Miriam Huitron Díaz
Expediente 402/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 05/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miriam Huitron Díaz
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miriam Huitron Díaz, contra actos del Juez Mixto Menor del Distrito Judicial de Apatzingán Michoacán y otra autoridad. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 402/2021. 1.3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que se impone de conformidad con lo previsto por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario. De una interpretación integral de las disposiciones invocadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, en relación con los actos de imposible reparación, en la tesis de jurisprudencia P./J.37/2014 (10a) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107 fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Con base en la nueva disposición, el Alto Tribunal sustentó el criterio de que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió, que la anterior interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicha jurisprudencia, se publica en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. En el caso concreto, la determinación que se reclama en el presente juicio de amparo, no es de imposible reparación, lo anterior, por las siguientes consideraciones: La quejosa reclama, lo siguiente: La sentencia interlocutoria de diecisiete de junio de este año, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones, dentro del juicio ejecutivo mercantil 662/2020, dictado por el Juez responsable. Acto del que se evidencia la falta de presupuestos necesarios para actualizar la hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo, al no ocurrir el perjuicio de 'imposible reparación'. Es así, porque si bien se advierte la existencia de la resolución dictada en el recurso de revocación, no se advierte que dicha determinación produzca en la parte quejosa consecuencias que afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, como pudiera ser la vida, propiedades y posesiones entre otros, ni tampoco se produce afectación material de los mismos. En efecto, dichos efectos jurídicos son meramente intraprocesales, pues su consecuencia es, que el Juez responsable, continúe con el trámite ordinario del juicio ejecutivo mercantil de origen, esto es, para que la hoy quejosa desahogue las pruebas que haya ofrecido en el escrito de contestación de demanda a fin de acreditar las excepciones opuestas, por lo que se insiste, la resolución reclamada no impide el ejercicio de un derecho, ni limita su derecho de defensa, ya que al agotarse las etapas procesales correspondientes, puede obtener una resolución favorable a sus intereses, caso en el cual desaparecería el supuesto agravio, pero en caso contrario tiene expedito su derecho para impugnarla como concepto de violación, si es que se dicta sentencia condenatoria, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. En mérito de lo anterior, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, con fundamento en los artículos 113 y 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. 1.4. Domicilio procesal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; asimismo, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a Julio Cesar Mendoza González, Alberto Flores Fuerte, Haydee Domínguez Calderón y Manuel Pineda Pineda, por no haberlos designando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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