Moisés Rodríguez Silva
Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Moisés Rodríguez Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
En veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria certifica: que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia el presente juicio transcurrió del uno al catorce de diciembre del dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificado el veintinueve de noviembre pasado; con la anterior certificación y con el estado procesal se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva que decretó por una parte el sobreseimiento y por otra negó la protección de la justicia federal en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4764/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza
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En catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito recibido físicamente en la Oficialía de Partes Común, registrado bajo el folio 16278. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de diciembre de dos mil veintiuno.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************Se recibe escrito. Intégrese a los autos el escrito suscrito por Margarito Rosales Garibay, autorizado de la parte quejosa; en su atención, remítase las copias simples que solicita por conducto del actuario judicial adscrito, a través del correo electrónico rmargarito@hotmail.com, lo anterior, como medida de protección, dada la contingencia en que se encuentra el país.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
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PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan: ? La orden de búsqueda, localización y presentación girada contra el peticionario de amparo. ? La orden de aprehensión de veintidós de noviembre de dos mil veinte, emitida dentro de la causa penal número 432/2020, contra el ahora quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, que se sanciona por los artículos 117 , 122 , 135, fracción I, inciso b) , en relación con los diversos 19, fracción I , 20, fracción I , 24 fracción II , del Código Penal del Estado. Del Agente único del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan, con residencia en Paracho, Michoacán de Ocampo (en su denominación correcta). ? La ejecución de la orden de búsqueda, localización y presentación girada contra el peticionario de amparo. ? La ejecución de dicha orden de aprehensión, Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control y Enjuiciamiento, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan y el Agente Único del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan, con residencia en Paracho, ambos de Michoacán de Ocampo (en su denominación correcta), negaron la existencia del acto reclamado consistente en: la primera de las autoridades: La orden de búsqueda, localización y presentación girada contra el peticionario de amparo; y la segunda: La ejecución de la orden de aprehensión, búsqueda, localización y presentación, sin que el quejoso, hubiera aportado medio de convicción alguno para desvirtuar dicha negativa. Por ende, ante la inexistencia del acto reclamado a las citadas autoridades, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo . CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, pues así lo expresó al momento de rendir su informe de ley. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad, consistentes en el registro de audio y video en disco óptico remitido que contiene la orden de aprehensión dentro de la causa penal 432/2020; medio de convicción que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" . QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que no se actualiza causa de improcedencia alguna; tampoco, las partes alegaron alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOACION. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. En sus conceptos de violación el quejoso argumenta, que los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal garantizan a los gobernados, que todas las autoridades en el ámbito de su competencia respeten los derechos humanos, como el debido proceso, que todo actuar de las autoridades debe estar debidamente fundado y motivado; a que se presuma su inocencia, a no declarar, a la comunicación, la no intimidación o tortura, a la información sobre los hechos que se les incriminen, derecho a una defensa adecuada. Agrega, que el numeral 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, garantiza un catálogo mínimo de derechos, que tiene la persona en calidad de investigado o imputado, que desde la comisión del delito tiene derecho a recibir información sobre los avances de la investigación, nombrar defensor y a que este comparezca a todas las diligencias, derechos que no están siendo respetados, al no indicar la causa ni motivo de su localización debidamente fundada y motivada en la que se respete el derecho al debido proceso. Expresa, que el numeral 141 de la norma citada, prevé como las formas de conducción al proceso, que considera no se están cumpliendo, lo que resulta contrario a sus derechos humanos de conformidad con el arábigo 1° de la Constitución Federal, que dispone que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento la protección más amplia de las personas frente a los actos de autoridad que puedan violentar derechos humanos. Cita al respecto la tesis del rubro: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA TUTELA A ESTE DERECHO HUMANO MEDIANTE El JUICIO DE AMPARO, IMPLICA ANALIZAR SU CONTENIDO FORMAL Y MATERIAL, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD INMERSOS EN EL ARTÍCULO 10. