Misael Omar Cabrera Salazar

Expediente 191/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
191/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Misael Omar Cabrera Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintidós. Declaratoria de estado El plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de junio de dos mil veintidós. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia por la que, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia Atento a lo anterior, se procede a requerir el cumplimiento del fallo protector. Sin embargo, dicho cumplimiento, no se requerirá a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo que dio origen a la normatividad impugnada, pues cabe decir, que en atención al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, los efectos que produce la sentencia que declara inconstitucional una ley, se constriñen exclusivamente en destruir el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación, que en su caso, se hayan generado durante la tramitación del mismo y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y aprobaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. En apoyo a la consideración anterior, se cita la tesis número P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135, del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, al quejoso *******, para efecto de que la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: -Se cobre a *******, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $*******(*******) por los servicios que recibió, acorde con la factura fiscal relativa a la operación ******* de quince de febrero de dos mil veintidós, a nombre del disconforme reintegrándose la parte que cubrió en exceso. Sin que sea impedimento a lo anterior, el hecho que se le haya aplicado a la parte quejosa un descuento, pues, solamente se realizará la compensación correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que, en el término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificado de este proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas; para lo cual, remítasele copia certificada de las constancias conducentes. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de dejar de informar la imposibilidad que tienen para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional ($9,622.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien tiene la calidad de superior jerárquico de la autoridad en cita para que le ordene cumpla con la ejecutoria, lo cual deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días, computados legalmente, en la inteligencia de que de no hacerlo, igualmente, se procederá en términos de lo precisado en el párrafo anterior; para lo cual, remítasele copia certificada de las constancias conducentes. Sirve de apoyo al procedimiento de ejecución, la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, visible en la página 19, con registro 2007918, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 191/2022-I, promovido por **, contra actos del Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado, **, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo. Segundo. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 191/2022-I, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: "IV. ACTOS RECLAMADOS 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama: la aprobación y expedición de los Decretos siguientes: a) Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente el ARTICULO PRIMERO, en relación con el apartado de DERECHOS, establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios 4.3.2.3 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Así como ARTICULO DECIMOTERCERO, el cual señala: a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción. b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguiente que contiene la tarifa de 167.3734 UMAS; I. por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por las inscripciones de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripciones de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuyas garantías ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cedulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de algunas de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo: VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado del Estado de Chihuahua." Tercero. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso y el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación, respectivamente, del Decreto impugnado. Además, la existencia de dicho ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Actualización de causa de improcedencia. En tal virtud, quien resuelve considera que respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, específicamente el artículo 29, fracciones II, IV, V, VI y VII, con motivo de su primer acto de aplicación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, si no que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico el artículo 29, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, así como del diverso LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O. por el que se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, específicamente los artículos primero apartado 4.3.2.3 y decimotercero, todos con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, las reclama en su carácter de heteroaplicativas, los cuales establecen lo siguiente: Artículo Primero.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2022, la Hacienda Pública Estatal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en pesos, que a continuación se enumeran: [.] DERECHOS. Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como por la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales. 4. DERECHOS [.] 4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado 465,000,000 Artículo Decimotercero.