Miriam Romero Méndez

Expediente 1787/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1787/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2016

Partes del expediente

  • Miriam Romero Méndez
  • Javier Eduardo Murillo Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    En veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con un oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el número 3796; y anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por ese órgano colegiado el dieciséis de febrero de la presente anualidad, al resolver el recurso de queja laboral 102/2015; acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Javier Eduardo Murillo Ponce por sí y en representación de Operadora Bravo´s Sociedad Anónima de Capital Variable; y Miriam Romero Méndez, contra el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, por el que desechó la demanda de amparo que promovieron contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y otra autoridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse decretado el sobreseimiento, por lo que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    En catorce de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 20090.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de octubre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por la quejosa Adriana Robles García, a través del cual solicita la devolución del billete de depósito número N 169218, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para su surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados; en tal virtud, como lo solicita la promovente, por carecer de objeto la garantía de que se trata, devuélvasele el mencionado billete de depósito debidamente requisitado a su favor, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos, autorizando para que en su nombre y representación lo reciban las personas que para tal efecto designa. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a seis de octubre de dos mil quince, la Secretaria de Juzgado, licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con folio 19650 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de octubre de dos mil quince Visto el escrito de cuenta signado por Miriam Romero Méndez y Javier Eduardo Murillo Ponce, representante legal de Operadora Bravo´s, sociedad anónima de capital variable, y Grupo Emprendedor Bravo´s, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovieron contra el acto del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, como lo solicita el promovente remítase al Tribunal Colegiado de este Circuito copia certificada de la demanda de garantías con que se formó el presente expediente y del auto recurrido; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado José de Jesús Martínez Torres. Doy Fe. ARS