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". . Son infundados los conceptos de violación vertidos, sin que se advierta deficiencia que suplir. Lo anterior es así, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141 , establece las formas de conducción del imputado, a efecto de lograr que se encuentre presente en todas las etapas del proceso, lo cual se logra a través de: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). III. Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). Como requisito para esas formas de conducción al proceso, el numeral en análisis, en su segundo párrafo, indica que en la clasificación jurídica que realice el agente del Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que, con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Así, el supuesto jurídico previsto en la fracción I, del referido código nacional, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos de prueba que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo que en caso que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al juez de Control que lo cite a audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la hipótesis prevista en la fracción II, del citado código procesal, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de Control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Mientras que, la orden de aprehensión referida en la fracción III del artículo y código en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido ante la presencia del juez de Control, sin previa cita, a fin de formular la imputación. En este caso, deben colmarse los requerimientos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estable: "Artículo 16. [.]No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De dichos numerales, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, para el libramiento de una orden de aprehensión son: a) Que sea emitida por autoridad judicial; b) Que la solicite el Ministerio Público; c) Que exista denuncia o querella; d) Que el delito tenga pena privativa de libertad; e) Que existan datos que establezcan se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, f) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; Además, como requisito de todo acto de molestia, principalmente los de esa naturaleza, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Adicional a dichos requisitos, debe colmarse la necesidad de cautela que exige la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En cuanto a dicho tópico -necesidad de cautela-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), de epígrafe "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.", sostuvo que la orden de aprehensión es una forma de conducción excepcional al proceso penal, que tiene como objetivo garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal ante el juez de Control, por tanto, presupone la carga al agente del Ministerio Público, al obligarlo a justificar frente al juez, la necesidad de cautela de la persona indiciada, lo cual se logra porque: a) Existe riesgo de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia; b) Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Entonces, la orden de aprehensión debe entenderse como una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que, su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado, ya que no implica necesariamente que el indiciado guardará prisión preventiva, pues ello sería materia de objeto de medidas cautelares. Precisado lo anterior, se procede al estudio de la orden de aprehensión reclamada, de la que se desprende que sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 Constitucional y 141 de la Legislación Adjetiva Nacional. En el caso, la fiscalía como medio de conducción del imputado al procedimiento, optó por solicitar al juez de Control que girara orden de aprehensión al aquí quejoso, en términos de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación al primer requisito, consistente en que la orden de captura sea pronunciada por autoridad judicial competente, se encuentra satisfecho. Es así, ya que la orden de aprehensión reclamada, fue dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, con residencia en esta ciudad; autoridad facultada para dictar la orden de aprehensión de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales y numeral 47, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Por lo que hace al segundo requisito, consistente en que la orden de aprehensión sea solicitada por el Ministerio Público, de igual forma se actualiza, ya que del contenido de la audiencia celebrada el veintidós de noviembre de dos mil veinte, se evidencia la solicitud de la Fiscal litigante, a fin de que se dictara en contra del quejoso orden de aprehensión. Por lo que hace al tercer requisito relativo a que exista denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, de igual forma se encuentra acreditado; es así, ya que obra la denuncia de la víctima Prisciliano Fernando Rubio de treinta y uno de octubre de dos mil veinte. El requisito cuarto, consistente en que se requiere que el hecho que la ley señala como delito, sea sancionado con pena privativa de libertad. Al respecto, el hecho que la ley cataloga como delito por el cual se giró la orden de aprehensión contra el quejoso es el de homicidio calificado, en grado de tentativa, que se sanciona por los artículos 117 , 122 , 135, fracción I, inciso b) , en relación con los diversos 19, fracción I , 20, fracción I , 24 fracción II , del Código Penal del Estado. De lo anterior se desprende que, efectivamente los hechos denunciados están previstos como delito y además contienen una pena privativa de libertad, por lo que el requisito en alusión, se encuentra satisfecho. Para el análisis de los requisitos quinto y sexto, éstos deben estudiarse en forma conjunta, de conformidad con los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues ya no resulta necesario realizar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. En atención a los lineamientos expuestos por la jurisprudencia recién citada, lo que es relevante para el dictado de la orden de aprehensión es que el juez de origen debe establecer que se ha llevado a cabo un hecho y que ese hecho encuadre en una conducta que la ley señala como delito; además de establecer la intervención del indiciado en el hecho que se le atribuye, lo anterior con la información proporcionada por el Fiscal, para concluir si con los datos mencionados se encuentra una proporcionalidad entre lo adecuado y lo necesario. Ahora, el supuesto delictivo que el juez de Control responsable determinó acreditado de los hechos que la ley señala como delito que le atribuyó al imputado el órgano técnico de acusación, es el de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado en los numerales 117, 122, 135, fracción I, inciso b), en relación con los diversos 22 , 20, fracción I, y 24 fracción II , del Código Penal del Estado, en perjuicio de Prisciliano Fernando Rubio. En efecto, se advierte que el juez responsable estimó colmados los requisitos que para el dictado de una orden de aprehensión se exigen, procediendo a enunciar los datos de prueba que obran en la indagatoria a través de los cuales tuvo por acreditado los hechos del ilícito en cuestión, a los que confirió el valor probatorio que a su juicio merecían, para posteriormente señalar que existen elementos suficientes para acreditar la posibilidad de que el imputado participó en su comisión. Datos de prueba, de los cuales destacó: 1. Noticia criminal de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, realizada por el Policía Eduardo Anguiano. 2. Denuncia de la víctima Prisciliano Fernando Rubio, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte. 3. Entrevista a Silvia Lázaro Marcado (esposa de la víctima), de cinco de noviembre de dos mil veinte, realizada por elemento policiaco. 4. Entrevista a Narciso Fernando Rubio (hermano de la víctima), de cinco de noviembre de dos mil veinte, realizada por elemento policiaco. 5. Certificado médico de lesiones de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, realizado a la víctima Prisciliano Fernando Rubio, por parte de la doctora Martha de la Salud Trinidad Calderón. 6. Diverso certificado médico de lesiones de veinte de noviembre de dos mil veinte, realizado a la víctima Prisciliano Fernando Rubio, por parte de la doctora Martha de la Salud Trinidad Calderón. 7. Dictamen pericial sobre de inspección al lugar de los hechos de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por parte de la perito criminalista. 8. Dictamen en materia de química forense, de tres de noviembre de dos mil veinte, por el perito químico. 9. Acta de individualización del investigado Moisés Rodríguez Silva, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte. 10. Informe de investigación de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por policía de investigación. A los que les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 261 y 265 de la Codificación Nacional Procesal, al valorarlos en forma libre; además, determinó que al ser concatenados entre sí, se puede advertir que provienen de personas que directamente observaron los hechos, que dieron cuenta de ello, sin que advirtiera algún dato que evidenciara que quisieran perjudicar la situación jurídica de alguna persona, ya que dieron cuenta con la finalidad de esclarecer los hechos. En tanto, que los peritos y médicos que intervinieron, así como los policías, dieron cuenta de las circunstancias que se percataron periféricamente con motivo del hecho delictivo, además de que únicamente lo hicieron con el simple hecho de dar cuenta de las funciones que ellos desempeñan directamente en la investigación de los delitos. En este orden, el juez responsable destacó que con dichos datos de prueba aportados por la fiscalía, los cuales fueron analizados de manera armónica y conjunta, lo condujeron a tener la certeza de los hechos; de manera preponderante, con una noticia criminal, en donde le informan a la Fiscalía, por parte del hospital "El Ángel", que había ingresado una persona a recibir atención médica, el treinta y uno de octubre de dos mil veinte, a la una de la mañana, informándole que esa persona presentaba diversas heridas en el cráneo y que a decir de la víctima, ello fue debido a las lesiones que le fueron ocasionas por una persona de nombre Moisés Rodríguez Silva. La denuncia de la directamente víctima Prisciliano Fernando Rubio, en la que relata las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y reconoce a la persona que lo lesionó como su excuñado Moisés Rodríguez Silva. Además de ello se cuenta con la entrevista de la esposa de la víctima Silvia Lázaro Mercado, quien corrobora de manera periférica, lo que señaló su esposo, al expresar que su esposo tenía tres días tomando bebidas embriagantes, que no supo en qué momento se había salido éste a la calle, pero que cuando escuchó gritos en la parte de afuera diciendo "ya lo mató", es cuando ella sale con rumbo a la tienda que se encuentra ahí y que alcanza a ver cuándo Moisés Rodríguez Silva todavía se encontraba lesionando a su esposo y observó que una persona que se encontraba ahí, abrazó a Moisés para evitar que siguiera lesionando a Prisciliano. Además, resaltó la entrevista del hermano de la víctima de nombre Narciso Fernando Rubio, de cinco de noviembre de dos mil veinte, en la que de