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29: en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción. En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100% del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el moro de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año. El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema: VALOR Estímulo Fiscal (pesos) Límite Inferior Límite Superior 0.00 100,000.00 86% 100,000.01 200,000.00 80% 200,000.01 400,000.00 60% 400,000.01 700,000.00 30% [.]" Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre éstos, se pagará el derecho conforme a la cuota de.167.3734 UMAs II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, se pagará el derecho conforme a la cuota de. 167.3734 UMAs. [.] IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley... 167.3734 UMAs V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio. 167.3734 UMAs b) Por el resto de las inscripciones necesarias para el registro de las unidades privativas de condominio, por cada una de ellas, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de alguna de las divisiones no resulte excedente de superficie. 167.3734 UMAs En caso de que resulte excedente, se pagará por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo. VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 167.3734 UMAs Por la nota marginal correspondiente a cada lote que se autorice dentro del fraccionamiento de que se trate, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs [.] Sin embargo, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, el solicitante de derechos fundamentales ofreció como prueba de su intención factura con folio fiscal relativa a la operación 909888 de quince de febrero de dos mil veintidós, a nombre del contribuyente Misael Omar Cabrera Salazar, de la que se advierte que al quejoso se le aplicó el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos, así como el artículo decimotercero de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, dado que se le aplicó un estímulo. Documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, la anterior documental se considera suficiente para tener por acreditado el primer acto de aplicación únicamente respecto del numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua y artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, que se reclaman en esta instancia, no así respecto del numeral 29, fracciones II, IV, V, VI y VII de la legislación referida en primer término. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio que se resuelve en lo atinente al numeral 29, fracciones II, IV, V, VI y VII de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dado que, como se afirmó, no se demostró que le fue aplicado. II. Estudio de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables que no se actualizaron. A) El Congreso del Estado de Chihuahua, refiere que en el caso debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que al haberse auto aplicado la quejosa la norma que en esta vía reclama, no existe una conminación para su pago y por tanto no hay acto de ejecución. Esta causal de improcedencia es infundada, dado que la parte quejosa no impugna la ejecución del acto reclamado, en el caso el cobro de la contribución, sino solo la aprobación, expedición y promulgación del decreto que se tilda de inconstitucional, más no el acto de aplicación en concreto. B) El Congreso Estatal, argumenta que debe sobreseerse al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XIII, ya que al haber realizado el pago en el que se le otorgó un estímulo debe entenderse como un acatamiento a la legislación que se controvierte. Esta causal de improcedencia es infundada, toda vez que el pago del derecho controvertido no implica su consentimiento, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 68/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 197667, Novena Época, Materia Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de septiembre de 1997, página 92, que a la letra dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. C) El Congreso del Estado de Chihuahua, precisa que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de la Materia, en virtud de que a la parte quejosa no le causa afectación la expedición del numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, pues de las probanzas que anexó se desprende que exhibió copia simple del comprobante de pago, y por tal motivo dicha documental carece de valor probatorio; aunado a que no se demuestra que sea la parte quejosa quien haya realizado dicho pago. Causal de improcedencia que debe desestimarse; ello porque anexo a su demanda, la parte quejosa exhibió copia con cadena original del complemento de certificación del Servicio de Administración Tributaria, de la factura fiscal con número de operación 909888 de quince de febrero de dos mil veintidós, a nombre del contribuyente Misael Omar Cabrera Salazar, de la que se advierte que el rubro que se aplicó es el correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos, contenida en el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua. Documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues cuenta con folio fiscal, sello digital del emisor, sello digital del Servicio de Administración Tributaria y cadena original de complemento de certificación del Servicio de Administración Tributaria y fue expedida a nombre del promovente y no de diversa persona. D) La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado manifestó que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, virtud a que el solicitante del amparo omitió combatir la promulgación del decreto por vicios propios. La citada causa de improcedencia es infundada, virtud a que en cuanto a la promulgación el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada. En tales consideraciones es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Apoya lo anterior, la tesis (I Región) 8o.7 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible a página 2278, del Libro 58, de septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, registro 2017974, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EN LA DEMANDA RELATIVA DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LA LEY RECLAMADA, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada; de ahí que si el Juez de Distrito admite una demanda de amparo en la que se impugnó una ley y sólo se designó como responsable al Congreso que la emitió, ese proceder viola las reglas fundamentales del juicio de amparo, lo que obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de su revisión a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que el juzgador realice la prevención correspondiente y se subsane la omisión de señalar a la autoridad indicada. E) Respecto a la causal de improcedencia invocada por el Ejecutivo Estatal, respecto a la publicación del Decreto reclamado, debe decirse que dicho acto no fue reclamado por la quejosa, de ahí que no es dable realizar su estudio, al no ser materia de la litis planteada. Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a las ya analizadas, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. QUINTO. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa. A continuación, se exponen las razones de ello. En primer término, cabe precisar que está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en su numeral primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero, en relación con el diverso 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, ya que al efecto, la parte quejosa exhibió las factura relativa a la operación 909888 de quince de febrero de dos mil veintidós, a nombre del contribuyente Misael Omar Cabrera Salazar, donde se advierte, entre otros, los conceptos siguientes: "INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ÉSTOS." "$16,104.66", "DESCUENTO/ESTÍMULO/CONDONACIÓN $1,104.67". Por ello, si de la documental de antecedentes se advierte que le fue aplicada la tarifa la tarifa establecida para las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos, así como a un estímulo fiscal; entonces, se concluye la existencia de los actos de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico los numerales primero y decimotercero, en relación con el 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en los términos indicados. En este sentido, la parte quejosa argumenta esencialmente, en su único concepto de violación, lo siguiente: Que la Ley de Ingresos que remite a la Ley Estatal de Derechos en su artículo 29, que establece el cobro de derechos por la cantidad de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización es exorbitante, en relación con el verdadero costo del servicio prestado. Sostiene, que el cobro antedicho no guarda un sano y razonable equilibrio entre la cuota de referencia y los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en relación con el costo real de esa contraprestación, lo cual trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria; ya que debe otorgarse el mismo trato a quienes reciben igual servicio. Así mismo, refiere que de un análisis de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, se establece un ingreso por la cantidad de $465,000,000.00 (cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos 00/100), mientras que en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de este año, se tiene destinada la cantidad $74,602,293.00 (setenta y cuatro millones seiscientos dos mil doscientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional), para el pago de los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales etcétera, por lo que existe una diferencia de $390,397,707.00 (trescientos noventa millones trescientos noventa y siete mil setecientos siete pesos 00/100 moneda nacional), por lo que resulta exorbitante el ingreso estimado en comparación con el egreso autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós. Señala, que el numeral decimotercero de la Ley de Ingresos, prevé un estímulo fiscal de hasta un 86% (ochenta y seis por ciento) de la tarifa ordinaria de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, lo cual revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 14% (catorce por ciento) de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Agrega que de la ejecutoria que se dictó en el juicio de amparo 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua en esta ciudad, se desprende que el costo real por cada inscripción es de $294.01 (doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional). Como se destacó con antelación, la inconformidad del disconforme se centra en que el costo del derecho es desmedido y ni siquiera se aproxima al costo de producción del mismo, ya que se está lucrando con ese derecho y, por tanto, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, al no existir una equivalencia razonable entre la cuota fijada y el servicio prestado, sino que se utiliza como un instrumento generador de ganancias. A fin de dar contestación a los argumentos vertidos por el quejoso, cabe precisar, qué debe entenderse como derecho, en términos de lo previsto en el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua: 38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: [.] III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. [.] Ahora, para dar respuesta a lo anterior, se estima necesario traer a colación el contenido del apartado de Derechos de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, punto 4.3.2.3, que dispone: DERECHOS Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales. 4. Derechos 4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado 465,000.000 Por su parte, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su artículo 29, fracción I, establece que por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización. Ahora, el diez de enero de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la referida medida vigente a partir del uno de febrero del mismo año, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), lo que resulta en una cuota de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), tal como se advierte del certificado