Monica Fernandez Vazquez
Expediente 816/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Monica Fernandez Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la promovente y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Conforme lo anterior, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente; en el entendido de que se destruirá con posterioridad al VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, atento a su contenido, se tiene por desahogada la prevención de once de agosto de dos mil veintidós, respecto de la demanda de amparo presentada por Mónica Fernández Vázquez, contra el acto que reclama del Juez Décimo Segundo del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, de la demanda registrada con el número 816/2022-4-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Y DEL ESCRITO ACLATORIO. Al analizar íntegramente la demanda y del escrito aclaratorio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro1 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro:2 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes:3 "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se tiene que la quejosa reclama del Juez Décimo Segundo del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad: El auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio civil 148/2019, que declaró improcedente el recurso de apelación, interpuesto por la contra el proveído de doce de mayo del año en curso, a través del cual, ordena se practique la pericial psicológica a la menor de edad de identidad reservada. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo,4 establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes:5 "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una 4 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 5 Visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época. convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, el suscrito de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Asimismo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violentada su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones al mencionado principio, lo que no ocurre en el presente asunto. En ese tenor, es importante precisar que en el caso que nos ocupa, la promovente se duele del auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio civil 148/2019, que declaró improcedente el recurso de apelación, interpuesto por la contra el auto de doce de mayo del año en curso, a través del cual, ordena se practique la pericial psicológica a la menor de edad de identidad reservada. Por lo antes expuesto, el suscrito estima que la quejosa, no agotó el citado principio de definitividad, en virtud de que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debió interponer contra el acto reclamado el recurso de queja. En efecto, el artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 525. El recurso de queja tiene lugar: (.) III.- Contra la denegación de apelación". Del citado precepto legal, se desprende que el recurso de queja procede contra el auto que no admita el recurso de apelación. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el que el juez responsable, agregó sin mayor proveer el escrito y determinó que el recurso de apelación interpuesto, no es el idóneo, toda vez que, no le causa un daño irreparable. De ahí que, es inconcuso que el auto reclamado, mediante el cual el juez responsable no da trámite al recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, podía ser recurrido a través del recurso de queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Además, es necesario puntualizar que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues dichas excepciones están orientadas al amparo en materia penal; salvo la contemplada en el inciso c) relativa a las personas extrañas al procedimiento, la cual se estima que no se actualiza en razón de que la promovente sí compareció al juicio de origen. Aunado que de la lectura del artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se concluye que su sentido y alcance es claro y no dejan lugar a dudas respecto a la procedencia del recurso de queja en contra del auto reclamado. En esas condiciones, si la quejosa no agotó dicho recurso previo a la promoción del juicio de amparo; es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para el suscrito, el criterio orientador sustentado por el primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENERLO POR AGOTADO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ)." 6 , en el que se determinó que resultaba innecesaria la interposición del recurso de queja, para tener por satisfecho el principio de definitividad, en virtud de que el mismo no era idóneo, ya que en su tramitación no se preveía la intervención de la parte contraria del recurrente; sin embargo, a partir de la reforma que sufrió el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el ocho de enero de dos mil dieciséis (con posterioridad al acto reclamado), se advierte que en la actualidad dicho recurso sí prevé su intervención; por lo que se estima eficaz para el fin pretendido, y por ende, se debe agotar previamente a la instauración del juicio constitucional. Similares criterios sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, quienes resolvieron los recursos de revisión 192/2018 y 215/2020; respectivamente, criterios que se invocan como hechos notorios en términos del artículo 88 del Código de Federal de Procedimientos Civiles. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos; asimismo, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional para que la promovente tenga 6 Tesis: VII.1o.C.4 C (10a.), consultable en el Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, atento a su contenido, se tiene por desahogada la prevención de once de agosto de dos mil veintidós, respecto de la demanda de amparo presentada por Mónica Fernández Vázquez, contra el acto que reclama del Juez Décimo Segundo del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, de la demanda registrada con el número 816/2022-4-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Y DEL ESCRITO ACLATORIO. Al analizar íntegramente la demanda y del escrito aclaratorio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro1 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro:2 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes:3 "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se tiene que la quejosa reclama del Juez Décimo Segundo del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad: El auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio civil 148/2019, que declaró improcedente el recurso de apelación, interpuesto por la contra el proveído de doce de mayo del año en curso, a través del cual, ordena se practique la pericial psicológica a la menor de edad de identidad reservada. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo,4 establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes:5 "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una 4 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 5 Visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época. convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, el suscrito de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Asimismo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violentada su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones al mencionado principio, lo que no ocurre en el presente asunto. En ese tenor, es importante precisar que en el caso que nos ocupa, la promovente se duele del auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio civil 148/2019, que declaró improcedente el recurso de apelación, interpuesto por la contra el auto de doce de mayo del año en curso, a través del cual, ordena se practique la pericial psicológica a la menor de edad de identidad reservada. Por lo antes expuesto, el suscrito estima que la quejosa, no agotó el citado principio de definitividad, en virtud de que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debió interponer contra el acto reclamado el recurso de queja. En efecto, el artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 525. El recurso de queja tiene lugar: (.) III.- Contra la denegación de apelación". Del citado precepto legal, se desprende que el recurso de queja procede contra el auto que no admita el recurso de apelación. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el que el juez responsable, agregó sin mayor proveer el escrito y determinó que el recurso de apelación interpuesto, no es el idóneo, toda vez que, no le causa un daño irreparable. De ahí que, es inconcuso que el auto reclamado, mediante el cual el juez responsable no da trámite al recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, podía ser recurrido a través del recurso de queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Además, es necesario puntualizar que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues dichas excepciones están orientadas al amparo en materia penal; salvo la contemplada en el inciso c) relativa a las personas extrañas al procedimiento, la cual se estima que no se actualiza en razón de que la promovente sí compareció al juicio de origen. Aunado que de la lectura del artículo 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se concluye que su sentido y alcance es claro y no dejan lugar a dudas respecto a la procedencia del recurso de queja en contra del auto reclamado. En esas condiciones, si la quejosa no agotó dicho recurso previo a la promoción del juicio de amparo; es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para el suscrito, el criterio orientador sustentado por el primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENERLO POR AGOTADO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ)." 6 , en el que se determinó que resultaba innecesaria la interposición del recurso de queja, para tener por satisfecho el principio de definitividad, en virtud de que el mismo no era idóneo, ya que en su tramitación no se preveía la intervención de la parte contraria del recurrente; sin embargo, a partir de la reforma que sufrió el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el ocho de enero de dos mil dieciséis (con posterioridad al acto reclamado), se advierte que en la actualidad dicho recurso sí prevé su intervención; por lo que se estima eficaz para el fin pretendido, y por ende, se debe agotar previamente a la instauración del juicio constitucional. Similares criterios sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, quienes resolvieron los recursos de revisión 192/2018 y 215/2020; respectivamente, criterios que se invocan como hechos notorios en términos del artículo 88 del Código de Federal de Procedimientos Civiles. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos; asimismo, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional para que la promovente tenga 6 Tesis: VII.1o.C.4 C (10a.), consultable en el Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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