Miriam Sánchez Licerio

Expediente 1209/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1209/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Miriam Sánchez Licerio

Actuaciones

  1. Principal

    El diecinueve de junio de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del doce al dieciocho de junio del año en curso, con exclusión de los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger los documentos en originales que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El diecinueve de junio de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del doce al dieciocho de junio del año en curso, con exclusión de los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger los documentos en originales que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CUENTA. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Miriam Sánchez Licerio, registrada con el número de folio 11698, con cinco copias de ésta y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Enrique Reyes Durán no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de junio de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miriam Sánchez Licerio contra actos de la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1209/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: De la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas, el siguiente acto: La designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, publicada el once de abril de dos mil dieciocho. Todas las consecuencias de hecho y de derecho que deriven como efecto de la designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas. De la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reclama: La ejecución del decreto número 388 publicado el día 11 de abril de 2018, en la Gaceta Parlamentaria No. 0216 a través del cual la H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas notifica a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas la designación de la C. Lorena Nava Garay, como Titular del Órgano Interno de Control. El MEMORANDUM número CDHEZ/PRE/447 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que recibí en fecha 28 del mismo mes y año en curso por medio del cual sin respetar la garantía de audiencia ni el debido proceso, se me notificó que con motivo de la ejecución del Decreto 388 emitido por la H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas se dará inicio al proceso entrega recepción del cargo del Órgano Interno de Control, mismo que se llevará a cabo el día 04 de junio del año 2018; Acto administrativo denominado MEMORANDUM que implícitamente contiene la revocación de mi nombramiento como Titular del Órgano Interno de Control que me fuera expedido por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, mismo que inició su vigencia el día 11 de agosto del año 2016 y termina el día 11 de agosto del año 2019. Oficio de cumplimiento al decreto, citado en el párrafo que antecede que es contrario al ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, del DECRETO 150 mediante el cual "Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Publicado en el SUPLEMENTO 8 AL NO. 56 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2107." De la Directora Administrativa De La Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Zacatecas se reclama: El ilegal desarrollo del proceso entrega recepción del Órgano Interno de Control instruido mediante el MEMORANDUM número CDHEZ/PRE/447 de fecha 28 de mayo del año 2018 suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Como es bien sabido por la Directora Administrativa, mi nombramiento como Titular del Órgano Interno de control me fue expedido en fecha día doce de agosto del año 2016 con una vigencia de tres años y una fecha de terminación al 11 de agosto del año 2019." DESECHAMIENTO. Ahora bien, analizado el escrito de demanda de amparo, se advierte que el juicio de protección de derechos fundamentales es improcedente y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. En efecto, en relación a la causal de improcedencia que se analiza, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora bien, procede al estudio de los actos reclamados atribuidos a la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas, consistentes en: La designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, publicada el once de abril de dos mil dieciocho. Todas las consecuencias de hecho y de derecho que deriven como efecto de la designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas. Expuesto lo anterior, cabe mencionar que se advierte que se actualiza, en principio, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: El artículo en cita señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.)" (Lo resaltado es propio) De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación o remoción (temporal o definitiva) de un funcionario, pues la impugnabilidad de dichos actos deviene de las facultades y atribuciones que les confiere la Constitución Federal o Local, para resolver en ese sentido; lo que hace improcedente el juicio de amparo en contra de estos. A efecto de estar en aptitud de evidenciar la actualización de la referida causal de improcedencia en el presente asunto, conviene transcribir lo que para tal efecto disponen los artículos 65, fracción XXXIV, 23 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y su artículo 4° transitorio: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE ZACATECAS: "Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la Legislatura: XXXIV. Nombrar o ratificar Magistrados y Consejeros en los términos de las leyes respectivas; aprobar, con la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura, la designación que sobre el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo realice el Gobernador del Estado y, designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la presente Constitución; "Artículo 23. En el Estado de Zacatecas funcionará una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, como organismo descentralizado de la Administración Pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y de gestión, cuyos servicios serán gratuitos, encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos, además, contará con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos de la Comisión, mismo que será designado por la votación (sic) las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. La Legislatura del Estado propondrá y designará a su Presidente y Consejeros, ajustándose a un procedimiento de consulta pública, el cual deberá ser transparente e informado, en los términos y condiciones que determine la ley; y expedirá el ordenamiento que regule sus funciones, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. [.] Artículo 4° La facultad de la Legislatura de designar a los servidores públicos a que se refiere este Decreto, se ejercerá una vez que, en su caso, los actuales hayan cumplido con el periodo legal para el que fueron nombrados." Del precepto transcrito en primer término, se advierte que una de las facultades y obligaciones de la Legislatura es nombrar o ratificar Magistrados y Consejeros en los términos de las leyes respectivas; aprobar, con la mayoría de los miembros presentes de la misma, la designación que sobre el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo realice el Gobernador del Estado y, designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la presente Constitución. Del numeral transcrito en segundo término se desprende que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, es un organismo descentralizado de la Administración Pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y de gestión; cuyo objetivo principal es la defensa y promoción de los derechos humanos. Además, establece que se conforma con un órgano interno de control, el cual tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos de la Comisión. Éste órgano interno será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado, en la cual se designará a su presidente y consejeros, la cual tendrá que ajustarse a un procedimiento de consulta pública. Por otra parte, el artículo 4° transitorio, establece la facultad que se le otorga a la Legislatura de designar a los servidores públicos y que se ejercerá una vez que, en su caso, los actuales hayan cumplido con el periodo legal para el que fueron nombrados. En ese sentido, si en la especie la quejosa reclama actos que se encuentran relacionados a la designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, cuya facultad, como lo establece la Constitución de la entidad, corresponde al Congreso del Estado a través de las dos terceras partes de los miembros presentes al momento de su designación; por tanto, resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la quejosa se duele de resoluciones o declaraciones del Congreso del Estado, realizadas en su facultad soberana y discrecional de designación de funcionarios públicos. Apoya a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 71/2010 con número de registro 164583, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en el tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio." Así como la diversa tesis 2a. LXXXIX/2006 con número de registro 173819, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en el Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo." En mérito de lo hasta aquí expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto de los actos ya precisados. Desechamiento que debe hacerse extensivo respecto de los actos reclamados a la Presidenta y Directora Administrativa, ambas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, consistentes en: La ejecución del decreto número 388 publicado el día 11 de abril de 2018, en la Gaceta Parlamentaria No. 0216 a través del cual la H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas notifica a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas la designación de la C. Lorena Nava Garay, como Titular del Órgano Interno de Control. El MEMORANDUM número CDHEZ/PRE/447 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que recibí en fecha 28 del mismo mes y año en curso por medio del cual sin respetar la garantía de audiencia ni el debido proceso, se me notificó que con motivo de la ejecución del Decreto 388 emitido por la H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas se dará inicio al proceso entrega recepción del cargo del Órgano Interno de Control, mismo que se llevará a cabo el día 04 de junio del año 2018; Acto administrativo denominado MEMORANDUM que implícitamente contiene la revocación de mi nombramiento como Titular del Órgano Interno de Control que me fuera expedido por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, mismo que inició su vigencia el día 11 de agosto del año 2016 y termina el día 11 de agosto del año 2019. Oficio de cumplimiento al decreto, citado en el párrafo que antecede que es contrario al ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, del DECRETO 150 mediante el cual "Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Publicado en el SUPLEMENTO 8 AL NO. 56 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2107." El ilegal desarrollo del proceso entrega recepción del Órgano Interno de Control instruido mediante el MEMORANDUM número CDHEZ/PRE/447 de fecha 28 de mayo del año 2018 suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Lo anterior, habida cuenta que cuando se promueve un amparo en contra de disposiciones emitidas por la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas con motivo de su aplicación, no puede desvincularse la apreciación de esas disposiciones de los actos de aplicación relativos, dado que en estos últimos se establece la situación concreta de la parte quejosa, de modo tal que esa vinculación entre los actos reclamados que con motivo de la ejecución del Decreto 388 emitido por la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, y sus actos de aplicación, impide que pueda proveerse sobre la admisión de la demanda, al no ser posible jurídicamente, desvincular tales actos. En efecto, de acuerdo a la reclamación planteada en el presente juicio de amparo, no se podría analizar la constitucionalidad de los actos que se atribuyen al citado órgano legislativo, de manera aislada o independiente de los actos de aplicación reclamados, puesto que como se dijo con antelación, este tribunal de amparo se encuentra impedido para examinar el uno prescindiendo del otro. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186 primera parte, Séptima Época, que a la letra indica: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar el uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos al licenciado Enrique Reyes Durán, toda vez que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Brasil, número quinientos dieciséis (516), colonia Las Américas, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Miriam Sánchez Licerio, registrada con el número de folio 11698, con cinco copias de ésta y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Enrique Reyes Durán no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de junio de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miriam Sánchez Licerio contra actos de la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1209/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: De la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas, el siguiente acto: La designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, publicada el once de abril de dos mil dieciocho. Todas las consecuencias de hecho y de derecho que deriven como efecto de la designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas. De la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reclama: La ejecución del decreto número 388 publicado el día 11 de abril de 2018, en la Gaceta Parlamentaria No. 0216 a través del cual la H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas notifica a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas la designación de la C. Lorena Nava Garay, como Titular del Órgano Interno de Control. El MEMORANDUM número CDHEZ/PRE/447 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que recibí en fecha 28 del mismo mes y año en curso por medio del cual sin respetar la garantía de audiencia ni el debido proceso, se me notificó que con motivo de la ejecución del Decreto 388 emitido por la H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas se dará inicio al proceso entrega recepción del cargo del Órgano Interno de Control, mismo que se llevará a cabo el día 04 de junio del año 2018; Acto administrativo denominado MEMORANDUM que implícitamente contiene la revocación de mi nombramiento como Titular del Órgano Interno de Control que me fuera expedido por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, mismo que inició su vigencia el día 11 de agosto del año 2016 y termina el día 11 de agosto del año 2019. Oficio de cumplimiento al decreto, citado en el párrafo que antecede que es contrario al ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, del DECRETO 150 mediante el cual "Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Publicado en el SUPLEMENTO 8 AL NO. 56 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2107." De la Directora Administrativa De La Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Zacatecas se reclama: El ilegal desarrollo del proceso entrega recepción del Órgano Interno de Control instruido mediante el MEMORANDUM número CDHEZ/PRE/447 de fecha 28 de mayo del año 2018 suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Como es bien sabido por la Directora Administrativa, mi nombramiento como Titular del Órgano Interno de control me fue expedido en fecha día doce de agosto del año 2016 con una vigencia de tres años y una fecha de terminación al 11 de agosto del año 2019." DESECHAMIENTO. Ahora bien, analizado el escrito de demanda de amparo, se advierte que el juicio de protección de derechos fundamentales es improcedente y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. En efecto, en relación a la causal de improcedencia que se analiza, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. Ahora bien, procede al estudio de los actos reclamados atribuidos a la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas, consistentes en: La designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, publicada el once de abril de dos mil dieciocho. Todas las consecuencias de hecho y de derecho que deriven como efecto de la designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas. Expuesto lo anterior, cabe mencionar que se advierte que se actualiza, en principio, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: El artículo en cita señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.) (Lo resaltado es propio) De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación o remoción (temporal o definitiva) de un funcionario, pues la impugnabilidad de dichos actos deviene de las facultades y atribuciones que les confiere la Constitución Federal o Local, para resolver en ese sentido; lo que hace improcedente el juicio de amparo en contra de estos. A efecto de estar en aptitud de evidenciar la actualización de la referida causal de improcedencia en el presente asunto, conviene transcribir lo que para tal efecto disponen los artículos 65, fracción XXXIV, 23 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y su artículo 4° transitorio: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE ZACATECAS: Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la Legislatura: XXXIV. Nombrar o ratificar Magistrados y Consejeros en los términos de las leyes respectivas; aprobar, con la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura, la designación que sobre el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo realice el Gobernador del Estado y, designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la presente Constitución; Artículo 23. En el Estado de Zacatecas funcionará una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, como organismo descentralizado de la Administración Pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y de gestión, cuyos servicios serán gratuitos, encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos, además, contará con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos de la Comisión, mismo que será designado por la votación (sic) las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. La Legislatura del Estado propondrá y designará a su Presidente y Consejeros, ajustándose a un procedimiento de consulta pública, el cual deberá ser transparente e informado, en los términos y condiciones que determine la ley; y expedirá el ordenamiento que regule sus