de pago exhibido por la parte quejosa. En relación al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio. En ese sentido, para que se tengan satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un "razonable equilibrio" entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, acotó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. El criterio antes expuesto quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 3/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196933, Novena Época, Materias Administrativa, Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de enero de 1998, página 54, del contenido: DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Acotado lo anterior, resulta necesario precisar que toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que es preciso que quienes la impugnan desvirtúen tal presunción, tomando en consideración, además, que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la legislación en cita. Sin embargo, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó criterio en el sentido de que, cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su sólo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional; por tanto, inicialmente corresponderá al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también expuso que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por aquélla, es decir, por la parte quejosa, le corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. El referido criterio 2a. CX/2013, fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005254, Décima Época, Materias Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, de enero de 2014, Tomo II, página 1589, del epígrafe y texto: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen. En el caso, la parte solicitante del amparo para acreditar la inconstitucionalidad del derecho impugnado por transgresión al principio de proporcionalidad y equidad tributaria, ofreció las solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con el siguiente número de folio 080142422000089, asimismo se tomará en cuenta la pericial contable desahogada en expediente 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. Medio de prueba este último que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, al haberse desahogado en el citado juicio de amparo y por encontrase capturado en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete bajo el rubro "Derechos registrales, ampara, cobro desproporcional al servicio prestado -Decreto 1223-2015-", con el número de expediente único nacional 19409329. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Así, de las pruebas ofrecidas consistente en la respuesta de información pública registrada con el número 080142422000089, emitida el ocho de febrero de dos mil veintidós por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema electrónico INFOMEX, CHIHUAHUA, de donde se desprenden los datos siguientes: ¿CUÁL ES EL EGRESO TOTAL DEVENGADO POR CONCEPTO DE NÓMINAS EN LA DIRECCION DEL REGISTROPÚBLICO (sic) DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DURANTE CADA UNO DE LOS MESES DE ENERO A LA FECHEA (sic) DEL EJERCICIO FISCAL 2021? ¿CUÁL ES EL INGRESO OBTENIDO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A LA FECHA DEL AÑO 2021, DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR LAS INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS SOBRE ESTOS, CONTEMPLADA EN LA LEY DE INGRESOS PARA TAL EJERCICIO FISCAL? ¿CUÁL ES EL INGRESO TOTAL QUE PERCICBIÓ (sic) LA OFICINA DE RECAUDACION DE RENTAS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NO. LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO EN EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2021? ¿CUÁL FUE EL EGRESO TOTAL DEVENGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO DURANTE CADA UNO DE LOS MESES DE ENERO A LA FECHA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021?" En tal razón, la Dirección de Política Hacendaria de esta Secretaría de Hacienda informa lo siguiente: El cuestionamiento 2, esta Dirección informa el ingreso recibido por concepto de los servicios establecidos en el apartado IV numerales del 11 al 16 de la Tarifa para el Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2021, detallando: Ejercicio Fiscal Enero a Noviembre 2021 $ 371,505,727.00 (expresados en pesos) Respecto al cuestionamiento 3. esta Dirección informa que la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, recaudó por concepto de Derechos de los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, en específico por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado en el ejercicio fiscal 2021, la siguiente cantidad: Ejercicio Fiscal Enero-Noviembre 2021 $ 425,789,769 (expresado en pesos) En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, me permito indicar que la información referenciada se encuentra disponible y es consultable como información pública en el Portal oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua en los siguientes enlaces: http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/movstrim/00aMovtosingegr3eracum2021.pdf http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/movsmen/EFMM202110-00movtoingegr.pdf http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/movsmen/EFMM202111-00movtoingegr.pdf En tal razón, la Dirección de Presupuesto de esta Secretaría de Hacienda informa lo siguiente: 1.- Egreso total devengado por concepto de nóminas en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, durante cada uno de los meses de enero a la fecha del ejercicio fiscal 2021: ENERO 3,617,132; FEBRERO 3,700,775; MARZO 5,364,024; ABRIL 3,772,563; MAYO 4,420,211; JUNIO 3,765,931; JULIO 4,777,651; AGOSTO 3,668,906; SEPTIEMBRE 3,792,409; OCTUBRE 3,712,492; NOVIEMBRE 8,710,714; DICIEMBRE 6,589,123 4.