Mirella Carbajal Barrera

Expediente 553/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 46 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
553/2020
Año
2020
Actuaciones
46
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Mirella Carbajal Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe escrito. Visto el escrito de la tercera interesada Monserrat Guadalupe Hernández Guillén, en el que solicita que se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, dígasele que ello se hizo mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso, por lo que se ordenó su archivo por tratarse de un asunto concluido. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria Cristina García Maya.

  2. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Mediante resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4.2 Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. La secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta a la Secretaria encargada: Con la demanda de amparo, informes justificados de las autoridades responsables y emplazamiento de los terceros interesados Monserrat Guadalupe Hernández Guillen y Marco Antonio Mejía Jiménez. A lo anterior, la Secretaria encargada acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Enseguida, la Secretaria encargada abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta etapa; a lo que la Secretaria encargada: ténganse haciendo la anterior constancia y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTO para resolver los autos del juicio de amparo 553/2020, promovido por Mirella Carbajal Barrera, por alegada violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal, atribuida al Juez Tercero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Al tenor de las siguientes: CONSIDERANDACIONES PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada.. La quejosa hace consistir el acto en el siguiente: La diligencia de dieciocho de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio ejecutivo mercantil 197/2019, del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de este distrito judicial, en el que se embargaron los siguientes bienes muebles: Estereo modular sony color gris con negro, modelo HCD-GTX888, serie 5506364, con soobwoofer modelo SS-WG88B, una bocina modelo SS-GTX888, una bocina modelo SS-RSX88 y una bocina modelo GTX888, sin comprobar su uso, en regular estado. Una pantalla plana de marca JVC 32", código de barras 21DF140943JFCA-21233, sin modelo ni serie vigente, sin comprobar su uso y regular estado. Un piano de marco y/o leyenda electrone de madera, cinco pedales pequeños, un pedal mediano, en colores blanco y negro, mide un metro con cuarenta centímetros de largo por noventa centímetros de alto aproximadamente, sin modelo ni serie visible, sin comprobar su uso y en mal estado, patas laterales rotas. Un refrigerador de la marca MABE, modelo RMT1951X, serie 1508B409000, comprobado su uso y en regular estado. Un horno de microondas marca DAEWOO, color blanco y negro, modelo KOR-178HWIKOR-178HS, sin comprobar su uso y regular estado. Una consola Xbox One S serie: 0931985648; con un control, sin comprobar su uso y regular estado. Un monitor marca Moher México, modelo no visible, sin serie, de veintiocho pulgadas aproximadamente, sin comprobar su uso y regular estado. Un estéreo y/o modular de marca Sony, color gris y negro, modelo HCB-GTX88, consta de dos bocinas y un Subwoofer, comprobando su uso y en regular su estado. Una computadora portátil marca HP, modelo 14-R0021A color rojo y/o guinda, con fuente de energía, sin comprobar su uso y regular su estado. Una pantalla plana de marca Sony, modelo KDL-32BX32Q, serie no visible; sin comprobar su uso y regular estado. Un aparato dental y/o lámpara color blanco, modelo voltaje; Ac11nv 6oHz sin modelo ni serie visible, sin comprobar su uso. Un comedor de madera, color café con cristal, figura ovalada dos metros aproximadamente, consta de seis sillas, con respaldo de piel y/o vinilprel, dos sillas con coderas, en regular estado. Un mueble tipo vitrina color café, dos piezas, dos entrepaños de cristal, tres cajones, dos puertas laterales abatibles, mide dos metros con treinta centímetros de alto aproximadamente, regular estado. Un cilindro de gas en color gris y naranja, de treinta kilos aproximadamente (vacío) regular estado. Un juego de sala de tres piezas, molduras de madera, color guinda, verde, beige, los dos primeros para dos personas, el tercer sillón en mal estado SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado se ejecutó en Morelia, lugar en donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia y actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se acredita con las constancias que adjuntó el juez responsable a su informe justificado referente al juicio ejecutivo mercantil 917/2019, los cuales al constituir documentos públicos, tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con y 6 de la Ley de Amparo. De la interpretación armónica y sistemática de dicho precepto legal, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que la norma o el acto reclamado causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la Jurisprudencia J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías" Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a demostrar la titularidad del derecho que estima violado, esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden. Por otro lado, el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa de la promovente del amparo; de modo tal