Moisés Santibañez Pérez

Expediente 349/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
349/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Moisés Santibañez Pérez
  • Mónica Santibañez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de depuración, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitieron los Magistrados Integrantes de la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de depuración, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitieron los Magistrados Integrantes de la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el telegrama remitido por el Secretario de Acuerdos de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 1258/2023 a través del cual se notificó la sentencia de dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Cúmplase.

  4. Principal

    SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, y a efecto de evidenciarlo, cabe precisar que en el caso, no opera la suplencia de la queja deficiente a favor de los quejosos, al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el numeral 79 de la ley de la materia. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) En los antecedentes y único concepto de violación, la parte quejosa manifiesta que la Sala responsable viola en su perjuicio el artículo 610 del Código de Proveimientos Civiles, porque sólo citó a la audiencia a Pablo Santibáñez Pérez y dejó fuera a los quejosos *****************, aun cuando los tres son herederos universales. Agrega que la Sala infringió el derecho de audiencia, para poder elegir libremente al albacea, al tener el carácter de herederos universales que les fue reconocido en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Lo expuesto a ese respecto resulta jurídicamente ineficaz. Ello es así, pues los conceptos en estudio no controvierten los motivos y fundamentos del fallo reclamado, ya que únicamente se limitan a exponer que la responsable violó en su perjuicio la garantía de audiencia, porque no se les citó a la junta que prevé el artículo 610 del Código de Proveimientos Civiles, para efectos de votar quién debe ser el albacea en la sucesión, aun cuando ambos son herederos universales. Sin embargo, la Sala responsable expuso que si bien el artículo 610 del Código de Proveimientos Civiles, prevé una junta de herederos para que se haga la designación de albacea de la sucesión; empero, se citó al heredero Pablo Santibáñez Pérez para designarlo como albacea definitivo, porque así se determinó en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el diverso toca 1516/2021; esto es, que el actuar del juez de citar únicamente a un heredero y declararlo como albacea definitivo fue en cumplimiento a una ejecutoria de la Alzada, la cual no fue combatida por ninguna de las partes y quedó firme para todos los efectos legales, por lo que no era necesario citar a Mónica y Moisés, ambos de apellidos Santibáñez Pérez para emitir nuevamente su voto con el fin de elegir albacea definitivo, pues el juez tenía que limitarse al cumplimiento de la resolución de segunda instancia. Así, dado que la Sala responsable expuso los motivos por los cuales consideró que jurídicamente no debían ser llamados a la junta de designación de albacea los herederos Mónica y Moisés, ambos de apellidos Santibáñez Pérez, esto es, que en diverso fallo, que quedó firme al no haber sido impugnado por alguna de las partes, se determinó que sólo debía llamarse al heredero, Pablo Santibáñez Pérez, para designarlo como albacea definitivo; luego, si en los conceptos de violación, los quejosos no combaten de manera frontal las consideraciones de la Sala responsable antes precisadas, vinculadas con la decisión jurídica de que era innecesario citarlos a la juta de designación de albacea, sino que sólo se limitaron a señalar que se les infringe el derecho de audiencia al no citarlos para la junta de designación de albacea, cuando tiene el carácter de herederos universales; entonces, los argumentos precisados resultan jurídicamente ineficaces. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia (...) En consecuencia, al ser jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer, sin que opere la suplencia de la queja, se impone negar el amparo solicitado. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna ello conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **************, contra el acto reclamado de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, para los efectos precisados en el séptimo considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista a la parte tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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