Mónica Cervantes Santiago

Expediente 308/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
308/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Mónica Cervantes Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz; atento a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que admitió el recurso de queja interpuesto en el presente asunto contra el auto de veintiuno de abril de la presente anualidad; el cual quedó radicado bajo el número 366/2023, de su índice administrativo

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la presente data todas las partes se encuentran debidamente notificadas de los autos de veintiuno de abril y nueve de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimientos de Expediente (S.I.S.E.), el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, y póngase a disposición la versión electrónica del expediente en que se actúa, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Cúmplase

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la copia del escrito recibido vía electrónica, signado por **********; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, una vez que conste en autos la notificación del presente proveído al promovente del amparo, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimientos de Expediente (S.I.S.E.), el original del citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Por tanto, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso de trato. Asimismo, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero de la Ley de Amparo, remítase informe con justificación, en relación a la materia de la queja, en el sentido de que es cierta la resolución que se impugna

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo firmada electrónicamente por ***********, con anexos descritos en la cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 308/2023. C O N S I D E R A N D O: En el asunto que nos ocupa, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente,********** reclama: 1. El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Laboral. 2. Como consecuencia la aplicación del indicado decreto, que se traduce en la desaparición del cargo que refiere ostenta como Vocal de Organización Electoral. En cuanto al acto identificado con el número 1, consistente en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Laboral, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral [.]". Disposición normativa de la que deriva que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Aunado a ello, los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen el fundamento constitucional del juicio de amparo, en la parte conducente, disponen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá (.)". Preceptos de los que se obtiene que el juicio de amparo procede contra las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; norma generales o actos que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal; con excepción de las que deriven de controversias en materia electoral. En ese entendido, la interpretación que debe darse al artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, es que la causa de improcedencia opera no sólo si el acto o resolución provienen de una autoridad formalmente electoral, sino también en los casos en que el contenido material de la norma, acto o resolución, sea electoral o verse sobre derechos políticos. En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis P.LX/2008, visible a foja 5 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, septiembre de 2008, de la Novena Época, cuyo texto expresa: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Por tanto, respecto del proceso legislativo que culminó con la expedición del Decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, que reclama la impetrante, el juicio de amparo es improcedente, ya que por su naturaleza, no puede ser impugnados en esta vía constitucional, al ser materia electoral. De ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia 2/J.61/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 323, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Por otro lado, en relación con el acto reclamado marcado con el arábigo 2, consistente en la aplicación del indicado Decreto que se traduce en la desaparición del cargo que refiere la aquí quejosa ostenta como Vocal de Organización Electoral; se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los artículos transcritos, interpretados contrario sensu, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En el caso, es pertinente precisar que de los artículos transitorios del decreto reclamado, se observa que la entrada en vigor de dicho decreto, implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, pues prevé que el Consejo General sea la institución encargada de su ejecución, que los fines de la reforma son el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas bajo cualquier régimen laboral; y la Secretaría Ejecutiva es la encargada de revisar con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el citado Decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación. Así, la reforma electoral tiene por efecto una modificación en la estabilidad del empleo de la promovente, pues prevé despidos hasta compactar al mínimo indispensable para su operación los órganos de dicho instituto, la modificación a las remuneraciones y en otras prestaciones al empleo o cargo que ostentan; esto es, tiene como consecuencia privar diversos derechos labores relacionados con la estabilidad en el empleo. Por tanto, la causa de pedir versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo de la peticionaria del amparo que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. En ese entendido, el acto reclamado consistente en las consecuencias de la reforma electoral, que genera despedidos, modificación en las remuneraciones y otras prestaciones al empleo que ostenta la quejosa, tiene una naturaleza laboral y no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, sino en jurisdicción ordinaria, esto es, la diferencia laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia. De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia en mención. Es aplicable, por las razones que informan, la tesis LXXX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, página 27, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, fracciones III, VI y VIII, y párrafo quinto, de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, además de tener competencia no sólo para conocer de los conflictos o diferencias laborales que surjan entre dicho tribunal o el Instituto Federal Electoral y sus servidores, sino también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional. En estas condiciones, los actos de aplicación de leyes electorales que, como el artículo 169, inciso g), párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contengan normas en materia de trabajo o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, no pueden ser examinados dentro del juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues existe un régimen especial establecido para la resolución de tales cuestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Mónica Cervantes Santiago. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados con facultades restringidas exclusivamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita la parte promovente, se autoriza el acceso y consulta del presente expediente, de conformidad con el artículo 3, sexto párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los numerales artículos 9, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban ser personales se realizarán electrónicamente, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del citado Acuerdo General 12/2020 y la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.) de rubro "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL", publicada con registro 2026122. Lo anterior en razón de que proporciona el usuario "SEnotificaciones", por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisado en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En tales circunstancias, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. No pasa inadvertido que en el proemio de la demanda, la parte quejosa señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dado que en términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, debe privilegiarse las actuaciones desde el Portal de Servicios en Línea, y atendiendo a que proporciona un usuario para efecto de notificaciones y solicita de manera expresa que se realicen por ese medio, es que se da prevalencia a su manifestación en ese sentido. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se realicen las diligencias ordenadas en el presente juicio. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********* contra actos del Congreso de la Unión, y otras autoridades. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa

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