Moisés Delgadillo Delgado

Expediente 908/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
908/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Moisés Delgadillo Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional no localizo al quejoso ******* a efectos de notificar personalmente el auto de doce de diciembre de la presente anualidad, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, el personal adscrito a dicha dependencia le manifestó bajo protesta de decir verdad, que no se encontraba el quejoso de mérito, al haber obtenido su libertad en fecha siete de diciembre de la presente anualidad. En tal sentido, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la materia, notifíqueseles el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós por medio de lista; así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese mediante oficio a las responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular Visto el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena hacer lo previo del conocimiento de las partes, con la finalidad de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, de julio de 2010, materia común, visible en la página 312, con registro 164217, de rubro y texto siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Énfasis añadido.) Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables (el de la foránea, vía acelerada) y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 908/2022-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el seis de octubre de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, promovió demanda de amparo en contra del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y el Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, así como en contra de la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 8º, 17, 18, 20 apartado B fracciones VI y VIII, así como 35 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Cuarto. Designación de asesor en favor de quejoso. En el proveído de admisión, además, se le dio vista al quejoso para que, dentro del término de tres días, designara un abogado o defensor de oficio que lo asistiera durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa; en el entendido que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional le designaría un asesor jurídico para que fungiera como su autorizado en este asunto. Sin que, dentro de dicho periodo, se haya pronunciado al respecto. Con motivo de lo anterior, en auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se instó al Tribunal responsable, a efecto de que informara el o los delitos por los que fue sentenciado el aquí quejoso, a efecto de que este juzgado estuviera en posibilidad de señalar a qué defensoría, estatal o federal, le correspondía designar un asesor jurídico que fungiera como su autorizado en este juicio. Así, una vez que dicha autoridad informara que el peticionario del amparo fue sentenciado por la comisión de los ilícitos de homicidio con penalidad agravada y calificado con ventaja y traición, se requirió, en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, al Director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Estación Ciudad Juárez, a efecto de que designara un profesional del Derecho que desempeñara la labor de asesor del aquí quejoso. A lo que, dicha dependencia nombró con ese efecto a la licenciada *******, con cédula profesional número *******, a quien se autorizó en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en auto de siete de noviembre de dos mil veintidós; de lo cual se notificó personalmente tanto a la abogada en cita, como al peticionario del amparo. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La omisión de señalar fecha para la audiencia en que se debata el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada en su favor, en la carpeta de ejecución *******, que deriva de la causa penal *******. Del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad y de la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua: El retardo en el envío de la información instada por el Tribunal responsable, para que éste se encuentre en posibilidad de determinar fecha para celebrar la audiencia en que se debata el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada que instó. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, aunque éstas lo hayan negado. Lo anterior, pues fue hasta el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, es decir, posterior a la presentación de la demanda que originó este asunto (de seis de octubre de dos mil veintidós), en que el Tribunal responsable tuvo por recibidas (en esa misma fecha) las documentales que instó a las diversas responsables y se halló en posibilidad de señalar fecha para la celebración de la audiencia para debatir el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada que instó el aquí quejoso. Lo anterior, se deduce de las constancias con que el Tribunal responsable y el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad, acompañaron sus informes justificados, mismas que poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones. De modo que, se desvirtúan las negativas vertidas por las responsables y se tienen por ciertos los actos aquí reclamados. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo3 . En el caso, se estima la actualización, de forma manifiesta e indudable, de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, este juicio de amparo, la parte quejosa se dolió, del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, de la omisión de señalar fecha para la audiencia en que se debata el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada en su favor en la carpeta de ejecución *******; y de las restantes responsables, del retardo en el envío de la información instada por el Tribunal responsable, para que éste pudiera determinar fecha para celebrar la audiencia en cita. Empero, como se desprende de las constancias con que el Tribunal responsable y el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad, acompañaron sus informes justificados -previamente valoradas- se desprende que el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad y de la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, remitieron las constancias que requirió el Tribunal responsable (en determinaciones de dos y seis de diciembre de dos mil veintiuno, así como de dieciocho de agosto y veintidós de septiembre de dos mil veintidós), para estar en posibilidad de fijar fecha para la verificación de la aludida audiencia. Constancias que el Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos tuvo por recibidas en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós; momento en el cual, determinó las nueve horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós, para celebrar la audiencia en la que se debatirá la viabilidad o no de la concesión de un beneficio preliberacional en favor del sentenciado, aquí quejoso, solicitada por este desde el dos de diciembre de dos mil veintiuno. Así, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la parte quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo instado, pues el Tribunal responsable ya fijó fecha para la audiencia de que se trata, precisamente debido a que las diversas responsables remitieron las constancias que les fueron requeridas en determinaciones de dos y seis de diciembre de dos mil veintiuno, así como de dieciocho de agosto y veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Lo que aconteció, después de que las responsables tuvieran conocimiento de la demanda de amparo que originó este juicio constitucional biinstancial. Por lo tanto, como se anunció, durante la tramitación de este juicio de amparo, cesaron los actos reclamados y es pertinente sobreseer este juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la legislación de la materia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de las autoridades que señaló en este juicio como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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