Mónica Melisa Cisneros Aguilar
Expediente 185/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mónica Melisa Cisneros Aguilar
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del proveído veintinueve de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tales efectos, con posterioridad al VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió diversas constancias, de las que se formó un tomo por separado; sin embargo, por las razones expuestas en el presente acuerdo, resulta innecesaria la conservación de dichas constancias; en consecuencia, devuélvase a la autoridad de mérito.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la resolución de veintidós de enero del año en curso, dictada en el juicio ordinario civil 650/2018/V del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en la que confirmó la pensión alimenticia provisional decretada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, a favor del actor Luis Rodrigo Arrieta Cisneros (tercero interesado en el presente juicio), en la que se determinó fijar el 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe la demandada Mónica Melisa Cisneros Aguilar (aquí quejosa), como empleada de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz. Asimismo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte, que el veintiocho de febrero pasado, se llevo a cabo la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en la cual la quejosa y el tercero interesado Luis Rodrigo Arrieta Cisneros, acordaron un convenio con el que daban por concluido el juicio 650/2018/V y se fijó como pensión alimenticia definitiva el trece por ciento (13%) del sueldo y demás prestaciones que percibe la promovente de amparo. Por lo que, dicho convenio fue aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada, dejando sin efecto el porcentaje de pensión alimenticia provisional del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe la demandada, ahora bien, en razón de que el acto reclamado en el juicio en que se actúa consiste en la resolución que confirma dicho porcentaje, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado, han dejado de tener vigencia al haber sido sustituido procesalmente por el convenio celebrado por las partes el veintiocho de febrero del año en curso; por ende, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando exista una resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la primera, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa por su contenido la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, que se transcribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ESTA CAUSAL SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA CORRECCIÓN DISCIPLINARIA DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, SI TAMBIÉN SE RECLAMA LA EMITIDA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD QUE CONFIRMA O MODIFICA EL CORRECTIVO EN PERJUICIO DEL INTERNO. Cuando se reclaman tanto la resolución que impone un correctivo disciplinario emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario, como la de la inconformidad expedida por el Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social, que confirma o modifica el correctivo en perjuicio del interno, debe considerarse que respecto de la primera, el juicio de amparo es improcedente con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos, al ser sustituida por la emitida por la autoridad revisora en la inconformidad, en tanto que es en esta última donde se califican en definitiva los actos que dieron origen a la medida disciplinaria y al procedimiento que culminó con su imposición; por ende, es la que rige la situación jurídica del quejoso y la que, en todo caso, podría causarle perjuicio; sin que ello implique que se deje insubsistente el correctivo disciplinario o que se declare legal el procedimiento del cual deriva, sino simplemente que, para efectos del juicio de amparo, ningún fin práctico tendría estudiar la primera resolución dictada por ser susceptible de subsanarse por la autoridad revisora, al emitir la resolución correspondiente en la inconformidad planteada." (Lo subrayado es propio) También lo es la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que se cita enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de las que se advierte que la quejosa celebró el veintiocho de febrero pasado, un convenio con el tercero interesado Luis Rodrigo Arrieta Cisneros, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada, además se estableció como pensión alimenticia definitiva el trece por ciento (13%) del sueldo y demás prestaciones que percibe la promovente de amparo como empleada de la Secretaría de Educación Púbica del Estado de Veracruz, dejando sin efecto el porcentaje de pensión alimenticia provisional decretada con anterioridad y ordenando en ese auto se girara oficio a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, para que realizara el descuento correspondiente a cargo de la quejosa por el porcentaje pactado. Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con motivo del convenio celebrado el veintiocho de febrero del año en curso, y elevado a categoría de cosa juzgada, constituye un obstáculo procesal que impide entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de mérito respecto al acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dentro de los autos de juicio 650/2018/V del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, toda vez que el acto del que se duele la aquí quejosa, cesó con motivo del convenio pactado, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha resolución, siendo la determinación del veintiocho de febrero del año en curso, la que rige en todos sus efectos legales y la que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE; dese los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Sin que pase desapercibido para el suscrito, que el tercero interesado Luis Rodrigo Arrieta Cisneros no haya sido emplazado en el presente juicio, toda vez que la presente determinación no le afecta ni violenta sus intereses. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Mónica Melisa Cisneros Aguilar contra actos reclamados al Juez Décimo de Primera Instancia, especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 185/2019-I-A. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. NO HA LUGAR A TRAMITARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al no encontrarse reunido el requisito previsto por el artículo 128 fracción I, de la ley de la materia, en virtud de no haber solicitado la parte quejosa la suspensión del acto reclamado, no ha lugar a formar el incidente de suspensión. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las DIEZ HORAS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO AL TERCERO INTERESADO la quejosa en su escrito de demanda, señaló como tercero interesado a Rodrigo Arrieta Cisneros, quien tiene su domicilio ubicado en Avenida Ávila Camacho número 113-A, Colonia Centro, en esta ciudad; sin embargo, de las constancias que anexa en su escrito de demanda se advierte que el nombre correcto del tercero interesado es Luis Rodrigo Arrieta Cisneros, por lo tanto, se ordena su emplazamiento en el domicilio antes señalado por conducto de cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, con la entrega de la copia simple de la demanda, así como con autorizada del presente acuerdo, quien deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, siguientes al que surta efectos la notificación del presente auto señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito inicial, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Erubiel Paredes Vásquez, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 48382 y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Karen del Rocio Paredes Lizama y Karla Lizbeth López de la Cruz, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco acreditaron contar con dichos documentos, así como a Dora María Lizama Rodríguez y Lizet Fernanda Flores Loeza, al así haberlo solicitado la parte quejosa DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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