manera esencial, expresó haber tenido conocimiento de los hechos, por medio de su sobrino de nombre Jesús Fernando Chávez, quien le llamó para informarle que habían lesionado a su hermano y que había sido Moisés Rodríguez Silva. Así como, el certificado médico de lesiones de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, practicado en la persona de la víctima Prisciliano Fernando Rubio, por parte de la Doctora Norma Alicia García Infante, en la que destacó como lesiones: hematoma ruptura crónico frontal izquierdo con transformación hemorrágica, pequeño trazo de fractura del hueso pariental derecho, leve desviación del septo nasal a la izquierda, engrosamiento de la mucosa en ambos senos maxilares, que presentaba edema en forma blanda, con escoriaciones en la región frontal bilateral y parateral derecha, que observó nueva heridas suturadas de cortes irregulares con presencia de costa hemática seca de diferentes medidas, localizadas en la región frontal, región parental derecha, región temporal derecha y región occipital, todas estas en zona provista de cabello y una equimosis de forma irregular de coloración violácea localizada en el parpado superior izquierdo. Clasificando esas lesiones como de aquellas que sí ponen en peligro la vida, si lo incapacitan parcial y temporalmente para el desempeño de sus actividades habituales por más de quince días y que las secuelas médico-legales se determinaran en el momento oportuno; un dictamen pericial con inspección al lugar del hecho, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas sin número, colonia Centro de Nurio, Michoacán de Ocampo, de treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por parte de la perito criminalista Grisel Victoria Bautista Saucedo, concluyendo que se trata de un lugar abierto, zona poblada, recolectando indicios por el perito químico forense consistentes en muestras de maculaciones marcadas como indicios a y b; y, un dictamen de química forense de dos de noviembre de dos mil veinte, por parte del perito químico fármaco biólogo Guadalupe Jazmín Ortiz Muñoz, la cual determinó que las muestras obtenidas del lugar de hecho, materia de la presenta audiencia corresponden a sangre y en su caso determina que son de sangre humana. Con dichos datos de prueba, el juez de Control responsable, afirmó en la audiencia oral de veintidós de noviembre de dos mil veinte, que el hecho delictivo en el que probablemente participó el quejoso es el siguiente: "Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciocho horas, cuando la víctima Prisciliano Fernando Rubio, se encontraba sobre la calle Lázaro Cárdenas del centro de la población de Nurio, perteneciente a Paracho, Michoacán, en un momento determinado se le acerco su excuñado de nombre Moisés Rodríguez Silva, quien empezó a reclamarle que por su culpa lo había abandonado su hermana; es decir, hermana de la víctima, proporcionándole varios golpes con un objeto punzocortante como lo es un machete, todos ellos en la cabeza o en la región temporal, atendiendo a ello, una de las personas que se encontraba cerca del lugar abrazó al señor Moisés Rodríguez Silva, para que dejara de lesionar en este caso en la cabeza a la víctima. Tomando como punto de referencia los aludidos datos de prueba, el juez de Control responsable determinó que con dichas circunstancias de tiempo, modo y lugar antes precisadas, se colige que el agente activo revelo la intención de privarlo de la vida al pasivo de acuerdo con lo expuesto por la víctima, dado que se puso en evidencia que se ejecutaron todos los actos tendentes a privar de la vida, cuando Prisciliano Fernando Rubio, ya que con un machete le propino varios golpes en la cabeza, pero el activo dejó de hacerlo, debido a la intervención de una persona que se encontraba en el lugar de los hechos, mismo que lo abrazó para que ya no continuara golpeando a la víctima, por lo que sí no se obtuvo el resultado fue precisamente por la intervención de una tercera persona, que impidió que siguiera lesionándolo para privarlo de la vida. En cuanto a la probabilidad de la participación del imputado aquí quejoso en los hechos anteriormente descritos, se corroboró a partir de la denuncia de la víctima Prisciliano Fernando Rubio, en la que cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y reconoce a la persona que lo lesionó como su excuñado Moisés Rodríguez. La entrevista de la esposa de la víctima Silvia Lázaro Mercado, quien corrobora de manera periférica, lo que señaló su esposo, al expresar que vio cuándo Moisés Rodríguez Silva se encontraba lesionando a su esposo y observó que una persona que se encontraba ahí, abrazo a Moisés para evitar que siguiera lesionando a Prisciliano. Y, la entrevista de Narciso Fernando Rubio, hermano de la víctima, en la que de manera esencial, expresó haber tenido conocimiento de los hechos, por medio de su sobrino de nombre Jesús Fernando Chávez, quien le llamó para informarle que habían lesionado a su hermano y que había sido Moisés Rodríguez Silva. Asimismo, en el juez de Control responsable estableció en el acto reclamado que tales hechos, se llevaron a cabo bajo la calificativa de ventaja, establecida en la fracción I, inciso b), del artículo 135 del Código Penal del Estado, porque se justificó que existía una superioridad con el objeto empleado, además de que la víctima tenía tres días ingiriendo bebidas embriagantes, mismo que no estaba provisto de un arma o un objeto para su defensa. En esa tesitura, se arriba a la conclusión de que la orden de aprehensión fue dictada con apego a los requisitos que para tal efecto exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, conforme a aquellas exigencias