Misael Máynez Cano

Expediente 346/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
346/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Misael Máynez Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a quien le pudiera causar perjuicio, haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, no histórico y no obran documentos originales. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo **********/2021-VII, la licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con el licenciado **********, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia, a la cual no compareció ninguna de las partes, no obstante que se les indicó que podrían comparecer mediante escrito. Así, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo; así como los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. Enseguida, se certifica que hasta esta hora no se ha presentado promoción alguna dirigida a este expediente, que se encuentre pendiente por acordar. En atención a lo anterior la Jueza, acuerda: Con fundamento en los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de cuenta. Acto continuo, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la Jueza abrió el periodo probatorio, donde se dio cuenta con las documentales remitidas por las responsables en compañía a su respectivo informe justificado, así como con las exhibidas por la parte quejosa en compañía de su escrito de demanda, mismas que se tienen por desahogadas. Con lo cual se cierra este periodo. Continuando con la diligencia, la Jueza ordenó pasar a la etapa de alegatos. En dicha fase, el Secretario dio cuenta con el pedimento ministerial presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, hizo constar que las partes no los formularon, por lo que, se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y la Jueza ordenó dictar la sentencia correspondiente. Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver el juicio de amparo **********/2021 promovido por Misael Máynez Cano, contra actos atribuidos al Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y otra autoridad responsable; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el once de mayo de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, ********** promovió demanda de amparo en contra del Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y Consejera Presidente de la Asamblea Municipal Electoral, en el municipio de Juárez, y como acto reclamado: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades señaladas como responsables mismas que por la literalidad y temporalidad que la Carta Magna y sus Legislaciones establecen con características de evidente connotación de obligatoriedad en su doble aspecto y calidad de ordenadoras y ejecutoras se les reclama la violación y omisión de dar cabal y oportuna respuesta de emitir y/o acordar por escrito las peticiones escritas presentadas los días 08 y 15 de Abril del 2021 donde se solicita un requerimiento a cada Partido Político y Candidatos (a) a la Presidencia Municipal de Juárez Distrito Bravos Estado de Chihuahua registrados y autorizados por los Órganos electorales competentes con la finalidad de que informen a dichas Autoridades Electorales si entregaron o NO los informes y soportes financieros de ingresos y egresos respecto del origen y montos por cualesquier modalidad de financiamiento así como su destino monto y aplicación dentro de la fase electoral de Pre-campaña en el presente Proceso Electoral 2020-2021 ya que hasta la fecha de presentación del presente escrito inicial de demanda de garantías dichas autoridades electorales señaladas como responsables no cumplen con la formalidad y seriedad de emitir por escrito el (los) acuerdo (s) y notificación (es) personales y/o electrónicas de Ley con la oportunidad jurídica que establece la norma invocada y transgredida dejándome con ello en estado de indefensión al no tener conocimiento oportuno de si trasgredieron o no dichos Entes Políticos las Leyes Electorales del Estado Mexicano." SEGUNDO. Derechos estimados vulnerados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque el acto reclamado no tiene ejecución y se promovió la demanda en esta ciudad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como del análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la quejosa reclamó de las autoridades responsables, Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre y Consejera Presidente de la Asamblea Municipal Electoral, con residencia en esta ciudad: La omisión de dar contestación a la petición realizada en escritos de ocho y quince de abril del año en curso, donde solicitó se efectuara un requerimiento a cada partido político y candidatos, registrados y autorizados por los órganos electorales, para que informarán a dichas autoridades electorales si entregaron o no los informes de soporte financieros de ingresos y egresos respecto del origen y montos por cualquier modalidad financiamiento, así como el destino monto y aplicación dentro de la fase electoral de pre-campaña en el presente proceso electoral. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre y Consejera Presidente de la Asamblea Municipal Electoral, con residencia en esta ciudad, a pesar de que negaron el acto reclamado, se desvirtúa dicha negativa, toda vez que realizaron manifestaciones que evidencia su existencia; por ello, se tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al fondo del asunto, debe analizarse si en el caso se materializa alguna hipótesis que haga improcedente el juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 8º, 35, fracción IV, 41, párrafo segundo, base VI, 99, fracciones IV y V, 116, fracción IV, incisos c) y l), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." "Artículo 35. Son derechos del ciudadano: [.] Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición." "Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: [.] Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución." "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: [.] Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;." "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. [.] IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: [.] c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: [.] l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; [.]" En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional es inejercitable, cuando su improcedencia derive de alguna otra disposición de la misma ley o de la propia Constitución Federal. Por su lado, los preceptos constitucionales invocados, en esencia y en lo que aquí conviene destacar, establecen lo siguiente: Que los funcionarios públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República (Artículo 8º). Que entre los derechos de los ciudadanos mexicanos, se encuentran: votar y ser votado para todos los cargos de elección popular; asociarse libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen la Constitución y la Ley del Congreso; y votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional (Artículo 35). Que son obligaciones de los ciudadanos de la República, entre otras: votar en las elecciones y en las consultas populares; y desempeñar cargos de elección popular en la Federación o en las Entidades Federativas (Artículo 36). Que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, y por los de sus Entidades Federativas, en lo que toca a sus regímenes interiores (artículo 41). Que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas (Artículo 41). Que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, así como los derechos políticos de los ciudadanos de la Nación, existe un sistema de medios de impugnación en la materia, ante los órganos judiciales expresamente establecidos por la Constitución Federal y por las de las Entidades Federativas (Artículo 41, base VI). Que en el orden federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Carta Magna, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia (Artículo 99). Que corresponde al citado Tribunal Electoral Federal, resolver entre otros supuestos, sobre (Artículo 99): Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal (Artículo 99, fracción III). Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas, para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos (Artículo 99, fracción IV). Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país (Artículo 99, fracción V). Que las Entidades Federativas, en materia electoral, garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, así como las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. Para tal efecto, establecerán un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad (Artículo 116). Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **********/2005, determinó que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen violaciones a derechos fundamentales cuyo ejercicio incida totalmente sobre cuestiones relacionadas con el proceso electoral. Para arribar a esta conclusión, el Pleno del Alto Tribunal, tomó en consideración, medularmente, las consideraciones que se sintetizan a continuación: Que de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del precepto 105 de la propia Constitución, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral; cuya competencia en forma exclusiva es la de garantizar la especialización, objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la función judicial en esa materia, así como la custodia de los derechos político-electorales de los ciudadanos, verificando que los actos y resoluciones se ajusten al marco jurídico constitucional y legal. Por consiguiente, la posible contradicción de normas electorales con la Constitución Federal, está encomendada plenamente delimitada por mandato constitucional al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; mientras que al Tribunal Electoral, compete la tutela de los derechos político- electorales de los ciudadanos, en contra de los actos o resoluciones dictados en materia electoral. Que en el artículo 41 constitucional, se establecen las bases del sistema de medios de impugnación en materia electoral, conforme a los términos que se señalen en la propia Norma Fundamental y las legislaciones federal y locales en la materia; el que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de la Constitución. Es decir, el sistema de justicia electoral introdujo diversos mecanismos jurídicos que otorgan mayor eficacia y confiabilidad, a los procesos de renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales; de manera que existan los mecanismos para que todos los actos y resoluciones dictados por las autoridades electorales, se sujeten a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos mexicanos. Que de la interpretación sistemática de los numerales 41, 94, 99 y 105, fracción II, constitucionales, se advierte que el Órgano Reformador de la Constitución, estableció un sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de que en el orden jurídico mexicano existieran los mecanismos para que las leyes y actos en esa materia estén sujetos a control constitucional; mientras que, de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o. de su ley reglamentaria (Ley de Amparo), se desprende que el juicio de amparo es una garantía constitucional procesal, que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas, frente a los actos de autoridad. Que por regla general, el juicio de amparo es improcedente tratándose de leyes o actos que se vinculen con derechos