Moisés Marcelino Hernández Ramírez
Expediente 529/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Moisés Marcelino Hernández Ramírez
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con la certificación secretarial que antecede; y, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Toda vez que no fue impugnado el auto de veintiocho de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS. Sin que sea el caso, ordenar a las partes que acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperar documentos originales, mucho menos realizar el apercibimiento respectivo; toda vez que de la revisión de las constancias del asunto, se advierte que no se exhibieron documentos de esa naturaleza. 2.2. De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el citado expediente; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En veintiocho de julio de dos mil veintitrés, el suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR:********************Que ******************** Neyeli Rodríguez Flores, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que la acredita como licenciada en Derecho.********************Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe.****************************************Con lo anterior y con una demanda presentada de electrónica, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrada bajo el número de folio 9654, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de julio de dos mil veintitrés.********************1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida:********************1.1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ariel Ortega Limón, en cuanto apoderado jurídico de ******************** ********************, carácter que acredita y le queda reconocido al tenor de la copia cotejada del instrumento notarial que al efecto exhibe, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial en Tanhuato, Michoacán de Ocampo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 529/2023.****************************************1.2 DESECHAMIENTO. A efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece:********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".********************Cobra aplicación, la jurisprudencia 75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es:********************"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."********************Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito, examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual.********************En el caso, la parte peticionaria, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben:********************"IV.- ACTO RECLAMADO: la Sentencia interlocutoria de fecha 11 de julio del año 2023, Notificada el día 12 de julio del año 2023.********************A).- Del Juez Mixto de primera instancia de Tanhuato Michoacán, reclama la Sentencia Interlocutoria de fecha 11 de julio del año 2023, dentro del expediente ejecutivo mercantil número ********************/2018, donde el quejoso es parte demandada, en donde la responsable infringió los derechos fundamentales establecidos en los numerales 1, 14, 16, 17, 27, Control de convencionalidad y control difuso de la constitución política de los estados Unidos mexicanos de conformidad lo la (sic) siguiente tesis VI. 10.232 K de rubro "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESRITO (sic) Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS", ya que es omiso en decretar que una diligencia esta formalmente ejecutada, y la sentencia combatida por este medio constitucional redundando a una conclusión incongruente e ilegal apartada de los principios de constitucionalidad que deben de prevalecer en todo decreto y tratando de justificar su fallo en la verdad sabida.".****************************************Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que se indica lo siguiente:****************************************"PRIMERO.- Con fecha 28 de Marzo del año 2021, promoví incidente de nulidad de actuaciones, en donde la parte vertebral de mismo fue y que ahora pongo como antecedente del acto reclamado:********************SEGUNDO: Con fecha 20 de junio del año 2023, se promovió recurso de revocación en contra del auto de fecha 13 de junio del año 2023, dicha determinación dado que el Juez de la causa se negaba a decretar que la sentencia definitiva del expediente número ********************/2018, estaba ejecutada en sus términos en diligencia de fecha 24 e (sic) marzo del año 2022 (Sic), en los términos que lo hizo el ejecutante asociado del actuario de adscrito al juzgado Mixto de Tanhuato Michoacán.********************TERCERO: Con fecha 23 de junio del año 2023, se admitió el recurso de revocación, el cual se le dio vista a la parte actora, para que manifestar lo que a su derecho correspondiera.********************CUARTO.- con fecha 11 de julio del año 2023, se dictó sentencia interlocutoria dentro del recurso de revocación, del expediente número ********************/2018, en el cual en su resolutivos niega que deba decretar que una diligencia de ejecución de sentencia deba decretarla ejecutada, por lo cual es contraria derecho y promovemos el presente juicio de amparo indirecto.".****************************************De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo.********************Dichos numerales establecen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]".****************************************"Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:********************[.]********************IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)"****************************************En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de los tribunales judiciales, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido conforme a las siguientes reglas.********************Tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento.********************En tanto que, específicamente en los procedimientos de remate, la ley ha establecido que la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, momento procesal en el que se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento.********************En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida; por lo que dicho procedimiento se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias.********************La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior, fue impedir que el juicio de amparo se utilizara como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, por tanto, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible.********************Así, tenemos que en la especie la parte quejosa, hace consistir su reclamo en la sentencia interlocutoria de once de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************/2018, donde se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por ******************** ********************, en contra del auto de trece de junio de dos mil veintitrés, en donde el juez de la causa se negó a decretar que la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, se encontraba ejecutada en términos de la diligencia del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. ********************De ahí que, válidamente se afirma que no se está en presencia de una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia definitiva, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se trate de un auto que ordene el archivo del asunto, que haga procedente el juicio de amparo indirecto; pues se reitera, se trata de una actuación encaminada a que reconozca que se ha ejecutado la sentencia pronunciada en juicio; de ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia en comento, con el cual se continúa con el procedimiento de ejecución de sentencia, el cual de acuerdo con lo dispuesto con la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, no constituye la última resolución dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************/2018, del consecutivo del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán de Ocampo. ********************No se soslaya que el juicio de amparo indirecto resulta procedente excepcionalmente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Novena Época, con número de registro 163152, que señala:********************"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto".****************************************Sin embargo, en el caso concreto no estamos ante dicho supuesto, pues en el caso, no se reclaman actos que afecten derechos sustantivos como puede ser la vida, la libertad la propiedad o posesión de bienes, y del contexto de la demanda se aprecia que los actos que se reclaman son tendentes a que se tenga por ejecutada la sentencia dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, dentro juicio ejecutivo mercantil ********************/2018, de su consecutivo, en el que la quejosa, es parte demandada y ha intervenido en el mismo, por lo que no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación, de modo que para impugnar el acto de autoridad referido, deberá esperar a la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, pudiendo reclamar en ese momento, las violaciones cometidas durante el procedimiento que lo hayan dejado sin defensa.********************Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia la jurisprudencia 1ª./J.28/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, con número de registro 164639, que señala:********************"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio".****************************************Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.****************************************1.3. DOMICILIO PROCESAL. No ha lugar a tenerlo por señalado el domicilio que indica, toda vez, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional.****************************************1.4 AUTORIZADOS, DATOS DE CONTACTO Y USUARIO. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** ****************************************1.5. USUARIO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita a parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través del usuario "********************", para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico.**************************************** 1.6. CORREO ELECTRÓNICO. Por otra parte, se le tiene proporcionando los correos electrónicos, mismos que, se ordena mantener bajo resguardo estos datos, a fin de que sean utilizados como medios especiales y expeditos de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas.********************2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES.********************Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 3º de la Ley de Amparo; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.********************2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.********************Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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