funciones, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. [.] Artículo 4° La facultad de la Legislatura de designar a los servidores públicos a que se refiere este Decreto, se ejercerá una vez que, en su caso, los actuales hayan cumplido con el periodo legal para el que fueron nombrados. Del precepto transcrito en primer término, se advierte que una de las facultades y obligaciones de la Legislatura es nombrar o ratificar Magistrados y Consejeros en los términos de las leyes respectivas; aprobar, con la mayoría de los miembros presentes de la misma, la designación que sobre el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo realice el Gobernador del Estado y, designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la presente Constitución. Del numeral transcrito en segundo término se desprende que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, es un organismo descentralizado de la Administración Pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y de gestión; cuyo objetivo principal es la defensa y promoción de los derechos humanos. Además, establece que se conforma con un órgano interno de control, el cual tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos de la Comisión. Éste órgano interno será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado, en la cual se designará a su presidente y consejeros, la cual tendrá que ajustarse a un procedimiento de consulta pública. Por otra parte, el artículo 4° transitorio, establece la facultad que se le otorga a la Legislatura de designar a los servidores públicos y que se ejercerá una vez que, en su caso, los actuales hayan cumplido con el periodo legal para el que fueron nombrados. En ese sentido, si en la especie la quejosa reclama actos que se encuentran relacionados a la designación de la Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, cuya facultad, como lo establece la Constitución de la entidad, corresponde al Congreso del Estado a través de las dos terceras partes de los miembros presentes al momento de su designación; por tanto, resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la quejosa se duele de resoluciones o declaraciones del Congreso del Estado, realizadas en su facultad soberana y discrecional de designación de funcionarios públicos. Apoya a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 71/2010 con número de registro 164583, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en el tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio. Así como la diversa tesis 2a. LXXXIX/2006 con número de registro 173819, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en el Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En mérito de lo hasta aquí expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto de los actos ya precisados. Desechamiento que debe hacerse extensivo respecto de los actos reclamados a la Presidenta y Directora Administrativa, ambas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, consistentes en: La ejecución del decreto número 388 publicado el día 11 de abril de 2018, en la Gaceta Parlamentaria No. 0216 a través del cual la H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas notifica a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas la designación de la C. Lorena Nava Garay, como Titular del Órgano Interno de Control. El MEMORANDUM número CDHEZ/PRE/447 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que recibí en fecha 28 del mismo mes y año en curso por medio del cual sin respetar la garantía de audiencia ni el debido proceso, se me notificó que con motivo de la ejecución del Decreto 388 emitido por la H. LXII Legislatura del Estado de Zacatecas se dará inicio al proceso entrega recepción del cargo del Órgano Interno de Control, mismo que se llevará a cabo el día 04 de junio del año 2018; Acto administrativo denominado MEMORANDUM que implícitamente contiene la revocación de mi nombramiento como Titular del Órgano Interno de Control que me fuera expedido por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, mismo que inició su vigencia el día 11 de agosto del año 2016 y termina el día 11 de agosto del año 2019. Oficio de cumplimiento al decreto, citado en el párrafo que antecede que es contrario al ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, del DECRETO 150 mediante el cual "Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Publicado en el SUPLEMENTO 8 AL NO. 56 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2107. El ilegal desarrollo del proceso entrega recepción del Órgano Interno de Control instruido mediante el MEMORANDUM número CDHEZ/PRE/447 de fecha 28 de mayo del año 2018 suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Lo anterior, habida cuenta que cuando se promueve un amparo en contra de disposiciones emitidas por la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de Zacatecas con motivo de su aplicación, no puede desvincularse la apreciación de esas disposiciones de los actos de aplicación relativos, dado que en estos últimos se establece la situación concreta de la parte quejosa, de modo tal que esa vinculación entre los actos reclamados que con motivo de la ejecución del Decreto 388 emitido por la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, y sus actos de aplicación, impide que pueda proveerse sobre la admisión de la demanda, al no ser posible jurídicamente, desvincular tales actos. En efecto, de acuerdo a la reclamación planteada en el presente juicio de amparo, no se podría analizar la constitucionalidad de los actos que se atribuyen al citado órgano legislativo, de manera aislada o independiente de los actos de aplicación reclamados, puesto que como se dijo con antelación, este tribunal de amparo se encuentra impedido para examinar el uno prescindiendo del otro. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186 primera parte, Séptima Época, que a la letra indica: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar el uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos al licenciado Enrique Reyes Durán, toda vez que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Brasil, número quinientos dieciséis (516), colonia Las Américas, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

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