Mirna Ofelia Anchondo Villalobos

Expediente 966/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
966/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Mirna Ofelia Anchondo Villalobos y Otros.
  • Mirna Ofelia Anchondo Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite la Presidente de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, en atención al fallo protector emitido en el presente asunto, informa las gestiones relativas a su cumplimiento; y para tal efecto remite copia con firmas autógrafas y sellos originales del auto de veintidós de enero del mes y año en curso. No obstante lo anterior, requiérase a la autoridad responsable a efecto de que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, de cumplimiento al proveído de diecinueve de enero del año actual, y remita a este órgano jurisdiccional las constancias mediante las cuales acredite dicho cumplimiento. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 193, en relación con el 258, todos de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. No es inadvertido para el que suscribe, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a una Junta, la cual para efectos del juicio de amparo no tienen superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no pude haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe. Doy Fe. lnpp

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la quejosa *******, para que la responsable realice lo siguiente: [.] Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la Responsable: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral *******. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del tenor siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. No es inadvertido para el suscrito, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a una Junta de Conciliación y Arbitraje, el cual para efectos del juicio de amparo no tienen superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no pude haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como simple antecedente el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 966/2017-VI, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado ese mismo días, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó lo la omisión de la emitir el laudo en el expediente *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número 966/2017-VI; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó al tercero interesado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia laboral, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a la autoridad responsable. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la impetrante reclama a la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad:  La omisión de dictar el laudo en el expediente *******, dentro del término establecido en la legislación laboral. Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerida para ello, según se desprende de la constancia que obra a foja doce (12) del sumario (fecha de notificación veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete). En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por cierto el acto que se le reclama a la autoridad responsable consistente en la de dictar el laudo en el expediente *******, dentro del término establecido en la legislación laboral. CUARTO.- Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: Antes de realizar el estudio, es necesario precisar, que el presente asunto se analizará y resolverá conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del uno de diciembre de dos mil doce, ya que es dicha ley la que rige el procedimiento. Dicho lo anterior, la quejosa arguye la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable ha omitido dictar laudo en el juicio laboral *******, en el término previsto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación esgrimido resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Por otro lado, es necesario precisar que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, que contemplan los plazos para la formulación y aprobación del laudo respectivo, son del contenido siguiente: 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que se juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que, tratándose del dictado del laudo, el legislador impuso a la Juntas de Conciliación y Arbitraje el cumplimiento y respeto de los plazos siguientes: a) Diez días, contados a partir del siguiente al en que se declare cerrada la instrucción para que el Auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; b) Cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que considere convenientes; c) Ocho días más para su desahogo, en su caso; d) Diez días para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la junta deberá citar a los miembros de la misma, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado, y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. Lo narrado pone de relieve que la responsable no constriñó su actuación a los lineamientos que imponen las normas constitucional y secundaria citadas, con lo que vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, así como los diversos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que ha incumplido con la obligación de emitir el laudo respectivo, en el expediente 1135/2015 de su índice, a pesar de haber transcurrido los términos fijados en las disposiciones legales antes precisadas. Esto es así, porque el auto que declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al Auxiliar para que formulara el proyecto de laudo, según lo dicho por la parte quejosa en su demanda de amparo, fue emitido el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de treinta y tres días -máximo- con que contaba la responsable para ello, a la fecha de la presentación de la demanda (veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete), había transcurrido en exceso. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo VII, de marzo de 1998, página 680, del siguiente tenor: LAUDO. CUANDO NO SE DICTA CON OPORTUNIDAD, SE CAUSA AGRAVIO QUE PUEDE REPARARSE EN LA VÍA DE AMPARO INDIRECTO. El simple transcurso del término legal sin que en el juicio se pronuncie el laudo respectivo, irroga perjuicio irreparable a las partes, que las legitima, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, para promover demanda de amparo indirecto, buscando la reparación de la violación a la garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la Responsable: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral 1135/2015. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra los actos reclamados a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. maa

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