- Egreso total devengado del Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado durante cada uno de los meses de enero a la fecha del ejercicio fiscal 2021: ENERO 3,718,856; FEBRERO 3,800,883; MARZO 6,645,521; ABRIL 4,403,528; MAYO 5,069,942; JUNIO 4,436,321; JULIO 5,289,650; AGOSTO 4,255.991; SEPTIEMBRE 4,508.184; OCTUBRE 4,126,709; NOVIEMBRE 9,626,496; DICIEMBRE 7,271,477 Lo anterior se hace del conocimiento a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 54 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Lic. Mónica Emilia Sandoval Arellanes, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda el día 08 de febrero 2022" Por otra parte, en la prueba pericial contable desahogada en el juicio de amparo 1090/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua; en la versión electrónica se advierte que se presentó dictamen pericial emitido por Eloy Abraham Puente Campos, en el cual, en lo que aquí interesa, determinó: [.] Cuál es el promedio, el costo real o el gasto que se causa por cada inscripción realizada por la Dirección de Registro Público de la Propiedad en todo el estado. Respuesta. $294.01 (doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional). A cuánto asciende la diferencia entre el gasto generado por la prestación del servicio de registro en todo el estado, y el derecho cobrado por inscripción en todo el estado. Respuesta. Mensualmente a $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional) y anualmente a $265,582,736.04 (doscientos sesenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 04/100 moneda nacional). A cuánto asciende la diferencia a que se refiere el punto anterior. Respuesta. Mensualmente asciende a 528.49% y anualmente a 495.92% Sí el cobro del derecho descrito en anteriores puntos, una vez cubierto el gasto efectuado por la prestación del servicio de registro, existe un excedente y a cuánto equivale. Respuesta. $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional). [.] Las probanzas reseñadas con antelación merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues la quejosa los exhibió en su carácter de documentos públicos de los señalados en el artículo 3º, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo; pues al momento de su exhibición, la autorizada de la parte quejosa manifestó que es copia íntegra e inalterada del documento impreso, por lo que se consideran suficientes para tener por satisfecha la carga atribuida a la peticionaria de amparo respecto a la demostración inicial de los hechos, conforme a los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que sientan las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada. Por ello, el accionante acreditó que el Estado obtuvo un ingreso excesivo por el servicio prestado, toda vez que el cobro es exorbitante y no guarda un equilibrio razonable entre el costo y la tarifa de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), pues el costo real por registro es en promedio menor a cuatrocientos pesos, cantidad muy distante a la tarifa que se cobró. Cabe señalar, además, que la información contenida en el informe obtenido a través de la plataforma de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, se considera verosímil, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se parte de la base que la información que proporcionan los sujetos obligados sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos, corresponden a sus archivos administrativos, los cuales deben estar debidamente actualizados y publicarse a través de los medios electrónicos disponibles. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, con número de registro 186243, del rubro y texto siguiente: INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. Por lo que esta clase de datos son, de conformidad con el derecho humano de acceso a la información consagrado en el texto constitucional, instrumentos de la mayor relevancia para posibilitar a los gobernados el conocimiento del actuar cotidiano de la autoridad y a través de ello sentar las bases para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el de impugnación judicial de las decisiones legislativas, para efectos específicos de determinar la razonabilidad constitucional del costo del servicio prestado. Por tanto, ante el principio de prueba ofertado por el quejoso y, atendiendo al criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular cumplió con su carga, corresponde al Estado justificar la racionalidad de la cuota, era inconcuso que correspondía a la autoridad responsable la obligación de desvirtuar las probanzas ofrecidas por aquélla, y más aún, acreditar la razonabilidad del costo que se propone cobrar, a fin de acreditar la constitucionalidad de la norma impugnada. No obstante, esa carga probatoria no se cumplió por parte de las autoridades responsables. En efecto, la Gobernadora del Estado de Chihuahua, refiere que los actos tildados de inconstitucionales por el quejoso no contravienen el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ésa definió que las contribuciones son necesarias conforme a las circunstancias sociales y económicas de evolución de la administración pública y las responsabilidades del Estado y del Municipio, las que se van asumiendo en la prestación y mantenimiento de servicios públicos que aseguran el desarrollo integral de los individuos. Por su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, al rendir su informe con justificación, se limitó a hacer diversas manifestaciones en el sentido de que se cumplieron con los requisitos legales para la creación de norma impugnada. Asimismo, sostuvo que, tratándose de derechos, el principio de proporcionalidad tiene una connotación diferente a la de las demás contribuciones y que el costo fijado por la prestación del servicio no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. No obstante, ninguna manifestación realizaron en el sentido de cuáles son las actividades que el Estado debe desarrollar y los gastos que debe efectuar para proporcionar el servicio de que se trata, ni mucho menos ofrecieron prueba para controvertir lo expuesto y acreditado por la parte quejosa, cuando, acorde con la regla probatoria previamente reseñada, les correspondía