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el escrito de demanda registrada con folio 18852, con anexos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por Operadora Bravo´s, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal Javier Eduardo Murillo Ponce, carácter que acredita con el testimonio de la escritura pública número dieciséis mil veintiséis, expedida por el Notario Público Número Uno del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad capital; Grupo Emprendedor Bravo´s, sociedad anónima de capital variable, a través de su representante legal Javier Eduardo Murillo Ponce, personalidad justificada por medio del testimonio de la escritura pública número quince mil novecientos setenta y cinco, suscrita por el Notario Público Número Cincuenta del Estado de Aguascalientes, con sede en esa ciudad; y Miriam Romero Méndez, contra el acto del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1787/2015 que por su orden le corresponde; en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." (.) Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro conforme a la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso concreto, el suscrito Juzgador considera que la acción de amparo intentada se ubica en el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, como cuestión previa al ejercicio de la acción de amparo, los impetrantes de garantías debieron interponer el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado, como medio óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. Los dispositivos legales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, textualmente disponen: C.P.E.U.M.: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" (.) "III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" (.) "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" (.) Ley de Amparo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Se exceptúa de lo anterior:" "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) En efecto, el juicio de amparo biinstancial por regla general procede en contra de resoluciones dictadas fuera y después de concluido el juicio, o bien, emitidas durante el curso de éste, siempre y cuando su ejecución resulte de imposible reparación, entendida por tal a aquella que afecte de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa contemplados en la Carta Magna, así como los tratados internaciones en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano; sin embargo, de acuerdo a los numerales transcritos, establece como exigencia sine quo non (sin la cual no) el deber de agotar el recurso o medio de defensa contemplado en la ley ordinaria, ya que con su interposición sería factible revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. Ahora, como excepción a la regla descrita, el legislador dispuso como no exigible ese deber siempre y cuando se trate de algún acto que importe peligro de privación de la vida del quejoso, afecte su libertad personal fuera de procedimiento, implique incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o desaparición forzada, así como alguno de los proscritos en numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, cuando el acto reclamado implique per se (por sí) afectación a la libertad personal del solicitante de amparo, como lo son: órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo, resolución que niegue su libertad personal bajo caución, entre otras. También, existe excepción cuando el acto reclamado sea impugnado en la presente vía, por quien se ostente como persona extraña al procedimiento jurisdiccional del cual emanó. Entonces, los anteriores supuestos señalados en el último de los numerales reproducido, constituyen circunstancias particulares que eximen al gobernado de atender al principio de definitividad. Luego, en el caso sometido a examen, la parte quejosa, reclama ante esta instancia de control constitucional la resolución de cuatro de agosto de dos mil quince, emitida por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dentro del juicio ordinario laboral 842/II/2015, instado por la trabajadora Yudit del Socorro Núñez González, en su calidad de actora, determinación en la que se declaró procedente la medida cautelar relativa al embargo precautorio sobre bienes propiedad de los demandados, aquí quejosos, hasta por la cantidad de $893,939.99 (ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y nueve pesos 99/100 moneda nacional), ante la eventualidad de que, aun decretado laudo condenatorio, este no pueda ser ejecutado, por insolvencia de la parte patronal-demandada. Sin embargo, tal acto reclamado debió ser impugnado de forma previa mediante la interposición del recurso de revisión ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, de acuerdo a lo estatuido por la Ley Federal del Trabajo, en sus numerales 849 y 850, fracción I, al tratarse de una resolución que resolvió la petición de la parte actora, de imponer una medida cautelar a sus contrarios (peticionarios de amparo), como lo es el embargo precautorio sobre sus bienes, con un tope máximo de $$893,939.99 (ochocientos noventa y tres mil novecientos treinta y nueve pesos 99/100 moneda nacional), resultado de la suma de las prestaciones reclamadas en su escrito de demanda natural. "De la Revisión de los Actos de Ejecución." "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán:" "I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas;" (.) Lo anterior es así, pues se trata de un recurso ordinario con efectos suficientes para revocar o modificar los producidos por el acuerdo reclamado, traduciéndose así en un recurso sencillo y rápido, cuya eficacia resulta acorde a los requisitos establecidos por el ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno. "Artículo 25.- Protección Judicial" "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." (.) Por otra parte, no se percibe se esté ante el caso de excepción establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se adelantó, se trata de una resolución dictada en el juicio ordinario laboral 842/II/2015 instaurado en contra de los impetrantes de amparo, por la parte actora- trabajadora Yudit del Socorro Núñez González, con motivo de su solicitud de rescisión de la relación laboral por causa imputable al patrón, tal como detalla la parte quejosa en su líbelo constitucional bajo protesta de decir verdad, el cual no implica afectación a su libertad personal, ni directa ni indirecta, tampoco se trata de una persona ajena al procedimiento, por ser ella, la propia quejosa, quien actúa como parte material en dicho proceso laboral, al detentar el carácter de demandados. Sirve de sustento la tesis aislada 2a./J.95/2002, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 802, tomo XVI, materia común, julio de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se reproduce: "SECUESTRO PROVISIONAL DE BIENES. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA. Si el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje decreta en contra de las demandadas providencia cautelar consistente en el secuestro provisional sobre bienes propiedad de las mismas, de conformidad con el artículo 849 de la ley laboral, resulta evidente que antes de reclamar en el amparo tal providencia, debe interponerse el recurso de revisión que contemplan los artículos 849 al 852 de la Ley Federal del Trabajo ya que, de no hacerse así, no se agota el principio de definitividad que rige en materia de amparo, resultando en consecuencia procedente el sobreseimiento de acuerdo con lo establecido por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, más allá de los efectos irreparables que pudiera implicar la resolución que constituye el acto reclamado, los cuales no se califican, era menester que la parte quejosa lo recurriera con la interposición del recurso ordinario descrito, por ser ello un presupuesto de procedencia de la acción de amparo, distinto y autónomo al primero (irreparabilidad del acto reclamado), cuya observancia la tornaría procedente; sin embargo, al soslayarse esta circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, no es óbice a lo determinado, el hecho de que el acto reclamado, sea catalogado como de imposible reparación; pues como se expuso, ello no implica por sí misma una excepción al principio de definitividad, ya que éste refiere únicamente al alcance de los recursos establecidos en la legislación ordinaria, no así a la naturaleza del acto reclamado. Cobra aplicación al presente caso, la tesis 1a./J.113/2013(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, tomo I, libro 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Énfasis añadido) En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida Operadora Bravo´s, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal Javier Eduardo Murillo Ponce; Grupo Emprendedor Bravo´s, sociedad anónima de capital variable, a través de su representante legal Javier Eduardo Murillo Ponce; y Miriam Romero Méndez, contra el acto del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y otra autoridad, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos ya expuestos. En otro aspecto, como lo solicita la parte quejosa se tiene como representante común a Javier Eduardo Murillo Ponce, en términos del numeral 13 de la ley reglamentaria; asimismo como autorizados, con las facultades descritas en el artículo 12 del citado ordenamiento, a los licenciados Elia Inguanzo Luébano y Mauricio Chávez Ortiz; y como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el localizado en Calle Miguel Ramos Arizpe, número doscientos uno, Colonia C.N.O.P. de esta ciudad capital. Finalmente, en términos del artículo 3° de la nueva Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. ARS

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