoridades señaladas como responsables. Así, por lo que respecta a la incomunicación que atribuyen a las autoridades señaladas como responsables, se advierten que en sus informes rendidos niegan el acto que se les reclama, y se advierte que la quejosa fue ingresada al área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, bajo la custodia de elementos de esa policía y a disposición del Fiscal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con motivo de hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación número UE/02/2019, por tal motivo, el Actuario de la adscripción tuvo acceso a dicha área; de ahí que resulte inexistente la incomunicación sin prueba en contrario de la parte quejosa; por lo que se sobresee, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, .V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Por otra parte, por lo que respecta a la detención de la libertad que reclama la directo quejosa MÓNICA SUSANA DEL CASTILLO DÍAZ, a las autoridades responsables, se advierte que aceptan dicho acto pero no en los términos que alude la parte quejosa. Aunado a lo anterior, de la revisión de las constancias que anexó a su oficio de mérito el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuadragésimo Novena Investigadora de la unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro en la Ciudad de México, se aprecia que el dieciocho de enero del año en curso, dicha representación social de la Federación, puso a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en calidad de detenida a MONICA SUSANA DEL CASTILLO DÍAZ, como probable responsable de la comisión del delito de secuestro, en autos de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDMS-YUC/0000019/2019, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que fue puesta a disposición de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán; por lo que el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Esto es así, puesto que mediante oficio de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuadragésimo Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro en la ciudad de México, solicitó al Juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, fijara día y hora para la celebración de la audiencia inicial, dejando a disposición de la referida autoridad judicial a la directa agraviada Mónica Susana del Castillo Díaz, asimismo, en la audiencia inicial de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual se encuentra cumpliendo en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Mérida, dentro de la causa penal 03/2019, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el precepto 10, fracción II, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro. De lo anterior se aprecia que, las consecuencias jurídicas del acto consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, reclamada quedó insubsistente y no pueden ser analizada por encontrarse la causa de origen en un estado procesal diferente; pues en el caso, la situación jurídica de la impetrante ahora queda sometida a la potestad del juez de control que tendrá a cargo la instauración del juicio respectivo y por ende no puede analizarse en el presente juicio de amparo la constitucionalidad del actuar de la responsable en la averiguación previa de origen sin afectar el nuevo estado procesal que guarda el nuevo procedimiento penal. Por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". También es aplicable la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por consiguiente, este Juzgador Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para tener verificativo la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, glósese a estos autos el alegato ministerial número 39/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo. Así tal y como lo solicita el Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la Materia, entréguesele copia certificada de esta determinación, para los efectos legales a los que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Cuadragésimo Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro en la Ciudad de México y anexo que acompaña, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de diecinueve de enero de dos mil diecinueve; asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el oficio de mérito. Ahora bien, mediante comparecencia de fecha diecisiete de enero del año en curso, ante este juzgado por cuestión de guardia, Carlos Alberto Chablé Contreras, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la directa quejosa Mónica Susana del Castillo Diaz, en contra del Fiscal General del Estado, Fiscal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación, todos con sede en esta ciudad. De manera que la directa quejosa reclamó la incomunicación y detención parte de las autoridades señaladas como responsables en su escrito inicial de demanda de amparo. Ahora al analizar la totalidad de las constancias que integran el sumario acorde con el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", se advierte que la parte quejosa reclama la incomunicación y detención por parte de las autoridades señaladas como responsables. Así, por lo que respecta a la incomunicación que atribuyen a las autoridades señaladas como responsables, se advierten que en sus informes rendidos niegan el acto que se les reclama, y se advierte que la quejosa fue ingresada al área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, bajo la custodia de elementos de esa policía y a disposición del Fiscal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con motivo de hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación número UE/02/2019, por tal motivo, el Actuario de la adscripción tuvo acceso a dicha área; de ahí que resulte inexistente la incomunicación sin prueba en contrario de la parte quejosa; por lo que se sobresee, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, .V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Por otra parte, por lo que respecta a la detención de la libertad que reclama la directo quejosa MÓNICA SUSANA DEL CASTILLO DÍAZ, a las autoridades responsables, se advierte que aceptan dicho acto pero no en los términos que alude la parte quejosa. Aunado a lo anterior, de la revisión de las constancias que anexó a su oficio de mérito el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuadragésimo Novena Investigadora de la unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro en la Ciudad de México, se aprecia que el dieciocho de enero del año en curso, dicha representación social de la Federación, puso a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en calidad de detenida a MONICA SUSANA DEL CASTILLO DÍAZ, como probable responsable de la comisión del delito de secuestro, en autos de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDMS-YUC/0000019/2019, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que fue puesta a disposición de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán; por lo que el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Esto es así, puesto que mediante oficio de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuadragésimo Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro en la ciudad de México, solicitó al Juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, fijara día y hora para la celebración de la audiencia inicial, dejando a disposición de la referida autoridad judicial a la directa agraviada Mónica Susana del Castillo Díaz, asimismo, en la audiencia inicial de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual se encuentra cumpliendo en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Mérida, dentro de la causa penal 03/2019, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el precepto 10, fracción II, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro. De lo anterior se aprecia que, las consecuencias jurídicas del acto consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, reclamada quedó insubsistente y no pueden ser analizada por encontrarse la causa de origen en un estado procesal diferente; pues en el caso, la situación jurídica de la impetrante ahora queda sometida a la potestad del juez de control que tendrá a cargo la instauración del juicio respectivo y por ende no puede analizarse en el presente juicio de amparo la constitucionalidad del actuar de la responsable en la averiguación previa de origen sin afectar el nuevo estado procesal que guarda el nuevo procedimiento penal. Por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". También es aplicable la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por consiguiente, este Juzgador Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para tener verificativo la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, glósese a estos autos el alegato ministerial número 39/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo. Así tal y como lo solicita el Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la Materia, entréguesele copia certificada de esta determinación, para los efectos legales a los que haya lugar.

  4. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el sobre devuelto por el servicio de mensajería Estafeta que contiene el oficio número IV.89/2019, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Cuadragésima Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República, con sede en la ciudad de México, el cual es devuelto con la leyenda "cambio de domicilio". Ahora bien, del oficio rendido por el Subdelegado Sustantivo encardado del Despacho por ausencia del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, se advierte que proporciona como domicilio de la citada Agencia Investigadora, el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 75, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Cp. 06300, en la Ciudad de México, por tal motivo y a fin de evitar dilaciones procesales, reexpidase el oficio IV.89/2019, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Cuadragésima Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República, con sede en la ciudad de México, al domicilio antes mencionado para los efectos legales que correspondan.

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