que, si no se demuestra ésta, ello imposibilita al juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce el quejoso se violentan en su perjuicio. En esa medida, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se concibe como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la Constitución o por la ley; y, la existencia de un acto de autoridad que lo vulnere o restrinja. De las constancias que remitió con su informe de ley el juez responsable, a las que se otorgó valor probatorio en párrafos precedentes, se desprende que el juicio ejecutivo mercantil 917/2019, fue promovido por Monserrat Guadalupe Hernández Guillen frente a Marco Antonio Mejía Jiménez, durante la secuela procesal el dieciocho de agosto de dos mil veinte, se llevó a cabo el embargo de los bienes muebles que ahí se describen, en la calle Ponciano Arriaga, número 68 sesenta y ocho, colonia Eduardo Ruiz, en Morelia, Michoacán. Precisado lo anterior, se tiene que el presente juicio de amparo es improcedente porque no se encuentra corroborada la afectación del interés jurídico de la parte quejosa, en lo que respecta a los bienes muebles embargados en el juicio de origen, es así, porque la peticionaria de amparo se ostenta dentro del presente juicio de amparo, como persona tercera extraña al juicio natural, y al respecto argumenta que es propietaria de los bienes muebles embargados. Sin embargo, -como se adelantó-, no se encuentra corroborado de manera fehaciente el interés jurídico de la parte quejosa, en atención a que no acreditó que efectivamente tuviera la propiedad de dichos bienes muebles embargados. Al respecto, debe señalarse que para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de amparo, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: Una persona determinada (principio de instancia de parte); Un derecho legítimo de ésta; La precisión indudable de ese derecho (legitimación); Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Se dice lo anterior pues la parte quejosa ofreció como pruebas las siguientes: Escritura privada número mil seiscientos ochenta y dos, de fecha de veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro, ante el licenciado Ángel Bolaños Guzmán, notario público número treinta, con sede en esta ciudad, celebrado entre el apoderado jurídico Víctor Manuel Silva Tejeda, oficial mayor del gobierno del estado denominado "vendedor" y, por otra parte, Mirella Carbajal Barrera, denominada "compradora", del predio urbano perteneciente a la reserva territorial del ejido de Santiaguito, ubicado al norte de la ciudad de Morelia, Michoacán. Copia certificada de la credencial para votar en favor de Mirella Carbajal Barrera, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Copia certificada del recibo de agua correspondiente a la propiedad ubicada en Ponciano Arriaga número sesenta y ocho, colonia Eduardo Ruíz, código postal 58149, en Morelia, Michoacán, expedida por el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Copia certificada del recibo predial número 6233780, correspondiente al domicilio Ponciano Arriaga, número sesenta y ocho, Eduardo Ruíz, código postal 58149, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Morelia. Las documentales aludidas no resultan de utilidad para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, puesto que resultaba indispensable exhibiera documento apto con el que acreditara ser la propietaria de los bienes muebles descritos en la diligencia de embargo reclamada; de ahí que no sean idóneos para acreditar el interés jurídico; pues en todo caso, serían necesarias las facturas a su nombre. Por su contenido jurídico sustancial se cita la Jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHI PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos". Máxime que dicha diligencia fue atendida por Indira Monserrat Ramírez Carbajal, quien manifestó ser pareja del deudor Marco Antonio Mejía Jiménez, que no se encontraba en ese momento y fue la que permitió de manera voluntaria el acceso al domicilio para que se señalaran los bienes a embargar, misma que quedó como depositaria de dichos bienes y quien ha rendido la cuenta mensual respecto de dichos bienes, tal como se advierte del escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte ante el juez responsable. Se insiste, la quejosa debió acreditar con documentales idóneas la propiedad de los bienes señalados en el acta, lo que no hizo, ya que las exhibidas no son útiles para demostrarlo. Luego, si la parte promovente de este juicio no demostró que se hubiese infringido en su perjuicio los derechos humanos que invoca, puesto que corresponde a la parte quejosa acreditar la procedencia de la acción constitucional, y para eso se requiere como presupuesto necesario que se pruebe que el acto reclamado afecta los derechos que se estimen conculcados, de ahí que no siendo esto así, se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mirella Carbajal Barrera, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables por los motivos expuestos en el considerando cuarto Notifíquese.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Del estado de autos, se advierte que el tres de diciembre del año en curso, se emplazó al tercero interesado Marco Antonio Mejía Jiménez, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo con el que cuenta para imponerse del contenido de las constancias que integran el presente juicio. 2. Se difiere la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

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