Monica Esbeidy Aguilar Alcantara

Expediente 1002/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1002/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Monica Esbeidy Aguilar Alcantara

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, registrándolo bajo el número 441********************, de su índice; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Mónica Esbeidy Aguilar Alcántara, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de cuatro de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Por lo que, como apoyo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, conjuntamente con el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso c) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdo a la parte quejosa el proveído siguiente: "Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Mónica Esbeidy Aguilar Alcántara, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1002/2019-II-B. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso los hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados consisten en: 1. La inconstitucionalidad de los artículos 33, fracción XIX y 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. 2. El proceso de selección de los Magistrados que integran el Poder Judicial del Estado de Veracruz, el cual inició desde la emisión del documento denominado "Invitación", emitido por el titular del Ejecutivo Estatal hasta la aprobación de los nombramientos de Magistrados, llevado a cabo en la Sesión del Sexto Periodo Extraordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, mediante acta legislativa de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, y su correspondiente publicación. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 del citado ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]". Del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra todas aquellas resoluciones o declaraciones emitidas tanto por el Congreso Federal y Cámaras que lo constituyen, como por las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, siempre que se trate de aspectos relativos a una elección, suspensión o remoción de funcionarios públicos, en los casos en que les constituciones correspondientes les confieran facultad para resolver soberana o discrecionalmente. En se orden de ideas, la palabra "soberano" se entiende como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. Ahora bien, conforme los artículos 33, fracción XIX y 59, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Constituyente local otorgó al Congreso del Estado la facultad exclusiva de designar a los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad. En esos términos, este órgano jurisdiccional considera que esa decisión se constituye como una decisión soberana y, en consecuencia, contra aquélla no procede el juicio de amparo en términos del precepto 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. La facultad de nombrar a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, conferida por la Constitución local a la Legislatura del Estado, es de naturaleza autónoma, en tanto que la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave no exige, bajo ningún supuesto, que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Además, que los Diputados que integran el Congreso del Estado de Veracruz se constituyen como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en el que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Así, cuando el Congreso del Estado de Veracruz elige a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a integrar debidamente a un órgano constitutivo de uno de los Poderes Estatales - Poder Judicial- ello en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental local. En consecuencia, la decisión del órgano legislativo, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Lo anterior, aunado a que la decisión de la Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se constituye como soberana en los términos apuntados, cierto es también que se configura como discrecional, en tanto que, aun cuando la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz constriñe al aludido órgano a emitir un acto decisorio a partir de una propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, le concede la libertad de decidir a la persona que, bajo un ejercicio prudencial, considera la más apta para ocupar el cargo de Magistrado. Es decir, la discrecionalidad de la decisión del Congreso del Estado no radica en la posibilidad de emitir o no un acto determinado, sino en que, dentro de la atribución exclusiva que le otorga el Constituyente local en los artículos 33, fracción XIX, y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, puede decidir cuál, dentro de los candidatos propuestos por el Gobernador, a su parecer, reúne la idoneidad requerida para desempeñarse como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; sin que dicha discrecionalidad sea arbitraria, en tanto que es la propia Constitución Estatal la que establece parámetros de decisión (requisitos para ser Magistrado, procedimiento de elección, etapas o temporalidad de la elección, etcétera) que la aludida Legislatura debe ponderar, en un ejercicio democrático, para elegir a la persona que desempeñará el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. En el caso, los actos que reclama la quejosa derivan del procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que si bien interviene el Poder Ejecutivo por conducto del Gobernador del Estado por ser quien propone a los candidatos al cargo, lo cierto es que finalmente, quien elige de manera independiente a los nuevos integrantes sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso del Estado. En tal virtud, si la elección de magistrados no requiere de la aprobación o supervisión de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso, por lo que el amparo intentado por la quejosa resulta improcedente, pues lo que reclama en esencia son actos derivados del procedimiento de selección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tales como: a) La emisión de las propuestas que presentó el Gobernador del Estado al Congreso del Estado; b) La falta de análisis cualitativo al estudio curricular de las trece propuestas hechas por conducto del Gobernador del Estado para designar Magistrados; y c) La declaración del decreto emitido el día once de octubre del año en curso, mediante el cual el Congreso del Estado de Veracruz aprueba las propuestas hechas por el Ejecutivo del Estado para ser Magistrado. En ese sentido, la propuesta realizada por el Gobernador del Estado y la declaración del decreto de once de octubre de dos mil diecinueve emitida por el Congreso del Estado