Minerva Arellano Echanove

Expediente 188/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
188/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Minerva Arellano Echanove
  • H. Congreso Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. 4. Devolución de constancias. Toda vez que resulta innecesaria la retención del legajo de copias certificadas remitidas por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, acordadas en auto de veintiocho de abril pasado, se ordena su devolución, en el entendido que se tomara como acuse de recibo la constancia de entrega que se realice con él envió del oficio que de este acuerdo emane. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Javier Ivan Contreras Osorio, quien da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 188/2022, promovido por Minerva Arellano Echanove, por derecho propio; por alegada violación de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Congreso del Estado de Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama al (1) Congreso, (2) Gobernador Constitucional, (3) Secretario de Gobierno, (4) Director de Recaudación y (5) Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: Discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en particular el artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A). El primer acto de aplicación de la porción normativa combatida. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad residente en la circunscripción territorial que corresponde a este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. No es cierto el acto reclamado al Director de Recaudación del Estado de Michoacán, no obstante que al rendir su informe justificado el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su representación, haya aceptado su existencia. Lo anterior, es así pues al escrito de demanda la quejosa Minerva Arellano Echanove, adjuntó la impresión electrónica del comprobante de pago por internet identificado con el número de folio de pago 349993509, respecto del pago voluntario por el canje de placas realizado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, es decir, dicho acto fue aplicado por quien realizó el pago y no por la autoridad recaudadora mediante el procedimiento de liquidación y cobro coactivo. Es así, que atento a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el comprobante de pago de las contribuciones no es un acto que pueda atribuirse a las autoridades exactoras, pues conforme a las leyes fiscales -redactadas en forma similar en los Estados parte de la Federación- la obligación de pagar los impuestos corresponde a los contribuyentes, sólo en caso de que no los realicen, la autoridad fiscal procederá a su liquidación. En virtud de lo expuesto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho y autoridad se refiere. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada El Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y Directora del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, no obstante que la primera no lo haya hecho de manera categórica, realizó manifestaciones que evidencian su existencia, por tanto, se tienen por ciertos los actos que les atribuye la peticionaria. Certeza que se robustece en virtud de que la quejosa le reclama a las responsables su participación en el proceso legislativo que culminó con la promulgación del decreto relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, particularmente, el artículo 20, fracción I inciso E), por tratarse de normas generales dadas a conocer a través del medio oficial de difusión señalado en párrafos anteriores, su existencia no está sujeta a prueba. QUINTO. Causales de improcedencia. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estima que se encuentra actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 del mismo ordenamiento legal, al haberse presentado extemporánea la demanda de amparo. Lo anterior, es así, en virtud de que el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, contempla la procedencia del amparo indirecto en el caso de normas que con motivo del primer acto de su aplicación ocasione perjuicio al quejoso. Ahora, para determinar la naturaleza de los preceptos reclamados es necesario realizar un examen de los ordenamientos que los contienen para determinar la oportunidad y condiciones en que puede reclamarse, para lo cual es preciso considerar que en ese ámbito las normas se clasifican en: Autoaplicativas y: Heteroaplicativas, cuyas características consisten en: Son de individualización condicionada, ya que por sí solas no causan perjuicio al gobernado. Obligan al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer. Su actualización está condicionada al perjuicio que surge con motivo de un acto de su aplicación que afecta la esfera jurídica del quejoso. Solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Pueden reclamarse en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". En ese contexto, debe precisarse que, en el caso, el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo debe tenerse como primer acto de aplicación de éstas el realizado por los particulares que por imperativo de ley tienen la obligación de enterar ante la autoridad hacendaria, la contribución a su cargo. Pudiendo reclamarse las normas heteroaplicativas en una oportunidad, dentro del plazo de los quince días siguientes al del acto de aplicación y no con motivo de ulteriores aplicaciones, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de la materia. Esta norma jurídica tiene explicación y fundamento racional, en la presunción de conformidad cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quien, teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo determinado, no presenta la demanda. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece los supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, entre ellos, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Cobra aplicación la tesis aislada de registro digital 185847, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con que se comparte criterio y cuyo contenido es el siguiente: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Dicho lo anterior, es propicio abordar lo reclamado por la quejosa, que es el artículo 20, fracción I, inciso E) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, así como el cobro del comprobante de pago por internet identificado con el número de folio de pago 349993509, respecto del pago voluntario realizado por el canje de placas el veinticinco de enero de dos mil veintidós. En dicho precepto de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2022, se establece la obligatoriedad de su observancia y objeto de establecer conceptos de ingresos que obtendrá la Hacienda Estatal, por el cambio de placas, para las personas físicas o morales propietarias de motocicletas y cuatrimotos, incluyendo tarjeta de circulación. En ese sentido, se estima que el artículo reclamado tiene la naturaleza de norma heteroaplicativa, pues para que afecte la esfera jurídica del gobernado se requiere un acto concreto de aplicación en su perjuicio, consistente, entre otros, en que se cobre por el derecho de placas incluyendo tarjeta de circulación. En ese contexto, para acreditar el acto de aplicación del precepto reclamado, la peticionaria de amparo exhibió el comprobante de pago por internet identificado con el número de folio de pago 349993509, respecto del pago voluntario realizado por el canje de placas el veinticinco de enero de dos mil veintidós. Documento que merece pleno valor probatorio de acuerdo a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. Por tanto, el primer acto de aplicación de la norma que se reclama tuvo lugar el veinticinco de enero de dos mil veintidós, fecha que está comprobada que así fue y a partir de ese momento debe computarse el plazo de quince días que la quejosa tenía derecho para presentar su demanda de garantías, que entonces, dio inicio el veintiséis de enero y feneció el dieciséis de febrero del mismo año, descontando los días veintinueve y treinta de enero, así como cinco, seis, doce y trece de febrero por ser sábados y domingos, así como el siete de febrero por ser inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, de esa fecha al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en que se presentó la demanda de amparo, transcurrió en demasía dicho término. Lo que se robustece con la jurisprudencia 2a./J. 113/2006, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS". En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días con que contaba la quejosa para cuestionar el artículo impugnado con motivo de su primer acto de aplicación, se decreta el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. Así pues, resulta innecesario el estudio de las demás causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables al resultar fundada la citada en el párrafo que antecede y suficiente para sobreseer en su totalidad en el juicio; por el mismo motivo es innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues el sobreseimiento, impide pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Minerva Arellano Echanove, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando primero, por las razones expuestas en los diversos tercero y quinto.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 188/2022, promovido por Minerva Arellano Echanove, por derecho propio; por alegada violación de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Congreso del Estado de Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama al (1) Congreso, (2) Gobernador Constitucional, (3) Secretario de Gobierno, (4) Director de Recaudación y (5) Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: Discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en particular el artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A). El primer acto de aplicación de la porción normativa combatida. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad residente en la circunscripción territorial que corresponde a este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. No es cierto el acto reclamado al Director de Recaudación del Estado de Michoacán, no obstante que al rendir su informe justificado el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su representación, haya aceptado su existencia. Lo anterior, es así pues al escrito de demanda la quejosa Minerva Arellano Echanove, adjuntó la impresión electrónica del comprobante de pago por internet identificado con el número de folio de pago 349993509, respecto del pago voluntario por el canje de placas realizado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, es decir, dicho acto fue aplicado por quien realizó el pago y no por la autoridad recaudadora mediante el procedimiento de liquidación y cobro coactivo. Es así, que atento a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el comprobante de pago de las contribuciones no es un acto que pueda atribuirse a las autoridades exactoras, pues conforme a las leyes fiscales -redactadas en forma similar en los Estados parte de la Federación- la obligación de pagar los impuestos corresponde a los contribuyentes, sólo en caso de que no los realicen, la autoridad fiscal procederá a su liquidación. En virtud de lo expuesto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho y autoridad se refiere. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada El Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y Directora del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, no obstante que la primera no lo haya hecho de manera categórica, realizó manifestaciones que evidencian su existencia, por tanto, se tienen por ciertos los actos que les atribuye la peticionaria. Certeza que se robustece en virtud de que la quejosa le reclama a las responsables su participación en el proceso legislativo que culminó con la promulgación del decreto relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, particularmente, el artículo 20, fracción I inciso E), por tratarse de normas generales dadas a conocer a través del medio oficial de difusión señalado en párrafos anteriores, su existencia no está sujeta a prueba. QUINTO. Causales de improcedencia. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estima que se encuentra actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 del mismo ordenamiento legal, al haberse presentado extemporánea la demanda de amparo. Lo anterior, es así, en virtud de que el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, contempla la procedencia del amparo indirecto en el caso de normas que con motivo del primer acto de su aplicación ocasione perjuicio al quejoso. Ahora, para determinar la naturaleza de los preceptos reclamados es necesario realizar un examen de los ordenamientos que los contienen para determinar la oportunidad y condiciones en que puede reclamarse, para lo cual es preciso considerar que en ese ámbito las normas se clasifican en: Autoaplicativas y: Heteroaplicativas, cuyas características consisten en: Son de individualización condicionada, ya que por sí solas no causan perjuicio al gobernado. Obligan al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer. Su actualización está condicionada al perjuicio que surge con motivo de un acto de su aplicación que afecta la esfera jurídica del quejoso. Solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Pueden reclamarse en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". En ese contexto, debe precisarse que, en el caso, el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo debe tenerse como primer acto de aplicación de éstas el realizado por los particulares que por imperativo de ley tienen la obligación de enterar ante la autoridad hacendaria, la contribución a su cargo. Pudiendo reclamarse las normas heteroaplicativas en una oportunidad, dentro del plazo de los quince días siguientes al del acto de aplicación y no con motivo de ulteriores aplicaciones, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de la materia. Esta norma jurídica tiene explicación y fundamento racional, en la presunción de conformidad cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quien, teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo determinado, no presenta la demanda. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece los supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, entre ellos, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Cobra aplicación la tesis aislada de registro digital 185847, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con que se comparte criterio y cuyo contenido es el siguiente: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Dicho lo anterior, es propicio abordar lo reclamado por la quejosa, que es el artículo 20, fracción I, inciso E) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, así como el cobro del comprobante de pago por internet identificado con el número de folio de pago 349993509, respecto del pago voluntario realizado por el canje de placas el veinticinco de enero de dos mil veintidós. En dicho precepto de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2022, se establece la obligatoriedad de su observancia y objeto de establecer conceptos de ingresos que obtendrá la Hacienda Estatal, por el cambio de placas, para las personas físicas o morales propietarias de motocicletas y cuatrimotos, incluyendo tarjeta de circulación. En ese sentido, se estima que el artículo reclamado tiene la naturaleza de norma heteroaplicativa, pues para que afecte la esfera jurídica del gobernado se requiere un acto concreto de aplicación en su perjuicio, consistente, entre otros, en que se cobre por el derecho de placas incluyendo tarjeta de circulación. En ese contexto, para acreditar el acto de aplicación del precepto reclamado, la peticionaria de amparo exhibió el comprobante de pago por internet identificado con el número de folio de pago 349993509, respecto del pago voluntario realizado por el canje de placas el veinticinco de enero de dos mil veintidós. Documento que merece pleno valor probatorio de acuerdo a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. Por tanto, el primer acto de aplicación de la norma que se reclama tuvo lugar el veinticinco de enero de dos mil veintidós, fecha que está comprobada que así fue y a partir de ese momento debe computarse el plazo de quince días que la quejosa tenía derecho para presentar su demanda de garantías, que entonces, dio inicio el veintiséis de enero y feneció el dieciséis de febrero del mismo año, descontando los días veintinueve y treinta de enero, así como cinco, seis, doce y trece de febrero por ser sábados y domingos, así como el siete de febrero por ser inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, de esa fecha al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en que se presentó la demanda de amparo, transcurrió en demasía dicho término. Lo que se robustece con la jurisprudencia 2a./J. 113/2006, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS". En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días con que contaba la quejosa para cuestionar el artículo impugnado con motivo de su primer acto de aplicación, se decreta el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. Así pues, resulta innecesario el estudio de las demás causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables al resultar fundada la citada en el párrafo que antecede y suficiente para sobreseer en su totalidad en el juicio; por el mismo motivo es innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues el sobreseimiento, impide pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Minerva Arellano Echanove, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando primero, por las razones expuestas en los diversos tercero y quinto.

  4. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán de Ocampo, a las nueve horas con dieciocho minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, juez cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, en el juicio de amparo 188/2022, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez con la demanda de amparo, admisión e informes justificados; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como el director de lo contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas y se cierra esta fase al no haber prueba pendiente por desahogar. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que el juez acuerda: ténganse por perdido el derecho de formularlos, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: El juez Sergio Santamaría Chamú La secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano