Mónica Lizzett Hernández Pérez
Expediente 483/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 17/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mónica Lizzett Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la Juez Sexto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales, Veracruz, por el que acusa recibo del oficio en que se le comunica que la sentencia dictada en los presentes autos causó estado y se le remitió un tomo de prueba. Cúmplase.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la Juez Sexto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales, Veracruz, por el que acusa recibo del oficio en que se le comunica que la sentencia dictada en los presentes autos causó estado y se le remitió un tomo de prueba. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el seis de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, mediante oficio 09548, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y en auto de catorce de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil*** Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado*** acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar que el hecho de que el demandado cubre el rubro de asistencia médica a la acreedora, es una razón para disminuir el monto de la pensión alimenticia; asimismo, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; en el entendido de que en este último rubro indicó que los ingresos del demandado no eran insuficientes para cumplir con dicha carga alimentaria y, finalmente, se pronunció respecto de los argumentos formulados por la actora al desahogar la vista concedida en relación con dicha reclamación. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista de acuerdos a las partes.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el seis de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a*** en los siguientes términos*** El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la responsable el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, mediante oficio 09548, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y en auto de catorce de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se advierte que por resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil*** Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado*** acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar que el hecho de que el demandado cubre el rubro de asistencia médica a la acreedora, es una razón para disminuir el monto de la pensión alimenticia; asimismo, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; en el entendido de que en este último rubro indicó que los ingresos del demandado no eran insuficientes para cumplir con dicha carga alimentaria y, finalmente, se pronunció respecto de los argumentos formulados por la actora al desahogar la vista concedida en relación con dicha reclamación. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista de acuerdos a las partes.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Moisés Yopihua Gasga274/2023
- Mónica Alejandra Fernández González207/2019
- Mónica Azucena Herrera Martínez223/2018
- Mónica Cervantes Santiago308/2023
- Mónica Gabriela Martínez Reyes354/2022
- Mónica Lizzeth Hernández Pérez899/2023
- Mónica Lombardo Reyeros744/2019
- Mónica Merit Andrade Olmos817/2019
- Mónica Merit Olmos Andrade757/2018
- Mónica Valerio Rosales146/2021
- Monserrat Mauricio Hernández999/2022
- Monserrat Salazar Rodriguez53/2023