mediante la cual se aprueba la designación de magistrados de los licenciados Adolfo Cortes Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Claudia Reséndiz Aguilar, Graciela Patricia Berlín Mendoza, Denisse de los Angeles Uribe Obregón, Florencia Cruz Fernández, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena, Rosalba Hernández Hernández, Sofía Martínez Huerta, Sergio Jiménez Maraboto y Cándido Antenor Rivera, sin haberse realizado "análisis cualitativo al estudio curricular de las trece propuestas hechas por conducto del Gobernador del Estado para designar Magistrados", o la omisión de "regular un procedimiento transparente y justo" para la designación de magistrados, según lo afirma el promovente, no resultan actos susceptibles de análisis constitucional por la vía del amparo indirecto, ya que como se dijo, el artículo 59 de la Constitución de esta Entidad Federativa otorga facultad tanto al Gobernador para hacer la propuesta, como al Congreso del Estado de Veracruz de la Sexagésima Quinta Legislatura, para elegir a los magistrados, en uso de una facultad soberana. Así, dado que en el amparo no podría juzgarse si el procedimiento instaurado para la designación de magistrados resulta o no transparente y justo, así como la emisión de las propuestas, la falta o no de análisis "cualitativo" del estudio curricular de las trece propuestas que refiere y la emisión del decreto por el que se aprueba la designación de los magistrados; resulta lógico que el amparo sea improcedente contra este tipo de elecciones, en tanto se trata de actos autónomos y discrecionales. Por lo anterior, atento a que la elección de magistrados es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, lo que conduce a desechar de plano la presente demanda de amparo y el diverso 61, fracción VII, del propio ordenamiento. Tiene aplicación al caso, por las consideraciones que la sustenta, la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en la página 887, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017916, que dice: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." En términos de lo expuesto anteriormente, es improcedente analizar los restantes actos que reclama del Gobernador, Congreso y Directora de la Gaceta Oficial, todos del Estado de Veracruz, relativo a la inconvencionalidad de los artículos 33, fracción XIX y 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como la cancelación de la publicación del decreto de once de octubre de dos mil diecinueve. Lo anterior, en razón de que si la norma tildada de inconstitucional, fue reclamada como consecuencia de su primer acto concreto de aplicación que se hizo consistir en el decreto emitido el día once de octubre de dos mil diecinueve, en el cual se aprueban las propuestas hechas por el Ejecutivo del Estado para ser Magistrado, el cual resultó improcedente en términos de los párrafos anteriores; entonces, el presente juicio de amparo promovido por la quejosa también es improcedente en relación con dicha norma, puesto que se desechó la demanda en relación con el acto de la aplicación alegado que actualizaba la condición para que dicha norma fuera combatida; de ahí que es evidente su improcedencia, como ocurre en la especie, sin que tenga que examinarse la constitucionalidad del precepto normativo reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 191311, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio dla quejosa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así como la tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, Volumen 70, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 245899, que indica: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO EL SOBRESEIMIENTO CONTRA EL ACTO DE APLICACIÓN, DETERMINA EL RELATIVO A LA LEY. Cuando no se impugna la ley por ser autoaplicativa, esto es, a raíz de su sola vigencia, sino por actos concretos de aplicación, y se sobresee el juicio respecto de éstos, el sobreseimiento debe comprender también la ley, porque desaparecidos los actos de ejecución, no tiene por qué examinarse la constitucionalidad de ésta." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anteriormente considerado y fundado, con fundamento en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y los diversos artículos 1, fracción I; 5, fracción II; y, 217, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por Mónica Esbeidy Aguilar Alcántara. No pasa inadvertido para la suscrita la jurisprudencia de rubro: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." [Época: Novena Época, Registro: 166361, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 136/2009, Página: 616]; sin embargo, se estima no aplicable al presente caso, toda vez que el procedimiento previsto en la Constitución del Estado de Jalisco para la designación de un Magistrado de su Supremo Tribunal de Justicia, difiere sustancialmente al previsto por la Constitución de esta entidad federativa para el nombramiento de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; por lo que la tesis se estima inaplicable al caso. Lo anterior, toda vez que el procedimiento de elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco inicia con la convocatoria que para tales efectos realiza el Congreso local, a lo que le sigue el envío, por parte del Consejo General de Poder Judicial del Estado, de una lista, de cuando menos, el doble del número de magistrados a elegir, remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos establecidos para ello y tienen aptitud para ocupar dicho cargo, y que el Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el congreso no resolviere dentro de dicho término, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos. En la hipótesis de que el congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, el Consejo General del Poder Judicial someterá una nueva propuesta integrada por personas distintas a la inicial, en los términos precisados en el párrafo anterior; si también fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dichas listas hubiere obtenido mayor número de votos. Procedimiento que difiere notablemente del previsto por la Constitución del Estado de Veracruz y que, por el contrario, se equipara al de la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda; y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ramón Priego Castillo y José Luis Licona Martínez, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 95046 y 176201. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario adscrito al juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Julio Cesar López Céspedes, secretario que autoriza y da fe."

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