Misael Martínez Rivera

Expediente 1184/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1184/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Misael Martínez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO El once de abril de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de marzo al siete de abril de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado por este Tribunal Federal el veintidós de marzo del año en curso, dentro del presente juicio de amparo 1184/2016. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, pero no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. Que no existe tomo de pruebas por devolver a las autoridades responsables, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintidós de marzo del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento por cambio de situación jurídica; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; en atención a que en dicho cuaderno por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, debe conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otro lado, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCERO INTERESADO, ASÍ COMO POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen**

  2. Principal

    ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por este Juzgado en dieciséis de marzo del año en curso, remite copia certificada del auto de vinculación a proceso de dos de junio de la pasada anualidad, que resolvió la situación jurídica del quejoso Misael Martínez Rivera, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro agravado y robo calificado. Pues bien, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin efectuar la nueva situación jurídica." [.] De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de amparo concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Precisado lo anterior, en el presente asunto el quejoso reclama la orden de aprehensión girada en su contra por el delito de secuestro agravado y robo calificado. Ahora, del contenido del oficio 689 signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiuno de marzo del año en curso; así como de las constancias que adjunta, se advierte que el dos de junio de dos mil dieciséis, se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso dentro de la causa penal 31/2016, por el delito de secuestro agravado y robo calificado. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario de amparo, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, como quedó asentado, se decretó el referido auto al amparista. De ahí que las posibles violaciones contenidas en la orden de aprehensión reclamada se encuentren irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen. En ese contexto, si al quejoso le fue decretado auto de vinculación a proceso, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en su contra, dado que tales actos tuvieron lugar en la preinstrucción, la cual concluyó con aquella determinación, de tal forma que no sería posible analizarlos sin afectar la nueva situación jurídica que impera. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de vinculación a proceso, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el peticionario del amparo, por virtud de la orden de aprehensión combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar la nueva situación jurídica. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página: 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por tanto, al ser patente que fue decretado el auto de vinculación a proceso del quejoso, con ello se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado (orden de aprehensión). Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES.

  3. Principal

    El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres da cuenta a la Juez con el oficio vía fax con folio 3679. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio vía fax de cuenta signado por la Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por este Juzgado en ocho de marzo del año en curso, informa que no le es posible dar cumplimiento a lo solicitado, en razón de que la causa penal 31/2016, fue remitida al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, al haberse declinado la competencia por razones de seguridad en audiencia de nueve de junio de dos mil dieciséis; ello aunado a que el Juez de Control de la capital fue quien en competencia auxiliar conoció de la formulación de imputación y resolvió sobre el dictado del auto de vinculación a proceso; razones por las cuales no cuenta con constancia alguna relativa a dicha resolución. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital, para que de no tener inconveniente legal, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita copia certificada, legible, integra y ordenada del auto de vinculación a proceso de dos de junio de la pasada anualidad; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado dentro del plazo concedido, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, le será impuesta una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En el entendido de que el contenido y firma del informe recibido vía fax se tienen como auténticos, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos ópticos o en cualquier otra tecnología, incluyendo desde luego los informes que se remiten vía fax. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  4. Principal

    El ocho de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres da cuenta a la Juez con el estado que guardan los autos del presente asunto. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que en veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control del distrito judicial II de Fresnillo, Zacatecas, al cual adjuntó diversas documentales y un disco compacto (foja 20-45). Ahora bien, toda vez que del referido comunicado se advierte que la autoridad responsable informó a este Juzgado que es cierto el acto reclamado, ya que en audiencia pública de veintinueve de mayo de dos mil dieciséis, se declaró procedente una solicitud Ministerial mediante la que se ordenó la aprehensión de Misael Martínez Rivera y/o Misael Martínez Herrera, como probable responsable de delito de secuestro agravado; asimismo, que ese mandato judicial fue ejecutado el treinta de mayo del año en cita; y el dos de junio de ese mismo año se resolvió su situación jurídica mediante resolución de vinculación a proceso; por lo cual le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, que establece el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por consiguiente, su situación de detención ya dependió de dicho decreto judicial y no de la orden de aprehensión previamente dictada por ese Juzgado de Control. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial II de Fresnillo, Zacatecas, para que de no tener inconveniente legal, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita copia certificada, legible, integra y ordenada del auto de vinculación a proceso de que se trata; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado dentro del plazo concedido, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, le será impuesta una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por último, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

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