hacerlo, debido a la actividad que al respecto el quejoso había desplegado. En este punto es pertinente acotar, que el Estado, para poder prestar el servicio, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, además de que, una característica de este tipo de contribuciones, consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualizados a los usuarios, atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación. Luego, tal como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas, que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo. En ese sentido, ante los argumentos y las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, con las que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofrecieran las probanzas que consideraran pertinentes para desvirtuar lo alegado por el solicitante del amparo. Por tanto, si de las probanzas aportadas por la parte quejosa se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la ley de ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro y, ante la inactividad de la autoridad responsable para desvirtuarla, entonces resulta dable concluir que, en este caso concreto, no se demostró que en los artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, en relación con el diverso 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, existe un razonable equilibrio entre la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), que establece la ley en mención para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio, conforme a las probanzas ofrecidas por la parte quejosa. En tales condiciones, resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal instados, por tanto, se declara la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.P.A.19, con registro digital 2012271, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, Materias Constitucional, Común, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, de agosto de 2016, Tomo IV, página 2539, que a la letra dice: DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo. SEXTO. Efectos de la sentencia. Para fijar los efectos de la concesión del amparo, debe atenderse a que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual, la parte quejosa, no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Empero, como ya se explicó, el órgano de amparo no está obligado a emprender un estudio de mercado para determinar cuál debe ser el costo exacto de la contraprestación, ni puede tampoco atender, exclusivamente, al resultado de la actividad probatoria aportada por el quejoso, pues, aunque esta ciertamente constituye un principio de prueba conforme al cual satisfizo la carga que le correspondía, no tiene el alcance de fijar, en estricto sentido, si lo ahí señalado se ajusta a la realidad. Por ende, procede fijar una tarifa en ejercicio del prudente arbitrio, para lo cual se toma en cuenta el propio texto de la ley impugnada, que en su numeral 13 prevé un estímulo fiscal de hasta el 86% (ochenta y seis por ciento) de la tarifa ordinaria, a saber: ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29: en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción. En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100% del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el monto de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año. El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema: VALOR Estímulo Fiscal (pesos) Límite Inferior Límite Superior 0.00 100,000.00 86% 100,000.01 200,000.00 80% 200,000.01 400,000.00 60% 400,000.01 700,000.00 30% Lo anterior revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 14% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. En razón de lo anterior, el amparo se concede para el efecto siguiente: - Se cobre a Misael Omar Cabrera Salazar, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional) por los servicios que recibió, acorde con la factura fiscal relativa a la operación 909888 de quince de febrero de dos mil veintidós, a nombre del disconforme reintegrándose la parte que cubrió en exceso. Sin que sea impedimento a lo anterior, el hecho que se le haya aplicado a la parte quejosa un descuento, pues, solamente se realizará la compensación correspondiente. Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192846, de la Novena Época, Materias Constitucional, Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, de noviembre de 1999, página 19, que reza: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación, expedición y promulgación de las leyes censuradas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno del Alto Tribunal del País, Novena Época, registro 200006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, de noviembre de 1996 Materia Constitucional, página 135, que literalmente dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Finalmente, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, ya que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 191/2022-I, promovido por **, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de la presente. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a **, contra los actos reclamados y autoridades responsables, señalados en los considerandos tercero y quinto, para los efectos precisados en el considerando sexto. Notifíquese a la parte quejosa; así como por correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de abril de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el Director de Análisis Jurídicos, dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la autoridad responsable, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede la ciudad del mismo nombre; en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegadas a las personas que indica en su informe. Causas de sobreseimiento Finalmente, respecto a las causas de sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, se proveerá lo conducente al momento de resolver el fallo definitivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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