Moises Alejandro Vences Rodríguez

Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
141/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Moises Alejandro Vences Rodríguez
  • Juez Segundo de Primera Instancia En Materia Civil de Uruapan, Michoacán de Ocampo
  • Alfonso Arturo Villa Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: ACUSE DE RECIBO Téngase al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, acusando recibo de la misiva mediante la cual se ordenó la remisión del fallo emitido en auxilio de dicho órgano jurisdiccional, dentro del juicio de amparo 750/2022-I de su estadística, así como los autos originales. ORDEN DE ARCHIVO Toda vez que en el presente cuaderno auxiliar, no existen determinaciones pendientes, se ordena el archivo definitivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Sin necesidad de realizar valoración, toda vez que por ser cuaderno de antecedentes, tramitado de forma electrónica, no amerita destrucción en términos del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    En veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con el oficio ********************, de veinte de diciembre del año en curso, signado por la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por el que remite de manera física el juicio de amparo ********************, de su índice; registrado con el folio 177. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio ********************, de veinte de diciembre del año en curso, signado por la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Civil en la ciudad de México, por el que remite de manera física el juicio de amparo ********************, promovido por ********************. En razón de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y lo aprobado en el oficio SECNO/TRAN/35/2022, de quince de diciembre del año en curso, signado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se autorizó el auxilio en el dictado de las sentencias a este órgano jurisdiccional; se acuerda: ( Regístrese el expediente con el número auxiliar ********************, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ( Como de los autos que integran el juicio de amparo de que se trata, se advierte que la audiencia constitucional se celebró el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, además, a criterio del juzgador auxiliado, cumple con el requisito establecido en el oficio SECNO/TRAN/35/2022, de quince de diciembre del año en curso, signado por la secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a ser uno de los expedientes con audiencia constitucional pendientes de emitir resolución, se actualiza la hipótesis para conocer del presente asunto; por tanto, en continuación de dicha audiencia, díctese la sentencia que en derecho corresponda con las constancias que integran el expediente de referencia enviado por el órgano auxiliado. Acúsese recibo de estilo correspondiente. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto que sobreseyó en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En esa virtud, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal; debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En los autos del cuaderno incidental se aprecia que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En esa virtud, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, dado que resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, se ordena su devolución. Notifíquese.

  4. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 141/2022, promovido por Moisés Alejandro Vences Rodríguez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, turnado el nueve de marzo siguiente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Moisés Alejandro Vences Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE URUAPAN, MICHOACÁN. Dicha autoridad responsable tiene su domicilio para los efectos legales en la Avenida Juárez, número 1078 mil setenta y ocho, tercer piso, colonia La Magdalena, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. EJECUTORA: COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TANCÍTARO, ESTADO DE MICHOACÁN. Dicha autoridad responsable tiene su domicilio para los efectos legales en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, sin número, Colonia centro, de la población de Tancítaro, Estado de Michoacán. IV. ACTO RECLAMADO A CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. DEL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE URUAPAN, MICHOACÁN: La ilegal e inminente privación de mis derechos de posesión que ostento respecto del inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo, número 47-101 cuarenta y siete, interior ciento uno, colonia centro, de la Población de Tancítaro, Estado de Michoacán, código postal 60460, lo antepuesto, dentro del JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO 1385/2012, tramitado ante la autoridad responsable (ordenadora), mismo que está ordenando y pretende ejecutar en mi contra sin que el suscrito haya sido escuchado y vencido en juicio y de una manera por demás arbitraria y unilateral se me pretende privar de dichos derechos. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: La inminente orden de desalojarme del inmueble donde se me encuentro habitando en mi domicilio particular que ya dejé asentado". El promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia del tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. En proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se radicó con el número 141/2022, se admitió a trámite, se solicitaron los informes de ley, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; así como, dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de Uruapan, Michoacán de Ocampo. La ilegal orden e inminente privación de los derechos respecto del inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo número cuarenta y siete interior ciento uno, de la colonia Centro, de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, emitida dentro del juicio ordinario civil 1385/2012, tramitado por Mario Montero Arias, frente a Margarita Sánchez Rodríguez y otra, sobre reivindicación de inmueble. Del Comandante de la Policía Municipal de Tancítaro, Michoacán de Ocampo. La ejecución de la orden de privación de los derechos del inmueble de referencia. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe de ley, reconoce la existencia de los actos que se le reclaman. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, su certeza se corrobora con las constancias que el Juez natural adjuntó a su informe, consistentes en el juicio ordinario civil número 1385/2012, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, el Comandante de la Unidad de Policía Michoacán de Tancitaro, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, virtud a que éste tiene el carácter de autoridad ejecutora y la ordenadora reconoció la existencia del acto que se le reclama, por lo que es evidente su ejecución, de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado a la autoridad en comento. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. A fin de dar claridad al problema planteado, resulta necesario hacer una narración de antecedentes, del acto reclamado, los cuales de desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable: Mario Montero Arias, en cuanto albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de José Armando Estrada Álvarez o Amado Estrada o Amado Estrada Álvarez, demandó en la vía Ordinaria Civil la reivindicación de inmueble contra María Magdalena Rodríguez Guerrero y Margarita Sánchez Rodríguez, respecto del inmueble ubicado en la calle Ocampo o Melchor Ocampo antes sin número, actualmente cuarenta y dos o cuarenta y siete, situado entre los números veinticinco y veintisiete, de la zona centro de Tancìtaro, Michoacán de Ocampo. Demanda que correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mismo que la registró con el número 1385/2012, la admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Seguido el juicio por sus cauces legales, el seis de septiembre de dos mil trece, el Juez responsable, dictó sentencia definitiva, en la que determinó que el actor acreditó parcialmente los elementos constitutivos de la acción reivindicatoria de inmueble; así como, todos y cada uno de los elementos de la acción de nulidad de escritura. Declaró parcialmente procedente la acción reivindicatoria y procedente la nulidad de escrituras, por lo cual declaró como legitima propietaria a la sucesión intestamentaria a bienes de José Amado Estrada, por lo que condenó María Magdalena Rodríguez Guerrero y Margarita Sánchez Rodríguez, respecto del inmueble ubicado en la calle Ocampo o Melchor Ocampo antes sin número, actualmente cuarenta y dos o cuarenta y siete, situado entre los números veinticinco y veintisiete, de la zona centro de Tancìtaro, Michoacán de Ocampo. Ahora, el acto reclamado consistente en la ilegal e inminente privación de los derechos respecto del inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo número cuarenta y siete interior ciento uno, de la colonia Centro, de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, emitida dentro del juicio ordinario civil 1385/2012, tramitado por Mario Montero Arias, frente a Margarita Sánchez Rodríguez y otra, sobre reivindicación de inmueble, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 107, fracción I, constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Por su parte, los numerales 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen, en su orden: "Artículo 61. El amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De esos numerales se advierte que para que el juicio constitucional sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o interés legítimo, que subyace en una afectación en su esfera jurídica. Así, tratándose del interés jurídico, que aquí interesa, dado que los actos reclamados provienen de una autoridad judicial, pero no de un evento particular del quejoso, su derecho subjetivo protegido se encuentra dentro de su esfera jurídica, por encontrarse en una situación de derecho concreta. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en este caso, para la procedencia del juicio constitucional se requiere que el quejoso, cuando promueva aquél, cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo de que goza el particular, cuando aquellas prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son trasgredidas por un acto de autoridad o una ley, facultándolo o legitimándolo a promover dicho asunto a fin de que cese la violación cometida en su perjuicio. De ello, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en materia de amparo debe ser inmediato, directo, presente o inminente, pero en modo alguno mediato, indirecto, futuro o de realización incierta, debido a que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, en tanto que no tiene una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta para acudir al juicio constitucional