Monica Elena Ochoa Pérez

Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
117/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Monica Elena Ochoa Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 117/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, sólo para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en acuerdo de catorce de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Por otra parte, no ha lugar a acceder a lo solicitado por la signante, en el sentido que se le expida copia certificada de la resolución que en el mismo indica; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que ésta actuación al ser emitida posterior a dicha fecha, no obra en el expediente impreso y sólo obra en el electrónico; No obstante lo anterior, se hace saber a la Agente del Ministerio Público, que de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, pues, las que cuenten con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, del que se advierte que el siete de febrero del año en curso, dictó un acuerdo, a través del cual proveyó lo relativo a diversas pruebas, ofrecidas en el juicio de origen, lo que le fue solicitado por escritos de veinte de febrero de dos mil veinte, veinte de octubre de dos mil veintiuno, diecisiete de febrero, ocho de junio y veintidós de septiembre, estos de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************. Ahora bien, se trae a colación que el acto que ********************reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la autoridad responsable de acordar sus escritos presentados el veinte de febrero de dos mil veinte, veinte de octubre de dos mil veintiuno, diecisiete de febrero, ocho de junio y veintidós de septiembre, estos últimos de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la autoridad responsable de dar respuesta a los escritos presentados ante ella, el veinte de febrero de dos mil veinte, veinte de octubre de dos mil veintiuno, diecisiete de febrero, ocho de junio y veintidós de septiembre, estos últimos de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, de su índice. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que en fecha siete de febrero del año en curso, la autoridad responsable dicto el acuerdo relativo a las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen, e incluso procedió a notificar a la parte actora, aquí quejosa, respecto del mismo. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que emitió el auto correspondiente de las pruebas ofrecidas por las partes en el procedimiento laboral de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del citado acuerdo de siete de febrero del año en curso. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1722/2019-II promovido por MARIO ARTURO ROMERO SOSA, en representación de la menor IVANNA ROMERO ZOZAYA. En audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con la demanda, auto admisorio, constancia de notificación a las autoridades responsables y sus informes justificados, ampliaciones de demanda y los respectivos informes, notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la parte tercera interesada. Seguidamente, la Jueza acuerda: se tiene por hecha la realción de constancias que antecede y por rendidos los informes justificados de las responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. En el período de pruebas se da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en: documentales adjuntas a su escrito inicial de demanda; inspección ocular diligenciada el veintiuno de febrero de dos mil veinte; presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones; pericial en materia topográfica a cargo de los peritos ofrecidos por las partes y por este Juzgado. Así también las documentales ofrecidas por las autoridades responsables, Delegado Federal en el Estado de Yucatán de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Desarrollo Sustentable, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, con sus respectivos informes de ley. Así como también aquéllas ofrecidas por la tercera interesada Gelmi Marilin Sabido Ávila, que hizo consistir en documentales ofrecidas en su escrito presentado el trienta y uno de enero de dos mil veinte. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas y desahogadas las probanzas de mérito, para ser tomadas en consideración como corresponda, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, en el periodo de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones formuladas por la parte quejosa en su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, así como las de la tercera interesada Gelmi Marilin Sabido Ávila mediante escritos presentados el trienta y uno de enero, veintiocho de febrero, veintiocho de agosto de dos mil veinte, treinta de noviembre y veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Manifestaciones que se tienen por realizadas para ser tomadas en consideración en la audiencia constitucional, con lo que se cierra esta etapa. Y al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente. Doy fe. Karla Alexandra Domínguez Aguilar. Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. Hilda Adriana Chan Canto. Secretaria de Juzgado.

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