políticos o en materia electoral, atento a la naturaleza y objeto del juicio de amparo; de ahí, que sólo de manera excepcional podrán combatirse actuaciones en materia electoral, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a distintos derechos fundamentales de los quejosos, pues precisamente, éste es el ámbito de protección del juicio para la defensa de los derechos humanos de las personas. Que bajo las condiciones y los elementos descritos, el juicio de amparo es improcedente, cuando la materia de estudio sea estrictamente electoral, o bien relacionada con el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; aun, cuando paralelamente pudiera conllevar la afectación de diversos derechos fundamentales, ya que, al no poder desvincularse ambos aspectos, no puede estimarse como la vía idónea para impugnar tales resoluciones. De la citada ejecutoria, derivó la tesis P. II/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Novena Época, registro digital 173575, página 103, emitida con el rubro y texto que se indican a continuación: "DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías; sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control se pretende combatir la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden totalmente sobre cuestiones electorales, esto es, sobre el proceso o contienda electoral, ya que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, su examen debe hacerse conforme a los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por consiguiente, el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el ordenamiento electoral impugnado viola el ejercicio de algún derecho político (como el de ser votado para un cargo de elección popular), además de otros derechos fundamentales, como el de igualdad, no discriminación, asociación política, libertad de trabajo, etcétera, no hace procedente tal medio de control constitucional, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema electoral mexicano, esto es, a través de la acción de inconstitucionalidad y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano." Énfasis añadido. Posteriormente, y retomando las consideraciones del citado precedente, el propio Pleno del Máximo Tribunal al resolver el diverso amparo en revisión **********/2007, reiteró que el juicio de amparo es improcedente, cuando en éste se impugnan normas, actos o resoluciones de carácter materialmente electoral, o que versen sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos. Esto, al reafirmar, que el sistema integral de justicia en materia electoral, permite impugnar tanto las leyes electorales-vía acción de inconstitucionalidad-, como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -a excepción de los emitidos por este tribunal-; de ahí, que la improcedencia del juicio de amparo, surge no sólo por el hecho de que el acto controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, sino porque el contenido de la norma, acto o resolución impugnado, es materialmente electoral o versa sobre derechos políticos de los ciudadanos. Dicha línea argumentativa se encuentra precisada en la tesis P. LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, registro electrónico 168997, página 5, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Asimismo, cabe puntualizar, que el mismo Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004, interpretó el contenido de los artículos 8º y 35, fracción V, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fijar el criterio, que en materia política, sólo los ciudadanos mexicanos pueden ejercer el derecho de petición; por tanto, cuando el ejercicio de esa prerrogativa fundamental se relaciona con el sistema constitucional electoral, su interpretación debe correlacionarse con lo dispuesto en el artículo 41 de la propia Norma Suprema, que regula los aspectos relativos a la participación del pueblo en la vida democrática del país y, conforme al cual, se implementa el sistema de medios de impugnación en materia electoral. De esa ejecutoria, derivó la jurisprudencia P./J. 39/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, Novena Época, registro electrónico 181343, página 866, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LOS ARTÍCULOS 22, NUMERAL 1; 24, NUMERAL 1, INCISO B); 28, NUMERAL 1, INCISO A); 29, NUMERAL 1; Y 30, NUMERALES 1 Y 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, NO TRANSGREDEN DICHA GARANTÍA. De los artículos 35, fracción V y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que sólo los ciudadanos mexicanos pueden ejercer el derecho de petición en materia política. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que cuando el ejercicio de las garantías individuales se relaciona con el sistema constitucional electoral, su interpretación debe correlacionarse con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, que regula los aspectos relativos a la participación del pueblo en la vida democrática del país y conforme al cual corresponde a la ley federal prever los requisitos y el procedimiento para obtener el registro como partido político nacional; por tanto, los interesados deben cumplir con esos lineamientos, sin que ello se traduzca en una transgresión al mencionado derecho de petición, pues no les impide ejercerlo y, en todo caso, el que pudiera negárseles el registro como partido político nacional, sería un acto de aplicación de la norma." Puntualizado lo anterior, la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre y Consejera Presidente de la Asamblea Municipal Electoral, con residencia en esta ciudad, la omisión de dar contestación a la petición realizada mediante escritos de ocho y quince de abril del año en curso, donde solicitó un requerimiento a cada partido político y candidatos