a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en su esfera jurídica. Para que el quejoso cuente con interés jurídico para efectos del juicio constitucional, se requiere que el acto reclamado le cause un perjuicio, ocurriendo ello cuando dicho acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. La falta de cualquiera de los dos elementos mencionados trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, en virtud de que no se contaría con interés jurídico para promover dicho asunto. Cobra aplicación, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 168/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, Novena Época, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Nuestro más alto tribunal de justicia del país estableció que el interés jurídico debe estar fehacientemente comprobado y no inferirse con presunciones; luego, dicho presupuesto procesal sólo puede surtirse cuando se acredite de manera fidedigna que el acto reclamado afecta la esfera jurídica del gobernado quejoso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 51/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En el caso, el quejoso se duele de la orden e inminente privación de los derechos respecto del inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo número cuarenta y siete interior ciento uno, de la colonia Centro, de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, emitida dentro del juicio ordinario civil 1385/2012, tramitado por Mario Montero Arias, frente a Margarita Sánchez Rodríguez y otra, sobre reivindicación de inmueble. Refiere que tiene el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, en virtud que no figura como parte en el juicio ordinario civil de origen, pero aduce haber sufrido perjuicio en su derecho de propiedad y posesión sobre el bien inmueble materia de controversia, con motivo de la resolución dictada en el juicio de origen. Y, pretende probar su interés jurídico para promover el juicio de amparo contra actos privativos de la propiedad y posesión del mencionado bien inmueble, con una carta de origen y vecindad, expedida a su favor por el Secretario del Gobierno Municipal de Tancìtaro, Michoacán de Ocampo, el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se asentó que Moisés Alejandro Vences Rodríguez, nació en la Huacana, Michoacán el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis (lo que se advertía del acta de nacimiento) y haber expresado ante dicha autoridad, bajo protesta de decir verdad tener su domicilio actual en Melchor Ocampo número cuarenta y siete, C.P. 60460, de Tancitaro, Michoacán. Así como, con un ticket expedido por la Comisión Federal de Electricidad, del que se desprenden diversos pagos de energía eléctrica a nombre de Moisés Alejandro Vences Rodríguez Documentos que en términos del numeral 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2ª, únicamente hacen fe de lo ahí expresado (contrato de servicios) al no haber sido objetos por la parte tercero interesada. Además, dicho ticket, se trata de documental privada que no tiene el alcance probatorio para acreditar que el quejoso tiene la posesión o propiedad del inmueble aludido, pues el mismo fue expedido por un particular, con el cual únicamente, en su caso, podría constatar que hubo un contrato de prestación del servicio de suministro de energía celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad y Moisés Alejandro Vences Rodríguez, respecto del inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo número cuarenta y siete, colonia centro, de Tancitaro, Michoacán de Ocampo. Por tanto, tal documental es insuficiente para acreditar fehacientemente la posesión de la porción que alude. Lo mismo ocurre, respecto de la constancia de vecindad, pues con independencia de que fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en la misma se asentó únicamente los datos que le fueron proporcionados por el propio quejoso. De ahí que se concluya que tales probanzas son insuficientes para acreditar el interés jurídico que dice tener el ahora quejoso, al no resultar idóneas para acreditar el derecho de propiedad y/o posesión que actualmente dice ostentar, pues el peticionario de amparo en ningún momento acreditó con la prueba idónea la posesión del inmueble que por esta vía defiende. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, Novena Época, registro digital: 187733, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En consecuencia, en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es sobreseer en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos al Comandante de la Policía Municipal de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, en virtud de que no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia, al tenor de lo que postula la jurisprudencia 298, consultable en las páginas 518 y 519 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988, que a letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS.- Decretado el sobreseimiento, por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables, debe también decretarse respecto de las autoridades, que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseer con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalita de los procedimientos de ejecución". En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 141/2022, promovido por Moisés Alejandro Vences Rodríguez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese.

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