Moises Aharon Pérez Rivera y Otros.
Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Moises Aharon Pérez Rivera y Otros.
- Moises Aharon Pérez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Por último, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 846/2022-I-1, promovido por *********************, por conducto de su apoderada legal y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El once de septiembre de dos mil veintidós, se recibió en la guardia de este juzgado de forma electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la demanda promovida por *********************, por conducto de su representante legal, la cual se recibió en este juzgado, por razón de turno, el doce de septiembre de dos mil veintidós. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y los actos reclamados siguientes: [.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) Ordenadora y ejecutora 1) ENCARGADO/TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 2) JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 3) ENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 4) SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos y abstenciones que a continuación narraré constituyen los antecedentes de los actos que se reclaman de las Autoridades señaladas como responsables que deberán ser estudiados de manera integral al estar íntimamente ligados entre sí: A) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RECLAMO: 1. La ilegal detención de las quejosas en el estado de Chihuahua La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. La omisión de detección de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. 2. La ilegal e infundada detención y retención y privación de la libertad en el Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua. La insuficiente fundamentación de competencia y facultades para determinar y ejecutar la medida de retención en contra de los quejosos. La omisión, inaplicación e inobservancia de los artículos 1, 11, 14, 16 de la Constitución Federal y demás aplicables. 3. La Recepción de los quejosos y autorización de acuerdo de presentación, misma que tuvo como consecuencia su privación de libertad en la Estación Migratoria ubicada en AV. RIVAS GUILLEN S/N ESQ. BLVD. FRONTERIZO F INT 950, CENTRO 32000 CD JUÁREZ o en alguna diversa en el Estado de Chihuahua. La emisión de una alerta migratoria `respectiva'; en ausencia de garantías de debido proceso, incluyendo la ausencia de notificación, de derecho de audiencia y debido proceso. 4. La insuficiente fundamentación de competencia y facultades para determinar y ejecutar la medida de detención y retención en contra de los quejosos. La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. [.] Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, párrafo primero, 11, 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de once de septiembre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se radicó y se registró con el número 846/2022-I-1, proveyéndose respecto a la suspensión de plano solicitada por los promoventes y requiriendo la ratificación de la demanda presentada a su favor. Cuarto. Ratificación de la demanda. El once de septiembre de la presente anualidad, se recibieron las constancias actuariales, de las cuales se desprende que los directamente agraviados *********************, ratificaron la demanda promovida a su favor por ******* y *******. Quinto. Admisión de la demanda. Por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo promovida por ******* y *******, a nombre de *********************, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Sexto. Regularización del procedimiento y ratificación de desistimiento. En proveído de once de octubre del año en curso, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo según su numeral 2, se ordenó regularizar el procedimiento; en virtud de que mediante constancia de notificación de veintinueve de septiembre del año en curso, el directamente agraviado *******, ratificó su escrito recibido en este juzgado, en el cual manifestó su deseo de desistirse de la demanda de amparo promovida en su favor; por lo que, se ordenó tomar en consideración el desistimiento expreso del accionante *******, para resolver en el juicio, por ser de orden público y estudio oficioso según lo establecido en el diverso numeral 62 del citado ordenamiento. En la misma data los quejosos *********************, ratificaron ante el actuario judicial adscrito, el desistimiento de la demanda de amparo que originó este asunto. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman actos de autoridades que residen en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: [.] A) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RECLAMO: 1. La ilegal detención de las quejosas en el estado de Chihuahua La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. La omisión de detección de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. 2. La ilegal e infundada detención y retención y privación de la libertad en el Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua. La insuficiente fundamentación de competencia y facultades para determinar y ejecutar la medida de retención en contra de los quejosos. La omisión, inaplicación e inobservancia de los artículos 1, 11, 14, 16 de la Constitución Federal y demás aplicables. 3. La Recepción de los quejosos y autorización de acuerdo de presentación, misma que tuvo como consecuencia su privación de libertad en la Estación Migratoria ubicada en AV. RIVAS GUILLEN S/N ESQ. BLVD. FRONTERIZO F INT 950, CENTRO 32000 CD JUÁREZ o en alguna diversa en el Estado de Chihuahua. La emisión de una alerta migratoria `respectiva'; en ausencia de garantías de debido proceso, incluyendo la ausencia de notificación, de derecho de audiencia y debido proceso. 4. La insuficiente fundamentación de competencia y facultades para determinar y ejecutar la medida de detención y retención en contra de los quejosos. La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. [.] Bajo este contexto, resulta procedente tener como omisiones reclamadas, las señaladas en los párrafos precedentes, que serán estudiadas enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Son inexistentes los actos reclamados, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir su informe justificado el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja ), Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua (foja ) y Subdirectora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua (foja ), ambas con sede en esta ciudad y en sus denominaciones correctas, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, consistentes esencialmente en la detención por motivos migratorios, deportación, retención, y prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si la autoridad negó los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este sumario la parte quejosa no exhibió prueba alguna que demuestre que las autoridades responsables realizaran los actos que se les atribuyeron. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Encargado de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, fue omiso en rendir informe con justificación, a pesar de que, se le notificó el oficio 20602/2022, de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el cual, se le solicitó; tal como como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada en autos. En consecuencia, se tienen como presuntivamente ciertas las omisiones que se imputan al fiscal señalado como responsable, en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese sentido, dado que omitió rendir informe con justificación se presume la certeza de las omisiones reclamadas del Encargado de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. Orienta a lo precedente, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página cuarenta y uno, volumen sesenta y dos, sexta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto. Quinto. Estudio de la causal de sobreseimiento. Es pertinente señalar que el sobreseimiento del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, el sobreseimiento va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de sobreseimiento que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, el artículo 63, de la Ley de Amparo, dice lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. [.] Ello se considera así, porque si entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, se encuentra también en condiciones de desistir del mismo. Orienta lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal del Séptimo Circuito, visible en la página 679, Tomo I, Segunda Parte 2, enero a junio de 1998, Octava Época, con registro 231757, que enseguida se cita: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO, POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. Si de autos aparece la certificación de la Secretaría de Acuerdos del Tribunal que el quejoso se desistió de la demanda de amparo y éste no la ratifica en el término que señaló para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por desistido en el juicio de garantías, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis contenida en la fracción primera del artículo 74 de la Ley de Amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, visible en la página 147, con registro 192108, del rubro y texto siguientes: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, consultable en la página 240, de registro 216623, del tenor siguiente: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. Además, en la tesis VI.2°19K, visible en la página 488, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 203315, cuyo rubro y texto citan: SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado. Consecuentemente, es inconcuso que si los quejosos *********************, presentaron un escrito de desistimiento y ratificaron ante el actuario judicial adscrito el desistimiento de la demanda de amparo que originó este asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por la evidente falta de interés en la prosecución del amparo. Bajo esas premisas, es inconcuso que, que si los quejosos *********************, presentaron un escrito de desistimiento y ratificaron ante el actuario judicial adscrito su deseo de desistirse de la demanda de amparo que originó este asunto, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado una causa de sobreseimiento. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción I, del ordenamiento legal invocado, por la evidente falta de interés en la prosecución del amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, los ordinales 61, fracción XXII, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77, 107, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 846/2022-I-1 promovido por *********************, en relación con los actos reclamados a las autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto, dadas las consideraciones expuestas en el tercer y último considerando de esta sentencia. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos se desprende que en proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda únicamente respecto del quejoso *******, en virtud de que mediante constancia de notificación de veintinueve de septiembre del año en curso, el directamente agraviado *******, ratificó su escrito recibido en este juzgado, en el cual manifestó su deseo de desistirse de la demanda de amparo promovida en su favor; sin embargo, el desistimiento expreso de la demanda, actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Regulariza procedimiento En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo según su numeral 2, se ordena regularizar el procedimiento; por lo que, se ordena tomar en consideración el desistimiento expreso del accionante *******, para resolver en el juicio, por ser de orden público y estudio oficioso según lo establecido en el diverso numeral 62 del citado ordenamiento. Desistimiento de la demanda Vistas las constancias actuariales de veintinueve de septiembre y seis de octubre de dos mil veintidós, realizadas a los quejosos *******, *******, *******, *******, y *******, se advierte que ratificaron ante el actuario judicial adscrito su deseo de desistirse de la demanda de amparo que originó este asunto, mismas que se tomarán en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con base en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Informes justificados Por otra parte, glósese a los autos los informes justificados, rendidos por parte de las autoridades responsables, Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (en su denominación correcta de Encargado o Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración), Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua (en su denominación correcta de Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración) y Subdirectora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua (en su denominación correcta de Subdirectora de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración), todas con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Domicilio Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Igualmente, se les tiene proporcionando como medio de contacto los correos electrónicos ******* y *******. Solicitud acceso expediente electrónico Asimismo, las referidas autoridades solicitan de manera expresa autorización para consultar el expediente electrónico proporcionando el usuario *******. En atención a la solicitud expresa consultar el expediente electrónico y toda vez que se cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se acuerda de conformidad su petición y se autoriza únicamente el acceso para la consulta del expediente a través del juicio en línea, bajo lo siguiente: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al apoderado legal de la moral quejosa para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas con su firma electrónica. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, cabe enfatizar que no se autoriza a la citada autoridad recibir notificaciones vía electrónicas, toda vez que no lo solicitó así de manera expresa, de ahí que la consulta por esa vía de un acuerdo y de las promociones relacionadas con éste, podrá realizarse hasta que el proveído respectivo se le haya notificado por el medio que corresponda a los previstos en las fracción II del artículo 26 de la Ley de Amparo; sin menoscabo de adoptar las medidas necesarias para que si la autoridad solicita notificarse por esa misma vía, deberá formular tal solicitud de forma expresa autorizar recibir notificaciones vía electrónica, lo anterior a fin de acordar lo conducente. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de octubre de dos mil veintidós. Designa asesor jurídico Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, atento a su contenido el Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en la ciudad del mismo nombre, informa que se designó a la licenciada *******, Asesora Jurídica Federal, como representante de los quejosos *********************, en el juicio en que se actúa. Aceptación y protestad de encargo En otro orden de ideas, visto el escrito de cuenta se ordena glosar a los autos, signado por la Asesora Jurídico Federal Especializada en Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional del Instituto Federal de Defensoría Pública, licenciada *******, a través del cual protesta y acepta el cargo conferido de representante de los quejosos *********************. Autorizados y domicilio Por así haberlo solicitado el representante especial de referencia, así como por encontrarse inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados *******, *******, *******, *******. Asimismo, en términos del artículo 24 de la ley de la materia, a *******, *******, *******, y *******. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, en esta ciudad. También, se le tiene señalando el correo electrónico *******, para comunicaciones no procesales. Autorización de notificación y consulta electrónicas En atención a que la promovente, aparece registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario *******, dada su solicitud expresa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese; y personalmente al asesor jurídico de los quejosos, licenciada *******. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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