a la Presidencia Municipal de Juárez Distrito Bravos, registrados y autorizados por los órganos electorales, a fin de que informaran a dichas autoridades electorales si entregaron o no los informes de soporte financieros de ingresos y egresos respecto del origen y montos por cualquier modalidad financiamiento, así como el destino monto y aplicación dentro de la fase electoral de pre-campaña en el presente proceso electoral. Por su parte, del oficio de cuenta, se aprecia que la autoridad responsable señaló que los escritos recibidos ocho y quince de abril del año en curso, donde se solicitó a la asamblea municipal de esta ciudad, requiriera a los candidatos de diversos partidos políticos informaran sobre el monto, origen y destino de los recursos financieros utilizados durante el periodo de precampaña, correspondiente al Proceso Electoral Local 2020-2021, fueron enviados a las oficinas centrales de ese Instituto Estatal Electoral; y el cinco de mayo del año en curso, el Consejero Presidente de dicho instituto, en atención a dichos escritos dictó un acuerdo donde decretó remitir dichos ocursos al Instituto Nacional Electoral, por ser la autoridad competente en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que fuera aquélla la que determinara lo conducente; cuya falta de contestación a esos escritos constituye el acto reclamado en el presente asunto. Como se aprecia de lo relatado, el aspecto toral de la petición formulada por la solicitante, se circunscribe al Instituto Nacional Electoral, por ser la autoridad competente en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que por su conducto requiriera a los candidatos de diversos partidos políticos informaran sobre el monto, origen y destino de los recursos financieros utilizados durante el periodo de precampaña, correspondiente al Proceso Electoral Local 2020-2021. En este contexto, a criterio de la suscrita, se considera que el juicio de amparo no es el medio de defensa idóneo para la protección del derecho fundamental que estima vulnerado la parte quejosa, pues como ya se destacó, en la propia Constitución Federal existe un sistema de medios de impugnación en materia electoral, que se encuentra al alcance de los ciudadanos para la defensa de sus derechos político- electorales, como lo es, entre otros, el derecho de petición en materia política. Se estima lo anterior, pues aun cuando el derecho de petición es una prerrogativa fundamental que se encuentra contenida en el artículo 8º constitucional, en el caso que se presenta, la suscrita estima, que el contenido de la solicitud que, se alega, no fue respondida, no puede desvincularse de su contenido materialmente político-electoral, ya que su objetivo, es el Instituto Nacional Electoral, por ser la autoridad competente en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que por su conducto requiriera a los candidatos de diversos partidos políticos informaran sobre el monto, origen y destino de los recursos financieros utilizados durante el periodo de precampaña, correspondiente al Proceso Electoral Local 2020-2021; incluso, el propio promovente fue candidato para la Presidencia Municipal de este municipio. Así las cosas, esta resolutora considera, que si una persona o agrupación política, en uso de su derecho de petición, se inconforma ante diversas autoridades por los procesos empleados para la elección de representantes políticos, y no reciben la respuesta conducente, es evidente que el juicio de amparo que se promueve por violación al artículo 8º constitucional, es improcedente, toda vez que no existe una transgresión al mencionado derecho de petición, pues el sobreseimiento decretado no impide a la quejosa ejercer su prerrogativa constitucional; sino que, se limita a establecer, que el juicio de amparo no es la única vía para impugnar actos de autoridades, que vulneren los derechos fundamentales de las personas; pues cuando éstos son de contenido eminentemente político-electoral, existen los medios de defensa constitucionales para su tutela, a través de los cuales, se puede obtener una respuesta. Se cita como apoyo a esta resolución, la tesis I.15o.A.136 A, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época, registro electrónico 167034, página 1859, con el rubro y texto: "AMPARO. LA IMPROCEDENCIA DE ESE JUICIO EN MATERIA ELECTORAL NO IMPLICA QUE LOS ACTOS RELATIVOS ESTÉN EXENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SU EXAMEN CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL CONOCER DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN ESA MATERIA. De la interpretación sistemática de los artículos 3, 4, párrafo primero, 8, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 43 Bis, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 61, 64, 79, 83, 86 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que existe una estructura de defensa que puede aplicarse a quien tenga el interés jurídico para hacerlo, contra actos y resoluciones de las autoridades electorales que no se sujeten a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el conocimiento de los procedimientos respectivos, destacando el juicio de revisión constitucional y los recursos de apelación y reconsideración, así como los juicios de inconformidad y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. En esos términos, es fácil advertir que la improcedencia del juicio de garantías contra actos en materia electoral que establece el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, no determina que esas actuaciones se encuentren exentas del cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de todo gobernado consagra la Constitución General de la República, dado que sólo implica que dentro del ámbito de justicia que establece la Carta Magna, existe un órgano especializado para conocer de la reclamación por violaciones a derechos fundamentales que sean de contenido medularmente electoral. En otras palabras, también los actos en materia electoral deben observar todos los derechos fundamentales que consagra el Pacto Federal y, por ende, no sólo es permitido, sino necesario, que al examinarse su juridicidad se vinculen y estudien argumentaciones no sólo relacionadas con derechos político electorales, sino también con cualquier derecho constitucional de los gobernados, pero dada su naturaleza esencialmente electoral y la existencia del órgano especializado para resolver al respecto, no debe ser la justicia constitucional común la encargada de pronunciarse en esa materia, sino el Tribunal Electoral el que debe resolver íntegramente sobre el particular." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que contiene, la tesis II.1o.A.122 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época, registro electrónico 174740, página 1200, con el rubro y texto que se reproducen a continuación: "DERECHO DE PETICIÓN. EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA ES IMPROCEDENTE SI LO QUE SE COMBATE ES EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CAPACITADORES EN UNA JUNTA DISTRITAL POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, POR TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD PROPIA DEL ÁMBITO ELECTORAL. El legislador, en respeto al principio de división de poderes, así como al fortalecimiento de las estructuras del juicio de amparo, estimó que éste debía permanecer alejado de cualquier cuestión vinculada con la materia electoral, lo que reflejó en la fracción VII del artículo 73 de la ley de la materia. Ahora bien, el Instituto Electoral del Estado de México es el órgano encargado de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral para las elecciones de gobernador, diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos del Estado de México. Asimismo, dicho organismo es el encargado de llevar a cabo las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, entre otras; cuenta en cada uno de los distritos electorales con una junta distrital, la cual constituye un órgano temporal para cada proceso electoral ordinario, integrado por un vocal ejecutivo, uno de organización electoral y otro de capacitación que dentro de sus atribuciones tiene la relativa a instruir a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casilla. De lo anterior, deriva que el proceso de selección y designación de los capacitadores o instructores de las juntas distritales es una actividad técnica relativa a la organización de las elecciones que, por tanto, pertenece al ámbito electoral. En ese contexto, si una persona, en uso del derecho de petición, se inconforma ante el citado instituto por los procesos empleados para la asignación de los puestos de capacitadores de una junta distrital, y no recibe respuesta, es evidente que el juicio de amparo que se promueva por violación al artículo 8o. constitucional es improcedente, en términos del artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 42/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 126, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.", haya sostenido que contra la violación al derecho de petición, como garantía fundamental, es procedente el juicio de amparo para lograr su salvaguarda; aspecto con el cual se coincide, sin embargo, se estima que la regla establecida por nuestro Máximo Tribunal del país amerita una excepción, cuando se trate de materia electoral pues, como se dijo, el juicio de amparo fue estructurado para permanecer ajeno a aspectos de carácter electoral, a fin de evitar que intereses políticos puedan debilitarlo como institución." En ese sentido, conforme al análisis sistemático de los artículos 8º, 35, fracción IV, 41, base VI, 99, fracciones IV y V, y 105, fracción II, de la Constitución Federal, existe un sistema integral de defensa, que permite impugnar tanto las normas generales de contenido electoral, como los actos o resoluciones de los entes públicos que versen materialmente sobre cuestiones electorales. En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 8º, 35, fracción IV, 41, párrafo segundo, base VI, 99, fracciones IV y V, 116, fracción IV, incisos c) y l), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Al haberse sobreseído en el juicio, ello impide a este órgano jurisdiccional analizar las cuestiones de fondo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1028, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, del Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 64, 65, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y Consejera Presidente de la Asamblea Municipal Electoral, en el municipio de Juárez, por los motivos y razones expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firmó **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante el secretario **********, con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el pedimento signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele formulando los alegatos que deja vertidos en el oficio de cuenta, el que será tomado en consideración en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a la copia de la resolución que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de doce de mayo del año en curso, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.*

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado remitido por la autoridad responsable Consejera Presidente de la Asamblea Municipal Electoral en el Municipio de Juárez, Distrito Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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