Moises Pérez Cordova
Expediente 643/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos
- Moises Pérez Cordova
- Moises Pérez Cordova y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido la temporalidad a que hace alusión el artículo 156 de la Ley de Amparo a fin de que se hiciera efectiva la responsabilidad de la garantía exhibida en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hubieran hecho, por tanto, infórmese a la parte quejosa que queda a su disposición el billete de depósito ******* que ampara la cantidad de ******* a fin de que se apersone, debidamente identificado, en las oficinas que ocupa este juzgado federal a recogerlo. En el entendido que, de no hacerlo así y una vez que transcurra el término que señala el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación se hará efectivo a favor de la Federación. Ahora, toda vez que ha sido atendido el motivo por el que se extrajo el presente expediente del archivo, se ordena devolver sin mayor proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, sin embargo dentro del incidente de suspensión existe el billete de depósito N 808597, por la cantidad de $** (** moneda nacional), en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por lo anterior, una vez que transcurra la temporalidad de seis meses, para los efectos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, se procederá a la devolución del billete de depósito N **, que garantizó la suspensión definitiva. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 643/2017-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el trece de julio de la misma anualidad, XXXXXXX solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto todos de lo Civil por Audiencias, Juez Primero de lo Civil, Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, todos del distrito judicial Bravos, así como del Director de Seguridad Pública Municipal, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, y Comandante de Agentes de la Policía Estatal Única División Investigación adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, con sede en de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades señaladas como responsables, reclamo la privación de los derechos de posesión que tengo respecto del inmueble ubicado en Calle XXXX dentro del un procedimiento en el no soy parte y por ende, no he sido oído y vencido en el mismo, sin que previamente se me haya otorgado derecho de audiencia. 1.- Del C. Juez Primero de lo Civil del Distrito Bravos, se reclama: a) la indebida tramitación de todo procedimiento, seguido como juicio de desahucio o acción reinvicatoria, promovido por EL SEÑOR XXXX , expediente No. 398/2013, el cual se realizó con violación a los principios esenciales del procedimiento y de conformidad con las normas expedidas con anterioridad el acto reclamado así como todos los actos y ordenes dictados con todas sus consecuencias y efectos legales, que se llevaron a cabo en el expediente de mérito y que arrojan como consecuencia la privación de mis derechos de posesión sin haber sido oído y vencido en juicio, sin siquiera ser parte en el procedimiento. b) de todas las demás autoridades señaladas como responsables se reclaman así mismo, todos los actos y ordenes que haya dado tendientes a la ejecución, de la desposesión respecto del inmueble ubicado en XXXXXX. 2.- Del Jefe de la Central de Oficiales y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Bravos, Chih y de todos y cada uno de ls Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Oficiales y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y familiares del Distrito Bravo, se reclama: a) el cumplimiento dado a las órdenes de la autoridad señalada como ordenadora y el despojo y privación de los inmuebles del que tengo en posesión. 4.- (sic) del C. Secretario de Seguridad Pública Municipal, se reclama el cumplimiento dado a las ordenes de la autoridad ordenadora y el despojo y privación de los inmuebles del que tengo en posesión. De todas las autoridades responsable se reclama además, las consecuencias jurídicas derivadas o que puede derivarse de los actos que a cada uno de ellas se les atribuye. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por auto de catorce de julio dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como 643/2017-I-2, se admitió la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se solicitó a las autoridades responsables informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda. Por auto de treinta y uno de julio dos mil diecisiete, se admitió la ampliación de demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe con justificación, por lo que una vez integrado el juicio y diferida la audiencia constitucional, se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia civil con ejecución esta ciudad. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción IV de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: De los jueces Primero, Segundo, Tercero Cuarto, y Quinto de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y del Comandante o Coordinador de Agentes de la Policía Estatal Única División Investigación adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales la desposesión del inmueble ubicado en Calle XXXXXX, en esta ciudad. Del Juez Primero de lo Civil del distrito judicial Bravos, todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 398/20136, promovido por XXXXX apoderado de XXXXX en contra de XXXXX Jefe y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y del Secretario de Seguridad Pública, la ejecución de todos los actos ordenados por el Juez Primero Civil del distrito judicial Bravos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto todos de lo Civil por Audiencias, Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, Agente del Ministerio Público Adscrito a Coordinación Regional, en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, y Coordinador Especial "B", adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación, Distrito Zona Norte, negaron los actos que se les atribuyeron, consistentes en la orden de privar de los derechos de posesión del bien inmueble ubicado en Calle XXXXXX, así como su ejecución, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar dicha negativa. No obstante el quejoso, exhibió anexo a su demanda el contrato de arrendamiento de fecha cierta, mismo que solo prueba que realizó un contrato con diversa persona del inmueble afecto, así como la credencia para votar de XXXX, la cual solo prueba que se encuentra registrado ante el Instituto federal Electoral. Por tanto procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero de lo Civil del distrito Bravos, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de oficiales notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos y el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, en el informe con justificación señalaron que son ciertos los actos de los que se duele la parte quejosa. Para corroborar su dicho, el Juez Primero remitió, copias certificadas de todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 398/2013, promovido por el apoderado de XXXXXX , en contra de XXXXX. Asimismo; los oficiales notificadores y Ministros ejecutores, remitieron copia del auto de radicación, emplazamiento y diligencia de cuatro de julio de dos mil diecisiete, realizado dentro del expediente 398/2013. A tales probanzas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; por ende se tiene por cierto el acto que se reclama. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tienen como ciertos los actos de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Actualización de causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el suscrito determina que respecto de la determinación de catorce de junio de dos mil diecisiete, que reclama la quejosa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. Es necesario señalar que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre del dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, con registro 185377, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio la quejosa se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de la autoridad responsable es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Se reitera, el accionante del amparo aduce ser extraño al juicio de origen, en la medida que asegura ser el arrendatario del bien inmueble ubicado en calle XXXXX , cuya posesión ostentó XXXXX (parte quejosa). Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. También la jurisprudencia 854, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos ochenta y dos, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación a mil novecientos noventa y cinco, con registro 394810, que preceptúa: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. El interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. El supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución. Cobra vigencia, la jurisprudencia 293, formulada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Octava Época, del citado apéndice, compilación al dos mil, con registro 917827, que señala: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Asimismo, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, ilustra a lo sostenido la tesis 2a. LII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y tres, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 198744, que refiere: INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público. Ahora, la parte quejosa omite acreditar que se le afecta su esfera jurídica, debido a que únicamente ofreció y le fueron admitidos durante el transcurso del presente juicio los documentos siguientes: copia certificada de contrato de arrendamiento de seis de julio de dos mil diecisiete, celebrado entre XXXX y XXXX , aquí parte quejosa, respecto del inmueble ubicado en calle XXX ante la fe del Notario Público número Veintidós del distrito judicial Bravos (fojas 21 a 24). copia certificada de la credencial para votar de XXXX, expedida por el Instituto Federal Electoral. Los documentos que presenta son insuficientes para probar, como lo pretende, que es tercero extraño a juicio y que la privación de los derechos de posesión respecto al inmueble, le produce una afectación a su interés jurídico; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo. Las pruebas de la parte quejosa son ineficaces para demostrar el interés jurídico que ostenta, porque de tales constancias se desprende que se celebró contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble el seis de julio de dos mil diecisiete, entre la parte quejosa, con la diversa persona, ajena al juicio de origen XXXXXX, toda vez que la persona con la cual realizó el contrato no forma parte del juicio y no acreditó la propiedad del inmueble o posesión legal para estar en posibilidad de transmitirla. Además, con el contrato de arrendamiento sólo prueba que fue celebrado el seis de julio de dos mil diecisiete, esto es, con fecha posterior a la tramitación del juicio de origen, es decir, después del veinticuatro de abril de dos mil trece, fecha en la que el juez responsable tuvo por admitida la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada. Aunado a lo anterior, el Juez Primero de lo Civil del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, remitió a este órgano jurisdiccional las constancias que obran en el juicio especial hipotecario 398/2013, promovido por el apoderado legal de XXXXXX , en contra de XXXXXX , constancias de las que se desprende que el juicio se agotó en todas sus etapas, esto porque el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de remate en segunda almoneda, respecto al inmueble ubicado en calle XXXXX, el que se declaró fincado y se aprobado a favor de XXXXXX , razón por la cual en auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el juez responsable ordenó remitir los autos a la Notaría Pública Número Cuatro, del distrito judicial Bravos, con el fin de elaborar la escritura correspondiente. Así, por autos de trece y treinta de junio de dos mil diecisiete, el juez Primero de lo Civil del distrito judicial Bravos, ordenó poner al adjudicatario en posesión material del inmueble, autorizando el uso de la fuerza pública, lo que según constancia se cumplimentó el cuatro de julio del año en curso. En esa virtud, se les reconoce eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado (foja 89 a 501) De las constancias anteriormente descritas, se advierten como partes del juicio especial hipotecario 398/2013, del índice del Juez Primero de lo Civil del distrito judicial Bravos, únicamente a XXXXX, (parte demandada), XXXX , en su carácter de apoderado de XXXXX (parte actora) y XXXXX como apoderado legal de XXXX (adjudicatario del inmueble). Por lo que, si del contrato de arrendamiento exhibido por la parte quejosa, se advierte la participación de la diversa persona XXXX , persona ajena al juicio de origen, es inconcuso que el quejoso no acredita que el juicio al que asegura debió ser llamado como demandado le depare alguna afectación a su esfera jurídica, debido a que no demostró ser parte en el juicio, además que el contrato de arrendamiento fue celebrado con XXXXXX, persona diversa a la contienda y que tampoco se encuentra ligada con el juicio de origen. Por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia examinada en cuanto al juicio de 398/2013, del índice del Juez Primero de lo Civil del distrito judicial Bravos, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 643/2017-I-2 promovido por XXXX, contra los actos emitidos y autoridades señaladas en el considerando tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXXX, hasta el día de hoy, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXX. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores Adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXX , Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXX . Doy fe.aprh
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