constitucionales que la autoridad judicial debe observar al emitir sus resoluciones, las cuales, como se vio, se encuentran previstas en el artículo 16 de dicha Ley Suprema, ello en razón de que la autoridad estableció los preceptos legales que prevén los hechos que se le imputan al quejoso, para lo cual señaló los datos que de cada prueba se desprenden, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución, lo que también hizo en relación a la probable participación del quejoso en los mismos, de ahí que se estime que la actuación de la autoridad no contraviene los derechos humanos del inculpado, aquí quejoso. Además, el juez de control determinó otorgar la cautela consistente en la orden de captura del quejoso, porque para ello tomó en cuenta la gravedad del delito cometido, que el hecho de homicidio calificado en grado de tentativa, por el cual se dictó la orden de aprehensión, es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en términos de los artículos 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, determinó que existía la probabilidad de que se pusiera en riesgo a la víctima y a los testigos, y que dada la naturaleza de los hechos, existe la posibilidad de que el imputado (quejoso), no comparezca en caso de ser citado a audiencia, al ser más razonable que trate de evadir la acción de la justicia. No se soslaya que el quejoso en sus motivos de disenso, haya expresado las autoridades responsables tienen la obligación de respetar los derechos humanos, el debido proceso, sus determinaciones deben de estar debidamente fundadas y motivadas; a que se presuma su inocencia, a no declarar, a la comunicación, la no intimidación o tortura, a la información sobre los hechos que se les incriminen, derecho a una defensa adecuada; sin embargo, en forma alguna se aprecia que se le hayan violado los derechos y principios que refiere, pues en el caso, existen datos de prueba suficientes, los cuales, se reitera, son aptos, idóneos y suficientes para acreditar hasta ese momento la existencia de un hecho delictuoso, así como la probabilidad que el imputado lo cometió, como bien lo puntualizó el juez responsable, ya que para el dictado de la orden de aprehensión, no se requieren pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del imputado. Siendo infundado que de alguna manera se transgredió en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues el juzgador, al analizar los datos de prueba ofrecidos por la Ministerio Público, partió de la base que el quejoso es inocente y que corresponde a la representación social la carga de ofrecer datos de prueba idóneos y pertinentes para "establecer" un hecho de que la ley señala como delito y que existe probabilidad de la participación del imputado en su comisión. Asimismo, en forma alguna existe vulneración a los derechos contenidos en los numerales 117 y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la determinación reclamada, se encuentra debidamente fundada y motivada. Es así, ya que el Juez de Control, relacionó, analizó y valoró los datos de prueba aportados en la solicitud de mandato por el Ministerio Público, destacó la razón del por qué les otorgó eficacia probatoria, para lo cual precisó los datos y circunstancias que de ellas derivan, citando el fundamento legal para ello; asimismo, expresó las circunstancias especiales, razones particulares, así como causas inmediatas que tuvo en consideración para su emisión, cumpliendo con ello, la obligación de motivar la orden de aprehensión reclamada. En ese sentido, al ser infundados los conceptos de violación planteados, ni advertirse en suplencia de la queja deficiente alguna violación a los derechos del aquí quejoso, se debe negar el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitados. Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Órgano Jurisdiccional, en el que refiere que deberá negarse el amparo solicitado, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas; sin embargo, éste quedó atendido, en virtud de que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, respecto de las autoridades y por los actos consistentes en: La orden de búsqueda, localización y presentación girada contra el peticionario de amparo; así como los de ejecución de la orden de aprehensión, búsqueda, localización y presentación girada contra el peticionario de amparo, de conformidad con el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Moisés Rodríguez Silva, contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, por las razones precisadas en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan del Progreso, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe."
- Principal
En veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria certifica: que el término de tres días de que disponía el tercero interesado Fernando Rubio Prisciliano, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, le transcurrió del veinticinco al veintiséis de octubre del presente año, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue emplazado a juicio el veintiuno de octubre del año en corriente, como se advierte de la constancia de emplazamiento que obra en el rubro de notificaciones del expediente electrónico, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Con lo anterior doy cuenta al Juez, dentro del presente juicio de amparo. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Del estado que guardan los autos se aprecia que transcurrió el término de tres días de que disponía la tercera interesada Fernando Rubio Prisciliano, nombre correcto del tercero interesado para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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