Moisés Vega Ruíz

Expediente 404/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
404/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Moisés Vega Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Declaratoria de asunto concluido Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha notificado al accionante del amparo, el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se le informó que se acumuló el juicio de amparo 404/2021-I, y otro al diverso 402/2021-VII, del índice de este órgano jurisdiccional -sin que se haya interpuesto en éste último, oportunamente, medio de defensa alguno, con motivo de la acumulación ordenada en el mismo- atendiendo a lo previsto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2. Por tanto, tal determinación ha quedado firme y se tiene el presente cuadernillo como asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo Se ordena remitir la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante seis meses contados a partir de esta data, según lo dispuesto en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este cuadernillo, así como el expedientillo que se formó del incidente de suspensión son destruibles una vez se haya cumplido el plazo de conservación de seis meses de haberse dictado este acuerdo, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, el presente cuadernillo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, tal como se dispone en los artículos catorce, quince y veintiuno del Acuerdo General mencionado, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que el presente juicio fue promovido por el quejoso **, en contra de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la negativa a la petición de sobreseer parcialmente la causa penal 4253/2019, únicamente en cuanto al delito de ataques a la paz pública, previsto en el artículo 346 del Código Penal del Estado de Chihuahua, dicha solicitud fue formulada por su defensor en la audiencia intermedia de doce de mayo de dos mil veintiuno, en la citada causa penal. Mientras que del Congreso del Estado de Chihuahua y del Gobernador del Estado de Chihuahua, impugnó la expedición y promulgación, respectivamente, del Decreto 690/06 I P.O. mediante el cual se aprobó el nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, particularmente, respecto a la aparente inconstitucionalidad del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Ahora, en el juicio de amparo 402/2021-VII promovido por **, en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se determinó que existe conexidad entre éste y los diversos juicios de amparo 403/2021-I y 404/2021-II promovidos por **, todos del índice de este juzgado, en virtud de que se reclaman idénticos actos reclamados de las mismas autoridades responsables. En ese sentido, se consideró que los citados juicios de amparo debían ser acumulados para su conocimiento y tramitación en un mismo juicio, a fin de garantizar en mayor medida el derecho fundamental de la administración e impartición pronta y expedita que exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por economía procesal y a efecto de evitar resoluciones contradictorias. En consecuencia, por razones de economía procesal con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2°, se procedió decretar de oficio la acumulación de los juicios de amparo 403/2021-I y 404/2021-II al diverso juicio 402/2021-VII, por ser el primero que fue presentado, turnado y registrado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. Con apoyo en la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 19, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009910, que a la letra dice: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. En mérito de lo anterior, agréguese el original del presente asunto al diverso juicio de amparo 402/2021-VII y con copia de lo actuado, intégrese cuadernillo de antecedentes. Sin que tal determinación cause perjuicio alguno al solicitante del amparo, toda vez que la tramitación del juicio que inició continuará tramitándose en el diverso amparo 402/2021-VII y le seguirán realizando las notificaciones respectivas, para que tenga conocimiento de lo que en su proceso se determine. Así hágase del conocimiento del quejoso que se dejó sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional en el presente juicio que quedando subsistentes las nueve horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia en el juicio de amparo 402/2021-VII. Indíquese a las autoridades responsables que, en lo subsecuente, las comunicaciones procesales que correspondan al aquí quejoso deberán dirigirse al juicio de amparo 402/2021-VII, al que se acumula este expediente. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; tal como disponen los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, la documental y disco adjuntos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En diverso orden, el Juez responsable informa que, el diecisiete de mayo pasado, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la determinación que adoptó en la audiencia celebrada el doce de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, el medio de impugnación no ha sido remitido al Tribunal de segunda instancia, dado que no han transcurrido los plazos de ley. En mérito de lo expuesto, se ordena girar oficio al Juez responsable, requiriéndolo para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, remita a este juzgado copia certificada del escrito con el que la parte quejosa interpuso el recurso de referencia, en la inteligencia que, si a la fecha de la recepción del oficio respectivo, se encuentra integrado el recurso de apelación hecho valor, deberá adjuntar las constancias de notificación respectivas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad ocho mil novecientos sesenta y dos pesos ($8,962.00). Finalmente, se tiene a la autoridad responsable informando que los coimputados **, presentaron demanda de amparo, a las que les recayó el consecutivo 402/2021 y 403/2021, respectivamente; hecho del que este juzgado tiene conocimiento. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de julio de dos mil veintiuno. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 404/2021-II. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, **, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes a) De la C. LICENCIADA **, JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS se reclama la negativa de la Juez de Control de aplicar EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD dentro de la causa penal 4253/2019 b) De la CÁMARA de DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, por ser inconstitucional y violatorio al principio de Taxatividad de la ley penal. Segundo. Tramitación del Incidente de suspensión. En auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se mandó aclarar la demanda; del escrito aclaratorio, al desahogar la prevención formulada, se advierte que el quejoso acotó lo siguiente: I. Se reclama de la responsable Congreso del Estado de Chihuahua el DECRETO No. 690/06 I P.O. mediante el cual se aprueba el nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, Publicado en el Periódico Oficial No. 103 del 27 de diciembre de 2006, en lo que concierne a la aprobación del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, debido a su inconstitucionalidad. II. Se manifiesta a su señoría que aparte de los actos ya reclamados a la Juez de Control, También se reclama la Aplicación del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, debido a su inconstitucionalidad. III. Se manifiesta a su señoría que es mi deseo señalar como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Chihuahua, quien cuenta con domicilio en Calle Aldama No. 901 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chihuahua, señalando como acto reclamado la promulgación y publicación del Decreto No. 690/06 I P.O. mediante el cual se aprueba el nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, Publicado en el Periódico Oficial No. 103 del 27 de diciembre de 2006. Así, en auto de nueve de junio de do mil veintiuno admitió la demanda; se ordenó la tramitación de este incidente de suspensión; se le solicitó informe previo a las autoridades responsables; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el dieciséis de junio del presente año, difiriéndose respecto de las autoridades foráneas, para el día de hoy. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el acto reclamado se emitió dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia del acto reclamado. Al rendir sus informes previos, el Congreso del Estado de Chihuahua y el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, ambos con sede en la ciudad de Chihuahua, capital, aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto 690/06 I P.O., mediante el cual se expidió el Código Penal del Estado de Chihuahua. Manifestaciones a las que se les reconoce como confesión expresa, de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los ordinales 197 y 199 del citado código; y se tienen como ciertos los actos que les fueron endilgados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia Común, visible en la página 133, de registro 204855, con rubro y texto: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Tercero. Determinación respecto de la suspensión definitiva. Respecto de la suspensión definitiva solicitada, los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado.En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión definitiva es necesario que: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. En este sentido, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a). De la C. LICENCIADA BRISA MERAZ MENDOZA, JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS se reclama la negativa de la Juez de Control de aplicar EL CONTROL DE CONSTITUCINALIDAD Y CONVENCIONALIDAD dentro de la CAUSA PENAL 4253/2019. b) De la CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, por ser inconstitucional y violatorio del principio de Taxatividad de la ley penal. Asimismo, de su escrito aclaratorio al desahogar la prevención formulada se advierte, lo siguiente: I. Se reclama de la responsable Congreso del Estado de Chihuahua el DECRETO No. 690/06 I P.O. mediante el cual se aprueba el nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, Publicado en el Periódico Oficial No. 103 del 27 de diciembre de 2006, en lo que concierne a la aprobación del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, debido a su inconstitucionalidad. II. Se manifiesta a su señoría que aparte de los actos ya reclamados a la Juez de Control, También se reclama la Aplicación del artículo 346 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, debido a su inconstitucionalidad. III. Se manifiesta a su señoría que es mi deseo señalar como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Chihuahua, quien cuenta con domicilio en Calle Aldama No. 901 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chihuahua, señalando como acto reclamado la promulgación y publicación del Decreto No. 690/06 I P.O. mediante el cual se aprueba el nuevo Código Penal del Estado de Chihuahua, Publicado en el Periódico Oficial No. 103 del 27 de diciembre de 2006. Respecto a las normas impugnadas Primero, debe decirse que por la naturaleza jurídica de los actos reclamados normas impugnadas en este asunto, no queda duda de la improcedencia de la suspensión relativa, pues, debe tenerse presente que, en los juicios de amparo contra leyes, la materia de la suspensión es la ejecución o su aplicación, pero no éstas en sí, ya que su constitucionalidad es materia del fondo del amparo mas no del incidente de suspensión. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 221, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página 3848 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917¬2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte SCJN Cuarta Sección Suspensión en amparo contra leyes, que estatuye: LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo. Igualmente, apoya esta consideración, la jurisprudencia que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775 del Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193722 que dice: SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Asimismo, cabe mencionar que las normas jurídicas que nos ocupan, por su naturaleza y efectos, son de orden y utilidad pública e interés social, por lo cual, de otorgarse la suspensión en los términos pedidos por la parte quejosa, se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, ya que toda la sociedad está interesada a que se continúe con la tramitación del juicio de origen. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su resolución. Resulta pues indudable que los Jueces, en casos determinados, pueden calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley, y no podrían declarar éstos que no siendo ya aplicable una ley en los conceptos que la informaron por cuestión de orden público, conserva aún ese carácter y que subsisten sus finalidades. (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte SCJN Novena Sección Suspensión del acto reclamado Subsección 1 Reglas generales. Tesis: 921. Página: 1043.) ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTASU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada. (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Novena Sección Suspensión del acto reclamado Subsección 1 Reglas generales. Tesis: 922. Página: 1044.) En consecuencia, al tratarse de un juicio de amparo contra leyes, se niega la suspensión definitiva que peticiona. Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy

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